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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-09-2016

La mejor ley es la que protege a la ciudadana

Dardo Gmez
Ctxt


Como cada verano las universidades espaolas presentan distintos e interesantes encuentros de anlisis, extraacadmicos, que con mucha frecuencia abordan temas de comunicacin.

Este agosto, desde uno de esos eventos salt a los titulares de distintos medios un axioma que creamos olvidado: La mejor ley de prensa es la que no existe.

Esta fue una de esas sentencias sin fundamento que, en plena transicin y ante el temor de que llegaran a Espaa aires de renovacin de otras latitudes, proclamaron los medios notables de la prensa espaola y consiguieron, entonces, el respaldo ingenuo y desinformado de parte de la profesin periodstica espaola.

Esos medios, pocos aos antes, se haban sumado con ardor a la campaa de descrdito que los grandes consorcios de la comunicacin lanzaban contra la lucidez del conocido como Informe MacBride. Este documento en los ltimos decenios ha sido recuperado y reconocido en todo su valor por las autoridades ms prestigiosas de la comunicacin e inspirado los principales debates de la actualidad.

Ante los avances que se han desarrollado en las ctedras de la comunicacin de casi todo el mundo en lo que va del siglo y los pronunciamientos de las organizaciones internacionales de comunicadores y las distintas cortes internacionales de Derechos Humanos, algunos llegamos a suponer que este axioma haba decado por su mero arcasmo.

La utilizacin del trmino ley de prensa ya indica el desfase histrico de lo que se pretende sostener. Nadie preocupado por la regulacin de la libertad de expresin o la difusin amplia de la informacin habla ya de ley de prensa; el paradigma actual est puesto en la necesidad de garantizar el Derecho a la Informacin y la Comunicacin de la ciudadana y en el estudio de las normas ms eficaces para lograrlo.

Ambos derechos son considerados como un solo bien fundamental de todos los individuos y es tal su amplitud y transversalidad social que el papel de la llamada prensa comercial, aunque importante, solo es considerado como un factor ms y, por cierto, no el primero para garantizar esos derechos.

A rebufo de ese axioma perimido se ha aadido que los polticos solo deben poner las reglas que permitan un ejercicio libre y cuanta menos mano metan, mejor, que ya se encargaran los periodistas de garantizar la limpieza de la informacin.

Parece que olvidamos que esas posibles normas, en democracia, solo las pueden fijar las leyes y los informadores, por muy buena voluntad que se les suponga, no tienen capacidad --legal ni tica-- para garantizar la utilizacin de un bien que no les pertenece ms que al resto de los ciudadanos a quienes corresponde el derecho de exigir que la informacin que se da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones sin injerencias exteriores, tanto de los poderes pblicos como de los sectores privados.

As lo seal el Cdigo Deontolgico Europeo de la Profesin Periodstica adoptado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en julio de 1993; lo que nos lleva a los demcratas a entender que ese derecho a la exigencia como cualquier otro debe estar respaldado por una normativa legal. Que, claro est, deben dictar los denostados polticos; aunque en esos espacios de corregulacin legal luego deben ser mero respaldo de la decisin y actuacin de las organizaciones ciudadanas a quienes se debe confiar la responsabilidad de su custodia.

No basta con no censurar

Seguir sosteniendo que la mejor ley de prensa es la que no existe es querer desconocer toda la documentacin internacional generada desde finales del siglo pasado que consagra la informacin como un derecho universal.

La etapa empresarista en el mundo de la comunicacin, en la cual se incub la equiparacin de la libertad de empresa a la libertad de prensa, y que an hoy alimenta el equvoco de muchos profesionales de la comunicacin, ya est superada.

El mencionado Cdigo Europeo seala expresamente en su Art. 11: Las empresas periodsticas se deben considerar como empresas especiales socioeconmicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por las condiciones que deben hacer posible la prestacin de un derecho fundamental.

La siguiente etapa conocida como profesionalista, de la que tanto nos cuesta separarnos, se cerr en el mismo momento en que los derechos a informarse, a expresarse y a comunicar fueron interpretados como Derechos Humanos.

Vivimos la etapa del sujeto universal de la comunicacin, en la que se reconocen los derechos a investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones a todos los seres humanos por su sola condicin de tales.

El socilogo Armand Mattelart, una de las voces ms autorizadas sobre comunicacin, seala que hubo que esperar a los inicios del nuevo siglo, con la quiebra de las promesas del modelo ultraliberal y las seales dadas por nuevas fuerzas de resistencia, para que resurjan en los debates internacionales los conceptos de derechos a la comunicacin y de polticas pblicas.

Estos cambios fundamentales han trado, de forma paralela, la aplicacin necesaria del derecho positivo o la obligacin positiva por parte de los Estados; ya que un derecho fundamental no puede ser declamatorio ni dejado al arbitrio de agentes como el mercado o la correlacin de las fuerzas sociales y debe estar garantizado por ley para toda la ciudadana.

Por lo tanto, no basta con que un Estado no censure o se comprometa constitucionalmente a no ejercer la censura, tiene la obligacin de evitar que poder alguno lo haga y garantizar de manera eficaz la libertad de expresin activa y pasiva de su ciudadana.

Conviene recordar que en las ciudadanas libres no se reconoce nada por encima de los Derechos Humanos.

La obligacin positiva del Estado

A este respecto conviene tener en cuenta algunas importantes sentencias de los ms altas cortes internacionales que consagran la obligacin de los Estados a garantizar el ejercicio de todo Derecho Humano consagrado.

As, la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) seala en un fallo contra el Estado de Venezuela (Ros y otros c. Venezuela): Dada la importancia de la libertad de expresin en una sociedad democrtica y la responsabilidad que entraa para los medios de comunicacin social y para quienes ejercen profesionalmente estas labores, el Estado debe minimizar las restricciones a la informacin y equilibrar, en la mayor medida posible, la participacin de las distintas corrientes en el debate pblico e impulsar el pluralismo informativo.

En otro fallo (Granier vs. Venezuela) la misma Corte formula: En concordancia con el derecho a la pluralidad de medios o informativa, la Corte recuerda las obligaciones positivas de los Estados que se desprenden de este derecho y que otros tribunales internacionales ya han determinado con precisin.

Por su parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en una demanda contra Italia ha sealado que adems de un deber negativo de no interferencia, el Estado tiene una obligacin positiva de contar con un marco administrativo y legislativo adecuado para garantizar el pluralismo y la diversidad (Centro Europa 7 S.R.L. y Di Stefano vs. Italia - 2012).

Este concepto de obligacin positiva es bsico en la nueva interpretacin derivada de la necesidad de los Estados de garantizar el ejercicio de los DD HH y en los casos de referencia seala que estos tienen la obligacin de legislar y de esa manera facilitar que la ciudadana pueda disponer de medios propios para hacer or sus voces diversas.

As que, se les impone meter la mano; lo que nos lleva a entender que la mejor ley es la que regula el ejercicio de los derechos y esto parece que no es opinable en los foros internacionales.

Los nuevos tiempos de la comunicacin

Estas nuevas y ms ricas interpretaciones, as como la ampliacin de los derechos humanos o su extensin a sujetos o actividades derivadas de las nuevas tecnologas o iniciativas desconocidas en 1948, no pueden ser menoscabadas o negadas. Ya estaban previstas en la Declaracin Universal de Derechos Humanos (DUDH) al fijar que los derechos originales sern la inspiracin de nuevos derechos.

Todo Gobierno que entienda que no tiene la obligacin de garantizar un derecho humano como es el de la informacin est prevaricando en sus funciones y haciendo dejadez de esa responsabilidad frente a la ciudadana.

De la misma forma que tiene la obligacin de preservar la existencia de los medios pblicos como reserva de la informacin frente a los intereses econmicos de las emisoras privadas; como tampoco puede permitir que los medios de comunicacin ni sus profesionales sean investidos de una capacidad reguladora que nos les corresponde.

Algo que no les concede legislacin alguna y que es inaceptable por mera higiene mental como seala de manera meridiana el Cdigo Europeo de Deontologa del Periodismo del Consejo de Europa y mltiples fallos de los tribunales internacionales.

Conviene recordar, una vez ms, los puntos 19 y 20 de ese Cdigo que fijan que sera errneo deducir que los medios de comunicacin representan a la opinin pblica o que deban sustituir las funciones propias de los poderes o entes pblicos o de las instituciones de carcter educativo o cultural como la escuela.

Porque ello, ampla, llevara a convertir a los medios de comunicacin y al periodismo en poderes o contrapoderes (mediocracia) sin que al propio tiempo estn dotados de la representacin de los ciudadanos o estn sujetos a los controles democrticos propios de los poderes pblicos, o posean la especializacin de las instituciones culturales o educativas correspondientes.

Sin embargo, en Espaa algunos siguen confiando en que el lobo es el mejor custodio del rebao y sin comprender que cuando no hay regulacin legal se le est concediendo esa facultad al ms fuerte. Lo que se conoce como ley de la selva.

Autorregulacin es corrupcin

Casi en las mismas fechas que se pronunciaban las afirmaciones que han dado lugar a esta reflexin, en el otro lado del Atlntico se desarrollaba, por segundo ao consecutivo, el Encuentro Internacional de Legisladores que convoca la Relatora Especial para la Libertad de Expresin de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (Unesco) bajo el lema "Construyendo un entorno favorable para el desarrollo de medios de comunicacin plurales e independientes.

Como se ve, el encuentro est dirigido a informar y compartir ideas con esos polticos que aqu algunos pretenden que no cumplan con su deber. A ellos se dirigi el Relator Especial para la Libertad de Expresin de OEA, Edison Lanza, para reiterarles la importante funcin de los organismos reguladores, "el Estado tiene doble obligacin: evitar la interferencia y garantizar el pluralismo", les dijo.

En ese mismo encuentro la coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulacin, Medios y Convergencia (Observacom), Aleida Calleja, seal a los legisladores participantes: "Camos en la trampa de los medios como negocio y en la concentracin de medios en una sola gran empresa, lo que resulta en algo muy parecido a la censura, donde un conglomerado de medios perteneciente a un solo grupo, determina lo que se habla y lo que se calla.

Sobre las mismas fechas y mediante un video Julian Assange sealaba en la inauguracin de los Cursos de Verano de la Universidad de Jan que Si nuestra libertad de expresin y de comunicacin est subordinada a leyes ordinarias nos encontramos ante un proceso circular autorregulado que dirige hacia una inevitable corrupcin.

Assange abund en que debe haber un meta sistema externo al sistema que se ocupa de su regulacin. Todos sabemos que la autorregulacin lleva a la corrupcin, puesto que todo sistema buscar siempre preservarse ante las crticas.

El portavoz de WikiLeaks tiene claro que medios y periodistas somos parte del sistema de seleccin y distribucin de la informacin creado sin haber tenido en cuenta los derechos que sobre ella tiene la ciudadana. Para las grandes corporaciones sus lectores, oyentes o televidentes solo son consumidores de comunicacin aprovechables para otros proyectos comerciales, muchas veces afines a los propietarios de esos medios.

Ms medios no son ms voces

Desde dentro de la profesin las opiniones tambin son coincidentes en cuanto a la necesaria regulacin de la comunicacin como herramienta imprescindible para garantizar desde la libertad de expresin de la ciudadana mediante la multiplicidad de sus voces hasta acabar asegurando los derechos laborales de los informadores y su independencia dentro de los medios.

No se trata de crear ms medios en las mismas manos de siempre sino de facilitar, mediante discriminacin positiva, la aparicin de nuevos medios en manos de nuevos actores que sean difusores de las voces hasta ahora acalladas.

En diciembre pasado la Federacin Internacional de Periodistas (FIP) -que es la mayor organizacin mundial de informadores- sali en defensa de la Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual de Argentina y afirm de forma rotunda: Resulta fundamental diferenciar la libertad de prensa de la libertad de empresa, toda vez que la desregulacin de los medios de comunicacin y el pleno arbitrio de las reglas del mercado en el sector conllevan la generacin de grandes empresas mediticas; las cuales terminan por concentrar no slo las voces sino los puestos de trabajo, limitndose finalmente la libertad de expresin de los trabajadores de la prensa y de la sociedad en su conjunto.

Es difcil expresarlo con mayor claridad.

En abril de 2015 se celebr la conferencia En defensa del periodismo, organizada en Pars por la propia FIP y sus tres sindicatos de Francia. Entre las recomendaciones finales del encuentro se incluy la necesidad de garantizar el derecho a la informacin en las legislaciones nacionales y las constituciones, as como Reforzar la independencia de los reguladores de medios de comunicacin y la financiacin del audiovisual pblico y el impulso de campaas para la creacin de leyes contra la concentracin de los medios de comunicacin con el fin de garantizar el pluralismo de las ideas y de las opiniones en los medios de comunicacin.

Por su parte, Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy del OBSERVACOM, ha expresado recientemente en el seminario Periodismo y concentracin Meditica, de la Fundacin Friedrich Ebert Stiftung, que la pluralidad no est dada por la cantidad de medios sino que debera haber un equilibrio entre los tres sectores que inciden en el negocio de la comunicacin: la parte comercial, lo pblico pero no gubernamental y lo comunitario, social, independiente, ese poder que no est ligado a partidos polticos ni a grupos religiosos, que representa a una comunidad y debe mantener independencia editorial.

Todas estas representativas organizaciones, a uno y otro lado del Atlntico, no solo no reniegan de la existencia de leyes regulatorias del Derecho a la Informacin y la Comunicacin, sino que las consideran indispensables. No entiendo como se pueden ignorar estas realidades.

Me acuden unas dcimas del prolfico poeta limeo Nicomedes Santa Cruz, que muchos conocimos en Madrid: -Ah, si en mi pas / no hubiese tanta poltica! / -Ah, si en mi pas / no hubiese gente paleoltica!


Dardo Gmez es Ex Secretario general de la Federacin de Sindicatos de Periodistas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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