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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-09-2016

Espaa
La chapuza del dficit bloquea las 17 comunidades y los 8.000 ayuntamientos

Eduardo Bayona
Ctxt

Bruselas impide que preparen sus presupuestos al retrasar hasta noviembre la aprobacin de los techos de gasto y Hacienda agrava el panorama al ocultar qu cantidades recibirn de los impuestos


Para qu sirve la mezcla de cal y arena? Para pocas cosas. Uno de los pocos usos que se le conocen consiste en servir de letrina para animales domsticos como los gatos. Absorbe sus malos olores pero causa irritacin al animal si este se tumba a menudo sobre ella. Bruselas ha optado, ante la evolucin del dficit, por aplicar arena encalada, o cal enarenada, a su mascota espaola: le ha perdonado la multa que le corresponda por saltarse sus lmites y le ha puesto unos nuevos, aunque con un calendario que, en la prctica y unido a la indolencia del Gobierno en funciones, va a impedir que las administraciones espaolas dispongan en fecha y forma de los presupuestos para el ao que viene: no pueden elaborarlos sin conocer los techos de gasto.

Estos los establecen las Cortes tras proponrselos el Gobierno por indicacin de Europa. Sin embargo, el papel que pone en marcha la maquinaria no saldr de Bruselas hasta entrado noviembre, cuando --cosas de la burocracia y los palacios-- las cmaras autonmicas y la mayora de los ayuntamientos carezcan de margen de maniobra para aprobar sus cuentas en lo que quede de ao.

Es decir, que aunque, en una decisin de claro tinte poltico, haya eludido imponer nuevos recortes al conjunto del Estado, Bruselas est bloqueando de hecho la gestin de las 17 comunidades autnomas y las ms de 8.000 diputaciones, comarcas y ayuntamientos en los que est estructurada la Administracin local espaola. Los dueos de la casa andan ms cmodos tras haber hallado la frmula para evitar los efluvios malolientes. Aunque saben que el gato va a acabar sufriendo una irritacin, tambin intuyen que, por irritado que est, el minino no araa.

El 27 de julio, la Comisin Europea, tras constatar que Espaa incumpla por segunda vez sus objetivos para embridar el dficit, tal y como ya ocurri en el periodo 2009-2012 tras haber superado por primera vez el 3% del PIB, impona, tras perdonar una multa que los expertos estimaban en unos 2.000 millones de euros, unos nuevos topes. Con un amplio margen de maniobra para este ao, en el que el lmite sube del 2,8% al 4,6% el PIB para acercarse a la implacable realidad, aunque con una previsin de recorte drstico para los dos siguientes ejercicios: debe bajar al 3,1% en 2017 y al 2,2% en 2018. Los recortes del gasto pblico supondrn unos 8.000 millones de euros, calculan los burcratas comunitarios.

Una decisin fundamental que no termina de serlo

Por chocante que resulte, esa decisin de los sabios europeos es inaplicable en Espaa. De hecho, todava no es formalmente una decisin. Para serlo requiere que el informe en el que la Comisin establece las nuevas condiciones sea ratificado por el Ecofin, el rgano de gobierno comunitario que agrupa a los ministros de Economa y de Hacienda de los 27.

Ninguno de sus miembros va a oponerse al criterio de los comisarios, bsicamente porque el artculo 7 del Tratado de Estabilidad, Coordinacin y Gobernanza les obliga, desde 2012, a votar a favor. Pero, en cualquier caso, eso no ocurrir antes del 8 o el 16 de noviembre, fechas para las que tienen sealadas sus prximas reuniones. Los prximos viernes y sbado (2 y 3 de septiembre) mantendrn un encuentro informal, lo mismo que harn una semana ms tarde los presidentes de Gobierno, mientras que el 10 de octubre y el 7 de noviembre se celebra una reunin del Eurogrupo. Pero ninguno de esos foros est habilitado para avalar las tesis de la CE. En el mejor de los casos, Europa no podr comunicar a Espaa antes de la primera quincena de noviembre los nuevos lmites del dficit.

Y quin recibir la carta? Para entonces habr finalizado la cuenta atrs que comenzar este viernes con la previsible no investidura de Rajoy, por lo que, salvo que alguien haya sido investido presidente antes del 30 de octubre, le llegar a un ejecutivo en funciones y con unas Cortes disueltas cuya Diputacin Permanente carece de potestad para tramitar la ley orgnica que, desde lamodificacin del artculo 135 de la Constitucin, se requiere para fijar el dficit estructural mximo permitido al Estado y a las Comunidades Autnomas, en relacin con su producto interior bruto. La reforma constitucional exprs de 2011, ejecutada de comn acuerdo por el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy, sigue haciendo prisioneros por sus evidentes contraindicaciones para la estructura que, en principio, iba a sanear.

Si el pas no est en precampaa y cuenta con un ejecutivo plenipotenciario, ser este el que deber remitirla y negociar los apoyos que necesite --176 de los 350 diputados-- para aprobarla y para su posterior ratificacin en el Senado. Solo despus de disponer de ese texto legal puede el Ministerio de Hacienda distribuir el techo de cada Administracin, en una decisin que se oficializa en el Consejo de Poltica Fiscal y Financiera.

La gestin de 85.000 millones de euros, en el aire

Sin embargo, la burocracia comunitaria y los efectos perversos del artculo 135 --el mismo que da prioridad absoluta al pago de la deuda pblica, no vaya a ser que algn banco cobre tarde y haya que rescatarlo-- no son los nicos obstculos que deben superar las comunidades autnomas para poder perfilar sus cuentas. Falta por despejar otra incgnita que, en realidad, consiste en un dato que debe comunicarles el Ministerio de Hacienda: el dinero que tericamente van a recibir por su participacin en la recaudacin de impuestos, el que les corresponde en aplicacin de los mecanismos de la financiacin autonmica y el resto de transferencias procedentes del Estado.

Transmitirlo es, en cualquier caso, competencia del Gobierno central, en el que ningn movimiento apunta a que vaya a cursarlos. Eso ha hecho que algn consejero de Hacienda, como el aragons Fernando Gimeno, ya haya advertido que resultar imposible preparar las cuentas del ao que viene por la falta de esos dos datos. El efecto domin de esta incertidumbre descarga sobre las administraciones locales, que a su vez desconocen con qu ingresos de origen estatal y autonmico pueden contar.

Las cifras que dependen de esos trmites son gruesas. Segn los ltimos datos publicados por la Intervencin General del Estado, correspondientes al ejercicio de 2013, el Gobierno central efectu transferencias corrientes para gasto-- por valor de 69.740 millones de euros a las comunidades --63.934 de ellos en aplicacin del sistema de financiacin autonmica--, 10.566 a los ayuntamientos y 4.345 a diputaciones y cabildos, a las que se suman, respectivamente, 1.242 y 74 de capital, para financiar inversiones. Prcticamente triplican los 29.839 que recibi la Seguridad Social.

Los responsables de las cuentas autonmicas tienen motivos para estar preocupados, ya que esos cerca de 70.000 millones de euros en transferencias del Estado suponen casi la tercera parte de sus necesidades al haber cerrado ese mismo ejercicio con obligaciones reconocidas por 229.908. El peso de las transferencias estatales es menor en la Administracin local, donde esos 15.000 millones, a los que se aaden otros llegados de las comunidades, cubren algo ms de la quinta parte de sus 70.917 de gasto.

El torticero debate sobre las funciones del Gobierno

Esa combinacin de factores ha provocado en las ltimas semanas un debate poltico sobre la habilitacin de un Gobierno en funciones para tomar determinadas decisiones que, con la distorsin torticera que los conceptos jurdicos suelen sufrir al discutirse en el mbito partidista, deriv, desde el PP y tambin desde algunas baronas del PSOE, en peticiones a la direccin federal de esta ltima formacin para que permita la investidura de Mariano Rajoy. Slo un ejecutivo plenipotenciario podra tramitar los techos de dficit para que las comunidades puedan tener sus presupuestos, argumentaban, ajenos a las reglas del juego europeo y a los efectos del artculo 135.

El quid de la cuestin se encuentra en interpretar el contenido del artculo 21 de la Ley del Gobierno, que desde finales de 1997 limita la gestin de un Gobierno en funciones al despacho ordinario de los asuntos pblicos, veta expresamente la posibilidad de presentar proyectos de ley a las cmaras y de aprobar el de los Presupuestos Generales del Estado y, al mismo tiempo, le obliga a abstenerse de tomar cualesquiera otras medidas con la nica excepcin de casos de urgencia debidamente acreditados y razones de inters general cuya acreditacin expresa as lo justifique. Entre los juristas hay divisin de opiniones sobre su significado.

Lo que no puede ser es que el derecho cree ms problemas de los que est llamado a resolver, seala Pablo Guerrero, investigador de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza que est trabajando en una tesis sobre cmo afecta la estabilidad presupuestaria a la autonoma financiera de las comunidades autnomas. Considera que, por el tipo de tramitacin que tiene desde Bruselas, el establecimiento de los techos de gasto entrara en ese despacho de asuntos ordinarios.

Enrique Cebrin, profesor de Derecho Constitucional en esa misma facultad, destaca la inconcrecin de esa expresin. Es una cuestin indeterminada explica--. Un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que condicionen a futuros ejecutivos. La duda est en considerar si determinar los techos de gasto forma parte, o no, del funcionamiento ordinario del Estado. El artculo 135 de la Constitucin obliga a aprobar una ley orgnica con un contenido que marca una autoridad superior, anota Cebrin, que apunta que quien lo aprueba finalmente es el parlamento, por lo que tambin podra interpretarse que no se trata estrictamente de una funcin del Gobierno.

Prorrogar un presupuesto con objetivos discordantes?

Guerrero alerta de las complicaciones que podra entraar un 'plan B' como que las comunidades elaboren sus presupuestos para el ao que viene basndose en los estatales vigentes, algo que tambin puede ocurrir con los estatales en caso de prrroga. Tienen unas previsiones de dficit distinto del que ahora marca Bruselas --explica-- y prevean cumplir las anteriores, pero eso no ocurri. Existe una distribucin del dficit, pero viene de un planteamiento que no se cumpli.

El investigador, especialista en estabilidad presupuestaria y sus efectos, explica que, en Espaa, en realidad, no se aplica la regla de gasto terico como consecuencia de la situacin de endeudamiento de las administraciones, que deriva en recortes del gasto e incrementos de la presin fiscal.

Se trata de un invento de los aos 90 con reminiscencias keynesianas que se aplic con resultados positivos en pases como Suecia o Finlandia, y sin apenas efectos en otros como Holanda, que consiste en acompasar el gasto de las administraciones a la llamada tasa de crecimiento a medio plazo de su economa aqu se utiliza la estimacin del Banco de Espaa--.

No es algo necesariamente negativo explica-. Su filosofa consiste en facilitar el ahorro de los ingresos extraordinarios que obtienen las administraciones cuando la economa crece, en reducir el gasto cuando se recalienta, mientas que puede crecer cuando se contrae.

@e_bayona

Fuente: http://ctxt.es/es/20160831/Politica/8141/Deficit-Bruselas-Espa%C3%B1a-gobierno-comunidades-ayuntamientos.htm



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