Portada :: Colombia :: Dilogos de paz 2012-2015
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-05-2016

Derechos y coherencias de una transicin. Apuntes (13)
Augurios, perfidia, blindajes

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


A las familias y comunidades vctimas de la desaparicin forzada colectiva y masacre de treinta y tres personas en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998. Dnde estn los mximos responsables por accin y omisin de estos crmenes de lesa humanidad?


1. Exordio

Ante el anuncio hecho en La Habana el 12 de mayo de 2016 (Comunicado Conjunto # 69, ver en https://www.mesadeconversaciones.com.co/), este artculo pretende, tras una veda no del todo voluntaria de siete meses, retomar una reflexin y propuesta que se vio truncada sobre diversos temas, como la relacin entre el proceso de paz y la justicia ms coherente posible, que distinga la rebelin, sus obligaciones (veridiccin y jurisdiccin autnomas) y derechos (amnistas e indultos), diferencindola radicalmente del fenmeno de la criminalidad sistemtica perpetrada por el Estado y sus lites.

Se inscribe de nuevo con enfoque crtico frente al seguidismo reinante en varios campos, entre ellos el posicionamiento del acuerdo sobre justicia firmado hace cinco meses (15 de diciembre de 2015), que, no obstante su propaganda o fuerza meditica vendido como un pacto idneo, ha sido objeto de autorizadas y fundamentadas observaciones por la impunidad que genera para crmenes del terrorismo de Estado.

Este escrito se refiere de entrada a un asunto aparentemente coyuntural sobre el cual se registra mucha agitacin, pero que es de largo y profundo aliento: la estabilidad y seguridad jurdica de los acuerdos suscritos en La Habana.

Como una gran piedra tras una avalancha, dicha materia pesa en este momento y seguir pesando, sin lugar a dudas, ante la oscilante desconfianza que slo por ahora logra superarse en la letra convenida, debatida la exigencia de reforzar el efecto vinculante de lo que llegue a ser un Acuerdo Final. Un lgico requerimiento de que lo pactado se cumplir gradualmente en funcin de cambios autnticos. Tal reclamacin, originalmente de las FARC-EP, que puede y debe ser defendida desde la razonable perspectiva de aseguramiento iuspositivista y formal en la juridicidad estatal, volcando compromisos en textos constitucionales de primera lnea, tambin puede ser vlida desde otra visin: la articulacin procesual complementaria de nfasis y hechura social y poltica, o sea de consensos y certezas validadas desde abajo, que podran pensarse y surtirse en caso de que se instalen y desarrollen como estn concebidos los dilogos ya anunciados entre el Gobierno y el Ejrcito de Liberacin Nacional, ELN.

Por lo tanto, este breve discernimiento se hila desde una fundamentacin actual y futura de cierta especificidad, concerniente a un concepto del que mucho se habla y se hablar: el blindaje de los acuerdos, cuestin de apariencia jurdica, relativa a las formas y niveles de juridicidad que dotarn de vigencia y por lo tanto de exigibilidad los diferentes deberes emanados de un tratado de paz. Ciertamente importante e ineludible dicho ejercicio, se plantea adicionalmente trascender las celdas de la lineal racionalidad jurdico-positiva, fijando igualmente la atencin en dos flancos: en el curso contradictorio de lo que acontece y debe ser intervenido ya mismo, pues unos son los compromisos estatales firmados y otras las decisiones opuestas que se aplican, lo cual es ya un indicador fiable de las tendencias que deberan neutralizase a rengln seguido, so pena de un devenir escabroso en el conflicto; y en un segundo plano apoyando la matriz de resolucin procesual que se proyecta en la hipottica participacin, traduccin y asuncin social de los acuerdos, que propone el ELN.

Para intentar explicarme lo aludido en cuanto al blindaje, acudo a un smil familiar en un pas como Colombia, donde no decae el negocio de las armas, de las amenazas y de las caravanas de escoltas. All, conforme a la importancia asignada al figurante protegido, es menor o mayor el blindaje de los costossimos autos en que se movilizan polticos, empresarios y otros en su correspondiente turno. Capas de ltima generacin tecnolgica, de plstica y metlica seguridad en ostentosas camionetas-caparazones, deberan resistir proyectiles o explosivos de diferente calibre y fuerza. Se habla del nivel 3 para los menos importantes. Y del nivel 7 para los de ms arriba.

Exactamente as parece el proceso de paz cuando se define la frmula ms adecuada, el mayor blindaje posible, para el estatuto jurdico-poltico de los acuerdos de La Habana entre Gobierno y FARC-EP, de tal manera que ese blanco en movimiento resista con diferentes capas, que constituiran un escudo del mximo nivel; un blindaje que haga frente a los embates actuales y futuros de quienes hoy desde la extrema derecha buscan acabar jurdica y extrajurdicamente con esta histrica tentativa o persiguen hacer de las conversaciones y sus resultados una frgil presa, conducida a trampas y mallas del statu quo, donde es probable caiga entera, habiendo acabado as con la rebelin, sin que nada sustancial cambie.

2. Continuum y fracturas

Fue en el giro que hizo en 2010-2011 el ex ministro de Defensa de Uribe, Juan Manuel Santos, tomando el relevo para relegitimar al Rgimen tras la puesta en escena de la trama mafiosa y paramilitar de su ex jefe, cuando se determin, ya en la Presidencia, que era insostenible e inconveniente mantener el exabrupto del total negacionismo. Si no se reconoca la guerra, no haba normas que ampararan nacional e internacionalmente acciones y campaas estatales de orden blico, que tanto ya haban realizado en conjunto, como las que estaran por venir. La lectura era bsica: deba reconocerse el conflicto para ese fin de blindaje jurdico propio, de s, y para encausar o envolver acercamientos inteligentes y estratgicos hacia su resolucin poltica y no slo militar, como ya se haba ensayado en otras pocas. Por ello Santos fue perfilando un discurso y un obrar conforme a los cuales el conflicto armado s exista; y s existan sus vctimas, dijo, expidiendo una ley (1448 de 2011), mientras, entre varios pasos, fue retomando contactos y seales hacia la guerrilla de las FARC-EP.

Hoy se busca igualmente blindar al objeto, que es el continuum del proceso de pacificacin y sus compromisos formales, mientras el contexto y la ruta, a mi modo de ver, en la que se desliza esta iniciativa loable de que se cumpla la palabra, es todava peligrosa y est an demarcada en parte por las limitantes de unos actores y de unos contenidos. En esa trayectoria prefigurada no era ni es quimrico esperar etapas fangosas o cenagosas, en las que previsiblemente pugnan las partes desconfiando una de la otra al tener que optar por un modelo de compromisos y por lo tanto renunciar a previas definiciones estratgicas, intentando rescatar el Estado ahora mismo sus reglas originales y fundantes de legitimidad sin cambios palpables, alegando un seoro constitucional y normativo para el posterior refinamiento de la letra en la legalidad santanderista (en referencia a Santander contra Bolvar). O sea, como ya lo explicamos, la propensin a privilegiar el dictado de la ley, la supremaca de la ficcin jurdica y de una soberana terica, con la posibilidad de negar simultneamente las perentorias necesidades de transformacin de la realidad poltica.

Algo distinto es un proceso de paz en el que el revestimiento no slo debe ser jurdico en la cspide estatal y en la Carta Poltica ya dada, por arreglo de las partes, sino paralelamente social, poltico y cultural para fracturas que conlleven empujes de emancipacin: donde el blindaje no es intermedio ni final, ni slo en los preceptos del bando estatal, sino que debe darse desde el comienzo y en el avance mismo con la convergencia de actores y escenarios plurales que aseguren un equilibrio en el diagnstico de la problemtica y en la progresin tangible de medidas para superarla; en que la perfidia histricamente empleada por los de arriba resulte no improbable pero s altamente costosa; donde lo pactado se comienza a hacer realidad; que no se burle sin consecuencias lo que se ha suscrito.

Algo as como la analoga adaptada de la dinmica que nos representa el efecto de la bola de nieve: el cuerpo no es ajeno a su recorrido, est en movimiento, gana fuerza y se nutre de su camino. Una paz no diferida sino eficaz y transformadora, por lo tanto con una coraza no figurativa ni vertical, sino procesual y colectiva, consensuada, progresiva, horizontal y de verdadera ruptura del continuum histrico de exclusin.

Por supuesto siempre habr riesgos y poderosos intereses que traten de acabar ese colosal ensayo democratizador de finalizar la guerra y sus causas, o al menos humanizarla mientras concluye.

3. Urgencia de humanizar

Lo paradjico del momento es que se habla con propiedad y pose de autoridad sobre el derecho internacional humanitario (DIH) para brindar y blindar acuerdos, mientras el Estado de nuevo desecha propuestas para regular la guerra.

Ese objetivo legtimo de limitar el conflicto armado, aparece otra vez, ms que como una posibilidad, como una exigencia de encadenamiento de la guerra a la paz, para lo cual debera esgrimirse precisamente ese instrumento natural, el DIH, en medio de un conflicto armado que podra ya mismo frenarse en seco, si el Estado se comprometiera al cese al fuego y de hostilidades, como s se apresta a ello la insurgencia, las FARC-EP y el ELN.

Sin embargo, eso no sucede porque en la coyuntura el Estado busca enrostrar prricas victorias militares e imponer como constante su presuncin de superioridad, legitimidad y legalidad, incurriendo en una injustificable evasiva al trampear temporalmente la nueva Mesa ya pactada con el ELN, plantando el Gobierno tributos unilaterales, cargando condicionantes no dialogadas, no plasmadas en el Acuerdo del 30 de marzo de 2016 (http://www.rebelion.org/docs/210632.pdf). Pide que el ELN deje de efectuar retenciones o privaciones de la libertad que realiza eventualmente, sin que el Estado se comprometa a lo similar, a algo semejante, o a dejar de ejecutar a su vez graves prcticas, desde bombardeos indiscriminados hasta tratos crueles y degradantes, como la dejacin de su obligacin de salvaguardar la vida y salud de los presos polticos que mantiene por centenares en condiciones execrables.

Clamar por aliviar el sufrimiento humano es tambin lo que de alguna manera se produce, por ejemplo, al condicionar acertadamente las FARC-EP sus siguientes pasos en la fase que viene en La Habana, a que se paralice ya mismo al paramilitarismo y se verifiquen procedimientos para su desmonte. Es lo que esperan del Estado los insurgentes que haran trnsito a la legalidad y los movimientos sociales u organizaciones populares azotadas por la guerra sucia, que deben no slo acudir a un proceso de paz sino configurarlo de modo ms autntico. No es una visin maximalista. Es lo que est pactado. Y es de vida o muerte.

De no hacerlo, de no demandarse radicalmente un combate frontal a esas estructuras paramilitares e investigarse y detener a empresarios y polticos que son sus promotores, al menos eso, el nivel de blindaje formal del proceso puede ser 7, puede aumentar a innovadores grosores, se puede estampar mil veces la firma en el documento del 12 de mayo de 2016 sobre compromisos para elevar a supremo rango constitucional los acuerdos, mientras en realidad quien expone su vida en el proceso organizativo popular carece de mnimas garantas y su blindaje es de menos 3.

Aunque existan declaraciones de pulida sintaxis, existe engao probado o mera pacificacin cuando quienes deben preservarse y constituirse en sujetos participativos y seguros en el despliegue de las reformas mnimas, siguen siendo baleados o desaparecidos. No son dos discusiones distintas. Es la misma materialidad vista desde diferentes ngulos. No tiene sentido, salvo en la exaltacin kelseniana, hablar slo de blindajes jurdicos, sin que se verifiquen pasos transformadores para las mayoras populares.

4. Confianza no!; certezas!

Es sta una poca bastante extraa, por cierto; pero los hombres pueden interpretar las cosas a su manera, en sentido contrario al de las cosas mismas. Son palabras de Cicern en Julio Cesar (Acto I), de Shakespeare. Obra que trata de la traicin y la justicia en la dictadura en la Roma de los augurios. Calfurnia (o Calpurnia) ha interpretado seales, presagios, le dice a su esposo Cesar que no vaya al Capitolio, que evite ser asesinado: Vuestra prudencia es anulada por vuestra confianza. Y as mismo el sofista Artemidoro intenta advertir a Cesar: La confianza abre el camino a la conspiracin (Acto II).

En Colombia, donde presiden los ejemplos, quiz no hace falta citar a Shakespeare para comprender la trama de la traicin. No es la Roma de las profecas sino el Macondo de los hechos no atendidos a tiempo. Es mortal el exceso de confianza en instituciones de una democracia sostenida mediante el genocidio y los crmenes de lesa humanidad. No es el reino de la casualidad sino ms bien el universo de la causalidad lo que debe ser estudiado a partir de mtodos de deconstruccin, para remover obstculos objetivos que hacen imposible la paz transformadora. Es por eso apenas razonable, enteramente responsable, no confiar en el sofisma o la ficcin de instituciones o burocracias que adems de relegar el anlisis cientfico de la realidad social, atentan contra quienes emprenden procesos participativos para el cambio. Por consiguiente, es legtimo que se demanden certezas y cumplimiento verdadero de un proceso de paz con justicia.

Ms que una simplificada lucha psicolgica y moral, estamos ente la poltica dramtica de un orden que firma pero no cumple lo pactado. Comenzando por su propia Constitucin Poltica.

Muchos olvidan que el drama de Colombia no es la falta de ms leyes y de una mejor Constitucin, existiendo una que si se cumpliera sera la de un pas en paz con justicia, aunque la aspiracin de ampliarla sea vlida en todo caso; sino que la tragedia consiste, precisamente, en que esas fabulosas normas de derechos humanos se violan por hechos realizados en primer lugar por quien legisla y gobierna, y sigue, pese a todo, dando lecciones de derecho internacional.

En ese sentido, la confianza en las promesas del sistema puede de nuevo ser letal. De ah que resulte enteramente justificado asegurar de todas las maneras posibles que lo acordado se obedezca. No se trata ni siquiera de afectar lo que el poder-deudor previamente al dilogo ha asegurado como inviolable: sus arcas y sus doctrinas. No es nada intrigante o alevoso, sino apenas sensato por mera pulsin, por razn epistemolgica de causas y soluciones, con fundamento en certidumbres de una paz dinmica. Es reflexivo y propositivo que se piense e invite a lo siguiente (cito extractos):

La verdadera paz tiene que irse manifestando en la transformacin de la realidad del conflicto; la paz no puede ser un ejercicio acadmico, que simplemente pensamos que maana puede ser, pero si no es?... tenemos que demostrar un camino cierto, y ese camino cierto tenemos que transitarlo de la mano con la gente, o sea es un proceso poltico () abrir un proceso poltico que nos conduzca a la democratizacin de Colombia () una sociedad de derechos no se puede engaar a la sociedad ofreciendo garantas cuando los derechos no se cumplen () nosotros no vamos a avanzar en las conversaciones con base en la confianza, eso es un absurdo la paz no se puede construir sobre confianzas sino sobre un camino de certezas; la confianza nacer sobre hechos acumulativos, de certezas que se van dando en la realidad; ah va a nacer la confianza primero yo veo en la realidad el cumplimiento como una certeza, es lo que va a permitir generar confianzas (palabras del Comandante militar del ELN, Antonio Garca, en entrevista concedida al diario El Espectador en diciembre de 2015. https://www.youtube.com/watch?v=-m-jCEsw7wY).

Si bien la negociacin de muchos aspectos concierne a ambas partes contendientes, hay esferas de realidad que remiten a otros sujetos, a los actores sociales, en tanto las agendas de dilogos se refieren a causas objetivas del conflicto. Significa que deben generarse sin dilacin los accesos propicios de participacin, para realizar lo que es en s un gran diagnstico participativo, tomando prestado el concepto de la metodologa en ciencias humanas y sociales o atrayendo hacia la produccin cultural el mtodo cientfico o viceversa. La gente no est slo para refrendar un soleado o lluvioso domingo de elecciones o de plebiscito, sino que debe poder estar en las definiciones de su futuro. Las formaciones polticas de resistencia y transformacin de una realidad impuesta por una verticalidad dominante y por el inmovilismo, junto a los movimientos y organizaciones sociales, que en Colombia subsisten pese al terrorismo de Estado, son no slo testigos sino hacedoras-es de caminos. Para ello, en lugar de un proceso de ofrecimientos a futuro por el Estado, por una parte, mientras invita a la insurgencia a ceder en cuestiones claves que estn en su condicin rebelde, es posible pensar en un modelo para la solucin troncal que se ha delineado, la cual es poltica, para que esa guerra terrible sea superada mediante el consenso, no desligando paz y justicia.

Se trata de potenciar un paradigma cremallera, de cierre del conflicto halando de ambos lados, tirando de esa pieza central que los une, que es el proceso de paz con cambios, vigoroso, para que encajen las piezas de un lado y del otro. Ese es el largo y seguro proceso histrico de cierre, que va ms all de la reciprocidad de efecto, pues implica las voces de los contendientes, su corresponsabilidad en pasos ciertos, por supuesto, pero correspondencia histrica con la sociedad y sus expresiones de avance, que en sus contradicciones aspira tramitarlas sin violencia: sin violencia de ningn lado.

5. Lecciones de artificios

En la poltica y su violencia se expresan en diferentes dimensiones los espejos de seguridades e inseguridades propias del caos psquico al que Cornelius Castoriadis se refera estudiando a profundidad la constitucin de lo humano y su propuesta de autonoma y emancipacin relativa frente a las instituciones y sus procesos histricos. Y no es diferente cuando el Derecho entra en escena con sus recetas y sus formatos de protocolizacin de una solucin pacfica como parte de lo instituido y no todava de lo instituyente.

En nuestro caso se trata en realidad de algo quiz ms simple de lo que podamos pensar con los titulares de prensa en la mano: la rebelin naci y se ha mantenido en Colombia por razones vitales, entre las que est la desconfianza de la que pende la vida. En un ciclo determinado, no se crey ms en quienes gobernaban, ni en sus aparatos ni en sus leyes. Y lo que luego se plasm fue ms represin, castigo y negacin. Ahora, cuando con esos mismos gobernantes se busca pactar una salida poltica al conflicto armado, quienes dejarn la rebelin fijan sus ojos en factores reales de amenaza, en lecciones de artificios y experiencias de incumplimiento, y piensan que es ineludible - por ello lo exigen con razn - que se blinde el Acuerdo con cuantas capas de compromisos y mecanismos jurdicos y polticos sea necesario, para que haya efectos vinculantes, para que existan grillos de garantas y acatamiento de lo firmado; de que la paz negociada se mantendr atada a unas reformas bsicas el mayor tiempo posible; que sea sostenible y duradera.

Estamos ante ese cuadro hoy mismo y era previsible contemplarlo mientras se elaboraba en un largo transcurso de desequilibrios y tensiones por inseguridades y desconfianzas lgicas, que se fueron aparentemente resolviendo pero que volvieron una y otra vez a brotar segmentadas o acumuladas, como lo demuestra la secuencia general que se ha reflejado: lo que no se obtuvo como mandato en el desgaste de la guerra, en una suerte de empate negativo, se intent plantar con imperativos por el Estado y con prevenciones racionales por la insurgencia, con el acotamiento y control compartido de una agenda en unas conversaciones que tenan sentido en la hiptesis de un final exitoso asumiendo que nada est acordado hasta que todo est acordado(punto VI.10 del Acuerdo General de 2012); lo que no se ha construido y articulado directamente en los dilogos de La Habana y su pblica dialctica, o se ha dejado pendiente, es ahora maniobrado con reservas y vacilaciones, combinando diferentes recursos polticos tapizados luego con enunciados jurdicos, intentando dar coherencia a las piezas maestras del puzle de un acuerdo final bajo principios de necesidad con tiempo reducido y por lo tanto de negociacin y reciprocidad cerradas.

Lo que nos deja otra ecuacin compartida: lo no logrado sin ambages por las partes conforme a sus (in)capacidades o lmites, estar siendo objeto de indefectible apertura, transferido o endosado a sus sectores sociales y polticos de referencia, donde cada parte incide para que refuercen o tomen el relevo de propuestas, ya sea para que exijan cambios significativos (bloque popular) o para que sofoquen el clamor por dichos cambios (bloque dominante en sus poderosas y siamesas expresiones: las ms retrgrada y la menos).

De ah que est ligada por ahora la discusin sobre dicho carcter vinculante de los acuerdos de paz a las formas de seguridad jurdica hechas de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, en conexin con las frmulas negociadas en la Mesa para la aprobacin ciudadana o refrendacin, y con los instrumentos derivados que se tendrn para la implementacin de lo firmado (punto 6 del Acuerdo del 26 de agosto de 2012). Es decir, ya es una premisa que deba persistir la desconfianza para mantener la puja, que haya nuevas batallas nacidas de esa incertidumbre fraguadas por interpretaciones y juicios de subjetividad en los clculos de apuestas sin cambios.

Prevencin que slo se ir disolviendo para el poder instituido cuando se desarme del todo la guerrilla de las FARC-EP y re-afirme el Establecimiento una histrica y concluyente correlacin de fuerzas con sus mltiples recursos de cooptacin que diluya a los sujetos alternativos. Y para el poder constituyente que no acaba de nacer, en el otro lado, ser en otra direccin: cuando las certezas (hoy casi nulas) emanen ntida y slidamente, no de un modelo de negociacin con la contraparte, sino de procesos de transformacin objetiva, en los que los poderes populares no slo participen sino que sean en s mismos evidencias de autonoma y concurrencia en un paulatino advenimiento, pruebas vivientes de los acontecimientos de democratizacin.

6. Un personaje cafre

Todo ello es preciso soarlo, y para esa lucidez de la utopa es necesario tambin cuidarse de la ya avanzada prostitucin del espritu a la que se refera igualmente Castoriadis, ms en un pas como Colombia donde es gloriosa la impunidad de crmenes de lesa humanidad cometidos por el Estado. Ante esa plaga, el papel de Fiscal General no es marginal. Ni lo es el de altas Cortes de encumbrados magistrados. Se supone administran justicia: investigan, acusan, sentencian. Gran tarea cuando se vive la expectativa de un proceso de paz que an no ha producido cambios sostenidos para las vctimas de esa violencia estatal o paraestatal tan abundantemente documentada, y aun as tan necesaria de continuar escudriando para destapar la verdad de la guerra sucia, la cual se pretende ocultar por diferentes sectores.

Por eso debo recoger por honestidad un dato no marginal, referido a quien tena esa responsabilidad como Fiscal, hasta finales de marzo de 2016: Eduardo Montealegre. No slo termin muy mal evaluado por parte de la opinin pblica, por su mediocridad e ineficaz gestin de cuatro aos, por su derroche de recursos pblicos en espurios contratos millonarios con asesores turbios (vase casos de Natalia Springer o Baltasar Garzn), sino por ser ms un figurn preocupado por el protagonismo poltico en salones de lites, en titulares de prensa e imgenes de televisin. En lugar de ser un juicioso, competente y ecunime funcionario en pie de lucha contra la barbarie pasada y presente proveniente del poder instituido, oper como continuador de esa estrategia organizada en el Estado como magno aparato criminal del que derivaba su sueldo: mirar para otro lado mientras se readecuaban estructuras paramilitares, respecto de las cuales las instituciones no reconocen ni su paternidad ni tener hoy algo que ver. En das pasados el Gobierno vuelve y juega al Scrabble para memos, llamndolas Bacrim (bandas criminales) o GAO (Grupos Armados Organizados), como si fueran del todo creaciones ajenas, cuando deben su actual podero a las articulaciones en el terreno con mandos militares y policiales que prestan acciones y omisiones eficientes.

Dichos aparatos no se explican nicamente por las maquinaciones y alianzas de polticos y empresarios que las auspician para el control territorial en funcin de negocios y proyectos de poder local, regional y nacional, sino que han retoado con mpetu sangriento porque hubo estructuras judiciales complacientes en la prctica, en estos ltimos cuatro aos precisamente, que no efectuaron inteligentes investigaciones penales de contexto y sobre crmenes de sistema, que no averiguaron decidida y radicalmente por los mximos responsables del paramilitarismo ni los llevaron a estrados.

Es costumbre en Colombia, pas de mutilados mentales o de cafres (como deca el poltico liberal Daro Echanda hacia la mitad de siglo XX), que en su afn trepador, quien huye de las pruebas de sus responsabilidades oficiales, se reposicione con nuevos pantallazos y aplausos posando de justiciero y consejero. Dos son las noticias por las que en estos das de la segunda semana de mayo de 2016 se le recuerda a Montealegre en tales roles. Primero la ms reciente: haber dejado sustanciado un espurio expediente de macroimputacin a la comandancia del ELN por supuestos cientos y miles de crmenes (hay que ser un poco estpido para no darse cuenta de cmo se busca presionar puerilmente al ELN para que acepte dcil someterse mediante esta minuta y suscribir por desesperacin la cuestionada justicia especial para la paz); y segunda faena - positiva - de Montealegre: en su ltimo da como Fiscal haber pedido a la Corte Constitucional que d status de tratado internacional a lo pactado en La Habana.

Corresponde esta inclinacin progresista de una parte del Establecimiento en la que estn desde Santos hasta Montealegre, pasando por miles de pacifistas de ltima hora, a la necesidad ciertamente reformista y de relegitimacin de largo plazo, para que la extrema derecha con la que anida y que invaluables servicios totalitarios prest a la actual cpula reformadora en el poder extrema derecha que se perfila de nuevo con gran fuerza en la disputa interna para un reparto de conquistas, el llamado Uribismo, no destroce los resultados estratgicos de una solucin negociada que habra de manera eficaz extirpado polticamente el alzamiento rebelde y que habra sido lgicamente funcional a la modernizacin del modelo dominante. Para ello se requieren unos cambios en la estructura jurdico-poltica.

7. El desenlace

Esta plausible idea de blindaje, que a juicio de muchos condens de manera rpida y oportunista Montealegre protagonizando fugazmente el debate tras la noticia de la presentacin de dicha demanda ante la Corte, pretendi o de hecho abri camino meditico para el ya citado Acuerdo del 12 de mayo de 2016 firmado entre FARC-EP y Gobierno, que versa sobre la necesidad de que se superpongan sofisticados blindajes, como los de las camionetas en el smil mencionado.

Que al introducir los actos polticos como actos jurdicos, existan menos riesgos, dotndoles de un rango superior en la jerarqua de la juridicidad estatal y de un encaje internacional igualmente significativo. O sea que todo aquello que se estime debe estar protegido, cuente con garantas efectivas de carcter sistemtico y preceptivo, siendo conveniente asegurar que la palabra empeada por el Estado sea cumplida. Noble pensamiento que ha conducido al asesinato de miles de activistas sociales y polticos populares y de izquierda que, contrario a funcionarios de doble cara, s han tenido coherentemente esa conviccin de que un Estado de Derecho debe cumplir y han exigido que las instituciones acaten lo mandado.

En efecto, se tratara de que la Corte homologue o certifique judicialmente lo firmado en La Habana como un tratado de paz, acudiendo a la figura alegada del Acuerdo Especial previsto como mecanismo en el derecho humanitario (artculo 3 comn a los Convenios de Ginebra de 1949 y 6 del Convenio III de 1949), es decir, usando una herramienta que tiene la finalidad de que se respeten las normas de la guerra en la guerra.

Esta utilizacin fue lo que se anunci en La Habana como manifiesto institucional para incorporar lo pactado a la normativa, quedando slo en parte desplazado el eje de lo que ser objeto de conocimiento por dicha Corte, no por lo pedido por el ex Fiscal sino por el control o pronunciamiento de constitucionalidad de reformas constitucionales y legales que le corresponde, de lo producido en el torrente de las negociaciones, medidas que la extrema derecha probablemente impugnar, o tambin algunos sectores que querrn que los acuerdos en su acoplamiento cumplan con obligaciones internacionales y nacionales de derechos humanos.

Acudir el DIH en este caso es una paradoja evidente que representa una prueba ms de cmo el Derecho es moldeable y cmo cuando hay voluntad poltica puede desmontarse gran parte de su armazn y abstracciones. Pues acudir a reglas y dispositivos de humanizacin de la guerra cuando sta por definicin ya se ha zanjado mediante un acuerdo final de paz, es cuando menos estrambtico. Siendo el objetivo, como es plenamente legtimo, que lo firmado tenga los mayores mantos posibles de blindaje. Eso no debe estar en discusin.

Exactamente es lo que est concebido y nos enuncian Gobierno y FARC-EP: que necesariamente habrn blindajes nacionales de alto nivel, de estrato constitucional, en cuyo trmite participan coordinada y prontamente todos los rganos del poder pblico instituido (Congreso, Ejecutivo y aparato judicial a travs de la Corte Constitucional), asumiendo lo convenido como Acuerdo Especial de DIH; y unos blindajes internacionales muy importantes ya aplicados en otros pases como Mali (2015). As, la previsin es que se efectuar una declaracin presidencial con forma de declaracin unilateral del Estado colombiano ante el Secretario General de las Naciones Unidas, citando la resolucin del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 25 de enero de 2016, pidiendo al Secretario General que se d la bienvenida al Acuerdo Final y lo relacione con la Resolucin 2261 del Consejo de Seguridad del 25 de enero, generando un documento oficial del Consejo de Seguridad, y anexando a dicha Resolucin 2261 el texto completo del Acuerdo Final para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera. Recordemos que tal Resolucin fue concebida para vigilar y verificar la dejacin de las armas y formar parte del mecanismo tripartito que vigilar y verificar el cese del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo.

Tambin se refuerza con una va de especie notarial: el Acuerdo Final para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera firmado como Acuerdo Especial en los trminos del artculo 3 comn a los Convenios de Ginebra de 1949, se depositar, inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.

8. Lo que nos espera

Si tiene o no naturaleza de Tratado con vocacin de permanencia o estabilidad en virtud de la finalidad, por los derechos colectivos transados y por los contenidos histricos nominados entre partes iguales que ostentan representacin, que se postulan con calidad contratante en el propio proceso del acuerdo; si debera blindarse todava ms dicho Acuerdo Final asignndole a tal rango supra-nacional consecuencias especficas dentro y fuera del pas; si es sancionable el incumplimiento y neutralizables internacional y nacionalmente las amenazas a dicha seguridad jurdica; si se desnaturaliza o no la razn de ser del DIH, incorporndole materias econmicas, sociales o polticas que no le son propias todo ello ser materia de debate en los prximos meses... y aos.

Discusin que tendr que articularse a las propuestas que los movimientos sociales y populares esperan desarrollar sobre las potencias y engranajes de base transformadora para asegurar as mismo condiciones en una correlacin de fuerzas positiva hacia procesos constituyentes de nuevo tipo, que, tras siglos, podran corresponder en el caso colombiano a esa clasificacin que nos ensea Gerardo Pisarello (2014) sobre viejas experiencias anteriores al siglo XX: creacin desde abajo; ruptura constituyente como impugnacin del poder desptico; como aspiracin a la independencia poltica y como demanda existencial de los excluidos.

Por ahora, lo que tenemos como tentativa y lo que hoy es visible en el papel, es una negociacin en la que se reconoce una tramoya institucional, lo instituido, lo constituido, y se aplaza o se reserva lo instituyente o constituyente, a su vez en trance de fragmentacin o acaso de reorganizacin.

As mismo se tendr que decantar lo que el Presidente Santos concluye y estipula:

A las Farc, por supuesto, les interesa que los acuerdos se mantengan, se garanticen, que no va a haber cambios, y al Gobierno tambin, porque al fin y al cabo los acuerdos se hacen entre dos partes, y las dos partes estamos interesadas en que se cumplan: que haya estabilidad y que se garantice su permanencia en el tiempo. Al haber aceptado estos procedimientos tambin las Farc reconocen por primera vez nuestra Constitucin, nuestras leyes y los poderes que emanan de nuestra Constitucin porque las Farc venan desconociendo la Constitucin, es ms, combatindola, desconociendo los poderes del Estado. Y lo que hacen en este momento es todo lo contrario: es reconocer la Constitucin, el Congreso de la Repblica, porque es a travs del proyecto de acto legislativo que se va a permitir la inclusin de todo el punto de las vctimas, de la jurisdiccin especial para la paz en nuestra Constitucin; es un paso muy muy importante tambin hay que resaltar que a travs de estas decisiones queda prcticamente asegurado lo que le habamos prometido a los colombianos: una lnea roja que no va a haber como sistema de refrendacin una Asamblea Nacional Constituyente hacemos votos para que muy pronto tambin se resuelva el punto que tiene que ver con el cese al fuego definitivo entre las Farc y el Gobierno por supuesto, es seguido por el procedimiento de la dejacin de las armas, y eso querr decir el fin de la guerra, el fin del conflicto armado, el fin de las Farc como grupo armado Las Farc estn reconociendo nuestra democracia, nuestra institucionalidad, nuestra Constitucin, nuestras leyes y los poderes que emanan de esa Constitucin (Declaracin del Presidente Santos desde Londres, el 13 de mayo de 2016. Cfr. http://es.presidencia.gov.co/Audios).

9. Y con ELN?

Quien esto escribe, como muchos y miles, defiende el blindaje pactado entre Gobierno y FARC acudiendo al DIH, por conviccin no tanto jurdica pero s moral y poltica en este imperioso malabarismo; y si fuera necesario tambin que se acudiera a cuanto exorcismo o contorsin ideolgica y epistemolgica fuera necesaria para que el Establecimiento esta vez s cumpla, y d la cara por sus responsabilidades, no sembrando de ms desgracias el pas. Por supuesto se suscribe ese fin plausible.

Pero una vez puestos y expuestos en el comn propsito de acabar la guerra, por qu no se esfuerza Santos en cesar las hostilidades y operativos militares pactando ya mismo esta medida con el ELN, como esta insurgencia lo plantea? O al menos dar seales de que entiende de verdad el DIH, y no por especulacin o retrica; que acoge en serio el derecho internacional que hoy se invoca para suscribir pactos como el del 12 de mayo en La Habana, ms cuando cientos de presos polticos y prisioneros de guerra de ambas organizaciones rebeldes estn siendo objetos de tratos degradantes.

La tesis de que vale cualquier medio discursivo o fundamentacin jurdica, en este caso el planteamiento o la ideacin que usa el DIH y que se basa en sus prerrogativas, no para regular, humanizar o limitar la guerra, sino para darla por finalizada, conlleva la pregunta que tambin deber intentar responderse: si vali para ello legtimamente el DIH, si vale para esto, por qu no pueden y deben el Estado y la insurgencia del ELN firmar un Acuerdo Especial que s responda a su fin primigenio de limitar los efectos de la confrontacin? Es decir humanizar el conflicto armado dado que el Gobierno Santos lo incentiva negndose a un cese al fuego y de hostilidades bilateral.

Existiendo reparos de forma y fondo a la forma jurdica adoptada en La Habana, como algunos juristas expertos lo indican distinguiendo tratados polticos de paz de tratados de regulacin de la guerra, lo cual es lo de menos; siendo legtimo en todo caso por su finalidad lo que se firm en La Habana, insisto, menos amonestaciones de consistencia habra no slo en materia tica -por lo que es urgente regular e intervenir- sino en lgica jurdica, si el Gobierno pactara ya mismo con el ELN lo que esta guerrilla llam, hace ya casi treinta aos, un Convenio por la Vida.

En la carta que los Comandantes Manuel Prez Martnez y Nicols Rodrguez Bautista enviaron al ex presidente Alfonso Lpez Michelsen el 5 de febrero de 1989, le dicen: le hablamos a usted como uno de los voceros de la clase que hoy gobierna este pas; le planteamos, desde la otra orilla, desde la orilla de las fuerzas populares, que intervenga para que busquemos un acuerdo para humanizar la guerra, que acudamos a los Tratados de Ginebra y al Protocolo de San Jos de Costa Rica como fuente del derecho humanitario. La Coordinadora Guerrillera Simn Bolvar ha venido reiterando su voluntad de hacer un Convenio por la Vida () acudimos a un convenio directo con el gobierno, y como se acostumbra en estos casos, con presencia de organismos internacionales queremos hablar, queremos participar en acuerdos concretos en torno a la humanizacin de la guerra. Porque no queremos permanecer impasibles frente a la guerra sucia. Porque de las violencias que cruzan el pas y lo martirizan, no se escapan a la dialctica tambin de la confrontacin poltica, que pasa indudablemente por establecer un convenio y cumplirlo a cabalidad / De veras, nosotros estamos porque la palabra vuelva a tener valor en Colombia, como es el anhelo de muchos compatriotas, y en este convenio que estamos proponiendo lo podemos lograr (ver del Comandante Milton Hernndez su libro Rojo y Negro, Historia del ELN [captulo 59] en diferentes ediciones, donde aparece la carta y donde se relata cmo asume esta organizacin esta propuesta, central desde su 2 Congreso en 1989).

Tal propuesta tica y poltica de humanizacin, que hubiera hallado las frmulas jurdicas bsicas, tradicionales o inditas, no tuvo eco por la indolencia e irresponsabilidad en el bloque de poder dominante, el mismo que ha suscrito en Caracas el pasado 30 de marzo de 2016 una agenda y un Acuerdo, que esta vez s podra honrar y no cercenar, dado que ya ha reconocido poltica y jurdicamente al ELN como interlocutor vlido, vistas las necesidades de avance en el conjunto de los procesos de paz transformadora que requiere el futuro de Colombia. Siendo, como es, un sujeto de derecho, se sabe que el ELN no rehye sino que reivindica compromisos de humanizacin de la guerra.

Para lo que ser dicho proceso en caso de que el Estado no lo aborte, deber tenerse en cuenta: En el fondo lo que se est haciendo no es nuevo en Colombia. En el pasado, para ayudar a superar coyunturas histricas trascendentales se ha recurrido a frmulas extraconstitucionales. Estas han logrado destrabar nudos gordianos cuando la normatividad vigente no alcanza a producir una solucin. Eso sucedi con el Plebiscito de 1957, con la Sptima Papeleta en 1991, y otros casos () En ambos momentos, prestigiosos juristas manifestaron serias reservas. La Constitucin de 1991 nunca les gust a los magistrados de la Corte Suprema de ese entonces. Sin embargo, hoy, 25 aos despus, nadie duda de la importancia estructural que tuvo ni de su peso en la construccin de un nuevo pas. (http://www.semana.com/nacion/galeria/criticas-a-la-formula-para-blindar-acuerdos-de-paz/473574).

El significado que se obtiene de este debate sobre la plasticidad del Derecho y los agentes capaces de generar normatividad, en funcin de asegurar acuerdos de paz, es que el da de maana no podr alegarse por el Estado u otros que hay sacrosantas frmulas, o que la arquitectura constitucional es tan rgida que no admite novedosas construcciones, ms si stas provinieran de mandatos sociales de movimientos ciudadanos, como el ELN lo propone en perspectiva, pues est visto que si el objetivo es la paz con justicia, las normas deben ser flexibles y, tarde o temprano, se tiene que examinar otra matriz.

10. Y si el Estado falta a la palabra?

Puede ser que s se encaminen por fin fuerzas hacia esa solucin de base histrica transformadora, como tambin puede pasar que tras la reincorporacin de las FARC y su participacin, el monstruo de inercias estructurales y estructuradas recobre plenas capacidades y otra vez quede Colombia condenada y atrapada en el ms vil engao Qu mecanismos habra para reclamar si as pasa? Quiz impugnacin poltica mediante procesos sociales, quiz desobediencias o resistencias civiles, quiz re-emprendimiento de luchas de sectores populares con liderazgos polticos ms o menos articulados en un movimiento que re-surja en el plano nacional El sistema de poder, el Rgimen, ni ahora ni ms adelante, va a despacharse de los compromisos rompiendo el papel, renunciando o denunciando lo firmado, sino que har lo que sabe muy bien hacer, como ha sido en el continuum histrico de la esquizofrenia de un Estado de Derecho que declara y promete, al tiempo que excluye, mata, abandona, aniquila

La insercin y tramitacin del dilema de cmo obligar al cumplimiento ya, y cmo hoy se firma o se encamina lo que se har, cobra pleno sentido por los riesgos asumidos: si es dable o no demandar ahora y no ms tarde medidas reales o si es suficiente que haya ahora ms palabras que luego se las lleva el viento... Esa disyuntiva no debera producirse. Es decir, es preciso que existan ya hechos de paz, actos polticos resolutivos de situaciones inadmisibles como la muerte de decenas de nios, nias y ancianos por hambre, o sea determinaciones con resultados verificables, que construyan objetivamente cambios. Esto hasta ahora no se est dando, y aun as se esgrime que el proceso es irreversible... para la guerrilla Cundo es irreversible para el Estado? Tal y como estn las cosas, puede haber reformas gatopardistas: que todo cambie para que todo siga igual

11. (Post)beligerancia y derecho a la rebelin

Existen razones polticas del presente para estar de acuerdo con el objetivo de blindajes desde una perspectiva instrumental, conforme a lo cual debe apoyarse, con o sin observaciones crticas, lo firmado en La Habana el 12 de mayo de 2016. Y tambin existe una razn del futuro, del legado humanista y revolucionario, que es de carcter no slo nominal sino de nuevo fundacional en caso de que el Estado no cumpla su palabra de transformaciones para la paz. No es un augurio: simplemente no se ve hoy dnde est la justicia en el pajar de la paz.

Al acudirse de manera directa al DIH como se est haciendo y a las esferas internacionales para su validacin, hay un corolario, un implcito o explcito reconocimiento de la beligerancia, no necesaria o solamente de la extraa beligerancia posterior de la rebelin, de un grupo que ya sin armas busca y buscar la paz con justicia, las FARC-EP, sino obligatoriamente de quienes todava en rebelin armada, el ELN, reivindican en esa realidad de conflicto un proceso de paz transformadora que slo cuando genere nuevas circunstancias permitir construir un acuerdo sobre las armas del ELN para poner fin al conflicto armado (punto 5.h del Acuerdo del 30 de marzo de 2016).

En otras palabras: bajo este ensayo de un Estado que acomete de forma tarda un pacto de derecho internacional con las FARC-EP, una parte contendiente en una guerra interna, pero tcnicamente ya en situacin de armisticio y probablemente de reincorporacin a la vida civil de acuerdo con sus intereses (punto 3.2 del Acuerdo General de 2012), no hay error, ni malicia, sino elemental congruencia, en considerar tambin al ELN como sujeto de ese compromiso objetivo declarado por el Estado; es decir, como contraparte de la regulacin a la que conmina el DIH conforme a su finalidad esencial, a su objetivo natural.

Quedando expresamente que aplicar el artculo 3 comn de los Convenios de Ginebra o suscribir acuerdos especiales no surtir efectos sobre el estatuto jurdico de las Partes en conflicto, significa este enunciado, ni ms ni menos, que los partes beligerantes de hecho y de derecho, por igual, permanecen con su propio estatuto y con la condicin de contendientes destinatarios de obligaciones y derechos. Ni el Estado pierde su juridicidad y organizacin, ni tampoco la guerrilla.

Ya deca el sacerdote revolucionario Camilo Torres Restrepo: Las guerrillas crearon un poder nuevo, paralelo al poder estatal conservador-liberal, a travs del cual, por mtodos buenos o malos, pero impuestos por la necesidad y por la incapacidad de las clases dominantes para aceptar cambios ascendieron grandes masas campesinas en su seguridad en s mismas, en sus propias fuerzas, en su sentimiento de dignidad humana y en su capacidad de decisin y de autogobierno (Reportaje de Adolfo Gilly, colaborador de Monthly Review, publicado en el semanario Marcha de Montevideo, el 4 de junio de 1965. Ver Camilo Torres Restrepo, Escritos escogidos, Tomo II, Cimarrn editores, s.f. pg. 388. Para profundizar en el tema consultar de Mario Aguilera Pea su obra Contrapoder y justicia guerrillera. Fragmentacin poltica y orden insurgente en Colombia (1952-2003), IEPRI - Universidad Nacional de Colombia y Debate, Bogot, 2014).

Es decir, sin demagogias, jurdica y sociolgicamente existe una base objetiva para reconocer al ELN su condicin beligerante, salvo que la nica razn del Estado - que acaba de suscribir un pacto de DIH - sea la sinrazn dspota o el capricho de tinte poltico, para no distinguir en Derecho ese estatuto a quien est en armas, cuando precisamente dicho dispositivo es para reglamentar su uso o limitar el alcance blico, con lo cual se ver claramente que acudir al DIH ha sido slo un arqueo o simulacin, una anmala, arbitraria y voluntariosa medida, para darle ese ropaje de Acuerdo Especial a algo que en s mismo poda tambin surtirse simple y llanamente como un gnero de armisticio o de Tratado de Paz, sin vergenza alguna.

Nos podramos haber ahorrado entonces esta discusin de filigrana o cuo jurdico, ortodoxa o heterodoxa, pues sera enteramente absurdo reconocer y aplicar el DIH frente a una organizacin poltica que, con razones poderosas, est en trance de abandonar el levantamiento en armas, y no hacerlo ante una organizacin poltico-militar activa que, quiz tambin con profundas razones, persiste en una resistencia armada al orden establecido.

Las razones polticas de una u otra organizacin y lucha no las juzga el DIH, no puede hacerlo, no le est permitido dicho alcance a esa normativa; slo tiene que verificarse las calidades objetivas del contendiente. En cambio, quien s concepta de manera inicua y voluble es el Rgimen colombiano, lo hace excntricamente en la distorsin que aplica retomando algo as como viejos atributos medievales: el ius imperii, derecho de imperio o gobierno; el ius majestatis y el ius honoris, para premiar a unos virtudes y mritos con ttulos nobiliarios o caballerescos, y a otros no; y el ius gladii, que es el derecho de espada: para saber a quin mata y a quin no. Ni ms ni menos acaba de hacer el Estado (L'tat, c'est moi), a travs de las decisiones del Gobierno Santos. Porque s

Evidentemente, aunque aspirar a terminar con el sufrimiento que genera la confrontacin armada sea un anhelo en s mismo comprometedor por la humanidad que emplaza, lo es tambin, con objetivo muy superior, que haya un tratado de paz no basado simplemente en los hbridos tericos de una lex pacificatoria o de un genrico derecho sntesis representado en una paz gratuita o barata para los poderes, sino, como lo piensan las FARC, el ELN y las mayoras de los movimientos populares en lucha: una paz transformadora para asegurar un cierre definitivo del conflicto abordando sus causas histricas.

Si el Estado falla, si la oligarqua no escucha y no cede, si el Establecimiento incumple, si las estructuras de opresin no cambian, aunque deseemos que se silencien los fusiles unos lustros, en la reconstruccin o retorno probable de la revuelta y la resistencia que nos ensearn desde la memoria histrica cmo y por qu las lites volvieron a incumplir, en su sustento tico, poltico, ideolgico e histrico los rebeldes del maana podrn sealar que hubo una vez un Tratado de Paz incorporado en las entraas jurdicas del sistema que fue violado por ste, que lo pactado fue burlado.

Habr una causa eficiente para preguntarse sobre la supuesta legitimidad de quien manda y el porqu de la servidumbre voluntaria, como lo hizo La Botie hace cuatro siglos, o por la rebelin surgida desde la indignacin y el poder autnomo de resistir a la opresin, de la que habl Spinoza hace tres siglos y medio, antes de los autores liberales y socialistas; o como lo hicieron hace ms de medio siglo quienes en Colombia encarnaron este conato de humanidad, siendo pocos y estando ante un aparente cerco histrico. Una fuerza que slo el futuro dir si se alzar otra vez de modos diversos; una honda de David que otros y otras debern replantear con aprendizajes y lmites.

12. Traspaso y validacin de mecanismos de impunidad

Con lo acordado el 12 de mayo de 2016 en La Habana, ms all de los distractores y formalismos de procedimiento, existe un trasvase al rgimen constitucional imperante y una apuesta por su encauzamiento reformista. Esa operacin tiene la virtud de arriesgar para que se ample y haga efectivo un ncleo duro de derechos y obligaciones, pero al tiempo el grave defecto de que se acotan selectivamente o nacen mutilados por los intereses del Rgimen, pues ya, de entrada, la impunidad de sus crmenes ha ganado un terreno gigantesco.

Es decir, en ese traspaso, de lo pactado en la poltica a los predios y presidios nada inocentes del Derecho, el Estado se robustece decididamente al gestionar un modelo de transicin que se proyecta para arrojar slo un poco de la verdad histrica sobre la guerra sucia, salvaguardando terribles mecanismos de ocultamiento de los crmenes que ha cometido y preparando una aleccionadora re-judicializacin de los rebeldes por aquello que se estima no es conexo al delito poltico. Contar adems con magnos fiadores en la validacin internacional de ese fardo.

Evaluando lo que est configurado, el Gobierno y la extrema derecha, sopesan el beneficio que supone el refuerzo constitucional y si acaso internacional, de al menos siete u ocho mecanismos de impunidad o clusulas que fueron convenidas, que se establecieron en el acuerdo en materia de justicia del 15 de diciembre de 2015, las cuales favorecen clara e irrebatiblemente la impunidad de crmenes de Estado, tal cual lo sealan intelectuales como Luis Jorge Garay que se refiere a la ruptura de la cadena de mando, que conlleva a que comandantes de las fuerzas armadas estatales queden eximidos (http://lasillavacia.com, 14 de abril de 2016); u organizaciones internacionales (ver https://www.hrw.org/pl/node/288177: Anlisis de Human Rights Watch sobre la investigacin de falsos positivos bajo las disposiciones de la Jurisdiccin Especial para la Paz); o expertos y defensores de derechos humanos en Colombia, ya incluso censurados por sus enfoques (para una ntegra y autorizada crtica al acuerdo sobre justicia, ver http://rebelion.org/docs/208980.pdf).

Aunque aisladas, dichas opiniones disidentes provienen no de la extrema derecha, sino, como en el ltimo documento citado, de espacios civiles comprometidos con una lucha tenaz contra la abyecta impunidad de los crmenes de la guerra sucia agenciada por el bloque de poder dominante.

Sin distingo de familias o clanes que pugnan entre s dentro del Establecimiento, acudira este bloque de poder perversamente a lo que fuera, como recurre hoy con promiscuidad al DIH que por tantas dcadas neg, tal y como est servido oportunamente.

En una acomodada interpretacin del artculo 6.5 del Protocolo II adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra, intentarn algunos revestir como hechos de guerra -que quedaran sujetos a beneficios jurdicos-, actos sistemticos que en realidad son crmenes de lesa humanidad planeados no por las coordenadas del contexto blico sino por los ejes del conflicto social y poltico que las lites queran sofocar, conforme a doctrinas hasta hoy intocables.

Acorde a la actual Constitucin que por la va pactada se est alterando lgicamente, existe en Derecho nacional la posibilidad exclusiva de amnistas e indultos a los que s tienen derecho a ello, los y las rebeldes, tanto de las FARC-EP como del ELN; slo o nicamente a las y los alzados en armas por mviles altruistas en la guerra irregular que se ha vivido. Sin embargo, la tramitacin del acuerdo de justicia como acuerdo de DIH, blindado de esa forma sin reservas, elevado a categora constitucional inamovible, dara supuestamente simetra y viso jurdico a esa aberrante y siniestra consideracin que se ha patentado con el ofrecimiento de amnistas a diestra y siniestra, como al genocida Rito Alejo del Ro y otros militares, oficiales responsables, junto a cpulas civiles, de cientos de crmenes de lesa humanidad, situacin frente a la cual guardan silencio pasmosamente algunos personajes y algunas Ongs, hoy conversas, que manipulan la expectativa de comunidades de vctimas.

En el punto 37 del acuerdo de justicia firmado en La Habana el 15 de diciembre de 2015 y luego en dilucidaciones y transacciones polticas sobre ese pacto, se sostiene que sobrevendr la aplicacin del artculo 6.5 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, para todos, que podr darse la amnista ms amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.

Se estaran encajando as, con esta hiptesis, medidas semejantes o equivalentes a la amnista para agentes estatales o paraestatales, comprando as la aprobacin de sus falanges al proceso de paz, y librndose inteligentemente el Estado y la dirigencia poltica y empresarial de responsabilidades por la guerra sucia contra la oposicin desarmada, como poltica consciente e histricamente adoptada. Quedaran como infracciones de guerra, de responsabilidad personal y no institucional, eludiendo la imputacin de crmenes de lesa humanidad.

No obstante ese croquis, continuarn las luchas como pas en Argentina con las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, de unos pocos elefantes decididos a no olvidar, como hace unos aos se mencion (http://www.rebelion.org/docs/122606.pdf), recordando al gran poeta Mario Benedetti, quien al inicio de El olvido est lleno de memoria, recordaba lo que bellamente advirti otro escritor uruguayo, Rafael Courtoisie: Un da, todos los elefantes se reunirn para olvidar. Todos, menos uno.

Ya los propios medios o defensores del sistema lo advierten: La historia colombiana demuestra que ningn blindaje jurdico es absoluto como dice el exfiscal Alfonso Gmez Mendz, ese objetivo es una ilusin pues cualquier norma jurdica finalmente se puede cambiar con otra como lo demuestran las leyes de punto final firmadas en Amrica Latina / Ni siquiera Pablo Escobar logr ese blindaje cuando asesin y amedrent a ministros, congresistas y magistrados para evitar que la extradicin quedara incluida en la nueva Carta. En 1997 el gobierno de Ernesto Samper la volvi a instaurar. Los paramilitares, luego de desmovilizarse en los acuerdos de Ralito, terminaron extraditados en Estados Unidos por incumplir los compromisos dentro de ese proceso. En los aos siguientes tambin hubo problemas pues las cortes restringieron los beneficios jurdicos que se haban acordado, por ejemplo, respecto al principio de oportunidad y el delito poltico... Hay quienes creen que el derecho debe ser dctil para permitir los grandes cambios sociales, otros consideran que si bien el objetivo es noble, el precio de saltarse la ley es demasiado alto. Esas dos posiciones entre los abogados siempre van a existir... (http://www.semana.com/nacion/galeria/criticas-a-la-formula-para-blindar-acuerdos-de-paz/473574).

Resumiendo: Frente al histrico, reiterado y sistemtico incumplimiento del Estado de sus obligaciones bsicas para la paz con justicia, es un avance importante blindar los acuerdos de La Habana con cuantos mecanismos jurdicos y extrajurdicos sea necesario. Esto no debe hacer olvidar que la proteccin y defensa de los procesos populares de cambio, no consiste slo en el revestimiento jurdico-formal, sino en certezas vivas, en condiciones materiales de neutralizacin y derrota de los factores que apuntan de manera prfida contra el movimiento social, contra las alternativas, que requieren no promesas sino evidencias de una paz transformadora.


El autor es abogado colombiano, Ph D en Derecho y Ex asesor de las FARC-EP en el actual proceso de paz de La Habana.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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