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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-05-2016

Del voto al veto Voto al chpiro!

Susana Merino
Rebelin


Esta vieja expresin filibustera, acuada en el siglo XV, acudi a mi memoria hace algunos aos al leer un informe sobre el derecho de veto ejercido por el gobernador de Buenos Aires a una ley de expropiacin aprobada por las dos cmaras legislativas de la provincia (por unanimidad en el Senado) y cuyos beneficiarios hubieran sido los integrantes de una cooperativa metalrgica que haba continuado con la actividad de la fbrica pese al abandono de sus dueos.

Voto al chpiro! repito ahora conteniendo mi enojo y mi disgusto ante una respuesta que, si bien legal, constituye una rmora casi tan antigua como esa vieja locucin. Cmo puede ser que aceptemos tan resignadamente que una decisin unipersonal, sea del nivel que sea, alcalde o intendente, gobernador o presidente, pueda echar por tierra lo acordado por la mayora, cuanto ms por la totalidad de los representantes democrticamente elegidos para cumplir la misin de legislar? Pues s, puede ser, lo admite y lo permite un derecho constitucional, el derecho de veto.

Como la mayor parte de los vocablos adoptados por el derecho occidental, la palabra veto procede del latn, significa (yo) prohbo y otorga a quin lo ejerce un poder ilimitado para frenar iniciativas aunque no para promoverlas.

En algunos pases, sin embargo, como en los EE.UU. no se trata de un derecho absoluto porque el presidente no puede hacer uso de ese derecho si una ley ha sido aprobada por lo menos por las 2/3 partes de ambas cmaras.

Algo que s ha sido promovido y admitido, lamentablemente, en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos cinco miembros permanentes (Rusia, China, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos) tienen derecho de veto, de modo que si alguno de esos pases vota contra una propuesta, esta queda rechazada, con la peligrosa excusa (para el resto de la humanidad) de mantener la unidad de las potencias. Privilegio que los EE.UU. han usado reiteradamente para reafirmar su alineamiento con Israel, abortando cualquier proyecto de resolucin relacionado con el problema palestino, impidiendo condenar su sistemtico acoso mediante bloqueos, bombardeos, arrestos, destruccin de su infraestructura y todo tipo de ataques al territorio palestino.

Dice Eduardo Galeano: Por qu son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas? Ese derecho tiene origen divino? Velan por la paz los que hacen el negocio de la guerra? Es justo que la paz mundial est a cargo de las cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, no es ste tambin un caso de crimen organizado? Pero no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba ms. Los clamores claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan misiles.

Un ejemplo que no parece demasiado constructivo como para seguir apoyando la necesidad de ese derecho ni a nivel internacional ni en el ms pequeo entorno de las decisiones locales.

Un nuevo ejemplo de discrecionalidad presidencial fue el veto a la ley que aprob el 82% mvil para los haberes jubilatorios generalizando las crticas a este derecho que en cierto sentido debilita la democracia, influye sobre las decisiones de los legisladores y acenta el carcter expansivo del ejecutivo en nuestro sistema constitucional, convirtindose en uno de los elementos ms nocivos de esa peligrosa alquimia ( www.procuin.com.ar ) al generar un poco recomendable hiperpresidencialismo.

Otro veto presidencial de singular resonancia fue el que rechaz la sancionada ley sobre proteccin de los glaciares, uno de los sistemas ms vulnerables al cambio climtico, la primera de sus caractersticas en Amrica Latina y una avanzada a nivel internacional sobre lo que constituye un recurso nico por su condicin de reservorio de agua y cuya preservacin no se puede ni se debe postergar.

Segn el doctor Laureano Fabr en la Constitucin Nacional no existe una clusula explcita al respecto, pero es innegable su carcter jurdico porque algunos de sus artculos (78, 80 y 83) establecen normas para el rechazo parcial o total por el P.E. de alguna ley cuando existen razones de naturaleza poltica. Pero siendo tan lbil este concepto, creo interesante analizar si el mantenimiento de este privilegio gubernativo responde o no a las necesidades y expectativas de los electores, ms especficamente a las necesidades populares.

Existen sin embargo algunas normas en la Constitucin Nacional que parecen querer paliar lo que en ms de un sentido parece incongruente con la voluntad popular, de modo que el veto del P.E. no puede aplicarse en los siguientes casos:

1) Cuando se trata de una ley de convocatoria a una consulta popular.

2) Cuando es un proyecto de ley surgido de una consulta popular y votado por el pueblo.

3) Si el Congreso insiste en su reconsideracin.

Estas y algunas otras especficas limitaciones estn poniendo de relieve que no es posible dejar en manos del Ejecutivo decisiones que pueden contradecir la voluntad popular, aunque esta cuente con el respaldo absoluto de quienes la representan. Mantener el derecho de veto es a mi criterio seguir alentando una arbitraria concentracin del poder, que por ser de naturaleza poltica puede prestarse a excesos y abusos que sera necesario prever o mejor an evitar. No siempre, o tal vez cabra decir cada vez menos, las decisiones polticas en manos del Ejecutivo responden a los intereses ciudadanos.

Las ms elementales nociones de democracia nos remiten a la idea de un conjunto de prcticas distribuidas en tres poderes claramente diferenciados: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, cuyas funciones no deberan ser intercambiables pero que a menudo sufren entre s tendencias invasivas que desvirtan sus respectivos cometidos. Esto tampoco quiere decir que acten como compartimientos estancos, sino que por el contrario funcionen coordinada y respetuosamente de modo a mostrarse, tanto interna como externamente, como ejemplo de sensatez y de coherencia.

En algunos pases, Colombia, Per, Bolivia han surgido iniciativas tendientes a que este criterio del veto sea transferido a las comunidades indgenas con el objeto de que ante un eventual avasallamiento del poder gobernante sea a ellas a las que se les reconozca la capacidad de rechazar ciertos proyectos que, como actualmente la minera a cielo abierto, les generan impactos altamente destructivos.

En Colombia, la CCC (Corte Constitucional de Colombia) ha decidido que Es obligatoria la bsqueda del consentimiento libre, previo e informado en casos en que los proyectos representen un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad tnica, que conlleve poner en riesgo la existencia de la misma, lo que al hacer reconocer la obligacin estatal de obtener el consentimiento de los pueblos indgenas les est otorgando al mismo tiempo el poder de veto. Una decisin a todas luces mucho ms sensata que la que actualmente lo otorga a nivel unipersonal. En el Per el antecedente colombiano ha generado una iniciativa similar en relacin con los derechos de los pueblos indgenas relacionados con las eventuales intervenciones del Estado o de las empresas especialmente extractivistas en sus territorios.

Pero parece que lo que en algunos lugares de Amrica Latina est orientndose ejemplarmente hacia el uso positivo de ese instrumento est teniendo su contratara en otros continentes y especficamente en Rusia, ya que su primer ministro Putin ha propuesto reformar el sistema de nombramiento de gobernadores, introducido por l mismo, incorporndole el filtro presidencial es decir el derecho de veto de los candidatos no deseados por el Kremlin.

Creo, en sntesis, que resulta necesario revisar este concepto del veto para ponerlo al servicio de los autnticos intereses de los ciudadanos, quitndole el arbitrario sentido con que puede y suele usarse actualmente.

Voto al chpiro! Que de una vez por todas la decisin final la tengan los pueblos!

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.




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