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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-10-2016

"Este otoo nos jugamos mucho": el reemplazo del derecho internacional pblico por el derecho corporativo ad hoc
Arbitraje de diferencias estado-inversor, ISDS - TTIP

Gens Plana
Rebelin


Este otoo nos jugamos mucho. As empieza el manifiesto que llama a la resistencia ante los acuerdos de libre comercio que la Unin Europea est negociando con Estados Unidos (TTIP) y Canad (CETA). Precisamente el 15 de octubre hay convocados una serie de eventos en oposicin a estos tratados por cuanto, efectivamente, nos jugamos mucho; y entre otras cosas nos jugamos la clusula ISDS incluida en las negociaciones del tratado econmico y comercial conocido como TTIP (siglas que en espaol responden a Asociacin Transatlntica para el Comercio y la Inversin). Porque, pese a la oposicin de ciertos pases miembros, el pasado 7 de octubre Jean Claude Juncker, presidente de la Comisin Europea, ha anunciado que Bruselas mantendr las negociaciones del TTIP. Por su parte, la administracin estadounidense se afana por cerrar las negociaciones antes de concluir el ao.

Este acuerdo, que en el caso de aprobarse supondra homogeneizar las normativas en la produccin y comercializacin de bienes y servicios a la baja [1], tiene una de sus implicaciones ms peligrosas en los aspectos relacionados a la inversin extranjera: la gida de las inversiones podra comportar demandas multimillonarias contra aquellos Estados que limiten los beneficios de los inversores extranjeros, segn el Arbitraje de diferencias estado-inversor (cuyas siglas en ingls son ISDS). As que, partiendo de la premisa por la cual tanto ms relevantes son los efectos de un fenmeno mayor es la necesidad de pensarlo a fin de apoyarlo o, por el contrario, combatirlo con pleno conocimiento de causa, es de obvio entendimiento que el TTIP en consonancia al cual se ejecutara el ISDS exija, a la vista de sus resonancias, un anlisis sobre sus implicaciones.

Asociacin Transatlntica para el Comercio y la Inversin (TTIP)

De entrar en vigor, el TTIP conformara el rea de libre comercio ms grande del mundo, incorporando a ms de 800 millones de consumidores y aproximadamente la mitad del PIB mundial. Se trata, expresado meridianamente, de una tentativa del capital comercial y financiero internacional por dinamizar econmicamente un rea que presenta sntomas de estancamiento a travs de una mayor liberalizacin de los flujos comerciales en lo que supondr una clara ofensiva de las lites econmicas para resituar el epicentro de la economa mundial en el Atlntico Norte. Ello se produce en un momento en que ambas regiones (la UE y los EEUU) se estn viendo desplazadas de las principales reas de crecimiento econmico a escala planetaria a favor del sudeste asitico y las potencias regionales emergentes. Pero, ante todo, el TTIP supone un severo cerco sobre la soberana de los Estados como consecuencia de las prerrogativas que este tratado, a travs del ISDS, ofrece a las corporaciones transnacionales para anular (y cuando no, acotar) las limitaciones que sobre ellas pueden ejercer, en el pleno derecho de sus capacidades legislativas, los pases receptores de inversin. Semejante escenario comportara importantes implicaciones a nivel poltico y econmico, suscitando el deterioro del rgimen social y democrtico que caracteriza a los miembros de la UE y promoviendo un modelo de desarrollo exgeno altamente dependiente del capital internacional y, por consiguiente, de las volatilidades del sistema econmico internacional.

Arbitraje de Diferencias Estado-Enversor (ISDS)

El ISDS supone un instrumento jurdico incluido en el TTIP que garantiza mecanismos legales para que las corporaciones transnacionales puedan demandar en un tribunal arbitral ad hoc a aquellos Estados extranjeros (con respecto al pas en que se encuentra la sede o casa matriz de las corporaciones) que ejercen impedimentos legislativos para los beneficios potenciales de sus inversiones realizadas.

Segn este clusula (ISDS), son las empresas extranjeras las que tienen la potestad de denunciar a los Estados, mientras que los Estados no tienen facultad para hacer lo propio con las corporaciones pese a que stas hayan violado la legislacin del pas ya sea en materia laboral o ambiental. Esta disposicin suscita, a todas luces, un desequilibrio entre los intereses de las corporaciones transnacionales, las cuales adquieren plenas facultades para denunciar aquellas prcticas legislativas que no les sean afines, y unos Estados que parecen encontrarse inermes ante un escenario que plantea una correlacin de fuerzas claramente dispar: resulta inaudito que una empresa pueda demandar a un Estado por elaborar una ley que, por ejemplo, reduzca los niveles de contaminacin permitidos o eleve las indemnizaciones por despido pero, en cambio, el Estado no pueda demandar a esa empresa por daos ambientales o despidos improcedentes declarados como nulos.

Como se muestra en las siguientes lneas, el ISDS est expresamente concebido para que los inversores extranjeros tengan la posibilidad de demandar a los Estados sin el requisito previo de acudir primero a los tribunales nacionales o regionales que protegen los derechos de todos y todas (Van Harten, 2015: 5). Por consiguiente, en el caso de un fallo favorable a los inversores extranjeros, los Estados deberan abonar cuantiosas compensaciones monetarias asociadas a la diferencia entre las expectativas de ganancia de las empresas y sus beneficios reales. Del mismo modo, la sentencia, de obligado cumplimiento para las partes involucradas en el litigio, puede conllevar la anulacin de la legislacin nacional democrticamente aprobada por los parlamentos estatales a fin de restituir los beneficios de los inversores. Por lo que, como afirma Van Harten (2015: 12), el ISDS exacerba la presin sobre los Estados para autocensurarse por medio a un posible litigio.

Los tribunales de arbitraje que plantea el ISDS estn conformados por tres abogados comerciales que forman parte de bufetes privados y que de manera simultnea pueden, sin ningn inconveniente, trabajar para las corporaciones implicadas ofreciendo asesora jurdica. Si bien, debido al secretismo que acompaa las negociaciones del TTIP, no se sabe con certeza cul ser el criterio a partir del cual se designarn estos tres rbitros, algunos expertos apuntan a que la eleccin pudiese operar del siguiente modo: el inversor demandante elige a un rbitro, el Estado a otro, y el tercero resulta de una eleccin de los dos rbitros previamente elegidos. Por otra parte, lo que s parece seguro es que al inicio del proceso de arbitraje cada una de las partes debe costear su defensa y, tras la sentencia, la parte condenada presumiblemente asuma el total de la cuanta econmica a la que asciende el proceso arbitral. Y teniendo en cuenta que los honorarios que perciben los abogados designados en este tipo de casos pueden alcanzar los mil euros por hora trabajada, se estima que los costes procedimentales sean sumamente onerosos.

El fundamento de tal mecanismo arbitral se encuentra en que las empresas transnacionales () tienen inters en que sus relaciones legales contractuales con los Estados extranjeros se sustraigan en forma completa o parcial de la legislacin local de los socios contractuales de carcter estatal (Herdegen, 2015: 110). Tales empresas arguyen que ello posibilita la creacin de dispositivos internacionales, como tribunales de arbitraje, por los cuales preservar en mayor medida la seguridad jurdica relativa a los contratos establecidos. Sin embargo, puesto que es propio de todo rgimen democrtico que el derecho se encuentre abierto a modificaciones legales, el hecho de que los Estados puedan derogar las relaciones contractuales convenidas con las empresas extranjeras no debera entenderse como una disfuncin propia de aquellos Estados polticamente inestables sin garantas de seguridad jurdica.

La razn por la cual el TTIP establece el ISDS como estipulacin perentoria radica, por consiguiente, en supeditar las modificaciones legales a las disposiciones contractuales: una clusula como el ISDS tiene por objetivo que el Estado receptor, a cuyo derecho se somete el tratado, no podr modificar unilateralmente el contrato acudiendo a su soberana legislativa (Herdegen, 2015: 111). En procura de ello, en el caso de que el Estado tomase medidas legislativas que pusieran en riesgo las estimaciones de beneficio impulsoras de la inversin extranjera, se podra internacionalizar las relaciones contractuales desplazndolas a un tribunal arbitral no sujeto al derecho internacional.

No obstante, la capacidad por parte de la empresa privada de someter a la parte estatal a un tribunal arbitral pone en riesgo algo que estimamos en harto grado ms relevante en el derecho internacional pblico que el cumplimiento contractual: la soberana estatal [2]. Esta afirmacin se fundamenta al advertir que, segn el derecho internacional pblico, la soberana se encuentra asociada a aquellos agentes que poseen una personalidad de derecho internacional absoluta, como es el caso de los Estados; mientras que, por el contrario, las empresas transnacionales constituyen sujetos de derecho internacional atpicos con un mbito de derechos y deberes limitado. Por lo que, a razn de una primera aproximacin a la cuestin, es posible inferir que el ISDS atenta contra la soberana estatal, esto es la capacidad de los actores estatales por dotarse a s mismos de los marcos jurdicos deseados en su ejercicio de autodeterminacin e independencia. Pero veamos, en adelante y con mayor detenimiento, el contexto y los antecedentes internacionales que acompaan al ISDS.

Derecho internacional econmico

El derecho internacional econmico es el mbito relativo a los marcos legales contractuales a partir de los que se realiza la actividad econmica transfronteriza, ya sea a nivel bilateral, regional o global (Herdegen, 2005: 385). As como el derecho internacional pretende proteger las propiedades de los sujetos en el extranjero limitando las expropiaciones a una serie de condicionantes [3], tambin pretende regular las inversiones extranjeras estableciendo una compensacin por el incumplimiento de los deberes contrados por los Estados receptores. Por lo que ser necesario revisar los antecedentes del derecho internacional econmico relativo a los tratados para la proteccin de las inversiones si lo que se quiere es comprender la magnitud del ISDS en lo que a la sobreproteccin de los inversores extranjeros supone con respecto al marco jurdico anteriormente aceptado.

En 1965 el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados estableci la creacin, en el marco del derecho internacional para la solucin de conflictos entre inversionistas y Estados receptores, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias de Inversin (CIADI), del que en la actualidad la mayor partes de pases (144) son miembros. El CIADI es una institucin dependiente del Banco Mundial creada en 1966 y expresamente concebida para resolver disputas entre gobiernos y empresas extranjeras. De conformidad con el artculo 25, nmero 1 del CIADI,la jurisdiccin del Centro se extender a las diferencias de naturaleza jurdica que surjan directamente de una inversin entre un Estado Contratante (o cualquier subdivisin poltica u organismo pblico de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante [4] y que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro (Herdegen, 2005: 390). Es decir, las partes implicadas pueden recurrir al arbitraje que ofrece el CIADI siempre y cuando ambas partes compartan el propsito de resolver sus discrepancias. La relevancia de ello estriba en asumir, aunque implcitamente, la posibilidad de que el Estado receptor de inversin se reserve el derecho de no ser arbitrado por instancias jurdicas internacionales, ya que la mediacin del tribunal de arbitraje proporcionado por el CIADI nicamente ser operativa en el caso de que ambas partes la soliciten. Semejante artculo equivale a reconocer que, en el pleno ejercicio de su soberana, el Estados receptor de inversin puede llevar a cabo algn tipo de medida legislativa en consonancia con su potestad jurdica y no ser denunciado por ello.

Por tanto, a diferencia de lo que dictamina el artculo 25 nmero 1 del CIADI, la clusula ISDS de la Asociacin Transatlntica para el Comercio y la Inversin (TTIP) estipula que el sujeto inversor pueda trasladar a un tribunal arbitral las discrepancias con el Estado receptor an sin el consentimiento de este ltimo sujeto. Puesto que los inversores pueden denunciar a los Estados de manera unilateral, ya no sera necesario el consenso de ambas partes por dirimir los conflictos en un tribunal de arbitraje. A efectos prcticos, ello supone transgredir el derecho internacional toda vez que supone vulnerar la personalidad absoluta de los Estados: tal y como ha sido previamente planteado, los Estados constituyen los nicos sujetos que, de conformidad con el derecho internacional, no se encuentran sometidos a restricciones en lo que concierne al posible mbito de sus derechos (Herdegen, 2005: 69). Ante lo cual cabra preguntarse qu es la posibilidad de sancionar a un Estado por legislar en sintona con el beneficio o el perjuicio de unos determinados intereses sino la violacin del derecho inherente a todo Estado por legislar en funcin del criterio (independientemente de cul sea ste, siempre y cuando no avale crmenes de lesa humanidad) del gobierno efectivo y legitimo que le es propio?

Por otro lado, el tribunal de arbitraje conformado por el CIADI, segn su artculo 42 nmero 1, tratar de resolver el caso mediante las reglas del derecho internacional acordadas tanto por el inversor privado y el Estado receptor y, de no lograrse, el tribunal aplicar la legislacin del Estado que sea parte en la diferencia (Herdegen, 2005: 391). Es decir, en caso de que haya posibilidad de una convergencia entre las partes implicadas en el litigio, la postura del Estado, como sujeto internacional de pleno derecho que es, tendr preeminencia por encima de aquellos sujetos de derecho internacional atpicos como son las empresas transnacionales. Sin embargo, por ms coherente que sea este procedimiento con respecto a la jerarqua de sujetos que establece el derecho internacional pblico, se halla invalidado por el ISDS, ya que segn este ltimo mecanismo el tribunal arbitral tendr plena posibilidad de fallar a favor del inversor negando as el reconocimiento de la soberana del Estado por legislar autnomamente. Por lo que observamos una vez ms que, en lo que respecta a lacerar soberana estatal, el tribunal de arbitraje recogido en el TTIP va ms all que el CIADI.

Pero para saber con mayor precisin los aspectos relativos al ISDS es conveniente sealar de manera aislada y particularizada aquellas especificidades idiosincrticas que hacen de esta propuesta un mecanismo arbitral sin parangn con respecto al CIADI, suscitando, en toda regla, un dispositivo de intervencin en la poltica interna de los Estados al servicio de los intereses corporativos transnacionales. Las siguientes lneas hacen referencia, por tanto, a la enjundia del arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS).

Caractersticas del ISDS

1) Reduccionismo binario

El ISDS se estructura como un proceso binario que excluye del proceso arbitral a todas aquellas partes afectadas que no sean el inversor extranjero y el Estado. De este modo, por ms que se haya vulnerado los derechos o intereses de otros grupos o actores, al no formar parte del proceso arbitral stos son invisibilizados. Entre estas partes excluidas tambin se encuentran los organismos gubernamentales o entes pblicos cuyo mbito (local o regional) se encuentra a otro nivel que el estatal. Por el contrario, cualquier proceso judicial de mbito comn es inclusive a todas aquellas partes perjudicadas, teniendo participacin en el caso y aportando pruebas al tribunal. Esta exclusin es susceptible de beneficiar a los inversores extranjeros en tanto en cuanto les es posible alegar hechos o argumentos que no pueden ser refutados por algunas de las partes afectadas debido a la ausencia de las mismas.

2) Ausencia de garantas

Los tribunales de arbitraje que ofrece el ISDS no presentan garantas en la adjudicacin de los rbitros en la medida que no prohbe que stos asuman un trabajo paralelo susceptible de comportar un conflicto de inters y una falta de imparcialidad. Al estar los procesos de arbitraje exonerados de toda fiscalizacin externa, los rbitros podran perfectamente emplearse como abogados defensores de los grupos inversores en casos paralelos. No en vano, el ISDS supone reemplazar los jueces por rbitros: la permuta de los tribunales nacionales e internacionales por tribunales arbitrales implica que la resolucin de los conflictos de inters no dimane necesariamente de un proceso justo e independiente.

3) Opacidad

Debisemos tener en cuenta que las negociaciones sobre el TTIP y todas sus clusulas constitutivas (entre las cuales se encuentra el ISDS) son a puerta cerrada y presentan un carcter eminentemente opaco. El jefe negociador de la UE, Ignacio Garca Bercero, y el jefe negociador de los EEUU, Dan Mullaney, han acordado que la totalidad de los documentos de la negociacin del TTIP sern secretos hasta transcurridos treinta aos de la aprobacin del tratado. Por lo que el secretismo que probablemente acompae a los procesos arbitrales del ISDS es extensivo a las negociaciones del TTIP. Apenas han sido revelados documentos de las mismas, y en ellos no se recogen sino los lineamientos ms generales del tratado a fin de obstaculizar la toma de consciencia por parte de la poblacin de la magnitud de sus implicaciones. La ausencia de transparencia, sntoma de un severo dficit democrtico, se agrava al percibir que durante distintas fases de las negociaciones, la Comisin Europea se ha reunido exclusivamente con agentes privados excluyendo as las organizaciones civiles.

4) Exclusividad demandante

Otra de las disfuncionalidades que presenta el ISDS con relacin a los procesos judiciales convencionales es que aquel no es reciproco, o lo que es lo mismo, nicamente una de las partes puede demandar a la otra. Esto es as porque la misma razn de ser de los tribunales de arbitraje establecidos por el ISDS radica en posibilitar que los inversores extranjeros demanden a los Estados en compensacin por ejercer unas polticas pblicas susceptibles de perjudicar la lgica comercial (y por tanto, de atribucin privada) que busca maximizar las ganancias. Por el contrario, si los inversores extranjeros incumplen las leyes ordinarias, stos no pueden ser denunciados al ISDS por parte de los Estados, ya que no les est reservado semejante mecanismo. Ante la voluntad del Estado por demandar al inversor, el litigio pasara por los tribunales ordinarios de mbito nacional que, al no ser concebidos especficamente para el pleito en cuestin, presentan tiempos ms dilatados. Todo ello no hace sino poner en evidencia el favoritismo del ISDS a favor del inversor, al tiempo que expresa una iniquidad que debera ser separada de cualquier proceso que aspire a devenir justo e independiente.

5) Conflicto de intereses

Y, puesto que las altsimas retribuciones salariales que reciben los rbitros por su labor arbitral depende de unos procesos de arbitraje ineluctablemente iniciados por las corporaciones (a tenor que stas constituyen la nica de las partes con capacidad para generar estos procesos), no resulta nada descabellado suponer que tales rbitros presenten cierta inclinacin a beneficiar a los inversores extranjeros; lo cual podra generar antecedentes favorables para que las compaas, a la vista de una resolucin conveniente a sus intereses, denuncien a los Estados y abran nuevos procesos de arbitraje. Retroalimentando este proceso, los rbitros encontraran en las sentencias favorables a los inversores futuros incentivos econmicos en forma de nuevos procesos de arbitraje que ejercer [5] .

6) Imposibilidad de apelacin

En consonancia con las inslitas particularidades del ISDS se encuentra la imposibilidad de apelar las decisiones tomadas por el tribunal de arbitraje a otro tipo de instancias. El arbitraje de diferencias estado-inversor no contempla la posibilidad de acudir a instancias superiores, por lo que sus decisiones son inapelables, incapaces de ser revisadas. Esto es as debido a que el ISDS constituye un mecanismo que obtura la opcin de ejercer una supervisin judicial a aquellas irregularidades o errores legales que hayan podido estar presentes durante el proceso arbitral. Se establece de este modo una suerte de bloque jurdico por el cual se eliminan posibles contrapesos jurdicos capaces de revocar la sentencia dictaminada por el ISDS en caso de que ste presente anomalas que hagan que su veredicto sea consecuencia de un proceso de dudosa legalidad o legitimidad.

7) Coaccin empresarial

Debido a que los gobiernos reconsideraran el modo en que legislar teniendo en consideracin la posibilidad de ser demandados en tribunales arbitrales, el ISDS supone, expresado sin cortapisas, una tentativa por reformular las instituciones de justicia en pos de coartar la toma de decisiones gubernamentales a favor de las corporaciones extranjeras. Apercibidos de pagar cuantiosas compensaciones en el caso de afectar los beneficios de los inversores, resulta ms que probable que los Estados limiten su capacidad legislativa ante el riesgo de perjudicar los beneficios de las transnacionales inversionistas. Seran especialmente las polticas pblicas de ndole progresista [6] las que se veran en mayor medida condicionadas, e incluso abrogadas, por la coercin que supone el ISDS. Ante lo cual cabra preguntarse si acaso esta potencial restriccin de la toma de decisin de los gobiernos electos no supone contribuir, con mayor contundencia si cabe, al menoscabo de la soberana de los Estados y, con ello, al deterioro de sus fundamentos democrticos.

8) Amenaza pblica

Siendo la preservacin de la vida arraigada al territorio a travs de la reduccin de las externalidades productivas el principal factor que tiende a interponerse entre los beneficios reales y los potenciales, resulta dable suponer que la mayora de los casos demandados estaran relacionados con la aprobacin de leyes vinculadas a la proteccin de la salud pblica y el medio ambiente. Algunas de las reas cuya normativa podra ser potencialmente susceptible de afectar las previsiones de ganancia de los inversores extranjeros y, consiguientemente, por las que stos podran denunciar a los Estados son reas relativas al control de la contaminacin, a la restriccin de ciertos elementos qumicos y alimentos transgnicos, a la cancelacin de procesos de privatizacin de servicios pblicos, al aumento de las condiciones laborales y el alza de los salarios, a la promocin de nacionalizaciones o expropiaciones, a la regulacin de las actividades financieras, a la estandarizacin de las licitaciones, o a la modificacin de las polticas fiscales. En definitiva, cualquier limitacin a los beneficios de las empresas resultara un factor legal para que stas denuncien a los Estados al arbitraje de diferencias estado-inversor.

9) Proyecto de clase

El carcter neoliberal del ISDS se expresa de manera descarnada al deparar en que, a la postre, el fallo a favor de compensaciones millonarios procedentes de los fondos pblicos supone una cuantiossima redistribucin de las rentas del trabajo a las rentas del capital por cuanto son los contribuyentes al erario pblico los que sufragaran las demandas de los actores privados. Se trata, por consiguiente, de un mecanismo al servicio del capital internacional, y en especial del capital monopolista internacional: garantizar a los inversores extranjeros derechos que si quiera tienen las empresas nacionales supone contemplar los intereses de un reducidsimo, y por tanto selecto, grupo de capitalistas con capacidad de operar a escala global. Hay que tener en cuenta que, entre los inversores extranjeros, son las corporaciones multinacionales o, en menor medida, los magnates individuales los nicos agentes con suficiente capacidad adquisitiva para sufragar los costes de litigacin.

Conclusiones

De todo lo expuesto se sustrae que el arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS) no presenta los estndares judiciales de independencia y rigurosidad que le deberan ser propios a todo proceso contencioso encomendado a resolver casos de semejante envergadura. La sustitucin de los procesos judiciales por tribunales de arbitraje ad hoc favorece la oblicuidad del arbitraje a favor de los intereses corporativos en menoscabo de la neutralidad y rigurosidad que las demandas exigen. Pues parece razonable pensar que si los tribunales de arbitraje que plantea el ISDS fuesen justos e independientes, no existira ninguna necesidad de reemplazar el sistema legal de los Estados democrticos. Tampoco olvidemos que nicamente los inversores extranjeros pueden hacer uso del arbitraje de diferencias estado-inversor, por lo que tanto los inversores nacionales como cualquier otro sujeto afectado quedan excluidos de los mecanismos procedimentales que el ISDS ofrece, incumplindose, de este modo, el principio de igualdad al acceso de la justicia que debe acompaar todo proceso que sea vinculante.

Por otra parte, debido a que el criterio sobre el cual se fundamenta el arbitraje de diferencias estado-inversor est sujeto al perjuicio de las medidas tomadas sobre los inversores por parte de los Estados (an cuando estas medidas se orienten a la proteccin o promocin de la vida y el medio ambiente), nos encontramos con que el ISDS eleva el rango de los derechos de propiedad en relacin al derecho a regular y a otros derechos humanos (Van Harten, 2015: 5). Por s mismo ello tiende a discriminar a todos aquellos actores cuyos derechos e intereses sean vulnerados por las perspectivas que los inversores extranjeros tienen en que sus actividades generen unos determinados ingresos o rentas. Por consiguiente, este mecanismo de arbitraje limita la potestad de los Estados por realizar polticas pblicas que, an beneficiando el inters general, puedan ser perjudiciales para los propsitos de los inversores extranjeros. La misma existencia del ISDS debe ser entendida como un privilegio que se le confiere a las corporaciones multinacionales a fin de proteger sus intereses econmicos, pues en el caso de que stos se viesen afectados, los fallos arbitrales pueden asegurar un considerable desplazamiento de dinero pblico hacia los agentes privados.

Y puesto que el ISDS otorga a las corporaciones multinacionales el derecho a demandar en tribunales de arbitraje ad hoc a aquellos pases cuya legislacin ponga en riesgo sus beneficios potenciales, este procedimiento ya no slo cuestiona la soberana estatal sino que deja a los Estados inermes ante el desidertum lucrativo de las corporaciones extranjeras. Por lo que, llegados a este punto, no parece expeditivo afirmar que, segn las disposiciones del ISDS en negociacin, los inversores extranjeros gozaran de mayores privilegios procesales que los Estados nacionales. Ante lo cual, la articulacin de los movimientos sociales y su permeabilidad sobre la sociedad civil resulta axial para detener semejante cesin de soberana a entidades corporativas. Asumiendo como irrenunciable la capacidad de los gobiernos democrticamente electos por regular los asuntos internos de las comunidades a las que representan, ninguna clusula de proteccin a las inversiones debiera elevar los intereses del capital transnacional por encima de aquella soberana estatal que radica en la voluntad popular.

 

Bibliografa

Gmez, Vernica. (09 de mayo, 2015). El ISDS, una amenaza para los Estados. Nuevatribuna.es.

Herdegen, Matthias. (2005). Derecho Internacional Pblico. Mxico, D.F.: Universidad Autnoma de Mxico, Fundacin Konrad Adenauer.

Ramonet, Ignacio. (marzo, 2014). Peligro! Acuerdo Transatlntico. Le Monde Diplomatique, n 221, marzo 2014.

Snchez Alberca, Alfredo (marzo, 2015). Los ISDS: otro obstculo ms en el camino hacia la democracia. Plataforma de la Auditoria Ciudadana de la Deuda.

Van Harten, Gus. (abril, 2015). Informe sobre las propuestas defectuosas del ISDS en el TTIP y el CETA. Osgoode Legal Studies Research Paper, N 16, 2015.

 

Notas

[1] La armonizacin de la legislacin de ambos bloques significa encontrar un comn entre las partes que, a efectos prcticos, corresponde a un mnimo comn. Por lo que, citando el ejemplo de los derechos laborales, es ms fcil que la Unin Europea reduzca su normativa a fin de equipararse a la estadounidense a que, por el contrario, los Estados Unidos eleven sus estndares de proteccin al trabajo asalariado con el propsito de igualar la legislacin europea.

[2] Segn el artculo 1 de la Convencin sobre Derechos y Deberes de los Estados, Montevideo, 1933, uno de los requisitos que conforman al Estado como persona del derecho internacional es el del gobierno; esto es, un poder estatal que tiene competencias sobre la territorialidad y la poblacin relativa al Estado en cuestin. En este sentido, la soberana no es una caracterstica adicional de la definicin, sino en cierta forma la consecuencia legal de la calidad de Estado de una asociacin de personas (Herdegen, 2005: 73).

[3] La expropiacin debe llevarse a cabo por inters pblico, sin tener un carcter discriminatorio hacia los intereses nacionales de un particular Estado, y a cambio de de una indemnizacin adecuada.

[4] Las corporaciones multinacionales son citadas por el CIADI como nacionales de otros Estados.

[5] Tal y como lo plantea Luis Rico, coordinador del Proyecto de Tratados e Inversiones de Ecologistas en Accin, los rbitros pertenecen a una camarilla de diez bufetes, y pueden actuar a veces como consejeros de multinacionales, otras como fiscales, como rbitros, pueden ser jueces y parte. Adems, no tienen ingresos fijos como jueces, sino que ganan por el nmero de casos, unos mil euros la hora, as es que estn interesados en que haya muchos casos, y para que haya muchos casos los inversores tienen que tener muchas expectativas de ganar.

[6] Aquellas polticas pblicas encaminadas a propiciar una redistribucin equitativa de las rentas por medio de una reforma fiscal progresiva que afectase en mayor medida al gran capital, dentro del cual figuran las corporaciones multinacionales con capacidad de invertir en Estados extranjeros.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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