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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-04-2016

Lderes comunitarios denuncian en Valencia la acumulacin de tierras y la actividad extractiva de las corporaciones
200 delegados de organizaciones campesinas participan en el Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra

Enric Llopis
Rebelin


Una "fiebre" en las inversiones de tierra ha tenido como destinatarios en los ltimos aos a los pases del Sur. En menos de una dcada, sobre todo a partir de la crisis de 2007-2008, 62 millones de hectreas (cerca del 1,5% de la superficie agrcola mundial) han sido objeto de "transacciones" internacionales. Mientras, en 2005, cerca de mil millones de personas residentes en las zonas rurales del planeta se hallaban en situacin de extrema pobreza. Segn la FAO, actualmente se producen alimentos suficientes para alimentar a 12.000 millones de personas (en el mundo viven 7.000 millones), aunque cada ao se desperdicien 1.300 millones de toneladas de comida en el mundo (un tercio de la produccin total). Aproximadamente 805 millones de personas pasan hambre en el conjunto del planeta.

stas fueron algunas de las cifras recordadas en el Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y los Recursos Naturales (FIMAT) 2016, celebrado entre el 31 de marzo y el 2 de abril en la Universitat Politcnica de Valncia. El foro reuni a 400 participantes de 70 pases, entre ellos los delegados de 200 organizaciones campesinas as como 150 expertos y profesionales acadmicos. La organizacin del FIMAT en Valencia corri a cargo del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y la Asociacin para la Gestin de la Tierra, Agua y Recursos Naturales (AGTER), en colaboracin con la FAO. Fuentes del FIMAT criticaron que ms de una veintena de participantes -sobre todo de los pases africanos- no pudieron viajar al estado espaol debido a que la embajada espaola les neg el visado. En algunos casos tenan el billete de avin pagado por el Foro. "Estas son las polticas migratorias de la Unin Europea", denunciaron fuentes de la organizacin.

En las sesiones y talleres particip Santos Caballero, secretario general del Conejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), formado por ocho centrales o federaciones de campesinos con presencia estatal y ms de 3.000 grupos de base. Critica la falta de apoyo de los gobiernos hondureos para instalar proyectos de riego por goteo para las pequeas parcelas de productores y "la gran cantidad de bosque que hemos perdido en 2015". Seala la extensin de cultivos de caa de azcar ("estamos minados") y de palma, la represin contra el movimiento campesino e indgena, la actuacin de grupos paramilitares y el incremento de la dotacin presupuestaria para el ejrcito. "Los proyectos mineros estn acaparando las parcelas de los compaeros que cultivan caf o maz", destaca.

La actividad de la mina San Andrs afecta al municipio de La Unin, de 10.000 habitantes en el departamento de Copn, y otros del entorno. Vecinos y organizaciones populares denunciaron en su da los graves perjuicios para la salud de la poblacin y la afeccin a las fuentes de agua por las descargas de cianuro en el ro Lara. Minerales de Occidente SA (Minosa), Yamana Gold y Aura Minerals son las empresas responsables de la extraccin de oro en la mina San Andrs. Santos Caballero pone tambin el ejemplo de la mina El Mochito, en el municipio de Las Vegas (Santa Brbara), donde las empresas American Pacific Honduras o Nyrstar se han dedicado a la extraccin de plomo, zinc y plata.

En marzo de 2016 el movimiento campesino hondureo articulado a la Va Campesina denunci que campesinos e indgenas son desalojados, perseguidos y apresados. Contabilizan 5.000 campesinos procesados, 250 presos en diferentes crceles de Honduras y 150 asesinados. Adems, informan en un comunicado, "los cultivos y viviendas son destruidos impunemente, lo que ocasiona miles de lempiras (moneda hondurea) en prdidas para las familias pobres". La expresin ms conocida de estas denuncias fue el asesinato el 3 de marzo de de la lder indgena Berta Cceres, en su domicilio de "La Esperanza" (Intibuc). El Consejo Cvico de Organizaciones Populares e Indgenas de Honduras (COPINH), una de cuyas fundadoras fue Berta Cceres, ha denunciado el incremento del hostigamiento y las amenazas en los ltimos aos, sobre todo con la puesta en marcha del proyecto hidroelctrico "Agua Zarca", que desarrolla la empresa DESA (Desarrollos Energticos SA), dentro de la comunidad Lenca de ro Blanco.

El asesinato de la dirigente comunitaria, que contaba con 44 aos, es la consecuencia del proceso represivo. En su recuerdo, los das 13 y 13 de abril tendr lugar en Tegucigalpa el Encuentro Internacional de los Pueblos "Berta Cceres Vive", convocado por el COPINH, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y la Articulacin Popular Hondurea "Berta Cceres". El Encuentro se complementa con una caravana el 15 de abril desde Tegucigalpa hasta el ro Gualcarque (Intibuc). El objetivo es exigir justicia por el asesinato de la lder popular; adems, los convocantes observan "la cada vez ms clara intencin de impunidad del estado hondureo y sus aliadas corporaciones internacionales". Trece das despus, muri asesinado cuando llegaba a casa de un familiar Nelson Garca, miembro del COPINH y lder de la comunidad de "Ro Chiquito", en el municipio de Ro Lindo (Corts). El COPINH ha denunciado que el crimen se produjo en el marco del desalojo efectuado contra la citada comunidad, en el que participaron cerca de un centenar de policas, veinte efectivos de la polica militar y diez del ejrcito. Los agentes "invadieron el territorio ocupado por 150 familias; ms de 75 haban construido sus casas con su esfuerzo y los materiales que haban podido obtener", aseguran en nota informativa.

En la primera jornada del Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra, aporta alguna clave explicativa el presidente de la Federacin de Productores Agroforestales de Honduras (FEPROAH), Jos Serapio. Los pueblos indgenas de Amrica Latina suman unos 50 millones de personas, cerca del 10% de los habitantes de la regin. Adems, se produce una coincidencia palmaria entre las zonas geogrficas de mayor riqueza biolgica con las de mayor diversidad cultural, de modo que un 80% de las reas protegidas de Latinoamrica cuentan con poblacin indgena. La presin que soportan los territorios aborgenes explica que otro participante en el Foro Mundial, Flix Daz, autoridad Qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh ("La Primavera") en la provincia argentina de Formosa, tenga pendientes segn recuerda Amnista Internacional en el informe de 2015, tres causas penales abiertas en 2010. Los hechos se retrotraen al 23 de noviembre de ese ao, cuando ms de 400 agentes policiales desalojaron con violencia un corte de la Ruta Nacional 86 de la comunidad indgena Toba Qom "La Primavera", en el que participaron un centenar de personas. Reclamaban los derechos sobre la tierra y protestaban contra la construccin del Instituto Nacional Universitario por el gobierno de la provincia de Formosa. Dos personas murieron en el episodio y varias resultaron heridas.

No es el nico caso en Argentina. El 26 de octubre de 2015 fue juzgada y absuelta Relmu amku, lder de la comunidad mapuche Winkul Newen, en la provincia de Neuqun. Destaca Amnista Internacional que fue procesada en 2012 despus de oponerse a los proyectos de la empresa petrolera Apache Corporation. Se le acusaba del intento de asesinato a un auxiliar de Justicia, por lo que la Fiscala peda 15 aos de prisin. Se da la circunstancia que el proceso penal a Relmu amku fue el primero en la regin que contaba con un jurado intercultural -con representacin del pueblo mapuche- y con interpretacin simultnea al mapuzungun. La organizacin de derechos humanos ha contabilizado 183 casos en Argentina de comunidades indgenas que defienden sus derechos frente a gobiernos, corporaciones y el poder judicial. Seala casos como el de la comunidad india quilmes, en los valles Calchaques de Tucumn, que durante aos ha resistido a los negocios tursticos. En junio de 2015, el cacique de la comunidad, Francisco Chaile, fue detenido por la polica y acusado de "robo agravado por trfico de armas".

Desde una perspectiva global, Gustavo Snchez Valle, miembro de la delegacin de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) en el Foro para el Acceso a la Tierra, apunta que cada ao se pierden 13 millones de hectreas forestales en el mundo, sea por causas naturales o la transformacin para otros usos. Cerca de 1.600 millones de personas -entre ellas ms de 2.000 culturas indgenas- necesitan de los bosques para lograr alimentacin e ingresos. En cuanto a las denuncias por la represin, la alianza mesoamericana conden en marzo de 2016 el asesinato del lder comunitario en el departamento del Petn (Guatemala), Walter Mndez Barrios. El dirigente participaba como animador de la lucha por la prrroga de los contratos de manejo forestal comunitario en la cooperativa "La Lucha", y era miembro de la Comunidad de Asociaciones Forestales de Petn (ACOFOP). Durante los ltimos seis meses recibi amenazas por parte de tomadores ilegales de tierras. El coordinador de la iniciativa Ekta Parishad (India), Ramesh Chandra Sharma, ha intervenido en el Foro en representacin de las organizaciones campesinas de Asia. Ha denunciado la vulneracin de las leyes por parte de instituciones como el Banco Mundial y las corporaciones privadas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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