Portada :: frica :: Sahara: 40 aos de exilio y lucha
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-04-2016

Espaa, Sahara y la ONU

Jesus L. Garay
Deia


EL clamoroso silencio de los partidos polticos y de la mayora de los medios de comunicacin espaoles en torno a la crisis abierta entre Marruecos y la ONU sobre el Sahara Occidental deja al descubierto, una vez ms, hasta qu punto la falta de conciencia y la ley del olvido de la transicin se impone en esta cuestin por encima de los principios y los derechos que unos y otros proclaman.

El argumento, reiteradamente utilizado por la prensa, de que la actualidad interna e internacional no deja lugar para un conflicto excesivamente estancado y, por lo tanto no noticiable, no parece en esta ocasin demasiado acertado, toda vez que agencias y medios extranjeros se han hecho eco de la disputa entre Mohamed VI y Ban Ki Moon, a consecuencia de la cual Marruecos ha congelado sus aportaciones a diversas misiones de Paz de la ONU y ha obligado a la retirada de un centenar de efectivos civiles y militares de la Minurso (Misin de las Naciones Unidas para el Referndum del Sahara Occidental), con la consecuente escalada de tensin tanto en el aspecto diplomtico como militar en la zona.

Pero menos entendible es an el caso de los partidos polticos. En efecto, los medios de comunicacin son libres de priorizar una u otra informacin en funcin de sus intereses profesionales y editoriales, pero los partidos polticos tienen la responsabilidad de hacer valer ante las instituciones y la opinin pblica los valores y principios que dicen defender; de ello depende su legitimidad y debera depender en parte su xito electoral.

La responsabilidad del Estado La cuestin del Sahara Occidental no solo afecta al Estado espaol por mltiples razones de vecindad, geoestrategia e intereses econmicos o por las repercusiones que la relacin con los pases del Magreb, en especial con Marruecos, puede tener en temas como la inmigracin, el trfico de materias ilegales en el estrecho o el control del terrorismo yihadista en esta parte del mundo. Por mucho que se haya intentado ocultar y tergiversar, el conflicto del Sahara Occidental es una responsabilidad directa de Espaa y al Estado espaol corresponde en gran medida tambin su solucin. Lo es porque el derecho internacional -y la doctrina judicial espaola- sigue considerando al Estado espaol la potencia administradora en tanto se mantenga el estatus del territorio como no autnomo.

Es al Estado espaol y no a la ONU o a sus miembros, por ms influyentes que sean, como Francia o Estados Unidos, a quien corresponde proteger a sus habitantes, sus recursos y arbitrar medidas para que su poblacin pueda decidir libremente y sin presiones sobre su futuro poltico. Exactamente lo contrario de lo que el Estado viene haciendo desde 1975: ha abandonando a su suerte a la poblacin en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), utilizando la ayuda al desarrollo de manera miserable en funcin de circunstancias polticas y como arma de presin diplomtica. Por cierto, la situacin humanitaria de los campamentos ha escandalizado al propio Ban Ki Mon en su ltima visita y ese escndalo est en la base de las declaraciones del secretario general de la ONU que tanto han irritado a Marruecos. A lo anterior podemos unir el trato degradante que sufren las personas saharauis a la hora de ver reconocidos sus derechos civiles en el Estado como parte de una misma campaa de abandono y olvido.

Espaa viene, adems, colaborando con venta de material, adiestramiento y soporte poltico al genocidio que ejerce Marruecos en los territorios que ocupa ilegalmente desde que Espaa cediera, de manera igualmente ilegal, su administracin. Todas las organizaciones e instituciones internacionales de defensa de los derechos humanos y hasta la Audiencia Nacional! han investigado y denunciado torturas, bombardeos de civiles, desapariciones forzadas masivas y todo tipo de prcticas degradantes por parte de Marruecos sin que los gobiernos espaoles -responsables legalmente, insisto- hayan elevado una propuesta de proteccin o vigilancia de los derechos.

Al contrario, los gobiernos de la democracia se han alineado con el reino de Marruecos promoviendo un trato econmico y poltico privilegiado por parte de las instituciones espaoles y de la Unin Europea, alinendose con la explotacin ilegal de los recursos naturales, impulsando tratados y convenios que vulneran, como han dejado claro los tribunales europeos, la legislacin internacional y los derechos de la poblacin saharaui.

Un consenso no escrito Esta poltica ha sido posible gracias a un consenso no escrito desde la transicin entre los partidos de gobierno en la conviccin de que la realpolitik impondra el statu quo por la fuerza del tiempo y del peso de los grandes intereses. La postura de Espaa en el Consejo de Seguridad en la crisis actual, evitando un pronunciamiento claro de condena a Marruecos y de apoyo al secretario general, es un ejemplo palpable de esta especie de poltica de tirar la piedra y esconder la mano.

Sin embargo, 40 aos de resistencia del pueblo saharaui y de trabajo diplomtico del Frente Polisario, junto a la solidaridad internacionalista, han puesto a la Comunidad Internacional en la necesidad de decidir, de una vez por todas, si el caso del Sahara Occidental se va a resolver por la va del derecho y la aplicacin de los derechos, en cuyo caso no queda ms salida que obligar Marruecos a cumplir con sus compromisos y obligaciones, fijar fecha para un referndum de autodeterminacin y desplegar los recursos para ello o, si como en otros muchos conflictos, los intereses de occidente con Marruecos son tan importantes como para arriesgar la vuelta a la guerra y, en todo caso, alargar de forma indefinida el sufrimiento del pueblo saharaui.

El nuevo ciclo poltico que parece abrirse en el Estado espaol con la irrupcin de nuevas fuerzas polticas y el deseo generalizado de establecer un nuevo consenso sobre cuestiones tan bsicas como la forma del Estado, su articulacin territorial, la reforma electoral o la recuperacin de la memoria histrica, ofrecen una oportunidad nica para que partidos e instituciones afronten este asunto con la importancia y urgencia que requiere.

Otra actitud En el conflicto del Sahara Occidental, Espaa, lo quiera o no, no es un mero actor ms. La responsabilidad del Estado no solo se refiere a establecer la verdad y resarcir los errores cometidos por la dejadez de los gobiernos hasta ahora -una cuestin que conviene abordar cuanto antes en todas sus dimensiones, poltica, humana, econmica, ya que conlleva costes y esfuerzos importantes- sino que obliga a Espaa a proponer soluciones concretas al conflicto; es decir a tomar la iniciativa. Una responsabilidad que no solo le viene dada por sus compromisos legales e internacionales o por la presin, cada vez ms evidente de otros pases -nrdicos, africanos y latinoamericanos- que reclaman de Espaa el papel que le corresponde, sino por la obligacin tica de responder a los deseos y peticiones de la mayora social.

Hace tan solo unos aos nadie podra intuir que la cuestin de la memoria histrica sobre la guerra civil y el franquismo pudiera tener un lugar importante en la agenda de los partidos polticos. Encerrada en los lmites de una exigua militancia y constreida por las leyes y el consenso poltico de la transicin, la llamada memoria histrica mereca una sonrisa ms o menos complaciente o displicente de los dirigentes polticos. Ms o menos la misma que ahora otorgan cuando se les plantea la cuestin del Sahara Occidental. Es hora de cambiar de actitud.

Fuente: http://www.deia.com/2016/04/04/opinion/tribuna-abierta/espana-sahara-y-la-onu



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