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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-09-2016

Los grupos antidesahucios y las familias afectadas rompen las negociaciones con el fondo estadounidense
Las PAH de Catalunya denuncian las prcticas mafiosas del fondo de inversin Blackstone

Enric Llopis
Rebelin


En el segundo semestre de 2016 se han iniciado en los registros de la propiedad del estado espaol 6.398 ejecuciones hipotecarias -paso previo al desahucio- en viviendas habituales, lo que supone un 4,6% ms que en el primer trimestre y un 26,2% menos que en el segundo trimestre de 2015. Pocas fechas antes que el INE hiciera pblicas estas cifras, las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Catalua anunciaron una ruptura de las negociaciones con el fondo de inversin Blackstone, uno de los principales del mundo. Los grupos antidesahucios sostienen que, tras ms de un ao de negociaciones, Blackstone contina sin dar respuesta favorable a ninguna de las reivindicaciones de la PAH; No slo decenas de casos permanecen bloqueados, sino que el fondo estadounidense desarrolla prcticas mafiosas, hasta el punto que las familias han sido extorsionadas, amenazadas, engaadas y ninguneadas de manera sistemtica, asegura la plataforma.

 

En abril de 2015 Blackstone adquiri la cartera hipotecaria con los activos considerados dudosos de CatalunyaCaixa, por 4.123 millones de euros, segn inform la Agencia Efe. El mecanismo utilizado consisti en transferir las hipotecas a un fondo de titulizacin de activos. En la operacin el Fondo de Reestructuracin Ordenada Bancaria (FROB), que tena la propiedad de Catalunya Banc, aport 524,9 millones de euros. De ese modo, Blackstone asumi una cartera de hipotecas problemticas valoradas en unos 6.400 millones de euros, por la que tambin se interesaron al menos una docena de grupos inversores. La gestin y administracin de estos prstamos correra a cargo de Anticipa, filial del fondo norteamericano. CatalunyaCaixa fue una entidad recapitalizada y saneada con ms de 13.000 millones de euros de ayudas pblicas, antes de ser adquirida por el BBVA en julio de 2014 por 1.130 millones de euros. Sin embargo, segn Expansin, que citaba a fuentes del sector financiero, el coste final de la operacin para el BBVA podra rondar los 600 millones de euros.

 

Las PAH de Catalua aseguran que Blackstone ha contratado a una empresa externa, que visita los domicilios de las personas hipotecadas y a las que amenaza con el desahucio si stas no abandonan la vivienda. Tambin chantajean a las familias con un remanente en su deuda si solicitan un alquiler, aseguran los grupos antidesahucios. El fondo de capital, aaden, prefiere el acoso telefnico a las ofertas por escrito, a las que slo acceden tras una presin continuada. Otra de las denuncias tiene relacin con las daciones en pago: no son reales, ya que la deuda se cancelara segn denuncia la PAH- slo en caso de abonarse todos los meses el alquiler de la vivienda y si el afectado la abandona al finalizar el contrato. De lo contrario, la deuda vuelve a activarse. Adems, se presiona a las familias con la amenaza de embargo de las cuentas y desahucios, sin que se haya activado siquiera el proceso de ejecucin hipotecaria.

 

Las plataformas califican de vejatorio y humillante el trato de los denominados gestores a las personas; en algunos casos el fondo inversor se aprovecha de la angustia de los afectados, a quienes ofrece dinero para que abandonen las viviendas. En cuanto a los alquileres, se seala la inclusin de clusulas abusivas que abren la posibilidad a futuros incrementos; y se asegura que las personas se ven forzadas a aceptar arrendamientos por encima de su capacidad de pago, para lo que han de solicitar las ayudas necesarias (obligndoles por contrato a ello). Por ltimo, tienen el cinismo de obligarnos a atender un programa de reinsercin laboral, al tiempo que nos dejan deudas de por vida. Tras la ristra de denuncias, las PAH de Catalua y las familias afectadas resolvieron el seis de septiembre dejar de reunirse y responder a las llamadas o correos electrnicos de Anticipa/Blackstone hasta que esta sociedad atendiera las reivindicaciones de las plataformas. Estas pueden resumirse en la dacin en pago a cero, sin condicionantes ni remanentes; el alquiler social sin chantajes ni clusulas abusivas; la mejora en los protocolos de atencin telefnica de Anticipa/Blackstone, es decir, sin amenazas ni trato vejatorio; y la constitucin de oficinas de la empresa en cada capital de provincia, en las que los afectados puedan exponer sus casos. El ltimo de los puntos consiste en satisfacer las demandas en todo el estado espaol. No cederemos ante las prcticas mafiosas de Anticipa/Blackstone, concluyen.

 

Otra de las entidades sealadas por las plataformas antidesahucios de Catalua es el BBVA. A finales de julio, las plataformas ocuparon una oficina de la entidad financiera en la Plaa Catalunya de Barcelona, con el fin de forzar una solucin a la situacin de ocho familias. Un mes antes comenzaron las concentraciones diarias frente a diferentes oficinas del banco. Adems de lanzar un videoclip de denuncia (rodado durante la ocupacin de una sucursal), los activistas calificaron de criminales las polticas del banco, preocupado slo por amasar beneficios millonarios. La accin se conectaba con otra que tuvo lugar el pasado 16 de marzo, cuando investigadores y activistas de la campaa BBVA sin armas del Centre Dels dEstudis per a la Pau y Setem intervinieron en la Junta General de Accionistas de la entidad, celebrada en Bilbao. All recordaron que el BBVA financia a ocho compaas fabricantes de armas nucleares y a siete de las empresas de armas espaolas ms destacadas. El banco es tambin lder respecto a inversiones en armamento en el estado espaol, con ms de 3.000 millones de euros entre 2011 y 2015.

 

Se apunt tambin la responsabilidad del BBVA en el freno a algunas iniciativas que representan avances sociales. En concreto, las presiones del banco para que el gobierno central presentara un recurso contra la Ley 24/2015 sobre desahucios y la pobreza energtica, aprobada por el parlamento cataln tras una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH y otros movimientos sociales. El Tribunal Constitucional admiti a trmite el recurso, y suspendi de manera cautelar una parte de la ley. El pasado 29 de abril el peridico digital Vozppuli aport algunas claves. Durante varios meses, el BBVA mantuvo negociaciones para la venta de una cartera hipotecaria valorada en 1.500 millones de euros. Segn estas informaciones (desmentidas por el banco), grandes fondos de inversin internacionales se hallaban sentados en la mesa de negociacin. Los contactos se habran ralentizado a la espera de que el gobierno de Rajoy interpusiera el recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana, como finalmente ocurri. BBVA se encomienda a Soraya Senz de Santamara para reactivar la venta de hipotecas por 1.500 millones, titul Vozppuli.

 

Ante tales maniobras, los activistas que ocuparon la sucursal bancaria en Barcelona fijaron sus prioridades. Demandas de mnimos, ante las vidas que estaban en juego. La dacin en pago y el alquiler social para Liliana y Mercedes, que se hallaban en paro y sin recursos para afrontar la hipoteca; quitas de la deuda para Sergio, Ana, Dani y Tania, con el fin de que pudieran conservar sus viviendas; nulidad del ndice de Referencias de Precios Hipotecarios (IRPH) de Ana, Goyo y Sergio, por opaco, manipulable y porque podra conducir al desahucio. Y la condonacin de la deuda de Anna, como avalista. El BBVA ha respondido a estas situaciones con lo que las PAH llaman lavado de imagen. El cuatro de julio el banco firm con la Generalitat un acuerdo que consista en la cesin de 1.800 viviendas para familias con escasos recursos de Catalua, con alquileres por un mximo de cinco aos a precios entre 150 y 300 euros. La directora de BBVA-Espaa, Cristina de Parias, afirm que el acuerdo es un ejemplo de respuesta integral y ambiciosa. El presidente Carles Puigdemont se felicit porque las entidades financieras han entendido que deben corresponsabilizarse. Y la PAH, ante la profusin de titulares y fotografas, record que segn el informe de Emergencia Habitacional realizado por la plataforma en 2013, el BBVA era la entidad que, tras Bankia, ms desahucios practicaba.

 

El tres de agosto Mireia, vecina de Vilagrassa (Lleida) de 34 aos, en paro y con tres hijos de 7, 10 y 15 aos tuvo que declarar ante el juez de primera instancia de lo penal de Cervera (Lleida), por un delito de usurpacin. La acusacin fue planteada por la Sociedad de Gestin de Activos procedentes de la Reestructuracin Bancaria (SAREB) o banco malo. Su pareja, Jos Manuel, ha estado siete aos en el desempleo antes de trabajar seis meses para los ayuntamientos de la zona. Les quisieron desahuciar por no poder pagar el alquiler, explica la PAH de Urgell-Segarra, plataforma de la que la Mireia y Jos Manuel son activistas. Ambos decidieron rehabilitar una casa, deshabitada desde hace ocho aos y en grave deterioro, que en primera instancia perteneca al Banco Santander y en 2009 pas a manos de la SAREB. No vamos a permitir que se acuse a un ciudadano por un delito que implica aos de crcel, slo por el hecho de recuperar una vivienda del total abandono, concluye la PAH de Urgell-Segarra. Para la banca no tiene ningn valor econmico.



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