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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-09-2016

Evo frente a lo que llaman cooperativismo

Shirley Ampuero y Camila Vollenweider
CELAG


Como era de esperar, el asesinato del Viceministro Rodolfo Illanes -y otras 4 personas- marc un hito de quiebre en la alianza poltica establecida entre el gobierno del MAS y el sector de los cooperativistas mineros. Gener una cadena de acciones y reacciones, y puso en la palestra la situacin real del complejo colectivo cooperativista.

Cinco decretos y una resolucin marcan el inicio de la voluntad del Gobierno de regular la dinmica de este sector, que creci aceleradamente a partir del proceso privatizador instaurado por Snchez de Lozada y que posteriormente consigui mantener sus actividades casi al margen del control gubernamental. Durante todos esos aos, el sector cooperativista -avalado por la legislacin entonces vigente- consigui suscribir contratos de riesgo compartido, arrendamiento y subarrendamiento con empresas privadas, incluso extranjeras. En 2014, la Ley 535 prohibi este tipo de acuerdos pero, a pesar de ello, los que haban sido contrados continuaron efectivizndose. Tras la escalada del conflicto de las ltimas semanas, el Gobierno estableci como respuesta una serie de decretos sancionados el 01 de septiembre. Entre ellos, el Decreto Supremo (DS) 2891, establece que las reas sobre las cuales se hubiesen establecido contratos de ese tipo -31 en total- volveran a dominio del Estado . Se dispuso as la reversin de las concesiones mineras en reas donde se constate la inexistencia de actividad minera o su indebida explotacin.

El establecimiento del derecho a la sindicalizacin de los trabajadores de las cooperativas, decretado por Morales a mediados de agosto y uno de los motivos de la protesta que acab en tragedia, alude a que muchas de stas funcionan, en la realidad, como empresas privadas, con mano de obra asalariada y privada de derechos laborales elementales. As, dos de los decretos sancionados apuntan a regular la situacin jurdica y laboral de las cooperativas: el DS 2892 establece que:

todas las personas que, sin ser socias, prestan servicios en las cooperativas mineras bajo relacin laboral en la que concurran las caractersticas esenciales de sta, independientemente de la modalidad de remuneracin se encuentran protegidas por la Ley General de Trabajo, estando sus derechos laborales y todos aquellos relativos a la Seguridad Social, en su condicin de trabajadoras y trabajadores, plenamente reconocidos y garantizados.

A travs de esta normativa, conjuntamente con la que estableci el derecho a la sindicalizacin, se busca garantizar los derechos laborales de una importante cantidad de cooperativistas subcontratados por los mineros que participan como socios en la produccin.

Por otra parte, el DS 2889 pretende la fiscalizacin del carcter de las cooperativas, que han de ser instituciones sociales y econmicas autogestionarias de inters social sin fines de lucro [1] , y el control de sus actividades (cateo, prospeccin, exploracin, explotacin, concentracin, fundicin, refinacin, comercializacin e industrializacin). Por ltimo, les exige informacin sobre la distribucin de ingresos y excedentes entre los socios, sobre el volumen y valor de la produccin, balances contables, las nminas de socios y personal contratado entre otros. Esta informacin que deben proveer las cooperativas anualmente ayudar a que el Estado tenga la certeza de que son tales y no empresas corrientes de explotacin minera.

Adems se estableci la prohibicin del uso, porte y tenencia de explosivos en manifestaciones pblicas -algo habitual en las protestas de los mineros en Bolivia- y se resolvi acabar con la prctica por la cual las cooperativas aportaban econmicamente a las federaciones departamentales, regionales y a la FENCOMIN (Federacin de Cooperativas Mineras). Las empresas comercializadoras e ingenios descontaban entre el 1% y el 5% al momento de la internacin de los minerales para su venta, montos que se destinaban a las distintas federaciones.

Estas medidas adoptadas por el Gobierno tras los trgicos episodios de las ltimas semanas apuntan a regularizar un sector productivo, el cooperativista minero, que no slo se ha acrecentado sustancialmente en las ltimas tres dcadas llegando a ser 14 veces mayor que el estatal y que el privado, sino que ha recibido numerosos beneficios por parte del Estado (exenciones impositivas, concesiones de explotacin sin licitacin, representacin poltica en el Parlamento, entre otros). Esto los ha convertido en un poderoso actor social que, si bien ha apoyado polticamente al gobierno de Morales, ha conseguido tambin -hasta ahora- limitar la capacidad gubernamental de interferir en sus actividades. Sin embargo, en estas dcadas de autogestin cooperativista, su estructura organizacional se ha desvirtuado por completo y hoy son, en su mayora, empresas conformadas por pocos dueos (autodenominados socios) y una gran masa de asalariados -mal remunerados y desprovistos de todo derecho laboral y sindical-, que tambin figuran como socios. Son, justamente los patrones cooperativistas, que encabezan las Federaciones, quienes lideran el enfrentamiento con el Gobierno, exigindole mayores beneficios y la flexibilizacin de normativas ambientales, laborales, as como el derecho a arrendar y subarrendar reas de explotacin a privados.

A pesar del desgaste poltico post referndum y la prdida de apoyo de los cooperativistas al Gobierno, Morales no parece dispuesto a dar el brazo a torcer y, seguramente, anunciar ms medidas tendientes a regular el sector. El Gobierno ha condicionado la reapertura del dilogo -solicitada por los mineros a travs de la creacin de la Comisin Nacional de Pacificacin- a la entrega de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Illanes, y tambin ha suspendido la venta de explosivos a las cooperativas, con lo que su produccin ha disminuido. De este modo, hoy stas se encuentran en una situacin mucho ms desventajosa que hace diez das atrs: la violencia de las patronales cooperativistas ha resultado en la exposicin pblica de sus contradicciones y ha conseguido que el Gobierno apunte contundentemente a acabar con su accionar al margen de la ley.

Nota:

[1] Ley N 535 del 28 de mayo de 2014, que regula actividades metalrgicas y mineras. URL: http://www.cedla.org/sites/default/files/Ley535%20Mineria%20Metalurgia.pdf

Este artculo se encuentra publicado en http://www.celag.org/evo-frente-a-lo-que-llaman-cooperativismo/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de las autoras mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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