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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-06-2016

El turismo y el despojo histrico de la tierra en El Salvador

Giorgio Trucchi
Alba Sud

Los herederos de las familias indgenas despojadas de sus tierras en 1882 para facilitar la hacienda cafetalera enfrentan ahora un nuevo ciclo de desposesin vinculado al modelo extractivista y la expansin turstica.


En las ltimas dcadas del siglo XIX, El Salvador experiment en su territorio el perodo de mayor expansin del monocultivo del caf. Eso trajo consigo una incontrolada reestructuracin de la tenencia de la tierra y la consecuente expulsin de las poblaciones indgenas y campesinas hacia el norte y la costa sur del pas. Casi ciento cincuenta aos despus la historia se repite, y los descendientes de los desplazados de aquel entonces son sacrificados en el altar del desarrollo turstico.

La hacienda cafetalera: una historia de desposesin

Desde la independencia de El Salvador en 1821, las tierras rsticas eran de propiedad privada, pero tambin haba grandes extensiones de tierra ejidales y municipales que eran trabajadas y explotadas de manera extensiva por familias indgenas y campesinas, mediante un canon que pagaban a las municipalidades.

En la dcada de 1870, desde la presidencia de la Repblica se impuls con fuerza el cultivo del caf, que trajo como consecuencia una reestructuracin acelerada de la tenencia de la tierra. En 1881 se extinguieron por decreto las tierras comunales y ejidales consideradas aptas para el cultivo del caf. Esa medida unilateral despoj a los indgenas de la inmensa mayora de sus tierras [1].

Las tierras fueron entregadas a la oligarqua terrateniente salvadorea para que constituyera la hacienda cafetalera, a partir del criterio esta que tena los recursos econmicos para hacerlo y que por lo cual poda asegurar tanto la eficiencia en el cultivo del caf como la rentabilidad financiera de la inversin. Para los sectores dominantes, los indgenas no cumplan con ese mismo requisito [2].

Aprovechando que cualquiera poda reclamar libremente la tierra comn, los terratenientes buscaron de inmediato extender sus propiedades. Miles de indgenas tuvieron que vender las pequeas extensiones que les quedaban en propiedad, y muchos de ellos se convirtieron en mano de obra barata.

Instrumento para proporcionar tierras a los cafetaleros, la abolicin de tierras comunales tambin proporcion la abundante mano de obra que se requera para efectuar las labores de las plantaciones y trabajar en las cosechas. Al decreto de expropiacin de las tierras comunales sigui la emisin de una ley sobre jornaleros y creacin de jueces agrcolas, cuyo objetivo era reclutar y controlar a la poblacin desposeda. La concepcin que inspir esta ley equiparaba tierra y habitantes, fundindolos en un gnero nico: recursos naturales productivos, explica Sara Gordon en su libro Crisis poltica y guerra en El Salvador (Mxico DF: Siglo XXI, 1989).

Las tierras fueron garantizadas y legalizadas a favor de los nuevos propietarios con la creacin del Registro de la Propiedad Raz e Hipotecas. Fue el inicio de la pauperizacin de las comunidades indgenas, las cuales fueron lanzadas hacia la costa en el sur y hacia la zona norte del pas.

Reforma agraria del despojo

La reforma agraria liberal que se produjo entre 1881 y 1882 fue la que provoc el despoj de sus tierras a las comunidades indgenas, prcticamente sin retribucin alguna. Y sin duda ah estuvo el germen del levantamiento indgena-campesino de 1932, que termin con la masacre de entre 17 y 30 mil personas [3], y de la guerra civil de la dcada de 1980 que dej un saldo de unos 70 mil muertos y miles de desaparecidos.

En marzo de 1980, la nueva Junta de Gobierno, surgida de un acuerdo entre el Partido Demcrata Cristiano y las Fuerzas Armadas, impuls una Reforma Agraria que tena como objetivo declarado beneficiar a los campesinos sin tierra, y como objetivo oculto ocupar militarmente el pas y controlar a la poblacin campesina, que estaba bajo sospecha de apoyar a los grupos insurgentes.

La reforma constaba de tres fases. En la primera fase se expropiaran los latifundios mayores de 500 hectreas (unas 218.000 hectreas equivalentes al 15% de la tierra agrcola del pas) y se entregaran a cooperativas campesinas (cooperativas de la reforma agraria); en la segunda fase se intervendran propiedades con extensiones comprendidas entre 100 y 500 hectreas y que incluan las grades fincas cafetaleras y en la tercera se entregaran a campesinos medios, arrendatarios y colonos las tierras cedidas por los patronos.

Hay demasiados elementos que no cuadran en esta reforma agraria. Vale la pena citar dos. El primero, que sea un gobierno de extrema derecha, vinculado a la oligarqua terrateniente, quien est interesado en socializar la propiedad del suelo. El segundo, que haya sido el gobierno estadounidense el defensor de la reforma, hasta el punto de imponerla como condicin para reanudar la ayuda militar, interrumpida en 1977, escriba el entonces corresponsal de El Pas en Centroamrica, Jess Ceberio, comentando el decreto que daba vida a la reforma agraria salvadorea [4].

Continuando en su anlisis, Ceberio sealaba que los sectores populares de oposicin explican as estas paradojas: La reforma agraria es slo una excusa para ocupar militarmente todo el pas y controlar ms de cerca a la poblacin campesina, de la que el gobierno sospecha que se nutre principalmente el movimiento popular de liberacin.

En marzo de 1980 las fincas agrcolas con una superficie superior a las 500 hectreas fueron ocupadas militarmente por las Fuerzas Armadas, y en las cooperativas se crearon comits de defensa civil integrados por paramilitares. El resultado fue el incremento exponencial de las masacres de familias campesinas. La segunda fase de la reforma nunca se llev a cabo y los grandes cafetales nunca fueron intervenidos.

A los beneficiarios de la tercera fase les falt asistencia tcnica, crditos adecuados y oportunos, ni hubo el necesario acompaamiento organizativo y acceso a mercados. En muchos casos, la escrituracin de estas tierras y su inscripcin en el Registro de la Propiedad e Hipotecas a favor de sus legtimos propietarios fue posible solamente a partir del ao 2009, y con mayor nfasis de 2014 a la fecha.

El segundo golpe a la Reforma Agraria

El proceso de reforma agraria sufri otro tropiezo cuando el partido de derecha ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) obtuvo la mayora parlamentaria en los comicios de 1982. El siguiente ao la Asamblea Constituyente aprob una nueva Constitucin donde se ampliaba a 245 hectreas el lmite de propiedad que pueden tener los terratenientes. Los excedentes de esas 245 hectreas -dice el artculo 105 de la Constitucin- deban ser expropiados y transferidos en los primeros tres aos de vigencia de la Carta Magna. Esa disposicin nunca se cumpli.

En 1991, la Asamblea Legislativa aprob el Decreto 747 Ley del Rgimen Especial del Dominio de la Tierra Comprendida en la Reforma Agraria, con el cual el gobierno neoliberal de ARENA profundiz an ms el ataque contra las cooperativas de la reforma agraria, promoviendo la parcelacin de las tierras que fueron entregadas a las cooperativas durante la primera fase de la reforma.

El artculo uno de dicha ley estableci que su objeto era propiciar la consolidacin de la Reforma Agraria, lo cual ha resultado totalmente contradictorio en la realidad. Ms bien debi haberse llamado Ley de condenacin, pulverizacin, y desintegracin de los beneficiarios de la Reforma Agraria, pues

los condena a la desintegracin, a la desaparicin de las Asociaciones Cooperativas que resultaron beneficiadas en la fase uno de la Reforma Agraria, explica el trabajo de graduacin de la Universidad de El Salvador Efectos jurdicos de la aplicacin de los decretos legislativos 747 y 719 en tres asociaciones cooperativas de la reforma agraria [5].

El Decreto 747 fue posteriormente derogado por el Decreto 719 de 1996 Ley del Rgimen Especial de la Tierra en Propiedad de las Asociaciones Cooperativas, Comunales y Comunitarias Campesinas y Beneficiarios de la Reforma Agraria, que, con el beneplcito del Banco Mundial, vino a tratar de parcelar el resto de asociaciones cooperativas que an no haban sido parceladas con el decreto anterior.

Hasta noviembre de 2005, con los decretos 747 y 719 se haban parcelado casi 79.000 manzanas (56.000 hectreas) en 379 propiedades y se asignaron a 73.837 beneficiarios individuales, es decir, 1,06 manzanas (0,75 hectrea) por persona [6].

Contrarreforma agraria y modelo extractivista

A partir de entonces, las tierras agrcolas nuevamente se convirtieron en mercancas al alcance de quien mejor las pudiera pagar. Dejaron de ser tierras productivas para convertirse en bienes para la especulacin.

Poco a poco, las tierras de la reforma agraria fueron entregadas a la banca privada en pago de la deuda agraria y bancaria; vendidas para industria y comercio; y parceladas y lotificadas para vivienda o turismo. De esta manera, se dio inicio a un nuevo despojo legalizado de las tierras de campesinos y cooperativas agropecuarias.

La parcelacin tena como objetivo la individualizacin de la propiedad y del uso agrcola de las tierras de las cooperativas, lo cual condujo a la destruccin de las unidades productivas y la venta individual de parcelas, debido a la falta de apoyos financieros y tcnicos que le dieran rentabilidad a sus cultivos. Hasta el 2007, los decretos de condonacin haban provocado que muchas cooperativas devolvieran al Instituto Salvadoreo de Transformacin Agropecuaria (ISTA) 120 propiedades en concepto de pago de deuda agraria y bancaria, explicaba en 2009 la Confederacin de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadorea (CONFRAS) [7].

A partir del ao 2000, esta nueva fase de acaparamiento territorial coincidi con la implementacin acelerada del modelo extractivista, promovido por el gran capital transnacional en alianza con las oligarquas nacionales, en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Centroamrica y Repblica Dominicana (CAFTA-DR). Todo el continente latinoamericano sufri la embestida de los megaproyectos hidroelctricos, mineros, tursticos.

El Salvador no fue la excepcin. El norte y la costa siguen siendo las zonas ms afectadas. Las y los herederos de aquellas comunidades indgenas que en 1882 fueron despojados para dar paso a la hacienda cafetalera, son hoy las vctimas de un modelo que los despoja nuevamente, mal comprndoles sus tierras a sabiendas que no van a poder adquirir otras. De nuevo se profundiza la pauperizacin en la zona rural.

Turismo y acumulacin por desposesin

Al mejor estilo de los restaurantes en las montaas de Europa, los cascos de las haciendas cafetaleras se han convertido ahora en ambientes tursticos. Sus alrededores, declarados municipios vivos, son corredores permanentes de visitantes.

Los indgenas, cuyas familias fueron propietarias por dcadas de pequeos inmuebles en las zonas urbanas, ahora ven amenazada la tenencia de sus propiedades, ya que se vuelve a considerarlos no merecedores de tener ubicadas sus viviendas en zonas que se han convertido de alto valor comercial. Igual que hace 150 aos, estas propiedades deben pertenecer a quienes tengan los recursos econmicos y la inteligencia para echar a andar el negocio.

Ya son varios los casos donde familias indgenas estn sufriendo desalojos judiciales de muy dudosa justificacin.

No puede llamarse desarrollo algo que no es incluyente, ni es respetuoso de los pueblos originarios que son los legtimos poseedores de estos inmuebles, dijo a Alba Sud una experta investigadora en temas de propiedad y tenencia de la tierra, quien pidi mantener el anonimato.

La Ruta de Las Flores

La ciudad de Ataco, en el departamento de Ahuachapn, se ha convertido en los ltimos aos en uno de los lugares tursticos ms importantes de la zona occidental de El Salvador. Es parte de la que se conoce como Ruta de Las Flores, que rene a varios municipios situados en la cordillera volcnica y cafetalera de occidente, cuyos cascos urbanos han sido reconvertidos y alojan a restaurantes y hoteles al mejor estilo de chalet suizos.

Especialmente el parque central de Ataco se ha convertido, durante los fines de semana, en un lugar gourmet, donde se realizan festivales gastronmicos que atraen tanto al turismo nacional como al internacional. Esta situacin ha generado un fuerte inters hacia los inmuebles que se asoman en el parque, varios de los cuales pertenecen desde hace ms de un siglo a familias indgenas, que ahora se ven amenazadas por el avance del desarrollo turstico.

Es lo que le pas a la familia de la seora Juana Arriola, cuya casa est ubicada frente al parque central de Ataco y cuyo ttulo de propiedad remonta al ao 1907 (Sistema Integral Registro y Catastro matrcula 15060290-00000).

De repente a la seora le notificaron que estaba usurpando el terreno donde surge su casita, y que si no presentaba los documentos necesarios iba a ser desalojada, recuerda la investigadora

Pese a presentar toda la documentacin solicitada, el juicio estuvo plagado de vicios e irregularidades y la seora Arriola y su familia fueron desalojadas. Pero lo que ms nos sorprendi fue que las personas favorecidas por el fallo pertenecen a una de las antiguas familias cafetaleras salvadoreas, agreg.

Diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador y grupos comunitarios de Ahuachapn se han movilizado y estn dando seguimiento al caso, que por cierto es solamente uno de los tantos que se han producido.

La historia se repite. El avance del modelo extractivista sigue promoviendo el saqueo de los bienes comunes y enriquece a los de siempre, y a los herederos de aquellas familias indgenas que fueron desalojadas por la oligarqua cafetalera se les aplica ahora la misma receta, sacrificndolos en aras del desarrollo, concluy la investigadora.

Notas:

[1] Gordon, Sara. 1989. Crisis poltica y guerra en El Salvador. Mxico DF: Siglo XXI Editores.

[2] Briis, Armando. 2013. El Salvador. La Repblica Cafetalera (1876-1931). Voces, 27/08/2013.

[3] Emanuelsson, Dick. 2009. Las races y causas de la insurreccin y la matanza del 1932 en El Salvador. Entrevista a Wilfredo Pinto. La historia del da.

[4] Ceberio, Jess. 1980. La reforma agraria de El Salvador sirve de excusa para la ocupacin militar del pas. El Pas, 19/12/1980.

[5] Flores, Wilson; Morn, Pedro; Santos, Ana. 2005. Efectos socio-jurdicos de la aplicacin de los decretos legislativos no. 747 y 719 en tres asociaciones cooperativas de la Reforma Agraria de la zona central en El Salvador durante el perodo comprendido: 1997-2004. San Salvador: Universidad de El Salvador, Trabajo de Graduacin para optar al ttulo de Licenciado en Ciencias Jurdicas.

[6] Reforma Agraria y Desarrollo Rural en El Salvador, ISTA, noviembre de 2005.

[7] Nez, Sandra. 2009. Situacin de las cooperativas y asociaciones agropecuarias afiliadas a Federaciones y CONFRAS. San Salvador: CONFRAS.


Este artculo se realiza en el marco del proyecto "Turismo responsable, derechos humanos y trabajo decente" ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona - Programa Barcelona Solidaria convocatoria 2015.


Fuente: http://www.albasud.org/blog/es/886/el-turismo-y-el-despojo-hist-rico-de-la-tierra-en-el-salvador


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