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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-10-2016

Una guerra declarada contra el derecho de los pueblos a decidir y a vivir
Modelo extractivista, el despojo de territorios y la criminalizacin de la protesta en Centroamrica

Giorgio Trucchi
Rebelin


Hace siete meses, en marzo de 2016, la noticia se reg como relmpago y el mundo se estremeci. Balas asesinas haban acabado con la vida de la dirigente indgena Lenca y defensora de derechos humanos Berta Cceres, recin galardonada con el prestigioso Premio Ambiental Goldman 2015. Junto al Consejo Cvico de Organizaciones Populares e Indgenas de Honduras (Copinh), del cual era coordinadora, la activista llevaba adelante una incansable lucha contra la implementacin y profundizacin del modelo extractivista en Honduras, en particular contra la proliferacin de proyectos hidroelctricos y mineros, y la expansin de monocultivos de agroexportacin.

En una entrevista que realic para una revista alemana unos siete meses antes de su asesinato, Cceres adverta que, tanto en Honduras como en todo Centroamrica, los pueblos originarios se estaban enfrentando a un proyecto hegemnico impulsado por el gran capital nacional y transnacional, que tiene sus intereses puestos en el sector energtico, en la minera y la agroindustria. Los impulsores de esta estrategia han impuesto un modelo profundamente neoliberal basado en la invasin y la militarizacin de territorios, y en el saqueo y la privatizacin de recursos. Avanzan con la transnacionalizacin de nuestras tierras, en el marco de un proyecto ms amplio de dominacin regional, adverta Cceres (1).

Datos en la mano, la lideresa indgena hondurea mostraba como, tras el golpe de Estado de 2009, se haban aprobado unos 300 proyectos hidroelctricos y no menos de 870 proyectos mineros, al tiempo que se despejaba el camino para la implementacin de las Zonas de Empleo y Desarrollo Econmico (ZEDE) o ciudades modelo (2), se entregaba a la British Gas Group miles de kilmetros cuadrados de plataforma continental para la exploracin petrolera. Tambin se impulsaron megaproyectos tursticos y se foment la expansin descontrolada de monocultivos a gran escala, en particular de caa de azcar y palma africana. Hoy en da, organizaciones sociales y populares hondureas aseguran que el 35% del territorio nacional ya est concesionado a empresas nacionales y transnacionales, y denuncian que en ningn momento se ha respetado el derecho de los pueblos al Consentimiento previo, libre e informado, como dispone el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indgenas y Tribales.

Honduras es un pas totalmente militarizado y hundido por la corrupcin institucionalizada. Lo que queda de sus instituciones sirve solamente a garantizar los intereses de los grupos oligrquicos nacionales y los grandes grupos transnacionales, es decir aquellos sectores que orquestaron el golpe en 2009, sealaba Cceres durante la entrevista. Estados cmplices que no solamente implementan y profundizan el modelo neoliberal poniendo a la venta bosques, ros, valles y territorios, sino que se encargan de criminalizar, perseguir y hasta asesinar a quienes se oponen a ese proyecto explotador. La aprobacin de leyes en casi todas las naciones centroamericanas que limitan el derecho de reunin y movilizacin y que endurecen las polticas de control social es prueba de ello.

No me cabe la menor duda que se trata de una poltica de Estado que criminaliza y reprime aquellas personas que estn comprometidas con esta lucha y con la vida. Los pueblos indgenas, negros, campesinos que vivimos en carne propia la represin, sabemos que hay toda una estructura organizada, planificada y financiada para perseguir, reprimir y asesinar a luchadores y luchadoras ambientales, denunciaba Cceres pocos meses antes de su asesinato.

La denuncia constante y la lucha determinada contra el modelo extractivista y contra el proyecto hidroelctrico Agua Zarca, promovido por la empresa de capital nacional Desarrollos Energticos S.A. (DESA) con fondos de bancos europeos y organismos multilaterales, le cost la vida a ella y a cuatro miembros ms del Copinh. En julio pasado, la activista defensora de los bienes comunes de la naturaleza Lesbia Yaneth Urqua, cercana al Copinh, tambin fue brutalmente asesinada.

Una estela de sangre y muerte que se extiende por toda la regin centroamericana.

Centroamrica en la mira

Un estudio reciente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) sealaba que en Guatemala haba 107 concesiones mineras metlicas ya otorgadas y 359 nuevas solicitudes (3). Si a esos datos sumamos los proyectos no metlicos, tales como la extraccin de cuarzo, marmol, arenas y gravas, yeso, entre otros, el total llega a la cantidad abrumadora de 973 proyectos. Los movimientos sociales y populares guatemaltecos alertaban que, en 2014, el rea total concesionada a empresas mineras superaba los 32 mil km, es decir casi el 30% del territorio guatemalteco. A eso habra que agregar la enorme cantidad de territorio concesionado por otro tipo de megaproyectos y por la expansin de los monocultivos de agroexportacin.

Similar es la situacin de Nicaragua. En el informe Estado actual del sector minero y sus impactos socio-ambientales en Nicaragua 2012-2013 (4), la organizacin ambientalista Centro Humboldt revelaba que la superficie total concesionada era de casi 18 mil km, es decir el 13,5% del territorio nacional, con un total de 446 proyectos mineros. El posible desarrollo del Gran Canal Interocenico en Nicaragua, de 278 kilmetros de longitud -105 de los cuales bajo las aguas del Lago Cocibolca-, un ancho de entre 230 y 520 metros y 30 metros de profundidad, es decir tres veces ms grande que el canal de Panam, y de otros proyectos hidroelctricos y mineros, as como la expansin de los monocultivos de caa de azcar y palma africana en el occidente y el sur-oriente del pas, han venido incrementando ese porcentaje.

Si bien fuera y dentro de sus fronteras a Costa Rica se le conoce como el pas ms verde y feliz del mundo, los conflictos ambientales y por la tierra han dejado un saldo de terror y muerte. En su artculo De Jairo Mora y el terrorismo en Costa Rica, Mauricio lvarez, presidente de la Federacin Costarricense para la Conservacin del Ambiente (Fecon) seala que son varios los defensores y defensoras del ambiente asesinados en las ltimas dcadas (5). En este pequeo pas, el Estado ha cometido terrorismo una y otra vez. Sembrar el miedo y usar la represin por medio de la fuerza ha terminado en el asesinato de personas. Esta realidad clara y concreta no tiene nada que ver con la imagen idlica de postales tursticas. Decirlo no es cmodo, es incluso peligroso, advierte.

En su otro artculo Berta Cceres y 50 asesinatos ms, el catedrtico y ecologista costarricense se pregunta si acaso puede ser limpia una energa como la hidroelctrica, cuya generacin tiene como dao colateral la criminalizacin, persecucin y hasta la muerte de activistas y defensores medioambientales y la represin contra pueblos originarios y comunidades campesinas en todo Centroamrica (6). De acuerdo con su investigacin, 17 activistas guatemaltecos y 15 hondureos habran sido asesinados en los ltimos aos, todos comprometidos con la lucha contra la explotacin hidroelctrica y la privatizacin de la energa. Otros asesinatos se dieron en El Salvador y Panam por la explotacin minera e hidroelctrica.

No es coincidencia que los actores sociales ms afectados por estas formas de terrorismo sean ecologistas, campesinos e indgenas. El problema es estructural. Conflictos por tierras, por tenerlas o defenderlas, y conflictos ambientales, han sido parte de un crculo de violencia que nos aleja de cualquier mito de paz y respeto a los derechos humanos, profundiza en su anlisis lvarez.

Uno de los casos ms emblemticos de represin contra aquellos sectores que se organizan para contrarrestar el avance del modelo extractivista y agroindustrial es el del Valle del Agun, al noreste de Honduras. Segn las organizaciones nacionales e internacionales que, entre 2010 y 2013, realizaron un minucioso monitoreo sobre la situacin de los derechos humanos en esta zona, no menos de 60 campesinos habran sido asesinados por el conflicto agrario generado por la expansin del monocultivo de la palma africana y la falta de acceso a la tierra para miles de familias campesinas (7).

Estas muertes son slo la punta del iceberg de una dinmica de impunidad y terror que envuelve a cada una de las comunidades detrs de estos nombres que viven en violenta represin. Se han instaurado las prcticas de estigmatizacin, judicializacin, acoso, torturas, desapariciones y otros instrumentos para evitar que las comunidades hagan valer sus derechos de acceso y decisin sobre los recursos naturales y sobre todo, de llevar adelante su resistencia y oposicin, seala con fuerza lvarez. Estos son los costos reales de la imposicin de lgicas brutales de muerte bajo la consigna del desarrollo, sobre los pueblos indgenas y campesinos de la regin. Puede ser limpia la energa de estos proyectos con tanta sangre derramada?, es la pregunta retrica que el presidente de la Fecon dirige al lector.

Un drama de resistencia e indignacin regional

Un modelo, entonces, que saquea la naturaleza, arrincona y expulsa a poblaciones y pueblos enteros de sus tierras, que criminaliza y reprime la protesta, que asesina gozando de total impunidad.

El informe Cuntos ms?" de la organizacin Global Witness, documenta que en 2014 fueron asesinados por el mundo 116 defensores y defensoras ambientales y de la tierra, un promedio de dos a la semana (8). Tres cuartas partes de estos asesinatos tuvieron lugar en Centroamrica y Sudamrica. Honduras result ser el pas ms peligroso per cpita para los activistas ambientales y de la tierra con 101 asesinatos entre 2010 y 2014. Un 40% de estas vctimas era indgena y las principales causas de su muerte fueron la industria hidroelctrica, la minera y la agroindustria. Las disputas por la propiedad, el control y el uso de la tierra fueron el trasfondo de casi todas estos asesinatos... Los verdaderos artfices de estos crmenes generalmente se libran de las investigaciones, pero la informacin de la que se dispone indica que, detrs de la violencia, generalmente se esconden grandes propietarios de tierras, intereses comerciales, actores polticos y agentes del crimen organizado, seala Global Witness.

En 2015 fue peor. El nuevo informe En terreno peligroso seala que el total de defensoras y defensores del ambiente y la tierra asesinados fueron 185, el 66% de los cuales en Amrica Latina (9). Ms de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ros frente a industrias destructivas. Se trata de la cifra ms alta registrada hasta el momento, con un aumento de casi el 60% respecto a 2014.

Global Witness advierte que debido al acaparamiento de tierras, los pueblos originarios y comunidades campesinas son desplazados, y esto provoca graves enfrentamientos. El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como madera, minerales y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes explotan la tierra desdeando a la gente que en ella vive, advierte el ltimo informe.

Pese a la represin, la resistencia crece y clama al mundo solidaridad. La conflictividad social y poltica y la indignacin estn creciendo, producto tambin de una renovada capacidad de dilogo y articulacin entre sectores de la sociedad hondurea y centroamericana. Lo que se est generando es una bomba de tiempo. Es importante que, desde Europa y otras regiones del mundo, las organizaciones solidarias se articulen con esta lucha, la respalden y presionen a su gobierno y empresas involucradas en estos procesos explotadores, conclua Berta Cceres.

Notas

(1) Revista Presente, Iniciativa Cristiana Romero, pginas 10-11, http://www.ci-romero.de/de/presente_3_2015/
(2) Un mecanismo con el cual se cede parte del territorio nacional a inversionistas extranjeros, que implantan actividades productivas en zonas que gozan de un elevado nivel de autonoma poltica, econmica, administrativa, judicial y de seguridad.
(3) http://icefi.org/sites/default/files/la_mineria_en_guatemala_-_2da_edicion.pdf
(4)http://www.movimientom4.org/2014/04/estudio-estado-actual-del-sector-minero-y-sus-impactos-socio-ambientales-en-nicaragua/
(5) http://informa-tico.com/7-06-2016/jairo-mora-terrorismo-costa-rica
(6) http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2565&Itemid=73
(7) http://www6.rel-uita.org/agricultura/palma_africana/index.htm
(8) https://www.globalwitness.org/documents/17895/Cuantos_mas_informe_mFxhXD1.pdf
(9) https://www.globalwitness.org/documents/18483/En_Terreno_Peligroso.pdf


Fuente: Boletn 226 WRM

http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2016/10/modelo-extractivista-el-despojo-de.html

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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