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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-05-2016

Decreto del Arco Minero del Orinoco
Un ataque a la vida y un criminal desconocimiento de los pueblos indgenas

Edgardo Lander
Rebelin


La explotacin minera -sobre todo en la extraordinaria escala que se contempla en el Arco Minero del Orinoco- significa obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destruccin socio-ambiental irreversible de una significativa proporcin del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indgenas habitantes de la zona. Todo esto por decisin presidencial, con ausencia total de debate pblico, en un pas cuya Constitucin define a la sociedad como democrtica, participativa y protagnica, multitnica y pluricultural.

Lejos de representar una mirada estratgica alternativa a la lgica rentista que ha predominado en el pas durante un siglo, constituye este decreto una decisin de profundizar el extractivismo y acentuar dicha lgica rentista. Los casi 112 mil kilmetros cuadrados (12% del territorio nacional) del Arco Minero incluyen selvas tropicales hmedas, grandes extensiones de sabanas de frgiles suelos, una extraordinaria biodiversidad, crticas fuentes de agua y territorios de pueblos indgenas. Todo esto amenaza con ser devastado si se lleva a cabo lo contemplado en este decreto:

El rgimen previsto en este decreto tiene como objetivo prioritario, la creacin de los estmulos necesarios para incrementar las capacidades de aprovechamiento de las potencialidades de los recursos minerales en el Arco Minero del Orinoco, en sintona con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Econmico y Social de la Nacin. (Artculo 4)

La gran minera es incompatible con la preservacin ambiental

No hay ninguna tecnologa de minera en gran escala que sea compatible con la preservacin ambiental. Las experiencias internacionales en este sentido son contundentes.

En regiones boscosas, como buena parte del territorio del Arco Minero, la minera en gran escala, a cielo abierto, produce necesariamente procesos masivos e irreversibles de deforestacin. La rica biodiversidad de la zona sera severamente impactada, generndose la prdida de numerosas especies. Los bosques amaznicos constituyen una defensa vital en contra del calentamiento global que afecta al planeta. La deforestacin de estos bosques implica simultneamente un incremento de la emanacin de gases de efecto invernadero y una reduccin de la capacidad de dichos bosques de absorber/retener dichos gases, acelerando as el calentamiento global. Las consecuencias de estas acciones transcienden en mucho al territorio nacional. En lugar de otorgarle prioridad a la necesidad urgente de frenar los actuales procesos de deforestacin generados por la explotacin ilegal del oro, la ganadera y la explotacin maderera, con la legalizacin y promocin de las actividades mineras en gran escala contempladas en el territorio del Arco Minero del Orinoco, se producira una fuerte aceleracin de esta dinmica deforestadora.

El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho ms nfasis ha sido el oro. De acuerdo al Ministro de Petrleo y Minera y Presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, se estima que las reservas aurferas de la zona seran de 7.000 toneladas, lo que a los precios actuales representara unos 280.000 millones de dlares. 1

Para la explotacin del oro se utilizan agentes altamente contaminantes de suelos y aguas, especialmente cianuro y mercurio. La vida acutica de los ros de esta zona ha venido siendo contaminada por la actividad minera desde hace dcadas, poniendo en peligro la salud tanto de los habitantes de la zona como de quienes viven ro abajo. Mucha de la poblacin de esta regin presenta en la actualidad elevados niveles de contaminacin mercurial. El proyecto del Arco Minero, en lugar de responder a la urgencia de tomar medidas para reducir estos niveles de toxicidad, tendra como resultado una expansin masiva de sta.

La explotacin de oro a cielo abierto exige escavar inmensos volmenes de terreno por cada unidad de oro extrada. Las nuevas tecnologas de la minera a cielo abierto hacen rentable (para las empresas, claro est), la explotacin cuando el oro se encuentra en concentraciones hasta de un gramo por tonelada de material removido, esto es, una relacin de un milln a uno. De mantenerse esta relacin, para extraer durante los prximos 70 aos las siete mil toneladas de oro que han sido anunciadas por el gobierno, sera necesario remover unos siete mil millones de toneladas de material, inmensos cerros de desechos, muchos de ellos contaminados con arsnico y otros txicos, que alteraran dramtica e irreversiblemente todo el ambiente de la zona. Dados estos volmenes, toda afirmacin en el sentido de que se podra recuperar el territorio a su estado original no pasan de ser una irresponsable fantasa.

Una vez que estos inmensos volmenes de material son removidos y triturados, el mtodo ms eficiente para la recuperacin del oro es la lixiviacin con cianuro lo que requiere grandes lagunas txicas que si no estn bien impermeabilizadas contaminan los suelos y las y aguas subterrneas. Como lo ha demostrado la experiencia internacional, estas lagunas pueden derramarse con catastrficas consecuencias.

Este decreto constituye una abierta violacin de derechos y responsabilidades ambientales taxativamente establecidas por la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela , por la legislacin ambiental vigente y por acuerdos internacionales suscritos por el pas como el Convenio de Diversidad Biolgica . De acuerdo al artculo 127 de la Constitucin :

Es un derecho y un deber de cada generacin proteger y mantener el ambiente en beneficio de s misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecolgicamente equilibrado. El Estado proteger el ambiente, la diversidad biolgica, gentica, los procesos ecolgicos, los parques nacionales y monumentos naturales y dems reas de especial importancia ecolgica. [...]

Es una obligacin fundamental del Estado, con la activa participacin de la sociedad, garantizar que la poblacin se desenvuelva en un ambiente libre de contaminacin, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Todo esto se deja a un lado en las polticas definidas en el decreto. En primer lugar, pese a estas expresas normas constitucionales, el territorio abierto a la explotacin minera incluye reas Bajo Rgimen de Administracin Especial (ABRAE), Parques Nacionales, Reservas Forestales como Imataca, Monumentos Naturales y lugares sagrados de los pueblos indgenas.

De acuerdo al Artculo 129 de la Constitucin:

Todas las actividades susceptibles de generar daos a los ecosistemas deben ser previamente acompaadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. (...)

En los contratos que la Repblica celebre con personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que involucren los recursos naturales, se considerar incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligacin de conservar el equilibrio ecolgico, de permitir el acceso a la tecnologa y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si ste resultara alterado, en los trminos que fije la ley.

Las decisiones sobre la apertura de casi 112 mil kilmetros cuadros a la minera en gran escala, y la convocatoria a empresas mineras transnacionales se ha realizado antes de la realizacin de estudio alguno de impacto ambiental. De acuerdo al Presidente del Banco central de Venezuela, Nelson Merentes, el gobierno ya ha suscrito alianzas y acuerdos con150 empresas nacionales y transnacionales, quienes, a partir de entonces, podrn ejecutar labores de exploracin, para certificar las reservas minerales, para luego pasar a la fase de explotacin de oro, diamante, hierro y coltn. 2 Se desconoce el contenido de estos acuerdos. De acuerdo al Artculo 10 del Decreto:

El Plan de Desarrollo Especfico de la Zona deber ser elaborado en un lapso de seis (6) meses, contado a partir de la publicacin del presente Decreto en Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela.

Para el mes de agosto del ao 2016 debera estar finalizado el Plan de desarrollo especfico, lo que requerira, necesariamente, la evaluacin de los impactos ambientales. Si esto se contempla hacerlo en tan breve tiempo, es posible imaginar la poca profundidad y baja calidad de los estudios previstos.

Los pueblos indgenas

En la amplia franja de territorio denominada Arco Minero del Orinoco habitan diversos pueblos indgenas, entre otros: Warao, Eepa, Hoti, Pum, Mapoyo, Karia, Piaroa, Pemn, Yekwana y Sanem. Sus territorios, las condiciones materiales de la reproduccin de sus vidas, seran devastados por esta explotacin minera, producindose as un etnocidio en gran escala. Adems de los impactos ambientales, en estos territorios se incrementara la escala de los fenmenos socio-culturales que han venido acompaando a la actividad minera en estos aos: violencia, corrupcin, prostitucin, alcoholismo, trfico de drogas, violacin de menores, para militarismo y represin policial y militar.

Esto constituye una flagrante y generalizada violacin de los derechos de los pueblos indgenas, tal como estos estn garantizados en el Captulo VIII de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela :

Artculo 119. El Estado reconocer la existencia de los pueblos y comunidades indgenas, su organizacin social, poltica y econmica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, as como su hbitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponder al Ejecutivo Nacional, con la participacin de los pueblos indgenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales sern inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitucin y la ley.

Artculo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hbitats indgenas por parte del Estado se har sin lesionar la integridad cultural, social y econmica de los mismos e, igualmente, est sujeto a previa informacin y consulta a las comunidades indgenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indgenas estn sujetos a la Constitucin y a la ley.

Se violan igualmente los derechos garantizados en los principales instrumentos legales referidos a stos que han sido aprobados por la Asamblea Nacional en estos aos: Ley de demarcacin y garanta del hbitat y tierras de los pueblos indgenas (enero 2001) y La Ley Orgnica de pueblos y comunidades indgenas (LOPCI, diciembre 2005). Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e informada que estn firmemente establecidas tanto en la legislacin venezolana como internacional ( Convenio 169 de la OIT) en los casos en que se programen actividades que podran impactar negativamente los hbitats de estos pueblos.

El Ejecutivo Nacional no consult el Decreto del Arco Minero del Orinoco con los pueblos indgenas afectados, tal como lo obliga el Art. 120 de la Constitucin, de buena fe y en el idioma de cada uno de stos, tal como lo pauta el Art. 11 del Cap II de la LOPCI, por la sencilla razn de que no los reconoce, que se niega a reconocer a los Pueblos Indgenas, como lo demuestra el hecho incontestable de que el 15 de diciembre de 2016 se cumplirn quince aos de la negativa del Ejecutivo Nacional a demarcar las tierras y hbitat de los pueblos indgenas que habitan en territorio de la Repblica Bolivariana de Venezuela. La Disposicin Transitoria Dcimo Segunda de la Constitucin le concede al Ejecutivo Nacional, para la Demarcacin de Tierras y Hbitat de los Pueblos Indgenas, un plazo de dos aos contados a partir de la entrada en vigencia de sta el 15 de diciembre de 1999. De acuerdo a la Constitucin, la Demarcacin de Tierras y Hbitat de los cuarenta y dos Pueblos Indgenas reconocidos en el texto constitucional debera haber concluido el 15 de diciembre de 2001. Desde esa fecha hasta el presente, la no demarcacin de las Tierras y Hbitat de los Pueblos Indgenas es una violacin al espritu y la letra de nuestra Carta Magna. Si el Ejecutivo Nacional hubiese honrado la Constitucin, y en estos tres ltimos lustros hubiese reconocido a los pueblos indgenas en el hecho concreto de la demarcacin de sus Tierras y Hbitats, el Decreto del Arco Minero no hubiera sido posible. El asalto a los yacimientos mineros era un objetivo latente, y a ese objetivo de rapiar los yacimientos minerales en tierras ancestrales indgenas no le convena que hubiese Demarcacin, y por eso no la hubo. El Ejecutivo Nacional podr decir que ha entregado ms de dos millones de hectreas, pero no puede afirmar que haya un solo pueblo indgena que haya sido demarcado en sus tierras y hbitat ancestrales. El Ejecutivo Nacional ha repartido parcelas al peor estilo de la Reforma Agraria pero no ha demarcado a pueblo indgena alguno.

Con el objeto de una compresin integral de lo que todo esto significa, presentaremos una comparacin histrica relativamente reciente, que nos ilustre. Para el Ejecutivo Nacional del 2016, presidido por Nicols Maduro, los pueblos indgenas que habitan ancestralmente el territorio de los 112.000 Km cuadrados delimitados en el Decreto del Arco Minero del Orinoco, parecen ser los mismos irracionales que, para el Ejecutivo Nacional que gobernaba entre 1964 y 1969, presidido por Ral Leoni, eran los warao cuando, tambin de manera inconsulta, le cerr a este pueblo su Cao Manamo, para beneficio exclusivo de las empresas Iron y Orinoco Mining Companies, de manera que pudieran sacar, tanto en el invierno como en el verano, sus barcos cargados con el mineral de hierro del Cerro Bolvar. El cierre del Cao Manamo le caus a hombres, mujeres y sobre todo nios y nias warao -como resultado de la salinizacin- la prdida de sus aguas y tierras trayndoles as la muerte por hambre, sed y desesperacin

Se contina desconociendo la existencia misma de los Pueblos Indgenas, ahora a nombre del Socialismo del Siglo XXI.

Sin embargo, el dao ms profundo de esta pualada que es el Decreto del Arco Minero del Orinoco, tiene que ver con la muerte del sueo del pas multitnico y pluricultural que, de acuerdo al Prembulo de la Constitucin, bamos a ser algn da. El Decreto del Arco Minero del Orinoco implica la obligatoriedad de tener una nica racionalidad, una nica cultura: la occidental capitalista, la que determina insoslayablemente que, como en esos 112.000 Km cuadrados hay oro, diamantes, coltn, uranio, hierro, cobre, bauxita y tierras raras, entonces lo nico racional que puede hacerse es extraerlos y convertirlos en mercanca, an cuando esa extraccin mate al aire, al agua y a la vida en su conjunto.

Esa violacin de la Constitucin, que nos obliga a todas y todos las y los venezolanos, a tener la racionalidad de la Bolsa de Toronto, es la derogacin del proyecto de pas que habamos decidido ser el 15 de diciembre de 1999, cuando aprobamos en Referndum esa Constitucin.

El agua

El agua ha pasado es las ltimas dcadas a ser un asunto crecientemente crtico para el presente y futuro de la humanidad y de una amplia gama de formas de vida en el planeta. A la vez que se incrementa sostenidamente la demanda de agua, para una elevada proporcin de la humanidad, el acceso a sta se est haciendo cada vez ms difcil. El cambio climtico est modificando los patrones de lluvia y de sequa. Igualmente se est reduciendo la disponibilidad de agua para centenares de millones de personas, como consecuencia del derretimiento de los glaciares, y la disminucin correspondiente de su capacidad para almacenar agua dulce. Actividades humanas como el uso masivo de agrotxicos y el fracking estn reduciendo el volumen de agua disponible mediante niveles irreversibles de contaminacin.

En el pasado, tanto en Venezuela como en el resto del planeta, se le dio prioridad a la explotacin de minerales e hidrocarburos sobre el agua, asumiendo que se trataba de un bien infinitamente disponible. Fueron muchas y de catastrficas consecuencias las decisiones que basadas en este supuesto de acceso sin lmites al agua se tomaron en diferentes pases del mundo. El ejemplo ms dramtico en Venezuela es el del Lago de Maracaibo. Este lago, del cual las ciudades de Maracaibo, Cabimas y otros pueblos de ambas costas tomaban su agua hasta bien entrado el siglo XX, fue, y continua siendo sacrificado (impacto colateral?) a la explotacin petrolera. El Canal de Navegacin, construido para permitir la entrada de grandes buques petroleros, ha permitido por dcadas la entrada de agua salada. Esto, junto con la contaminacin agroqumica y la descarga de aguas cloacales sin tratamiento han venido, durante dcadas, lenta pero seguramente, matando al mayor lago de toda Amrica Latina. Est la sociedad venezolana dispuesta a repetir esta catstrofe ambiental, est vez en la cuenca del ro Orinoco?

De acuerdo a las previsiones del Panel Intergubernamental de Cambio Climtico, se espera que en las prximas dcadas en el territorio venezolano se produzca un incremento de la temperatura y una reduccin del volumen del agua de lluvia. La sequa de los ltimos aos que ha afectado los volmenes de agua que llegan a la represa del Guri podra ser un anticipo de lo que pronto se convertir en la nueva normalidad.

Toda la zona del territorio venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del pas. Los procesos de deforestacin previsibles con la actividad minera en gran escala inevitablemente conducirn a una reduccin adicional de los volmenes de agua en la zona.

La crisis elctrica

Uno de los fenmenos de mayor impacto sobre la vida de los habitantes del territorio venezolano en los ltimos aos ha sido el de las crisis elctricas, debidas en parte a la reduccin del caudal del Caron, ro cuyas represas hidroelctricas generan hasta 70% de la electricidad que se produce en el pas. A las alteraciones generadas por el cambio climtico, la minera en gran escala en el territorio del Arco Minero del Orinoco contribuira directamente a la reduccin de la capacidad de generacin de electricidad de estas represas. En primer lugar, como se ha sealado arriba, por la reduccin del caudal de los ros de la zona impactada por estas actividades. Igualmente, las actividades mineras ro arriba de estas represas, al reducir la capa vegetal de las zonas circundantes, inevitablemente incrementaran los procesos de sedimentacin de estas represas. Con ello se reducira progresivamente su capacidad de almacenamiento y su vida til. La totalidad de las represas hidroelctricas de este sistema del bajo Caron se encuentran dentro de los lmites que han sido demarcados como parte del Arco Minero del Orinoco.

Incentivos a corporaciones pblicas, mixtas y privadas

Est prevista la participacin de empresas privadas, estatales y mixtas. El decreto contempla una variada gama de incentivos pblicos a estas corporaciones mineras, entre otras la flexibilizacin de normativas legales, simplificacin y celeridad de trmites administrativos, la no-exigencia de determinados requisitos legales previstos en la legislacin venezolana, la generacin de mecanismos de financiamiento preferenciales, y un rgimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para arancelarias para sus importaciones. Contarn igualmente con un rgimen tributario especial que contempla la exoneracin total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado:

Artculo 21. En el marco de la poltica econmica sectorial, el Ejecutivo Nacional podr otorgar exoneraciones totales o parciales del Impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, aplicables, exclusivamente, a las actividades conexas a la actividad minera, a los fines de fomentar el impulso y crecimiento de la Zona de Desarrollo Estratgico Nacional Arco Minero del Orinoco.

Igualmente, las empresas mixtas constituidas para el desarrollo de actividades primarias, previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgnica que Reserva al Estado las Actividades de Exploracin y Explotacin del Oro, as como las Conexas y Auxiliares a estas, sobre los yacimientos ubicados en la Zona de Desarrollo Estratgico Nacional Arco Minero del Orinoco gozarn de estos beneficios mientras dure el desarrollo del proyecto.


Militarizacin de la zona y la llamada prevalencia del inters general sobre el inters particular

Las posibilidades de oponerse a los impactos negativos de la gran minera en la zona del Arco Minero estn prohibidas por las normativas del decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las empresas encuentren resistencia, se crea una Zona de Desarrollo Estratgico bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana:

Artculo 13. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en conjunto con el Poder Popular organizado, y en coordinacin con las autoridades del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia petrolera tendr la responsabilidad de salvaguardar, proteger y mantener la continuidad armoniosa de las operaciones y actividades de las Industrias Estratgicas ubicadas en la Zona de Desarrollo Estratgico Nacional Arco Minero del Orinoco, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 89 del Decreto N 295 con Fuerza y Rango de Ley de Minas, el articulo 109 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Minas, y el artculo 40 del Decreto N 1.395 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgnica que Reserva al Estado las Actividades de Exploracin y Explotacin del Oro, as como las Conexas y Auxiliares a estas.

El decreto en cuestin establece en forma expresa la suspensin de los derechos civiles y polticos en todo el territorio del Arco Minero.

Artculo 25. Ningn inters particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecer sobre el inters general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto.

Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculizacin de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratgica creada en este decreto sern sancionados conforme al ordenamiento jurdico aplicable.

Los organismos de seguridad del estado llevarn a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratgico Nacional Arco Minero del Orinoco, as como la ejecucin de lo dispuesto en este artculo.

Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta Prevalencia del inters general sobre Intereses particulares. Se entiende por intereses generales, la explotacin minera tal como sta est concebida en este decreto presidencial. Toda otra visin, todo otro inters, incluso la apelacin a la Constitucin, pasa a ser definido como un inters particular, y por lo tanto sujeto a que los organismos de seguridad del Estado lleven a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en el decreto. Pero, cules son o pueden ser los intereses denominados aqu como particulares? El decreto est redactado en forma tal que permite una amplia interpretacin. Por un lado, seala expresamente como particulares los intereses sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensin, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitucin 3 , y en la Ley Orgnica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Implica esto igualmente que los derechos gremiales, y por lo tanto particulares de los periodistas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos?

Qu implicaciones tiene esto para los que sera sin duda el sector de la poblacin ms afectado por estas actividades, los pueblos indgenas? Seran las actividades en defensa de los derechos constitucionales de dichos pueblos llevadas a cabo por sus organizaciones, de acuerdo a sus normativas entendidos igualmente como intereses particulares que tendran que ser reprimidos si entrasen en contradiccin con el inters general de la explotacin minera en sus territorios ancestrales?

Todo esto es an ms preocupante si se considera que solo dos semanas antes del decreto de creacin de la Zona de desarrollo del Arco Minero, el Presidente Nicols Maduro decret la creacin de la Compaa Annima Militar de Industrias Mineras, Petrolferas y de Gas (Camimpeg) , adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 4 Esta empresa tiene atribuciones de amplio espectro para dedicarse sin limitacin alguna a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolferas o de gas. 5 Con la previsible participacin de esta empresa en las actividades del Arco Minero, las fuerzas armadas lejos de representar la defensa de un hipottico inters general en la zona, tendrn un inters econmico directo en que las actividades mineras no confronten ningn tipo de obstculo Estaran, de acuerdo a este decreto, legalmente autorizadas para actuar en consecuencia.

De hecho, por la va de un decreto presidencial, nos encontramos ante la suspensin de la vigencia de la Constitucin del ao 1999 en 12% del territorio nacional. Esto no puede sino interpretarse como la bsqueda de un doble objetivo. En primer lugar, otorgarle garanta a las empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, de que podrn operar libremente sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a sus actividades. En segundo lugar, conceder a los militares un poder aun mayor dentro de la estructura del Estado Venezolano. De este modo se decreta la criminalizacin de las resistencias y luchas anti mineras como las que estn siendo llevadas a cabo por pueblos indgenas y campesinos, movimientos y organizaciones populares en todo el continente.

En sntesis, un gobierno que se auto denomina como revolucionario y anti-capitalista, ha decretado la subordinadinacin del pas a los intereses de grandes corporaciones transnacionales mineras, un proyecto extractivista depredador que compromete el futuro del pas con previsibles consecuencias etnocidas para los pueblos indgenas.

Por todas estas razones es urgente denunciar y luchar hasta lograr su total derogacin.

De entre la Plataforma ciudadana por la Nulidad del Decreto del Arco Minero del Orinoco:

Ana Elisa Osorio, Hctor Navarro, Esteban Emilio Mosonyi, Freddy Gutirrez, Juan Garca, Edgardo Lander, Gustavo Mrquez, Csar Romero, Santiago Arconada.


Caracas mayo 2016

1. Agencia Venezolana de Noticias, Gobierno nacional prev certificar en ao y medio reservas del Arco Minero Orinoco, Caracas 25 de febrero, 2016

2. Agencia Venezolana de Noticias, Plan del Arco del Orinoco contempla industrializar potencial minero nacional, Caracas, 27 de febrero de 2016.

3 . Artculo 43. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizar la adopcin de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupacin productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptar medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no ser sometida a otras restricciones que las que la ley establezca. (Constitucin de la Repblica bolivariana de Venezuela).

4 . Gaceta Oficial Nro. 40.845 correspondiente al 10 de Febrero de 2016. Decreto N 2.231, mediante el cual se autoriza la creacin de una Empresa del Estado, bajo la forma de Compaa Annima, que se denominar Compaa Annima Militar de Industrias Mineras, Petrolferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual estar adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

5 . Este listado de actividades es tan extraordinariamente exhaustivo, que vale la pena citarlo en extenso. La Compaa Annima Militar de Industrias Mineras, Petrolferas y de Gas (CAMIMPEG), tendr por objeto social efectuar: Todo lo relativo a las actividades licitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotacin Minera en general, sin que esto implique limitacin alguna; se emplear en el rea de rehabilitacin y mantenimiento de pozos petroleros, reparacin, mantenimiento y administracin de taladros de perforacin, fabricacin, reparacin y mantenimiento de las estaciones de flujo, bombeo, y plantas compresoras en reas terrestres o marinas; servicios de reparaciones de bombas; contratacin de personal obrero calificado para la industria de minera e hidrocarburos. Prestar servicios de apoyo logstico a las instalaciones; servicios generales a las empresas en todos sus variantes. Efectuar la importacin, exportacin, distribucin, comercializacin, compra venta de productos qumicos para la industria minera, petroqumica, petrolera y gasfera, tales como desengrasantes, solventes aromticos, disolventes, surfactantes, Inhibidor de correccin, productos biodegradables para el medio ambiente. Servicio de transporte a nivel nacional e internacional, en las reas de transporte lacustre, martimo y terrestre a nivel nacional e internacional, mediante el suministro de lanchas, remolcadores, barcos, barcazas, gabarras, transporte privado, camiones plataformas, gras, tractores, transporte pblico y privado, servicio de apoyo logstico a las industrias, fletamientos lacustres, areos, transporte areo comercial. Construccin de obras civiles en general, suministro, instalacin y mantenimiento de refractarios, mantenimiento civil, de hornos industriales y mecnico de obras, suministro e instalacin de anclajes mecnicos de andamios, construccin civil, mecnica, petrolera y elctrica, construccin y mantenimiento de carreteras, mantenimiento de obras elctricas, gasferas, mineras; diseo, asesorara, consultora, inspeccin, elaboracin y ejecucin de proyectos de arquitectura e ingeniera, suministro de asistencia tcnica mediante transferencia de personal, avalos, servicios, procesamientos e informaciones y especificaciones tcnicas. Plan de derrames de hidrocarburos, construcciones para desechos de hidrocarburos, transporte y manejo de desechos de perforacin.

Descontaminacin, purificacin, oxigenacin, ozonificacin de las aguas, lagunas, lagos, mares, embalses, hidrolgicos, remocin de las algas y recoleccin de todo tipo de desechos derivados de la minera, del petrleo y del gas. Mantenimiento, proteccin, funcionamiento, y descontaminacin del medio ambiente, tratamiento de desechos peligrosos y no peligrosos generados de las actividades mineras, petroleras, petroqumicas y gasferas en las aguas y destino final, instalacin de plantas de tratamientos a los fines de cumplir con los parmetros establecidos en las leyes ambientales; monitoreo, supervisin, vigilancia del ecosistema acutico, en todos sus mbitos, extraccin de tuberas chatarras, desperdicios embarcaciones en desuso; importacin y exportacin de materiales, equipos y programas que permitan la ejecucin de las actividades mencionadas y efectuar todo tipo de actividades afines y conexas con las indicadas; todo lo relacionado a las actividades licitas de explotacin y servicios mineros en general, la importacin, produccin, exportacin, alquiler de materiales, equipos y programas que permitan la ejecucin de las actividades mencionadas, sin que esto implique limitacin alguna, en el desarrollo de actividades referentes a la comercializacin y distribucin de productos, mercancas y materia prima, dentro y fuera del territorio nacional y, en particular, la asistencia tcnica relativa a la exportacin, importacin, distribucin y venta de productos, equipos, maquinarias, repuestos, materias primas y cualquier otra clase de bienes; relativa al despacho y transporte de tales bienes; asistencia tcnica relativa al estudio, anlisis y cotizaciones para efectuar las recomendaciones en seleccin de proveedores; asistencia tcnica en actividades para la promocin de venta, investigacin de mercado y transferencia tecnolgica; servicios de telecomunicaciones, asesora tcnica integral y dotacin de elementos y equipos relacionados con el ramo; agenciamiento naviero, agenciamiento aduanal, almacenaje temporal o "in bond" y en general el almacenaje o depsito de toda clase de mercancas en proceso de nacionalizacin; ejecucin de los actos y negocios jurdicos que guarden relacin con el objeto descrito. Ejecucin de obras civiles, elctricas y mecnicas; mantenimiento y limpieza en general de reas industriales y urbanas; representaciones, importaciones y exportaciones, compra y venta de productos nacionales e internacionales, prestacin de servicios bsicos y de ingeniera, suministro de mano de obra especializada, implementos de seguridad, transporte pesado y liviano, compra venta, representacin y distribucin de equipos, materiales, repuestos y accesorios requeridos para la Industria; importacin y exportacin de dichos materiales, la prestacin de servicios y mantenimiento en las reas de electricidad, mecnica, pintura, plomera, reas verdes, impermeabilizacin, fumigacin, tabiquera, herrera, fabricacin, reparacin, montaje de equipos industriales, electromecnico y estructuras metlicas. Alineacin y montaje de equipos rotativos; as como cualquier otra actividad mercantil lcita, relacionada con el objeto de la sociedad mercantil. (Op. cit)


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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