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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-07-2016

Procesos constituyentes 'a la chilena': la inveterada tendencia de las elites a arrogarse la soberana

Sergio Grez T.
Rebelin


Introduccin: El mito de la democracia ejemplar y la realidad de exclusin y soberana usurpada

 

  Uno de los mitos nacionales ms machacados en Chile por la casta poltica, las clases dominantes, los grandes medios de comunicacin de masas y los partidarios del establishement, es aquel que afirma la excepcionalidad del desarrollo poltico de este pas en el contexto latinoamericano, situndolo como un modelo de democracia prcticamente desde los inicios de la Repblica.

No obstante, dicha afirmacin triunfalista no resiste una enumeracin y anlisis medianamente pormenorizado de la historia, en realidad, mucho menos pacfica, consensuada e idlica que la relatada y exaltada en los discursos oficiales. Si nos remitimos tan solo al perodo republicano, constataremos que la historia de Chile est plagada de guerras civiles; golpes de Estado (exitosos y fallidos); motines; enfrentamientos ms o menos violentos entre clases, facciones o grupos; dictaduras (legales y de facto); masacres de trabajadores e indgenas; perodos prolongados de suspensin de las garantas constitucionales; ciudadana restringida por razones de clase, instruccin, gnero o exclusin ideolgica [1] .

Las cinco guerras civiles del siglo XIX, comenzando por las luchas de Independencia (que tuvieron un verdadero carcter de guerra civil) hasta la de 1891, pasando por las de 1830, 1851 y 1859, los numerosos motines militares y la virtual dictadura legal del rgimen portaleano en su fase ms dura (1831-1861), el sufragio censitario y la completa exclusin de las mujeres de la vida poltica legal, hacen que el sistema poltico chileno de la centuria decimonnica y de las primeras dcadas del siglo XX, pueda ser catalogado como un sistema oligrquico y excluyente. A ello se suma el carcter a-social del Estado (liberal) cuya respuesta inicial a la llamada cuestin social fue una negativa cerrada a admitir la legitimidad del descontento y las demandas sociales, traducindose esta mirada de las elites hegemnicas en una poltica represiva del movimiento obrero particularmente sangrienta desde comienzos del siglo XX (zona del carbn y Valparaso en 1903, Santiago en 1905, Antofagasta en 1906, Iquique en 1907). Luego vendra un largo etctera de episodios represivos, comenzando por Puerto Natales (1919), San Gregorio (1921) y La Corua (1925), que pusieron una sombra dramtica a la mutacin del Estado oligrquico en Estado asistencial y de compromiso, empujado por los sectores reformistas del bloque dominante.

Este nuevo Estado (vigente hasta 1973) tambin fue el fruto de la violencia fundadora: dos golpes de Estado (1924 y 1925) y una dictadura (Ibez, 1927-1931) moldearon su matriz, remachando sus terminaciones con masacres y persecuciones a los activistas del movimiento obrero y popular. El corto siglo XX chileno (1925-1973) estuvo, a decir verdad, atestado de cortapisas a la expresin democrtica y de la soberana nacional. Aparte los golpes de Estado y la dictadura de Ibez ya sealados, deben agregarse, en una lista incompleta, nuevos perodos de gran inestabilidad poltica como el bienio 1931-1932, con dos golpes de Estado y cuatro sublevaciones (militares y civiles) a su haber; complots militares abortados durante fases posteriores, como el Ariostazo (1939), el de las patitas de chancho (1948), de la Lnea Recta (1955) y la sublevacin de los Regimientos Tacna (1969) y Blindados N2 (1973); numerosos episodios punitivos contra los sectores populares y disidentes polticos: masacre de pequeos campesinos chilenos y mapuches en Ranquil, Alto Bo-Bo (1934); matanza del Seguro Obrero (1938); masacre de la Plaza Bulnes de Santiago (1946), Ley de Defensa Permanente de la Democracia (1948-1958), represin sangrienta de las protestas populares de Santiago del 2 y 3 de abril de 1957, matanza de la Poblacin Jos Mara Caro (1962), masacre de mineros de El Salvador (1965), matanza de pobladores en Puerto Montt (1969), amn de numerosos sucesos con menor cantidad de vctimas durante protestas populares, especialmente durante paros nacionales en las dcadas de 1950 y 1960. Lo anterior, sin considerar la poltica de terrorismo de Estado implantada durante ms de diecisis aos a partir de septiembre de 1973, que se tradujo en matanzas colectivas en septiembre y octubre de ese ao y en exterminio ms selectivo durante el resto del rgimen dictatorial (con un regreso a la represin masiva durante el ciclo de protestas populares que se desarroll entre 1983 y 1987).

Todos estos hechos y muchos otros que podran agregarse, especialmente en lo referido a tiempos ms recientes- permiten sostener que una lnea fundamental de la historia republicana de Chile ha sido la constante lucha entre, por un lado, los partidarios de las libertades democrticas y los derechos sociales cuya base principal han sido por regla general los trabajadores y sectores populares y, por el otro, los defensores del status quo favorable a las clases dominantes y sus representantes polticos. Las libertades y los espacios democrticos conseguidos cuya mxima ampliacin se logr entre 1958 y 1973- lo han sido a un terrible costo humano y social, que no se condice con la imagen del pas naturalmente democrtico y consensual que los beneficiarios del orden social han pretendido proyectar. Estas evidencias histricas sealan que Chile nunca ha sido una democracia ejemplar. No solo por la persistente represin y el cercenamiento ms o menos constante de las libertades y aspiraciones populares sino, muy especialmente, por la cerrada negativa de las elites dirigentes a permitir que la soberana nacional resida de manera efectiva en su titular nominal: la ciudadana. Dichas elites jams han permitido o impulsado un verdadero debate nacional acerca de las normas esenciales que deben regir la vida poltica del pas. Como demostraremos a continuacin mediante una rpida revisin de esta cuestin, todas las constituciones que han regido la vida del pas han sido el resultado de las discusiones, concilibulos, consensos o imposiciones por la fuerza de pequeos grupos, en particular las cartas de ms larga duracin (1833, 1925 y 1980), fruto directo de la presin ejercida por la fuerza militar [2] .

Una historia recurrente de expropiacin del poder constituyente originario

En las deliberaciones sobre los primeros reglamentos constitucionales (1811, 1812 y 1814) solo particip una nfima minora de personajes ilustrados que conformaron comisiones nombradas a dedo por los gobiernos de la poca y, a lo sumo, fueron sometidos a la ratificacin exclusiva de los vecinos (de alcurnia) de Santiago por medio de firmas recaudadas mediante el sistema de suscripciones, reservado exclusivamente para quienes reciban una invitacin a manifestar su opinin. La Constitucin provisoria de 1818, que dio apariencia legal a la dictadura de OHiggins, fue impuesta a dicho gobernante por un Cabildo abierto de la aristocracia santiaguina que exigi al Director Supremo la convocatoria de un Congreso y la dictacin de un reglamento constitucional provisorio. OHiggins, contrario a limitar siquiera en pequea medida sus poderes, termin aceptando a regaadientes y nombr una comisin encargada de redactar una carta poltica, que al fin fue sometida a la aprobacin de la elite dirigente por el sistema de suscripciones, esto es, invitaciones dirigidas a ciertos patricios para que expresaran su opinin. La Constitucin de 1822 fue, finalmente, aprobada por una Convencin Preparatoria en cuyo nombramiento intervino activamente OHiggins por medio de las autoridades locales designadas por l mismo. La Constitucin de 1823 gestada durante el gobierno de Ramn Freire- fue elaborada por el Congreso Nacional al que se le dio un carcter constituyente. La llamada Constitucin de 1826 fue, en realidad, un conjunto de leyes federales propuestas por Jos Miguel Infante y sancionadas por el Congreso entre julio y octubre de ese ao, pero el proyecto constitucional nunca fue aprobado ya que el Congreso se disolvi pocos meses ms tarde a causa de la inestabilidad poltica.

La Constitucin de 1828 fue la ms avanzada de aquella poca de ensayos constitucionales. Su sello fue liberal-democrtico por los amplios derechos individuales que garantizaba, el igualmente amplio poder electoral de los ciudadanos, ya porque que para serlo no se requera contar con cierto patrimonio sino solo un mnimo de edad: 21 aos los hombres casados y 25 aos los hombres solteros. Solo quedaron excluidos de derechos polticos los sirvientes domsticos, los deudores al Fisco y los viciosos reconocidos. En teora, hasta los analfabetos que no estuvieran en estas categoras gozaran del privilegio a sufragio, algo poco comn para los cnones de la poca, incluso en Europa.

La gnesis de esta Constitucin al igual que la de 1823- fue semidemocrtica ya que el Congreso Nacional que la aprob haba sido elegido en base a un electorado masculino que inclua a las capas medias, hasta el estrato superior de los sectores populares representado por el artesanado, pero no al bajo pueblo. No obstante ese avance, muy luego se hizo presente la virulenta reaccin aristocrtica centralista contra los proyectos liberales, dirimindose el conflicto entre ambos bandos en la guerra civil de 1829-1830, que culmin con la victoria conservadora (estanqueros y pelucones) en la batalla de Lircay en abril de 1830. Este hecho inaugur una larga etapa conocida como el rgimen portaleano o el Estado en forma [3] , cuya fase inicial fue la ms clara expresin del dominio sin contrapeso de la aristocracia, especialmente de Santiago y la regin central.

Aunque un artculo de la Constitucin de 1828 estableca que esta no poda reformarse hasta 1836, los vencedores de la guerra civil impusieron su reforma. Para ello convocaron a una Gran Convencin compuesta por diecisis diputados del bando vencedor elegidos por el Congreso Nacional (ya depurado de los liberales ms prominentes), y a los que luego se sumaron catorce ms en lugar de los veinte ciudadanos de reconocida probidad e ilustracin que, en principio, deberan haber sido nombrados por el mismo cuerpo legislativo. De este modo, en un clima poltico de persecucin a los vencidos (opositores encarcelados u obligados a partir al destierro, purgas de oficiales del Ejrcito sospechosos de simpatizar con los liberales, censura de prensa, etc.), el debate constitucional se limit a los hombres de la elite que eran partidarios del nuevo rgimen.

Durante casi un siglo Chile no vivi otro proceso constituyente, solo reformas y reinterpretaciones a la Constitucin portaleana que recortaron poderes del Presidente de la Repblica, aumentaron los del Parlamento e instauraron en la dcada de 1870- el sufragio universal masculino con el solo requisito de saber leer y escribir. La ms severa de estas reinterpretaciones, que signific el paso de un acendrado presidencialismo a un parlamentarismo anulador casi por completo del poder del Jefe de Estado, se efectu, como suelen ocurrir los cambios institucionales ms trascendentales en Chile, bajo la accin de las armas, en este caso, la sangrienta guerra civil de 1891.

El proceso constituyente de 1925 se realiz en un contexto de profunda crisis poltica del parlamentarismo, de crisis de la economa salitrera (base de la riqueza nacional), gran agitacin social y fuerte presencia del movimiento obrero en la vida poltica nacional. Luego del fracaso del populismo civil de Alessandri Palma, la oficialidad joven del Ejrcito haba ocupado el escenario poltico enarbolando programas de reforma social con dos irrupciones sucesivas, en septiembre de 1924 y en enero de 1925. En ese contexto, el pas se aprontaba a una refundacin poltica en base a un nuevo texto constitucional. Entonces, por primera vez, otros actores, los sectores populares, especialmente el movimiento obrero organizado, en marzo de 1925 intentaron hacer or su voz en el debate constitucional mediante las deliberaciones de un organismo denominado Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales o Constituyente Chica, compuesta por comunistas, fochistas (miembros de la Federacin Obrera de Chile), demcratas, laboristas sin partido, anarquistas, radicales, feministas, distintas expresiones del alessandrismo popular y trabajadores independientes. La Constituyente Chica aprob varios principios constitucionales que deban servir de base para la discusin nacional cuando se convocara a la Constituyente Grande o Asamblea Constituyente nacional. No obstante, sus acuerdos no tuvieron mayor eco poltico ya que el presidente Alessandri, por s y ante s, design a los miembros de las dos comisiones que deban preparar la Asamblea Constituyente, escogiendo a una mayora de viejos polticos. Solo unos cuantos dirigentes de organizaciones sociales y de partidos y grupos de izquierda que haban formado la Constituyente Chica fueron invitados por el Jefe de Estado. El propio Alessandri presidi la comisin que deba estudiar las reformas constitucionales, convirtindola en la Constituyente misma y utiliz toda su influencia y poder para vencer las mltiples resistencias que suscitaba su proyecto constitucional.

Entre el 18 de abril y el 23 de agosto de 1925, en treinta y tres sesiones a las que asisti un promedio de doce personas, la comisin chica prepar el proyecto de nueva Constitucin de marcado corte presidencialista. El elemento decisivo que inclin la balanza, fue, una vez ms, el Ejrcito. A partir del 23 de julio, el inspector general del ejrcito, general Navarrete, apoy abiertamente las proposiciones de Alessandri de Constitucin presidencialista y plebiscito como frmula de aprobacin. De esta manera, el jefe de Estado logr imponer la va plebiscitaria en vez de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, lo que hubiese implicado un verdadero debate constitucional nacional. El plebiscito fue convocado el 31 de julio para el 30 de agosto. El proyecto de Constitucin impulsado por Alessandri fue aprobado por una minora de electores. Sobre 302.304 inscritos apenas acudieron a votar 135.783, de los cuales 127.509, o sea, 42,18% de los inscritos y 93,9% de las personas que sufragaron, aprobaron el proyecto presentado por el Ejecutivo. La Constitucin de 1925 fue, pues, sancionada por menos de la mitad de los votantes potenciales, pero con el apoyo decisivo de los militares, quienes expresaron a travs de su ms alta jerarqua la amenaza apenas velada de una nueva intervencin. Con algunas reformas, dicho texto constitucional se mantuvo vigente hasta septiembre de 1973, cuando una nueva irrupcin de las Fuerzas Armadas la ms violenta y de mayores consecuencias- la ech por tierra, arrastrando junto con ella al frgil Estado de compromiso que tanto enorgulleca a la clase poltica y buena parte de la ciudadana.

Las condiciones y la forma como fue elaborada y aprobada la Constitucin de Pinochet en 1980 son ampliamente conocidas. Chile viva los peores aos de la ms cruenta dictadura militar. Un rgimen de terror mantena al pas sometido a la cpula militar y empresarial que se encontraba implementando un proyecto de sociedad y economa neoliberal extremo. La ciudadana careca de las condiciones mnimas para debatir y manifestar libremente sus ideas y preferencias. Miles de opositores haban sido asesinados, encarcelados, torturados o exiliados. No exista libertad de prensa, derecho de reunin ni de asociacin para los opositores; los registros electorales haban sido quemados por los militares golpistas; el estado de emergencia rega en todo el territorio nacional y los partidos polticos se encontraban en receso (prohibicin de funcionamiento) cuando no eran abiertamente perseguidos y diezmados por la represin dictatorial, como ocurra con las organizaciones de izquierda.

La dictadura prepar larga y minuciosamente su Constitucin. Apenas transcurridos once das despus del golpe de Estado de 1973, la Junta Militar de Gobierno cre una Comisin de Estudio o Comisin Constituyente encabezada por el exministro Enrique Ortzar del derechista expresidente Jorge Alessandri Rodrguez. Durante cinco aos este grupo trabaj en un anteproyecto constitucional, siguiendo las orientaciones del gobierno de facto. En noviembre de 1977, el dictador Pinochet entreg a Ortzar instrucciones escritas por su ministra de Justicia, Mnica Madariaga, y por Jaime Guzmn, principal idelogo del rgimen, para que elaborara un proyecto de Constitucin. Al cabo de casi un ao, la Comisin Constituyente produjo un anteproyecto constitucional, que luego fue sometido a la revisin del Consejo de Estado. Pocos das antes de que este organismo entregara oficialmente su documento, el gobierno form un grupo de trabajo encargado de revisarlo a cuya cabeza qued Madariaga. La ministra, cuatro auditores militares, ms algunos invitados ocasionales introdujeron ciento setenta y cinco cambios. El texto corregido fue remitido por el Consejo de Estado a la Junta de Gobierno, luego fue analizado durante algunas semanas por juristas y algunos miembros del cenculo en el poder; el 10 de agosto de 1980 se aprob la versin final. Todas las deliberaciones fueron secretas. El 11 de agosto, el gobierno de la dictadura anunci por cadena nacional de radio y televisin que en un plazo de treinta das se realizara un plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitucin.

El debate ciudadano se realiz en las condiciones que imperaban desde 1973, las que pueden sintetizarse en la vigencia en todo el pas del estado de emergencia, receso poltico, control gubernamental de las publicaciones, clima de terror generalizado , sin alternativas para los votantes, sin el claro establecimiento de las consecuencias jurdicas de una derrota, sin registros electorales, sin supervisin ni recuento electoral independiente. Aunque el gobierno autoriz la realizacin de un meeting opositor, otras manifestaciones contrarias al rgimen fueron prohibidas y las fuerzas oficialistas pusieron todos los recursos que les daba su dominio total del aparato de Estado y un amplio control de los medios de comunicacin al servicio de la campaa por la aprobacin (el voto S) de la nueva Constitucin. Los resultados oficiales del plebiscito fueron los siguientes: votos por el S a la nueva Constitucin, 4.204.879 (67,04%); por el No (rechazo), 1.893.420 (30,19%); nulos, 173.569 (2,77%). La oposicin denunci todo tipo de fraudes e irregularidades: recuento errneo de votos (contabilizacin de votos No y nulos como blancos o S, o anulacin de votos No); inconsistencias entre el nmero de sufragios contados y el nmero de firmas de votantes registrados (votantes excesivos o faltantes); recuentos no pblicos; personas que sufragaron ms de una vez; ms votos que cantidad total de habitantes en al menos nueve provincias; etc.

Las numerosas reformas posteriores a la Constitucin dictatorial en 1989 y 2005- se efectuaron de la manera chilena clsica, esto es, sin un efectivo debate nacional y en base a acuerdos cupulares de las fuerzas polticas dominantes. En 1989 se realiz un plebiscito que concit el hasta entonces indito consenso de partidarios y opositores a Pinochet, constituyndose en el primer hito de la legitimacin del sistema institucional impuesto por la dictadura por la Concertacin de Partidos por la Democracia. En 2005, un acuerdo cupular entre el gobierno de Ricardo Lagos y la oposicin de Derecha tradicional, introdujo nuevas reformas con ausencia absoluta de debate ciudadano y prescindencia, incluso, de un remedo de participacin popular mediante la va plebiscitaria. Reformas no est de ms decirlo- que no alteraron lo esencial del artefacto constitucional de la dictadura, esto es, el carcter subsidiario del Estado y el rgimen poltico de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad.

El proceso constituyente actual

Una de las principales promesas del programa del segundo gobierno de Michelle Bachelet y de su coalicin Nueva Mayora fue la elaboracin de una nueva Constitucin mediante un procedimiento democrtico, participativo e institucional. Aunque el mero anuncio del carcter institucional del proceso constituyente propuesto por la presidenta y los partidos que la apoyan era una seal suficiente para presagiar con bastante exactitud que ello exclua la va de la Asamblea Constituyente, igualmente gener expectativas en algunos sectores de la ciudadana carentes de formacin y perspicacia poltica. A pesar de la estudiada ambigedad de la mandataria y su crculo sobre el mecanismo a emplear, poco a poco se ha ido descorriendo el velo a medida que los principales dirigentes del gobierno y de los partidos de la Nueva Mayora han comenzado a dejar ver con ms claridad que, en realidad, nunca pensaron seriamente en posibilitar que, por primera vez en la historia de Chile la soberana residiera en el poder constituyente originario: la ciudadana. Esgrimiendo distintos argumentos desde el clsico pretexto concertacionista del perodo 1990-2010 de carencia de mayoras parlamentarias necesarias, hasta el no menos recurrente expediente de la desaceleracin econmica- la propia Bachelet termin admitiendo que si bien este proceso se iniciara durante su administracin, la nueva Constitucin no ser aprobada sino en un gobierno posterior. Segn lo anunciado por la Presidenta el 13 de octubre de 2015, a fines de 2016 enviar al Congreso Nacional un proyecto de reforma de la actual Constitucin para que, por dos tercios de sus miembros en ejercicio, establezca los procedimientos para elaborar una nueva Carta Fundamental. En esta reforma, se le propondr al actual Congreso, elegido en base al sistema electoral binominal, que habilite al prximo Parlamento para que este decida por una de las siguientes alternativas el mecanismo de discusin del proyecto enviado por el gobierno y las formas de aprobacin de la nueva Constitucin: una Comisin Bicameral de senadores y diputados, una Convencin Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, o en reemplazo de las anteriores, que el Congreso pueda convocar a un plebiscito, para que la ciudadana dirima entre las anteriores alternativas. La decisin del mecanismo recaer en el nuevo Parlamento que asumir sus funciones en marzo de 2018.

Asimismo, Bachelet se comprometi a entregar al Congreso Nacional, a inicios del segundo semestre del 2017, el proyecto de nueva Constitucin para que, una vez sancionado por esta instancia, sea sometido a un plebiscito vinculante para su ratificacin por parte de la ciudadana. Al margen de sus apariencias, este alambicado itinerario adolece de un marcado carcter antidemocrtico por cuanto deposita en un organismo que carece de la legitimidad necesaria -el desprestigiado Congreso Nacional- las decisiones cardinales y porque, de hecho, descarta la posibilidad de la Asamblea Constituyente, al fijarse quorom parlamentarios supramayoritarios (dos tercios y tres quintos, en primera y segunda instancia) imposibles de alcanzar dada la cerrada oposicin existente a la Constituyente no solo en la derecha tradicional sino tambin en buena parte del liderazgo neomayorista. Su "Comisin de Observadores Ciudadanos", nombrada "a dedo", encargada de velar por la transparencia del proceso y los "cabildos ciudadanos" no vinculantes -por ende impotentes- son elementos meramente ornamentales que no logran alterar su esencia antidemocrtica. El "proceso constituyente" del gobierno de Bachelet apunta, en realidad, a una negociacin con la Derecha clsica para reformar por ensima vez la Constitucin neoliberal de la dictadura manteniendo el carcter subsidiario del Estado y la democracia restringida, tutelada y de baja intensidad [4] .

Las evidencias demuestran, pues, que de no mediar una gran presin en pro de una salida efectivamente democrtica, el tan bullado proceso constituyente oficial se encaminar por la va tradicionalmente recorrida por las clases dirigentes y las elites polticas en la historia de Chile, consistente en birlar la soberana a su titular nominal (la ciudadana) mediante la delegacin del poder constituyente a un organismo carente de dicho atributo. Una comisin bicameral, una Convencin Constituyente mixta de parlamentarios y delegados electos por la ciudadana, o cualquier otro engendro que eluda la accin protagnica del poder constituyente originario, no sera sino una reedicin de los caminos tantas veces recorridos.

Conclusin

 

Las elites dirigentes chilenas han manifestado con tozuda persistencia a lo largo de toda la historia republicana su pretensin de arrogarse la exclusividad de la soberana, expropiando este atributo a su autntico titular. Todos los proyectos constitucionales han sido elaborados y discutidos por pequeos grupos asociados al poder de turno que han funcionado a puertas cerradas, con prescindencia absoluta de participacin de la ciudadana, la que, a lo sumo, ha sido convocada apresuradamente en un par de oportunidades a pronunciarse en bloque (aprobacin o rechazo) respecto de las propuestas que se le han presentado, sin la realizacin de un verdadero debate nacional. El proceso constituyente anunciado por Bachelet en 2015 no escapa a estas caractersticas, solo agregara un elemento apenas ms sofisticado, cabildos, asambleas o consultas ciudadanas no vinculantes, meramente decorativas, monitoreadas directamente desde el palacio presidencial. Dicho proceso se desarrollar de la manera tradicional y su resultado no ser una Constitucin democrtica sino nuevas reformas al texto constitucional heredado de la dictadura, frustrando una vez ms las aspiraciones de la mayora del pas.

Por lo visto, la refundacin poltica democrtica de Chile deber recorrer una larga marcha para hacerse realidad.  



  El autor es Doctor en Historia, acadmico del Departamento de Ciencias Histricas de la Universidad de Chile. Correo electrnico: [email protected]

[1] Sobre estos temas, esbozados a continuacin, vase Sergio Grez Toso, "Imagen de Chile. La crisis de una mistificacin", en Mara Santibez (direccin), Informe Pas. Artes Visuales, Santiago, Lnea Bicentenario del Consejo Nacional de la Cultura las Artes, 2012, pgs. 76-81.

[2] El acpite siguiente corresponde a una sntesis de lo expuesto en Sergio Grez Toso, La ausencia de un poder constituyente democrtico en la historia de Chile, en Sergio Grez y Foro por la Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente. La alternativa democrtica para Chile, Santiago, Editorial Amrica en Movimiento, 2015, pgs. 15-49.

[3] Esta ltima frmula fue acuada por el historiador conservador Alberto Edwards en La fronda aristocrtica en Chile, Santiago, Imprenta Nacional, 1928.

[4] Foro por la Asamblea Constituyente, A no engaarse: Bachelet descart la Asamblea Constituyente, Santiago, 18 de octubre de 2015: http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/17137-a-no-enganarse-bachelet-descarto-la-asamblea-constituyente.html

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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