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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-08-2016

Violencia ante los cambios soberanos a la poltica minera

Camila Vollenweider
CELAG


En la madrugada del pasado 26 de agosto, en la localidad de Panduro, fue encontrado asesinado a golpes, y con claros signos de tortura, el Viceministro de Rgimen Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, quien diriga en terreno los intentos de entablar un dilogo con los cooperativistas mineros, que se encuentran en disputa con el Gobierno. La escalada de violencia tambin se cobr la vida de dos mineros, aunque sin estar claras las situaciones de su muerte, segn datos oficiales.

El inicio del conflicto se remonta al pasado 10 de agosto, cuando 4.000 personas ligadas a las cooperativas mineras se movilizaron bloqueando carreteras en contra de la modificacin soberana de la Ley Minera que hiciera el gobierno de Evo Morales, prohibiendo que las empresas privadas puedan invertir en las concesiones , para superar las leyes del siglo XX que permitan la explotacin de los yacimientos mineros por cualquier particular, incluso extranjero.

De acuerdo a un documento realizado por el Centro de Documentacin e Informacin Bolivia (CEDIB) que data del ao 2008 [1], al interior de las cooperativas existen importantes estratificaciones sociales y econmicas. Los socios son aquellos que cuentan con un mayor poder de decisin y de beneficios y que, muchas veces, subcontratan trabajadores para explotar las minas. Haciendo que las cooperativas operen bajo una lgica empresarial con nimo de lucro y explotacin laboral.

La Ley Minera, sancionada en 2014, otorg al Estado boliviano mayor control sobre los recursos mineros, especialmente a travs del fortalecimiento de la histrica Corporacin Minera de Bolivia (COMIBOL), como nico agente habilitado para cerrar acuerdos con el capital privado sobre la explotacin de yacimientos. Posteriormente, se negoci con los cooperativistas la inclusin de las empresas mixtas entre stos y el Estado para suscribir ese tipo de acuerdos, previa aprobacin de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, la normativa regulatoria nunca fue del todo aceptada por stos.

En concreto, una de las demandas ms significativas de la FENCOMIN -Federacin de Cooperativas Mineras de Bolivia- es la que promueve la modificacin de los artculos 132 y 151 de la Ley Minera. El primer artculo alude a la obligatoriedad de que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional quien apruebe, o no, los contratos mineros; el segundo, prohbe a las cooperativas mineras suscribir contratos de asociacin con empresas privadas, sean stas de capital boliviano o extranjero. Segn lo registrado en el Ministerio de Minera y Metalurgia, actualmente son 31 las empresas privadas que tienen contratos de arrendamiento y de riesgo compartido con las cooperativas mineras bolivianas. Dos de estos contratos tienen vigencia indefinida, otros dos por 35 aos, seis por 25, ocho por 20 y los restantes por menos de 10 aos. [2]

Todos los acuerdos fueron firmados antes de la sancin de la nueva normativa, aunque, segn los cooperativistas, dejaron de tener vigencia con la nueva Ley. Los socios principales de cooperativas individuales fueron en los ltimos aos: Mining Development Company, Manquiri SRL, Compaa Minera del Sur, ASC Filial Bolivia, American International Trading Incorporated-AITC Inc., e Inti Raymi. Desde el Gobierno sostienen que, de hacer lugar a los reclamos, Bolivia retornara a la privatizacin de sus recursos mineros, como en los aos del gonismo -considerando que la ley bajo la que se ampararon sus contratos, la 1777 de 1997, fue parte del Cdigo de Minera sancionado por Snchez de Lozada-.

Los cooperativistas tambin se oponen a la modificacin de la Ley General de Cooperativas Mineras, que establece el derecho a la sindicalizacin minera de los trabajadores de las cooperativas, en tanto argumentan que desnaturaliza las cooperativas y busca dividirlos. Por el contrario, desde el Gobierno afirman que la modificacin de la ley no afecta a las cooperativas mineras, sino que ratifica la legalidad de los sindicatos que ya existen en las empresas de servicios, as como abre la posibilidad de que asociados con dependencia laboral en las cooperativas de servicios tengan derecho a la sindicalizacin.

Las cooperativas mineras en Bolivia tienen un importante peso laboral. Sin embargo, detrs de su velo se esconden poderosos gamonales que vulneran los derechos laborales de los mineros. Esto hace que muchos trabajadores de las cooperativas no dispongan de un salario estable, un seguro de salud o beneficios que les corresponden, como vacaciones, aguinaldo y aportes a las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP).

En este estrato inferior se encuentran miles de trabajadores no asociados, cuyas pagas son pauprrimas y las relaciones laborales a las que son sometidos son informales y precarias. Al respecto, la Federacin Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que nuclea a los mineros asalariados del Estado Plurinacional de Bolivia, afirm Ellos dicen que son ms de 150 mil cooperativistas, pero cuando revisamos la lista de los que tienen seguro de salud, slo 3.000 reciben atencin en la Caja Nacional de Salud, eso muestra cmo la gran mayora de los trabajadores no tiene acceso a la salud y esa es otra violacin de sus derechos [3].

Segn el documento la Unidad de Anlisis de Polticas Sociales y Econmicas de Bolivia UDAPE, publicado en 2015, se indica que entre 1990 y 2013 el promedio anual de las exportaciones mineras fue del 32,9%, pasando de $US407 en 1990 a $US 3.083 millones en 2013 [4]. El mercado extranjero, especialmente Asia, Estados Unidos, Mxico e Inglaterra, es esencial para esta industria, vendindose el material en bruto sin valor agregado. En este sentido, la minera tiene un gran peso en la produccin boliviana y dentro del mbito minero, los cooperativistas constituyen un sector privilegiado que cuenta con ventajas en el pago de impuestos, concesiones estatales para explotar mineral sin licitacin. Adems, en la correlacin de fuerzas polticas cuentan con siete legisladores, entre diputados y senadores [5]. Los privilegios que reclaman, como la posibilidad de asociarse con las grandes empresas mineras transnacionales, entra en conflicto con los postulados del gobierno de Evo Morales quien afirma que los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano y no a las corporaciones que intentan imponer su agenda.

Notas:

[1] http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2014/04/Cooperativas-MinerasBR.pdf

[2] http://www.opinion.com.bo/movil/index.php?id=198073

[3] http://www.noticiasfides.com/economia/fstmb-denuncia-que-detras-de-las-cooperativas-se-amparan-grandes-gamonales-de-la-mineria--369203/

[4] http://www.udape.gob.bo/portales_html/diagnosticos/diagnostico2015/TOMO%20%20III%20-%20SECTOR%20MINERIA.pdf

[5] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37199462 Este artculo se encuentra publicado en http://www.celag.org/bolivia-violencia-ante-los-cambios-soberanos-a-la-politica-minera/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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