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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-09-2016

El mayor avance de los derechos laborales en una dcada

Alfredo Rada Vlez
Rebelin


Cuando anocheca en Panduro el jueves 25 de agosto el aire segua oliendo a gas, dinamita y muerte. Ya se saba del espantoso asesinato del viceministro Rodolfo Illanes y en pocas horas el enorme movimiento de miles de cooperativistas qued disipado, no por la fuerza coercitiva del Estado, sino por el repudio generalizado del pueblo.

Los bloqueos de caminos organizados por la Federacin Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) configuraron una accin violenta en un contexto de cada de los precios internacionales de los minerales. Sectores patronales que han acumulado el poder econmico dentro de las cooperativas, queran mantener su tasa de ganancia logrando por la fuerza tres cosas: 1) Ms subvenciones y financiamientos estatales destinados a su sector, 2) Preservar dentro de las cooperativas las formas flexibilizadas de explotacin de la fuerza de trabajo, 3) El reconocimiento de facto de contratos entre los patrones cooperativistas con empresas mineras nacionales y transnacionales extranjeras.

Tales objetivos tenan un claro contenido de clase burgus, en este caso de una nueva burguesa que fue incubndose en las cooperativas ms grandes, en la medida que stas dejaban de ser entidades sin fines de lucro y se convertan en empresas capitalistas semiformales. La burguesa cooperativista est conformada por nuevos ricos que se han encumbrado gracias a la explotacin del trabajo de los llamados segundas manos o peones, incorporados en las minas bajo la modalidad de pago a destajo, sin contrato y sin derechos laborales. Para impedir la organizacin sindical de esos trabajadores los patrones siempre acudieron a un embuste: dentro de las cooperativas todos somos iguales, cuando sabemos que eso no es cierto, que al interior de las grandes cooperativas hay patrones y hay peones.

Cmo esa burguesa pudo movilizar a grandes contingentes de trabajadores? Convirtiendo su inters de clase en inters general bajo la consigna de estabilidad laboral. Los patrones chantajearon a los trabajadores: si no te movilizas para que el gobierno nos atienda entonces ya no tendrs trabajo. As los jerarcas del cooperativismo minero (que son por lo general los socios ms antiguos) engaaron a una base social convertida en grupo de choque.

Dentro del gobierno el tema de la poltica hacia el cooperativismo minero hasta ahora no haba sido resuelto bajo un enfoque revolucionario. Se cay en el error de considerar a la Fencomin como entidad aliada, sin ver que a su interior se estaban constituyendo clases sociales, una burguesa semiformal y un proletariado precarizado, al que como gobierno debamos sumarlo para el proceso de cambio apoyando su organizacin y defendiendo sus derechos. En otras palabras, diferenciar la base laboral de la jerarqua patronal dentro de las cooperativas. En vez de esto se confiaba en los dirigentes, muchos de ellos hipcritamente afines al gobierno no por conviccin sino por conveniencia. Por mantener la alianza el gobierno no intervino en asuntos laborales dentro de las cooperativas, era flexible con ellas en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental, no acentuaba la presin tributaria. Hoy vemos que esta orientacin pragmtica slo condujo a fortalecer al enemigo de clase.

La relacin entre patrones y trabajadores es medular para el cooperativismo minero; por ello no es casual que lo que origin el conflicto fue la aprobacin en la Asamblea Legislativa Plurinacional de una ley que reconoce sindicatos dentro de las cooperativas de servicios. Si crece la tendencia hacia la autorganizacin de los trabajadores, entonces la precariedad laboral que es una de las fuentes de la concentracin del capital en manos de los jerarcas comienza a ser erosionada.

El momento actual de condena ciudadana a la dirigencia del cooperativismo minero es parecido por las circunstancias a la tragedia de septiembre de 2006, cuando la matanza entre cooperativistas y asalariados por el control del cerro Posokoni en Huanuni, devino en el cierre de 4 cooperativas y la estatizacin de todo ese distrito minero. Hoy el gobierno actuando sin vacilaciones acaba de mandar un claro mensaje a la base laboral del cooperativismo: somos un gobierno de los trabajadores que no permitiremos ms abusos y explotacin dentro de las cooperativas mineras. Igualmente claro es el mensaje a la jerarqua patronal: somos un gobierno que defiende la soberana del pueblo boliviano sobre los recursos minerales y no permitiremos su privatizacin o extranjerizacin.

Hay que recortar el podero econmico de la burguesa cooperativista, que por lo visto no vacilar un segundo en volcarse contra el proceso de cambio apenas se amenace sus privilegios. Ya dije que aquel podero se origina en la acumulacin y concentracin de capital gracias a la explotacin laboral y a la depredacin de la naturaleza, pero no hay que olvidar que esa acumulacin fue facilitada por las concesiones gubernamentales.

El conflicto con la dirigencia de Fencomin y su terrible desenlace han llevado a que el gobierno de Evo tome las siguientes decisiones: 1) Preservar al verdadero cooperativismo minero, separando a las empresas capitalistas semiformales que medran a su interior, 2) Revertir al Estado las reas otorgadas a cooperativas sobre las que se firmaron contratos con empresas privadas nacionales o transnacionales, 3) Ampliar la vigencia de derechos laborales a todos los trabajadores en las cooperativas, sean eventuales, jornaleros, segundas manos, kajchas o peones.

La Fencomin patronal atraviesa por una de sus peores crisis y va camino de perder todas las ventajas que obtuvo del gobierno. Al haberse develado el vnculo entre esa burguesa cooperativista con intereses extranjeros, por ejemplo en los contratos suscritos entre cooperativas potosinas con la empresa Manquiri, nombre boliviano de la transnacional estadounidense Coeur d' Alene Mines Corporation que explota el segundo yacimiento de plata ms grande del pas ubicado en San Bartolom, se abre tambin una oportunidad para avanzar con una poltica nacionalizadora en la minera, pues ha saltado uno de los aliados que siempre se opona a ese avance.

El verdadero aliado del proceso de cambio son los ms de cien mil trabajadores de las cooperativas mineras, obreros aymaras y quechuas la mayora de ellos. Como nunca en la historia del cooperativismo, es el gobierno de Evo que decreta que para esa masa laboral tambin rige la Ley General del Trabajo. Se trata del mayor avance en derechos laborales en una dcada, que muestra tambin el error en que caa una tendencia conservadora dentro del proceso de cambio que se aferraba al siguiente argumento: en pocas de contraccin econmica no deben crearse nuevos derechos sociales, sino defender los ya alcanzados. La conquista y expansin de los derechos sociales no depende de un determinismo econmico o de un clculo de costos, se da por un factor histrico-estructural denominado lucha de clases.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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