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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-06-2016

Derechos y coherencias de una transicin. Apuntes (14)
Los salvajes y los buenos

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


A la memoria de Victoria,

hermana del alma,

y de Diego, compaero.

En el mes del ltimo abrazo

Hace 19 aos


Hechos de los ltimos das en Colombia, con sus respectivas estrategias envolventes, ponen de manifiesto cmo la vieja especie del fascismo incubado en las relaciones sociales e instituciones dominantes, sin haberse ido nunca, ha hecho un largo viaje de renovacin y retorna hasta nuestros das rozagante e impune, dispuesto a echar culpas a otros y a realizar una limpieza banal. Regresa con buena conciencia, camuflado y larvado en dos temas que emplea inteligentemente, cuya civilidad, sensibilidad y sociabilidad no es fcil poner en duda, pues son dos problemticas frente a las que normalmente reaccionamos como masa, con indignacin colectiva, con una automtica condena o rechazo: la barbarie del secuestro y el salvajismo de las ollas o expendios de droga y reinos del crimen y la indigencia, como el Bronx bogotano, desmantelado esta semana en una accin policial, judicial y militar a 850 metros del Palacio presidencial y del Capitolio.

Ese fascismo no es agenciado por funcionarios de un Rgimen poltico solamente, sino por opinantes muy bien situados en redes sociales, de formacin ideolgica, en tarimas mediticas y de propaganda, con una indolencia cuya tabla de escogencia es semejante a la de un exquisito men.

1. Fascismo pluralista

Si alguna vez el caso colombiano, dentro de treinta aos quiz, ojal en menos, es estudiado desde la perspectiva histrica de los fascismos de nuevo tipo, las-los investigadoras/es tendrn que fijarse en cmo se articul eficaz y exitosamente un conjunto de mecanismos sociales e instituciones en los discursos de la impunidad, la inculpacin de los otros y la expiacin de graves crmenes y polticas de segregacin producidas por un sistema. Triunfante ese conjunto, sin duda, pues se habr cumplido el cometido no slo de imponer un control social cuya direccin est dada por relaciones de sumisin de grandes mayoras que acatan como suya una legalidad injusta, su correspondiente orden e imaginarios, sino que, tras esa violencia estructural, sus operadores an se considerarn moralmente superiores, de buena conciencia, al no ser vencidos, ni en trincheras ni en tribunales, sino apenas retados en tribunas.

Y esa hegemona, supremaca o prepotencia, convertida en potestad poltica, ser la condicin de reproduccin cultural de ciclos de dominacin sin resistencias, demonizadas y derrotadas.

Hace quince aos (cfr. El caleidoscopio de las justicias en Colombia -2001-), el reconocido socilogo Boaventura de Sousa Santos se refiri al emergente fascismo social, no slo mirando al rgimen poltico sino al rgimen social. Caracteriz entonces la segregacin o apartheid social, indic que exista una cartografa urbana dividida en zonas salvajes y zonas civilizadas, y agreg cmo hay formas de segregacin territorial que normalmente aparecen en territorios ms amplios y resultan de la militarizacin del conflicto poltico y de la problemtica social (Tomo I, pg. 30). Entre otros elementos, Boaventura tambin puntualiz cmo acta el fascismo del Estado paralelo o depredador sobre zonas salvajes; cmo el fascismo contractual que propone el neoliberalismo ocurre cuando la diferencia de poder entre las partes (vale tanto para un contrato civil, laboral o de otra naturaleza) es de tal orden que la parte ms dbil, agobiada por no tener alternativa al contrato, acepta las condiciones que le son impuestas por la parte ms poderosa, por ms onerosas o despticas que ellas sean (pg. 31). El desarrollo de ese concepto de fascismo social pluralista (ver de Boa su texto Sociologa jurdica crtica. Para un nuevo sentido comn en el derecho, 2009), tiene hoy pertinencia absoluta.

Las acciones de la ltima semana, en dos zonas salvajes de Colombia que el propio presidente Juan Manuel Santos asoci comparndolas y hacindolas una sola (El Bronx bogotano y la regin del Catatumbo, en el nororiente del pas), nos deben hacer reflexionar al tiempo sobre esa forma que alguien alguna vez avanz y denomin en Espaa acertadamente como fascismo lquido.

Su actualizacin es hoy tambin la de un fascismo de funcionamiento telemtico, no por los medios usados sino por la concurrencia o sincrona desde diferentes nodos, en la emisin de un mensaje de aplastamiento o linchamiento supuestamente moral al enemigo subversivo y los sectores marginados, los salvajes. Ya no son rdenes dadas desde Palacio, ni su rbrica se da con la mano alzada, ni de Mussolini, ni de Hitler, ni de Franco, ni de Uribe.

Es el fascismo plural, participativo, democrtico, incluso de detractores de una parte de la obra poltica de este ltimo fhrer criollo, Uribe, que hoy se alienan y alinean en bulto al lado del Gobierno Santos para serle til en su tctica y estrategia, intentando arruinar lo poco andado, pero vital, en el proceso de paz con el Ejrcito de Liberacin Nacional, ELN, pidiendo al unsono que no se instale su fase pblica mientras esta organizacin insurgente no acepte lo que unilateral y despticamente el supremo poder poltico y decente de una sociedad de bien requiere que se haga. Y lo hacen instrumentalizando un tema en suma delicado y serio como es la libertad de las personas (claro est: de algunas personas) en el marco de otro todava ms complejo que es la deconstruccin y solucin poltica integral del conflicto armado.

Se toma as partido por esa parte poderosa y simuladora, que es el Establecimiento con toda su maquinaria militar, judicial, poltica y meditica, que tras un acuerdo-contrato ya firmado (ver http://www.rebelion.org/docs/210632.pdf), ante cmaras y testigos internacionales, para tratar los temas que requieren precisamente decisiones de parte y parte, en igualdad de condiciones, desagrega ahora, ese poder y sus cortesanos, de modo autocrtico, la materia que les conviene agitar para marcar un signo de legitimidad de s y de sometimiento de la contraparte. Un tema solo, el secuestro, y no otro: ni la muerte por hambre de nios, nias y ancianos, ni las desapariciones forzadas, ni las amenazas de muerte, ni la situacin carcelaria nada de todo eso es relevante! Ni para las lites ni para sus comentadores.

Relevante es slo un tema que se atraviesa como gran obstculo, impidiendo as su discusin en la Mesa de dilogos ya prevista, escenario en el que con probabilidad, no nicamente sobre esa cuestin sino sobre otras igual de importantes, el ELN asumir definiciones coherentes. Rompiendo una razn dialgica, impone el Gobierno a su contraparte -el ELN y a grandes segmentos de poblacin que comparten regulaciones territoriales- una nueva condicin a las ya consignadas que fueron debatidas durante ms de dos aos en la fase secreta. Y ese pregn es acompaado por la pluma y voz de decenas de opinantes adeptos, que a su vez aplauden que se imponga lo que as mismo el Estado no se aplica en lo ms mnimo, pues arremete violentamente da a da contra prisioneros, afectando libertades personales y colectivas de pueblos indgenas, afrodescendientes y campesinos.

Cabe la hiptesis, por lo tanto, que en realidad lo que desea el Rgimen es aplazar cuanto ms pueda el proceso con el ELN para simplificarlo en un tablero ya instituido o convertirlo en apndice o pegote del proceso de La Habana. Estando de por medio avanzar en lo ya pactado, sintindose incapaz probablemente de responder a las dimensiones de una agenda que le obliga a encarar problemticas y lneas de solucin, evade lo suscrito y se inclina por abortarlo.

En dicha huida, enfatizo, es apoyado por agentes de opinin que ciertamente, por su posicin meditica superior a la que pueda tener por ejemplo un puado de polticos corrientes, inciden mucho ms que stos, pero inciden negativamente, creando un clima de acusacin de los salvajes, golpeando as a un lado, mientras del otro concelebran una falsa expiacin del sistema que crea culpabilidad en las comunidades que estigmatiza, segmentando la realidad para seleccionar la vida y libertad de unos sobre la vida y libertad de muchos otros, o sea mirando la paja en el ojo del otro y no la viga en el propio.

Stanislaw Lem (Cfr. Provocacin, 1984), analizando el nazismo, subraya la situacin de quienes se dedican supuestamente a pensar y a escribir sobre la vida y naturaleza humana, y callan como ciegos o embusteros respecto de crmenes terribles que comete el Estado, contando para ello con diversidad de cmplices no en su planificacin, ni en su ejecucin, sino en lo que sera la narrativa y entendimiento pblico, relegando por su negligencia crmenes de Estado como el genocidio al ltimo escaln de los asuntos relevantes, asignndole un lugar perifrico, si es que le asign alguno (Edit. Funambulista, 2005, pg. 36).

2. As son las cosas

Lquido y sincrnico es el estado y movimiento de ese fascismo, adaptndose agentes diversos y redes privadas y pblicas, transitando altos funcionarios y columnistas, vertindose declaraciones oficiales y opiniones periodsticas, que toman la forma del gran recipiente ideolgico que las contiene, que slo dentro de una racionalidad permite conductos propios (un articulista cmplice de ese modo ya no espera se le llame del Ministerio del Interior para ser dictada una perorata, sino que identifica su rol y arroja en su columna semanal lo que estima contribuye al cerco). Conductos y canales en los que transcurren dichos agentes y redes con diversidad aparente como elementos separados. Y lo son, pues actan con relativa independencia, algunos con relativa inconsciencia de su verdadero papel. No as el destino o el servicio de su consigna consiente y conectada de seleccin de hechos o de evasin de una realidad ms profunda, que slo es para algunos experiencia, necesidad o facticidad si aparece en las encuestas.

Entre decenas de cartas pblicas homogneas dirigidas a comandantes del ELN, o entre variadas posturas expresadas por quienes gozan de ventanas en medios de comunicacin, repasemos cuatro piezas de un mismo tono:

Len Valencia, ex miembro del ELN, escribe: El ELN no puede jugar al azar la salida poltica negociada que ha buscado por tantos aos. Est obligado a decir pblicamente que abandona el secuestro no ha comprendido an que en la poltica las cosas no son como son, son como las siente la gente. Las masacres terribles que se han cometido en el pas, los asesinatos, las desapariciones forzadas son, sin duda, crmenes ms graves, pero el delito ms repudiado en el pas es el secuestro. As son las cosas (http://www.semana.com/seccion/opinion-online/81-1).

As son las cosas Paulo Freire (en sus ltimos escritos -1997- recogidos en Pedagoga de la indignacin, 2001, Ed. Morata), cuenta cmo habitantes de barriadas populares rebuscaban algo para comer en vertederos pblicos. Una familia retir de la basura hospitalaria que haba en ese horrendo enterramiento pedazos de mamas amputadas con los que se prepararon su comida de domingo Es posible que la noticia provocara en los pragmticos neoliberales su reaccin habitual y fatalista, siempre a favor de los poderosos: Es triste, pero qu le vamos a hacer? La realidad es como es. Sin embargo, la realidad no es sta de modo inexorable. Est siendo sta como poda ser otra / () Ninguna realidad es as porque as tenga que ser. Est siendo as porque los fuertes intereses de quien tiene poder la hacen as (pgs. 88 y 135).

Ese cuadro en Brasil, es exactamente el mismo que se acaba de revelar en Bogot en el sector del Bronx, como notas ms adelante lo destaco.

Qu relacin tiene lo descrito por Freire con nuestro debate, ms all de que las masacres, asesinatos y desapariciones se han consumado con la degradacin negada, como la vivida por familiares o amigos obligados por (para)militares a cocinar y comer restos de sus seres queridos o la de basureros como la Escombrera en Medelln tras la Operacin Orin en las comunas? O el descuartizamiento de personas en las crceles con complicidad de autoridades, dando luego los pedazos a los cerdos o embutidos en alcantarillas? O la peticin banal de perdn estatal en abril de 2016 por la masacre de Trujillo, usando motosierra para mutilar, tirando cadveres al ro, mientras ministros, acadmicos y periodistas se sientan ese mismo mes a manteles con uno de los responsables de dicha matanza, el ex general Bonett Locarno? Acadmicos, periodistas, columnistas, cmplices, que saben bien, porque lo han investigado, de qu realidad se trata, y sin embargo no se aturden al decir: as son las cosas. Y as las mantienen.

Otro ex integrante de esa agrupacin insurgente, hoy poltico converso, afirma: El ELN ha pateado la mesa de negociaciones que estaba por instalarse en Ecuador () Como si an no entendieran que a esta prctica, masificada con las tristemente clebres pescas milagrosas o con las celdas alambradas inventadas por las FARC para confinar a los denominados canjeables, la guerrilla le debe la animadversin mayoritaria que tienen en la opinin pblica, evidente en los bajos niveles de aceptacin en todas las encuestas. Torpeza incomprensible si consideramos que a los elenos le corresponde abreviar los tiempos de su negociacin para hacerla concurrente con La Habana El Presidente no debe bajar las exigencias de suspensin del secuestro al ELN, para empezar formalmente las negociaciones (Antonio Sanguino en http://www.kienyke.com/kien-escribe/sin-el-eln-una-paz-incompleta/).

Igualmente Carlos Velandia, ex militante del ELN, sostiene que esta organizacin se equivoca buscando saltar con garrocha sobre las circunstancias de dolor social generalizado frente a los secuestros, agrandado luego de los realizados a los tres periodistas en la regin del Catatumbo, y la desaprobacin de la sociedad frente a esta prctica, que se descarga ms sobre la sociedad misma que sobre el Estado (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212967&titular=paz-con-farc-ep-y-guerra-con-eln-).

Entre quienes mantienen persistente presin que bautizan como emulacin tica, pidiendo al ELN lo que no piden simultneamente al Gobierno Santos por ejemplo en materia de prisiones, donde mueren por abandono presos polticos, est el jesuita Francisco de Roux, quien cit hace poco, y al parecer aplica, un enunciado que dict otro jesuita, el espaol Baltasar Gracin (Siglo XVII): La verdad. Tanto es menester para saberla decir como para saberla callar. Pirdese con sola una mentira todo el crdito de la entereza. Es tenido el engao por falto y el engaador por falso, que es peor. No todas las verdades se pueden decir; unas porque me importan a m, otras porque al otro (http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/francisco-de-roux).

Por supuesto los atrs citados y muchos que opinan en esa lnea, estn fuera de cualquier adscripcin al fascismo, sin lugar a dudas. Son reflejos y exponentes de cmo piensan miles de colombianos, conscientes que lo que dicen es un aporte esplndido para un tipo de paz y democracia, y no es suficiente ninguna inconsciencia suya para asemejarse y homologarles de ningn modo en las esferas intencionales de esa opcin ideolgica.

Pero ms all de sus posturas, con base en verdades a medias que son mentiras por lo que omiten ya mismo, vale preguntar: qu hace que una sociedad -como efectivamente lo expone Valencia- clame slo o privilegiadamente por el secuestro y repudie con razn esta prctica, pero siga imperturbable por masacres, asesinatos y desapariciones cometidas por las autoridades pblicas?; qu es lo que opera como tica y como vanidad de una moral encogida que subraya acertadamente la violencia real de un secuestro pero no hace tronar con mpetu el cielo y la conciencia de los de arriba por su crimen en masa?; por qu hacer exigencias y acometer condiciones a una parte solamente, cuando a la otra ms poderosa y criminal en el mismo acto se le deja con las manos libres?

El profesor Germn Ayala Osorio (Paramilitarismo en Colombia: ms all de un fenmeno de violencia poltica, 2011), recoge acertadamente para Colombia la nocin de prctica social genocida que Daniel Feierstein desarrolla (2007), en la que se ejercitan posiciones de poder y realizaciones simblicas a travs de modelos de representacin o narracin en la que participan sectores civiles. En Colombia est claro que dentro de ese arco civil que no da suficiente importancia a los crmenes de lesa humanidad del Estado, y los esconden como hoy da sucede, estn empresarios, acadmicos, clrigos, periodistas, y un largo etctera de cpulas y consejeros. As, tiene ya no slo relevancia sino impacto determinante que algunos voceros de estos mbitos cuenten el secuestro y su registro doloroso, y no en el mismo nivel los asesinatos por hambre, por rdenes semioficiales, ni la desgarradora sobrevivencia de millones de seres. Hay sufrientes de primera, de segunda, de tercera... Algunos con titulares, libros y pelculas; otros apenas una estadstica o reseados en una cuadrcula de peridico.

Condenar un secuestro ni de lejos es fascista; puede ser, por el contrario, alta y profundamente anti-fascista, tico hasta la mdula, altruista y muy noble. No slo es moralmente correcto repudiarlo, si sabemos previamente, con juicio, con aproximacin reflexiva y crtica, qu es y qu no es, cmo han sido los sucesos, quines los implicados. Es decir si sabemos or, si hemos escuchado y dejamos de gruir. Por eso, una exigencia como la comentada (dejar de secuestrar), como otras que se hicieran (dejar de desaparecer, dejar de aplicar tratos degradantes a los presos), en un contexto de guerra en el que se debaten acontecimientos, circunstancias y donde es civilizatorio que se mantenga un debate acerca de las legitimidades, impugnando un orden de cosas terriblemente injusto, puede hacer parte de una slida propuesta humanista y de humanizacin, como tambin puede ser parte de una estrategia paranoide o esquizoide, y de su propaganda, con las que se oculta gran parte de la realidad y se simula buen espritu y buena conciencia bajo la bandera legtima del rechazo a algo que lo merece, como el secuestro, tanto como otras realidades atroces cuya denuncia no puede dejarse ni al margen ni para ms adelante. Esa relegacin es vergonzosa.

Por eso, no es dialgico, sino jerrquico, asimtrico, desigual, discriminador, al lado del poderoso cnico, el brinco histrico de quienes saltan sobre ese pantano y miran slo a un lado, el lado de los salvajes, y condicionan slo a una parte, al ELN en este caso, ad portas de un proceso cuya puerta est cerrando absurdamente el Establecimiento, obviado la discusin de los hechos y de las normas que merecen anlisis.

Propaganda y estrategia llevadas adelante por opinantes civiles que han perdido la pretendida neutralidad de la que hacan gala, con las que se busca reducir autoritariamente a una parte rebelde y exculpar al Estado, defendiendo en ltimas los resortes de quienes en ese fascismo social plural sofisticadamente tapan y tapan sus responsabilidades por crmenes de diferente alcance, estigmatizando a los indeseables y sublevados de las zonas salvajes en esa cartografa mencionada por Boaventura de Sousa Santos.

Estamos entonces en toda regla ante una cnica y falsa expiacin, que previamente ha realizado lo que en derecho penal sera una inculpacin de lo propio a lo ajeno, para ocultarlo, o lo que en psicoanlisis es una especie de transferencia, mediante la cual se reviven y trasladan al sujeto adversario en una actualidad vvida, aprehensiones, represiones y relaciones de culpa no reconocidas. En todo ello las deudas de un orden social injusto no se acusan, no se ven; quedan impunes los yerros del superhombre de Nietzsche, seor de la moral liberada de obligaciones supremas. Slo se miran los crmenes de los infrahombres, subversivos y pobres, en la vieja y nueva moral que los condena. Eso lo catalog el nazismo para sus ejercicios de ablucin y es encriptado en la ley que nos gobierna en esta democracia genocida (trmino valiente y lcido que retomo del jesuita colombiano Javier Giraldo).

3. Dolores

Como ya se sabe, de nuevo entr en escena un debate a raz de un suceso que la industria de las mentes dominante intenta explotar al mximo con lgica sensacionalista y de fino objetivo poltico. Un hecho de apariencia arbitraria, con un nombre que segn la mayora no es nada arbitrario, sino justo: el secuestro. Es sta una designacin general de derecho penal interno, que no es la ms categrica, hay que decirlo, pues existen otras de peso jurdico y moral ms contundente. Secuestro es en todo caso la voz ms usada y tergiversada por su aplicacin poltica ms all de la norma de esa democracia, sobre todo para convocar al mayor repudio que una sociedad sea capaz de expresar con su supuesta primorosa sensibilidad Claro est: si dicha actuacin es cometida por la guerrilla. Si es por el Estado, otro es el cantar. Otras prcticas y otros actores no mereceran toda esa energa social dispuesta. Ha sido ininterrumpidamente as, desde los aos setenta y comienzos de los ochenta. Se dice lo que es razonable pensar en esos cnones elaborados con muchos materiales ideolgicos: que el secuestro que realizan los subversivos es el acto ms atroz e inhumano, como si no hubiera nada ms que merezca la emanacin figurativa de una especie de conciencia colectiva.

Hace unos aos (La rebelin de los lmites, 2008, pgs. 296 a 354, y en varias intervenciones, v.gr. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=124789) propusimos enfrentar sin hipocresa, sin indolencia ni instrumentacin el thema decidendi del secuestro y otros hechos, siendo necesario condenarlo si esa fuera una conclusin coherente tras un examen, escuchando y observando que no existe un solo concepto en discusin, sino que deban ser analizadas con responsabilidad otras eventuales categoras concernidas (captura de combatientes/prisioneros de guerra, detenciones por razones de derecho y/o dentro de un conflicto armado, etc.), por lo tanto no automticamente punibles o reprochables. Tipologas o nociones que deban discernirse en los probables compromisos que asumiera o no la insurgencia, para que, planteadas con honestidad y seriedad, se supiera qu puede esperarse y qu no.

Se propuso liberar la crtica, caracterizar y recobrar la comprensin de las aristas del conflicto poltico, social y armado, no reproduciendo una perversa seleccin darwiniana de bienes jurdicos que traduce una corrompida seleccin y exclusin de vidas, conforme al orden del sistema, sino preguntando por los intereses que arman tanto el derecho positivo como su utilizacin poltica y cultural, que privilegia la libertad personal de personas sobresalientes de ciertas capas sociales. Para hacer esa pregunta, cit, y cito, al admirado profesor Emiro Sandoval Huertas, catedrtico y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, asesinado en noviembre de 1985 durante los conocidos hechos del Palacio de Justicia:

"Este (el secuestro) es, ciertamente, el hecho punible que a mayor manipulacin ideolgica se somete actualmente y desde hace algn tiempo en el medio colombiano por parte de las distintas instituciones que generan una visin de la realidad para el consumo de la opinin pblica y, en especial, por parte de los medios de comunicacin social. Para poder apreciar en alguna medida el alcance de esa manipulacin, pinsese, por ejemplo, en las condiciones materiales en que vive la mayor parte de la poblacin, y debido a las cuales mueren diariamente en Colombia alrededor de 250 menores de 5 aos, es decir, ms de 90.000 mil cada ao; en los mismos doce meses, en cambio, se producen cerca de 300 secuestros, que equivalen casi al 0.2% de la criminalidad conocida en el pas / La mortalidad infantil originada en las relaciones de dominacin clasista, pues, no slo resulta cuantitativamente ms alarmante que el secuestro (aproximadamente trescientos nios muertos por cada secuestro), sino tambin cualitativamente mucho ms grave, como quiera que aquella supone la prdida de vidas, en tanto que ste implica una privacin temporal de la libertad y a veces de parte del patrimonio econmico. Sin embargo, en la imagen de la realidad que se impone a la opinin pblica, la mencionada mortalidad infantil ocupa un lugar muy secundario, mientras que al secuestro se le hace aparecer como uno de los ms trascendentales problemas de la sociedad colombiana; es a este hecho al que se le dedican extensas y destacadas informaciones en los medios de comunicacin social, se piden severas penas para sus autores, se publican recomendaciones para impedir el secuestro, etc.; e incluso hasta mediante las historietas de aventuras se contribuye a tal manipulacin: proporcionalmente, por cada secuestro que se conoce en la realidad, las historietas presentan la comisin de ms de mil de esos comportamientos, pero en ellas ningn nio muere a causa de las condiciones materiales existentes (...) la imagen absolutamente desfigurada de la trascendencia, significacin y frecuencia del secuestro que en especial los medios de comunicacin social, as como otras instituciones y personas (v.gr. algunos jerarcas de la iglesia y los mismos secuestrables, por supuesto), suelen presentar, obedece a la posicin econmico-social de los secuestrados y, sobre todo, al detrimento, en algunos casos, de su patrimonio econmico particular" (Sistema Penal y Criminologa Crtica. Editorial Temis. Bogot, 1985 -existe reimpresin de 1994- pgs. 58-60).

Las cosas han cambiado en 30 aos S, la diferencia es que ahora podemos constatarlo en twitter! El mismo da de la liberacin por el ELN de tres personas cuya retencin explic esa organizacin, podamos leer en un tuit de una entidad progresista, con base en informacin oficial: En la ltima semana 3 nios y nias han muerto de hambre en Colombia. En lo que va del 2016, han muerto 87 (https://twitter.com/Dejusticia/status/736312721675812868).

Como de acuerdo a la sensibilidad imperante de una sociedad claramente enferma (!de las ms desiguales y ms felices del planeta!!), no es moral ni polticamente correcto hablar ahora mismo de dolores que se entrelazan, ni de nios que se mueren de hambre, ni de campesinos sin tierra, ni de indgenas asesinados, ni es refinado interponer, por supuesto; ni ms faltaba!, esos temas en la antesala de unas conversaciones de paz como no est de moda, saltemos olmpicamente en garrocha por encima de esa podrida realidad, y sigamos hablando entonces de lo que el poder, y en particular destacados ulicos y la prensa como aparato de un sistema que efecta esa seleccin de vidas, nos impone como el mayor tema crucial, tejiendo as la profeca auto-cumplida sobre qu es dolor social generalizado, al punto de exigir algunos legos que mientras no se resuelva esa renuncia al secuestro no haya dilogos formales con el ELN.

4. Libertades

Efectiva y razonablemente, un hecho muy preocupante tuvo lugar. Acaeci por seis das con tres personas que resultaron ser comunicadores, quienes estaban en ejercicio de su labor en una zona de guerra en el noreste colombiano. Una de ellas la periodista espaola-colombiana Salud Hernandez, conocida por sus posiciones de extrema derecha, lo que en parte dilucida la cumbre que ocup la noticia en la prensa nacional e internacional. Privada de su libertad de movimiento, con todo el derecho que ella tiene de elaborar y amplificar crticas al proceso de paz, fue afectada temporalmente por una medida insurgente que los guerrilleros del ELN han lamentado y explicado pblicamente (http://www.eln-voces.com/index.php/revistas/insurreccion/672-edicion-n-531) esgrimiendo intensos controles territoriales y medidas de vigilancia y seguridad en una peligrosa zona de operaciones militares y de inteligencia enemigas. Un hecho evidentemente no planificado, que se constat al parecer no en atencin a su oficio sino por hallarse con algn grado de imprudencia en dicha rea de confrontacin blica, donde se han verificado decenas de acciones de guerra sucia contra el campesinado (ms de 50 asesinatos y desapariciones recientes), tal y como lo denuncian organizaciones campesinas de esa regin y de otras en el pas, agrupadas en la Cumbre Agraria, Campesina, tnica y Popular, que al momento de este artculo (3 de junio de 2016) siguen desarrollando una amplia movilizacin nacional de protesta.

Como era lgico se pronunci Rajoy, y Margallo, el ministro espaol de asuntos exteriores. Como lo hizo Santos y sus ministros de defensa e interior. As como decenas de columnistas atrados y reunidos en la afluencia de cientos de pronunciamientos relevantes de condena directa o indirecta, muchos de ellos con profundidad intelectual en el formato tuit.

Lo significativo, lo significado, lo significante, conforme a esa matriz informativa y poltica de aliados, no es si se conjugaron actitudes y mediaciones constructivas y positivas por ejemplo de funcionarios y gente de la Iglesia catlica, para resolver con prontitud algo que indudablemente no deba haberse producido, lo cual se pudo hacer con diligencia, con salvaguarda de derechos y con seguridad, por responsabilidad de un conjunto de personas que velaron por ese logro en medio de una situacin altamente sensible. Lo que cont y sigue contando para muchos que participan de esa matriz, es que el ELN siga definiendo y defendiendo un proceder rebelde, de desobediencia a la ley estatal, que es la que nombra el secuestro (siempre un delito en el orden interno y no siempre un crimen en el orden del derecho internacional de los conflictos armados). Y que mantenga tratar el tema en la Mesa y no previamente como condicin para la misma.

Siendo siempre muy grave un hecho que llamamos clamorosamente secuestro o con otra denominacin (prisin, encarcelamiento, cautiverio, toma de rehenes, retencin, detencin), circunstancias muy dolorosas que ninguno quiere vivir, y que es legtimo aspirar a que nadie viva, no es lo mismo desde una visin ampliada del derecho, si se est dispuesto a humanizar el conflicto, como el ELN manifiesta hacerlo, que no estar preparado para ello; no es lo mismo si se trata de un civil cautivo que de un combatiente; no es lo mismo seis das que 13 o 20 aos; ni es lo mismo si es un poltico corrupto impune, un paramilitar, o alguien que desde posiciones de poder atenta gravemente contra comunidades, que si la vctima es un inocente, un anciano o un menor de edad. No importa para ese veredicto social al que se refieren Valencia, de Roux y decenas de opinantes, qu se explique al respecto. El contexto es negado. Y la capacidad de discernimiento del otro, del salvaje, tambin.

Lo que cuenta y lo que en ese performance se traduce en la prctica es que se tenga presente la preeminencia de un Rgimen y su ley, as mate por decenas; un sistema que nada tiene que adelantar antes de la Mesa de conversaciones. Slo una de las partes est obligada a someterse a un reclamo exaltado en la escabrosidad de un conflicto poltico armado, la parte de hecho y en derecho beligerante, rebelde o de oposicin. La otra, la institucionalidad, que con su ley masivamente afecta derechos, tiene la prerrogativa de no ser demandada, por la congruencia de ser legal. Un absurdo, salvo que directamente se diga que se ha tomado partido.

Por supuesto que perder la preciada libertad suele ser doloroso, implica una pena (del latn poena: dolor), aun si quien es capturado es un probado delincuente y quien captura es un Estado de Derecho. Ms hondo, as la moldeada o plstica sensibilidad social tome la autopista del dolor oficial, y lo vociferen mil opinantes juntos, no debera caber duda que es ms punzante y determinante, ms pernicioso, que un Estado use las tablas de su propia ley, las quebrante y abuse de sus facultades para violar obligaciones bsicas, deteniendo arbitrariamente o incluso desapareciendo forzadamente a sus contradictores, como ha pasado en Colombia donde esperamos se establezca algn da qu polticas y quines orientaron como crimen de lesa humanidad la detencin-desaparicin de, segn cifras ponderadas, al menos 45 mil personas.

Y las circunstancias pueden ser todava ms enmaraadas si adems de esa capacidad lesiva de un adversario institucional en un conflicto armado, aparece tambin la coercin de otras fuerzas poltico-militares en ese contexto de confrontacin, actuando unas veces sin reglamento alguno; en ocasiones prolongando en muy penosas condiciones y por muchos aos el cautiverio; otras veces s procediendo conforme al derecho internacional humanitario (DIH), por ejemplo cuando respetan en esas condiciones de guerra irregular los artculos 4 y 5 del Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra, que son normativas hechas no slo para que las cumplan los Estados, sino imperativas del mismo modo por ejemplo para el ELN, que desde finales de los aos 80 ha propuesto un Convenio de regulacin. Dicha guerrilla tiene deberes esenciales y reconocidas caractersticas que convierten un atributo de hecho en una condicin de derecho, por lo tanto sujeta a limitaciones, sin que su naturaleza de parte contendiente y su propia autonoma, conformacin e identidad rebeldes se vean recusadas.

Lo anterior en trminos jurdicos es inteligible para quien conozca el abc del derecho de los conflictos armados y no se atragante con especulaciones ni propaganda. Una normatividad que aunque tiene lagunas, corresponde a una construccin dotada de racionalidad por el sistema de naciones moderno que lo elabora como derecho positivo o consuetudinario, recogiendo viejas tradiciones en reglas o en usos del jus cogens. Significa, en sntesis, que resolviendo cada parte combatiente cundo debe y cmo puede privar de libertad a alguien en razn de circunstancias del conflicto y medidas de control, sin reciprocidad alguna se responsabiliza integralmente de quien es aprehendido (yo mismo, si voy a ingresar a la Escuela Superior de Guerra en Bogot, o a cualquier batalln del Ejrcito, seguro sera requerido, y si insisto traspasar sera detenido, y si vulnero con desobediencia la vigilancia e ingreso, sera Y si sobrevivo y tengo algn prontuario me aplicarn su ley penal). Hablamos de un DIH que manda herir en lugar de matar, y capturar en lugar de herir

Por modos, muchas veces arbitrarios, es cierto, de control territorial y social insurgente, por ejemplo, que nadie podr decir que es contrario en s mismo al DIH, debe explicar la guerrilla con qu base lo hace, no siendo factible obrar coherentemente de cualquier manera, pues adems de su propia juridicidad o disciplina que le define, debe observar el DIH, que seala unos mnimos por igual, para rebeldes y Estado, para que sean asumidos por cada estructura y orientados por sus mandos responsables: en la medida en que el grupo rebelde pretende alzarse con el poder, en esa lucha por el poder, ejerce autoridad sobre sus fuerzas rebeldes. Por ello, se le exige la condicin de mando responsable que sea capaz de imponer disciplina entre sus seguidores dando las pertinentes instrucciones a sus subordinados para garantizar el respeto a esas normas () Este principio de la igualdad ante el derecho humanitario significa en un conflicto armado interno que no solamente estn obligados las autoridades civiles y militares del Estado a otorgar un trato humanitario a los rebeldes, cuidar y respetar a los heridos, sino que idnticas obligaciones tienen los rebeldes, que debern respetar y tratar dignamente a los miembros de las fuerzas armadas que capturen, a la poblacin civil, a los heridos, etc En definitiva, que gobierno establecido y grupos armados organizados rebeldes tienen respecto al Derecho Internacional Humanitario los mismos derechos y deberes (Cfr. Conflictos Armados Internos y Derechos Internacional Humanitario, de la catedrtica y Acadmica de Nmero de la Real Academia de Ciencias Morales y Polticas de Espaa, Araceli Mangas Martn. Ediciones Universidad Salamanca, 1990, pgs. 79 y 80).

Desde esa mirada, puede comprenderse que el Estado invoque su ley penal, de polica, de seguridad ciudadana, etc. (repudiadas hoy por cientos de miles de colombianos, aunque eso no sea noticia), para detener por ejemplo a supuestos guerrilleros, los cuales sern investigados, procesados y probablemente sentenciados a largos aos de crcel. Y aun as alegue el Gobierno un escrupuloso respeto al DIH (basta ver cmo es la realidad del sistema carcelario colombiano para comprender esa falacia).

Y tambin puede entenderse sin aprehensiones convulsivas lo sucedido en das pasados en el Catatumbo, con base en lo explicado por el ELN, que no detuvo a las tres personas concernidas ni por periodistas ni por actual y probado vnculo paramilitar o de otro carcter.

Existiendo capacidades violentas de lado y lado cmo puede concederse o reconocerse slo a una de las partes la prerrogativa y la obligacin de regular sus acciones? La auto-constitucin del sujeto rebelde, a la que se refieren muchos autores como Erich Fromm (Cfr. La condicin humana actual), o es desconocida por el Estado y los defensores de sus posiciones, o es conocida perfectamente por ellos y por eso buscan derrotar previamente esa facultad de auto-limitacin para que bajo el signo del sometimiento, y de una figurada victoria poltica, ideolgica y militar, las capacidades violentas o coactivas de la insurgencia no se entablen como regulacin de s en relaciones sociales constructivas a nivel territorial.

Es jurdica y ticamente obtuso dictar slo que una parte deje de hacer (hoy da al parecer en cinco casos) lo que la otra hace sistemticamente prevalida de su ley, amontonando ms de 115 mil seres humanos en las condiciones inhumanas de las crceles del sistema penitenciario colombiano, ley que corresponde a la de un orden cuya legitimidad est impugnada, o debe ser reconstruida, para lo cual precisamente es el proceso de paz que debe instar a acciones de humanizacin; injusto es cuando son dos las partes con dicha capacidad y arbitrio, independientemente de las cifras, que deben surtir lmites severos y responsabilidades claras a la luz del DIH y cada una conforme a sus correspondientes juridicidades.

Deducir preguntas sobre una accin, no para avalar cualquier procedimiento, sino para examinar un hecho, tiene fundamento, mucho ms ahora, cuando precisamente el Estado y el Establecimiento en sus expresiones decisoras han empotrado como acuerdo especial de derecho humanitario un acuerdo poltico de encaje controvertido. Si con las FARC tiene basamento considerar como tal un pacto no todo de naturaleza humanitaria, sino de trasfondo econmico y poltico, asimilndolo como acuerdo de regulacin de la guerra, exactamente ahora con el ELN es vlido ese ensamble; es todava ms valedero o autntico por la materia que se interviene: la conduccin del conflicto armado.

Ratifico: bajo este ensayo de un Estado que acomete de forma tarda un pacto de derecho internacional con las FARC, una parte contendiente en una guerra interna, pero tcnicamente ya en situacin de armisticio y probablemente de reincorporacin a la vida civil, no hay error, ni malicia, sino elemental congruencia, en considerar tambin al ELN como sujeto de ese compromiso objetivo declarado por el Estado; es decir, como contraparte de la regulacin a la que conmina el DIH conforme a su finalidad esencial, a su objetivo natural. Sera enteramente absurdo reconocer y aplicar el DIH frente a una organizacin poltica que, con razones poderosas, est en trance de abandonar el levantamiento en armas, y no hacerlo ante una organizacin poltico-militar activa que, quiz tambin con profundas razones, persiste en una resistencia armada al orden establecido (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212307).

Por una vez en la vida estoy de acuerdo, no con las palabras, pero s con la idea referida a la induccin e impostura de la neurosis, expresada por Hctor Abad Faciolince: Tomemos el hecho repudiable del secuestro de Salud Hernndez. Durante casi una semana las redes sociales e incluso algunos peridicos nos hicieron creer que a causa de este hecho criminal y odioso el pas entero estaba colapsando y las conversaciones de paz al borde del fracaso. Sin importar que la Colombia de hoy sea un pas menos violento que el de hace ocho aos, vivimos una semana de alharaca destructiva y acusaciones injustas. Para algunos vivimos el momento ms negro de la historia, pero no dan datos. Es como si los hechos puros y duros no importaran... Dirn que es cuestin de percepcin debido a la tendencia, que en el 2010 los secuestros disminuan y con el de Salud hay una sea de que volvern a aumentar, como cuando se llevaron a ngrid. Es evidente que no es as y que un secuestro de seis das, por grave y repudiable que sea, no puede compararse con uno de seis aos... Est en nuestra ndole ser exagerados, escandalosos y alarmistas. Es una falla de la personalidad nacional, una neurosis (http://www.elespectador.com/opinion/contra-el-sensacionalismo).

5. El Bronx y el Catatumbo

Decir dantesco es poco, muy poco. El Bronx bogotano es el lugar circunscrito a unas cuantas calles, cinco cuadras o bloques, intervenido hace una semana (sbado 28 de mayo de 2016) por algo ms de 2.600 agentes estatales, polica, investigadores judiciales, militares, donde haba trfico y consumo masivos de drogas baratas, armas, torturas, explotacin infantil, esclavitud sexual, prostitucin, casos de secuestro, y una amplia diversidad de delitos muy graves. Una mujer del lugar relata al respecto (http://www.elespectador.com/noticias/bogota/olla-el-unico-sitio-donde-estan-todos-los-estratos-habi-video-635486). Y as podrn encontrase miles de lneas, cientos de artculos y reportajes que nos ensean lo que nadie deseara vivir para morir (http://www.eltiempo.com/bogota/video/sepultureros-del-bronx/16610505).

A 850 metros del Bronx quedan otros dos antros: el Palacio presidencial y el Capitolio, sede del Congreso. Es la distancia que separa la zona salvaje (de acuerdo con el concepto del profesor de Sousa) de la zona civilizada. En la primera hoy la sociedad bienhechora realiza una expiacin simblica: expulsa a los desechables, reprime la criminalidad y asiste por unos pocos das a unas decenas de indigentes, mientras prepara una operacin urbanstica en esos barrios. En la segunda zona, la civilizada, paga con sus impuestos millonarias sumas por oficios de funcionario, legislador o gobernante, que deciden sobre la vida colectiva. Cavernas o cloacas de crimen y corrupcin, sin duda; como est probado, no slo por los vnculos con el paramilitarismo y las mafias, sino donde se imponen polticas de saqueo oficial y neoliberales de segregacin, de fascismo en suma (desde el contractual al financiero; desde el de la superioridad sobre el indgena y el negro, hasta el de la impunidad de crmenes de lesa humanidad), polticas que algo tendrn que ver con la situacin inhumana en el Bronx vecino y de los cientos de Bronx en toda la geografa de las ciudades colombianas.

Esos criminales de cuello blanco que parlamentan, salvo unas poqusimas excepciones, esos patricios que no huelen a feo, perfumados, cebados y bien trajeados, son aplaudidos cada da y cada semana, y as por dcadas, ocupando sillas de Padres de la Patria. A decir verdad, es injusto comparar el Bronx con donde la democracia genocida se escenifica.

Como es injusto comparar el Bronx con el Catatumbo, como lo hizo Santos desde la euforia presidencial de quien decide marcar en la frente objetivos de su poltica: Mire la coincidencia, hace menos de 72 horas estaba yo en el Catatumbo, que es una especie de Bronx a nivel nacional y all tambin estamos haciendo una intervencin parecida con mucha ms presencia de la Fuerza Pblica, de nuestro Ejrcito, de nuestra Polica (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-catatumbo-una-especie-de-bronx-nivel-nacional-presid-articulo-634913).

Horas antes Santos se haba referido de nuevo a la paja en el ojo ajeno y no a la viga en el propio: al momento de la liberacin de Salud Hernndez y los dos trabajadores de un medio de comunicacin, mencionando al ELN y al secuestro, verbaliz una notificacin o el deseo de cmo debe ser calificado ese hecho en cabeza de ese grupo: como crimen de lesa humanidad (http://es.presidencia.gov.co/discursos/160527-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-termino-del-Consejo-de-Seguridad-en-Tibu-Norte-de-Santander). Siempre se agradecer al Presidente mantener vivo ese debate de qu son crmenes de lesa humanidad y quines sus mximos responsables. Tiene que ver sin duda con lo ac sealado en trminos histricos sobre el fascismo.

Ahora bien, rechazar aspticamente a los habitantes del Bronx, no es justo y es peligroso por la adherencia maquinal al fascismo social que nos conforma culturalmente, si implica para ellos, que son en su mayora vctimas de un sistema perverso, un tratamiento de apartamiento y estigmatizacin y si implica para quien juzga desde fuera sentirse superior. Son igualmente seres sufrientes, que una lgica cultural nihilista y de mercado produce por el abandono, por la indolencia, por la incompetencia y la irresponsabilidad de autoridades e instituciones pblicas y espacios sociales. Dicha situacin de marginalidad y engao, de aplicacin implacable del neoliberalismo en todas sus fuentes y pulsiones criminales, s es parecida a la del Catatumbo, tierra codiciada por grandes capitales, pero es evidentemente distinta su problemtica, como sera dable concluir con la sociologa ms elemental. Las organizaciones sociales ya le han respondido a Santos (http://congresodelospueblos.org/comunicados-congreso-de-los-pueblos/item/889-senor-santos-hablemos-del-catatumbo.html; http://www.las2orillas.co/palabras-desde-catatumbo-santos/), funcionarios (http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/sigue-polemica-comparacion-del-presidente-santos-del-catatumbo-el-bronx) y gentes de la regin (http://www.laopinion.com.co/region/en-el-catatumbo-responden-santos-por-medio-de-una-cancion-112864#ATHS).

6. Parresa

Decir la verdad sobre el conflicto sin tomar partido por el bando ms poderoso, no es un compromiso con todas las armas ni con la guerra sin lmites que despliegue el sublevado, sino con la rebelin moral que supone dicha verdad nacida entre la desigualdad que explica la confrontacin. Enunciarla por eso ayuda a tensionar la lucha en trminos ticos, para que se entienda su gnesis y sus formas, para que no sea de palos de ciego sino de vidente, como dice Mario Benedetti en su poema.

Exponerla toda, no fragmentada, va en sentido contrario a los adiestramientos que nos refriegan nuevos y viejos abonados del fascismo social, que distraen y expan, que seleccionan hechos para pulir una sensibilidad falsa de orden social, granjeada por titulares y arengas que ellos mismo empujan, destacando slo una realidad ciertamente terrible como es el secuestro, mientras en sus proclamas esconden consciente o inconscientemente realidades todava ms aterradoras, y sin duda urgentes de tratar, pero no tanto como para impedir que una Mesa de conversaciones comience ya su labor sin condicionamientos espurios.

Estando en juego un proceso de paz, no sera tico condicionar al Estado en dicho inicio, presionando ya a Santos para que tome decisiones de fondo histrico, cuando se apresta a presentar sus propuestas, que junto con las del ELN y los movimientos sociales que participarn del proceso, conformarn un caudal complejo de iniciativas para definir acuerdos y medidas de transformacin. As mismo es desptico y elitista revestir como mayor dolor social lo que se construye mediticamente usando a vctimas y dramticos acontecimientos, enterrando desde arriba con una visin clasista y arrogante lo que grandes mayoras viven y sufren abajo, como si no fuera importante o no ocurriera; y es expresin de un fascismo contractual, por intentar imponer a una parte cargas de cumplimiento que se excusan para la ms poderosa.

Falta voluntad de verdad, como dira Foucault, y voluntad reflexiva y propuestas ms equidistantes, para frenar la lobotoma de un pas acostumbrado a la mentira y presa de la manipulacin.

Es posible que finalmente triunfe la posicin de obligar slo a una parte a definir sobre una cuestin, que el ELN nunca ms retenga a nadie por ningn motivo, lo cual sera opuesto a regulaciones territoriales de seguridad (por ejemplo para contener al paramilitarismo o impedir acciones de guerra sucia) construidas con muchas comunidades y poblaciones; es posible que esa reclamacin de algunos cale como victoria tica y poltica, y sea aceptada sin cortapisas, sera un alivio, sin lugar a dudas, pero quedar la sospecha sobre la moralidad del paso, cuando hubiese sido ms congruente comprometer con paralelismo a ambas partes, emplazadas a producir dinmicas y acciones humanitarias (punto 5 f de la agenda pactada el 30 de marzo de 2016 en Caracas), no por una lgica de reciprocidad en obligaciones humanitarias, sino en gestos de certeza poltica, que es distinto. Esa inclinacin en esta materia hacia una parte, es ruin. Como es ruin decir que por encima del secuestro, que es terriblemente doloroso, no hay nada ms urgente y sensible en la realidad nacional, colectiva o de las grandes mayoras.

El fascismo contractual descrito por Boaventura de Sousa para la vida de tracto comn y cotidiana en relacin con las cuestiones civiles, laborales, mercantiles y de otra ndole, ese que impone no tener alternativa, que constrie a aceptar las condiciones que le son impuestas por la parte ms poderosa, por ms onerosas o despticas que ellas sean, est tan normalizado e interiorizado que es incorporado automticamente con buena conciencia, por los buenos, por pocos faros que iluminan el extravo, que interpretan a las mayoras (in)sensibles, y que sugieren actuar con mano firme en la poltica ms decisiva que en lustros hemos tenido al frente, justo cuando estamos reivindicando se inicie con el ELN un proceso de paz que junto con el de La Habana con las FARC-EP, nos podr conducir a un pas sin guerra, encaminado a las transformaciones democrticas que deben ser inaplazables.

Reconocer el fascismo social y poltico circulante no es prepararnos para cohabitar con l en un futuro. No. Ya est aqu, desde antes de la rebelin; no ha dejado de estar; nunca se ha ido de viaje. Tiene que ver con la segregacin, la miseria, la exclusin, la violencia sistemtica y la impunidad de crmenes de las lites, en cuya tormenta se origin el alzamiento o la insurgencia armada. Y tiene que ver no slo con los contenidos que se nos imponen por el Rgimen poltico en blanco y negro, sino con la mezquindad mental y tica de agentes en el Rgimen social y cultural que amplan el abanico de grises. Otro arcoris les resulta imposible. Esa alteridad u otredad es rechazada.

Volviendo y terminando con el tema cuyo debate es obligado por la ignominia de una estrategia de propaganda y no de interpelacin tica y poltica, envolvente y prepotente a la vez, en la que participan diversos agentes de opinin que culpan a otros y no miran la viga en el sistema que sustentan, que con buena conciencia usan la civilidad, sensibilidad y sociabilidad del tema del secuestro, deben decirse dos cosas para concluir:

Nadie puede negar que muchos dolores terribles e inenarrables, injustos de raz, se han causado con el hecho de que una persona sea sustrada de su familia, de su hogar, de su trabajo, privada de su libertad, retenida o secuestrada, sea civil o combatiente, sea por la comprobada autora de las guerrillas, del Estado o de otros actores. Junto a esos dolores otros que entraan profundos sufrimientos colectivos deben igualmente ser reconocidos y ser superados cuanto antes.

Lo importante no es que el ELN finalmente renuncie tajantemente por mera razn tctica o instrumental, de cara a la galera, a efectuar cualquier privacin de la libertad, nunca ms de nadie, suscribiendo el formalismo o el ritual de paso que le marca el Establecimiento imponiendo su ley, suscribiendo ahora una cosa y haciendo luego la contraria, cuando existen planes de agresin militar y paramilitar o subsisten las razones de orden territorial y jurdico por la impunidad con la que actan muchos agentes, que algunas veces causan que recurra dicha organizacin a esa prctica. Lo importante es que realmente se generen las condiciones objetivas o fcticas para que por su propia definicin se limite o se suspendan esos casos, o sea que brinden posibilidades de regulacin y dacin jurdica de cuentas, que hagan absurdo e innecesario ese recurso, del mismo modo que el Estado debe revisar sus dispositivos de violencias escalonadas.

Nuevas condiciones consensuadas, no unilaterales ni despticas; que hagan posible que en ningn caso se promueva ni esa prctica ni otras, de ningn lado, ni con combatientes ni con civiles. Es decir, crear o pactar e impulsar urgentemente las condiciones del cese al fuego bilateral y de hostilidades, emprendidas ya mismo acciones de desescalamiento, as como de seguridad territorial y de verificacin de compromisos mutuos.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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