Portada :: Palestina y Oriente Prximo :: Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el apartheid israel
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-09-2016

ACOM, la tapadera de Israel que amenaza la soberana local en nuestro pas

Javier Daz Muriana
Rebelin


Hace unos meses, la periodista Teresa Aranguren, en una charla organizada por la Asociacin Al-Quds en Mlaga, deca que hay versiones elaboradas para falsear los hechos, para ocultarlos, para justificarlos y que adems de falsas, si stas cuentan con medios suficientes, pueden ser versiones muy poderosas. Estas versiones poderosas son las que han mantenido la ocupacin militar ms larga de la historia moderna sobre la poblacin nativa palestina sin apenas perturbar a los arquitectos de la colonizacin sionista y el apartheid en Israel.

Estas versiones nos sacuden a diario con tal virulencia, que nos pueden hacer elegir estar en contra de los derechos humanos, universalmente aceptados, sin saberlo. Aceptar la tirana mientras defendemos la democracia o ser soporte del verdugo en vez de defender a las vctimas. Y a sta ardua tarea se dedica Israel y las decenas de organizaciones sionistas que estn sembrando de odio y falacias el arduo trabajo que desde dcadas realizan los colectivos y defensores de derechos humanos locales, con gran arraigo sobre cada territorio en nuestro pas.

Uno de esos grupos es ACOM (Accin y Comunicacin en Oriente Medio), con sede en Madrid y total opacidad en sus cuentas, esta asociacin sin nimo de lucro tiene como nica finalidad defender a un Estado que hace justo 2 aos masacr a ms de 2205 personas en Gaza (incluyendo a ms de 550 nias y nios) y a difamar contra las personas, grupos e instituciones del Estado espaol que promueven el cumplimiento del derecho internacional y los Derechos Humanos en Palestina. ACOM destina numerosos fondos a presentar recursos contra las instituciones pblicas que impulsan la solidaridad con el pueblo palestino y a insultar y amenazar insistentemente por redes sociales, correo electrnico y telfono a las personas que sustentan este movimiento solidario. Adems, diversos perfiles afines desde los que se realizan estos ataques estn vinculados a la extrema derecha y a posiciones islamfobas, como afirma el comunicado de la Red Solidaria Contra la Ocupacin de Palestina (RESCOP) que impulsa la campaa de Espacios Libres de Apartheid Israel (ELAI) en nuestro pas.

El pasado 27 de mayo, el municipio de Vlez-Mlaga se adhiri, a travs de un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento a la campaa de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra el apartheid israel, declarndose espacio ELAI. Una campaa surgida en 2005 que busca implementar las resoluciones de Naciones Unidas y acabar con la ocupacin a travs de las mismas estrategias de resistencia pacficas que utilizaron Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks o Nelson Mandela contra la discriminacin racial en sus pases.

A finales de julio, el grupo sionista ACOM interpuso una demanda contra dicho acuerdo que el juez resolvi favorable a la retirada de la mocin. De la misma forma, el juzgado Contencioso-Administrativo nmero 1 de Gijn rechaz un recurso de ACOM contra la declaracin de Gijn en los mismos trminos. Los argumento de ACOM, que no tiene legitimidad para representar a los israeles, chocan frontalmente con la realidad de la mocin, de un profundo carcter antirracista y antisionista, este grupo islamfobo juega a imponer su versin de equiparar la religin juda con el estado de Israel, olvidando que millones de palestinos viven bajo la ocupacin y el apartheid del rgimen de Tel Aviv.

Es una vieja triquiuela que habr que seguir aclarando cuantas veces sean necesarias: No es lo mismo antisemitismo (el odio a los semitas, entre ellos los judos, pero tambin los palestinos) que antisionismo (oposicin a la colonizacin de Palestina) de la misma forma que no es equiparable, como defiende las tesis de ACOM y los jueces que las secundan, judasmo con Israel. Las crticas al Estado de Israel no solo son legtimas, sino que forman parte de la libertad de expresin, al igual que el llamamiento a imponer sanciones, boicots y desinversiones son posturas impuestas por los estados y las Naciones Unidas en multitud de ocasiones a todos aquellos regmenes que se sitan al margen de la legalidad internacional.

Israel ha robado la identidad juda a los judos de la misma forma que roba las tierras a los palestinos o judaza Jerusaln en su intento de borrar siglos de historia rabe de la ciudad. As lo afirman decenas de colectivos judos antisionistas que forman parte y, en ocasiones, encabezan, la campaa de boicot contra Israel. Estar en contra, como lo ha hecho el consistorio de Vlez-Mlaga junto a otros 50 municipios de stas prcticas, no puede ser discriminatorio, sino que busca revertir y paliar los efectos de la discriminacin que denuncian.  

Las crticas legtimas a las acciones de un Estado que lleva a sus espaldas la ocupacin ms larga de la historia moderna, practica el apartheid contra la poblacin rabe y acelera la colonizacin ante la mirada impune de la comunidad internacional, no debe ser sancionada, sino ms bien impulsada por todos aquellos que creemos en la justicia, la ley y el orden.

Es la impunidad de Israel lo que ha generado un monstruo capaz de socavar las legislaciones locales de nuestro entorno. Un monstruo de muchas cabezas que financia grupos islamfobos de extrema derecha como ACOM para amedrentar a los concejales, alcaldes y consistorios en su intencin de mostrar solidaridad con la situacin de la poblacin palestina y de coaccionarlos a travs de una ofensiva legal y meditica; a travs de las redes sociales y medios de comunicacin; para vincular la defensa de los derechos humanos de los palestinos al terrorismo y el yihadismo. Las instituciones deberan actuar cuanto antes para detener la actividad de incitacin al odio de estos grupos que se nutren de fondos poco transparentes para realizar su labor: defender la marca Israel a cualquier precio.

El origen de este grupo radical de extrema derecha y otros afines para defender a Israel en el exterior coincide con el anuncio del gobierno de Netanyahu de inyectar en el exterior miles de millones de euros en combatir el BDS. La falta de transparencia y control de esta organizacin nos preocupa ya que podran estar obteniendo fondos del extranjero para socavar la democracia local, las libertades civiles y el derecho a la libertad de expresin en nuestro pas.

Es intolerable que una entidad sin ningn arraigo social y que defiende a un Estado de Apartheid intente injerir en la soberana democrtica de nuestros municipios, les dicte qu pueden votar y qu no y pretenda impedir que nuestras instituciones se comprometan con los Derechos Humanos. ACOM es una tapadera de Israel para trasladar su guerra sucia contra el movimiento pacifista del BDS en Palestina e Israel a nuestro pas y atacar a los defensores de los derechos humanos en nuestra tierra. As lo advierten varios informes de organizaciones como Amnista Internacional o la Federacin Internacional de los Derechos Humanos, que subrayan la ofensiva israel contra los activistas BDS.

La impunidad del comercio en la comisin de delitos internacionales

Sin embargo, este movimiento de criminalizacin deja un mensaje mucho ms profundo y es que es muy significativo que nuestro sistema judicial ofrezca impunidad a las empresas que participan en violaciones de derechos humanos con una alarmante celeridad, cuestionando cualquier accin de presin para cesar esta complicidad bajo distintos paraguas: discriminacin en la contratacin, libertad en el comercio nos preguntamos cmo hemos llegado hasta aqu, desde cundo el sistema jurdico que hemos construido entre todos en democracia protege a las empresas privadas que solo persiguen el lucro con sus actividades y no a las personas. No puede haber carta blanca en el sector privado: nuestros representantes tienen la obligacin de controlar y supervisar muy de cerca que sus acciones no provocan sufrimiento ni dao.

Pero no todo vale, sobre todo cuando hablamos de enriquecer a empresas que aqu nos ofrecen servicios y en otro lugar del mundo colaboran probadamente con crmenes de guerra que causan sufrimiento a la poblacin. Es imprescindible que el dinero de los contribuyentes deba ser tratado de forma escrupulosa por parte de nuestros representantes y stos deben poder decidir hacia dnde va nuestro dinero sin injerencias externas.

En la 1 Conferencia Europea de Ciudades para los Derechos Humanos (Barcelona, 1998) se formula La Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos. En sta, se recogen los compromisos adquiridos por los gobiernos locales, a fin de garantizar, defender y promover los Derechos Humanos en el mbito municipal, la decisin del Contencioso Administrativo nmero 1 de Mlaga , contraviene este marco de actuacin.

En virtud de la Directiva 2014/24 de la Unin Europea, un organismo pblico puede excluir a un operador econmico de la licitacin de un contrato pblico o puede rechazar tal oferta, cuando se compruebe que el individuo o la organizacin de que se trate es culpable una falta profesional grave, lo que hace que su integridad cuestionable".

El Ministerio de Exteriores de Espaa, en lnea con la UE lanz un mensaje a la ciudadana espaola advirtiendo sobre los riesgos asociados con las actividades econmicos y financieras de los asentamientos israeles declarados ilegales: Las transacciones financieras, inversiones, compras, contrataciones, as como otras actividades econmicas (incluyendo servicios como el turismo) en los asentamientos israeles o que los benefician, suponen riesgos jurdicos y econmicos que se derivan del hecho de que los asentamientos israeles, de acuerdo con el derecho internacional, estn construidos en territorio ocupado y no son reconocidos como parte legtima del territorio de Israel. En la misma lnea la mocin acuerda excluir a todos estos negocios.

Los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU recomiendan, entre otros, que los Estados nieguen el acceso a apoyo pblico y servicios, o que nieguen suministros futuros a empresas involucradas en graves violaciones de derechos humanos y que se nieguen a cooperar para tratar la situacin. La ONU afirma que los Estados deben adoptar las medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos cometidos por agentes privados.

Esta obligacin no impide, como afirman algunos, que otros niveles del Estado y su administracin, acten en consecuencia. La exclusin por parte de gobiernos locales de actores involucrados en la violacin de normas imperativas de la obtencin de beneficios, incluyendo contratos, inversiones y otras formas de cooperacin no es discriminacin arbitraria sino una obligacin de todos los actores estatales, tambin de los ayuntamientos, ms cuando la propia Naciones Unidas afirma que estos tratados son vinculantes para todos los Estado Parte en conjunto, es decir Todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y otras autoridades pblicas o estatales, a cualquier nivel que sea, nacional, regional o local, estn en condiciones de asumir la responsabilidad del Estado Parte.

El incumplimiento por parte de los gobiernos estatales de sus obligaciones como terceros Estados y con la promocin de los derechos humanos no exonera, sino que pone ms responsabilidades a nivel local. Nos preguntamos cmo puede ser ilegal evitar pagar con dinero pblico sucias prcticas vinculadas a crmenes internacionales?

En el caso que nos ocupa, la mocin fijaba su objetivo en los asentamientos o los productos o servicios total o parcialmente procedentes de los asentamientos. Es importante tener en cuenta que el Acuerdo sobre Contratacin Pblica (ACP) no se aplica a las empresas de los territorios de asentamiento cuyo propsito es llevar a cabo la actividad econmica para su propio beneficio o en beneficio del estado de Israel porque los asentamientos israeles en los TPO son ilegales segn el derecho internacional y violan las normas imperativas de derecho internacional, por lo que cualquier beneficio econmico de la ocupacin para el Estado de Israel est prohibido bajo las mismas normas. Alejar la ciudadana velea de estas complicidades no debe ser ilegal en un estado de Derecho, sino una obligacin que debera promover el mismo.

El solo hecho del conocimiento de la existencia de una colonizacin y ocupacin en curso es motivo ms que suficiente para aplicar un aislamiento general a Israel como ocurri con la racista Sudfrica. Si sumamos las tropelas documentadas se torna vergonzoso no aplicar boicots generalizados y sanciones a Tel Aviv. Lo alarmante es estar a esta altura de la historia debatiendo sobre la conveniencia o no de aplicar estos mecanismos de presin internacionalmente reglados sobre los hechos probados de la desposesin, la colonizacin, la limpieza tnica o la masacre de los palestinos.

Por nuestra parte, no podemos tolerar que un pas extranjero monte satlites en nuestro pas para atentar contra el trabajo de los defensores de los derechos humanos locales, nuestras ONG y colectivos sociales, contra las personas que llevan dcadas trabajando por un mundo mejor en muchas partes del mundo y que son nuestra mejor carta de presentacin fuera de nuestras fronteras. No podemos tolerar que un pas extranjero abra sucursales fantasma con fondos ocultos para atentar contra la soberana local, sembrando un discurso de odio y miedo en las corporaciones locales, cuando son ellas la punta de lanza de la solidaridad en nuestros territorios. Alguien debera comenzar a pedir cuentas a estos grupos fascistas de extrema derecha que defiende la democracia con perversin dictatorial y acusan de discriminacin y antisemitismo con la ligereza propia del peor macartismo del siglo pasado. Son pirmanos ejerciendo de bomberos y estn quemando el monte delante de nuestros ojos. De los poderes pblicos depende pararle los pies a estos grupos y son los ayuntamientos los primeros que, parece, tendrn que dar la batalla.


Javier Daz Muriana. Periodista

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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