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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-10-2016

Aumenta presin para derogar Ley de Pesca

Luca Seplveda Ruiz y Paula Muoz Gmez
Punto Final


Los escndalos de corrupcin poltico-empresarial -que saltaron con estridencia durante 2014 para inscribirse como una materia permanente y cotidiana en la agenda pblica-, adems de sumar antecedentes y confirmar con claridad palmaria las sospechas de la comunidad respecto de sus representantes polticos se expanden y agravan. Los traspasos financieros ilegales no han sido slo para financiar las campaas legislativas, sino tambin para amaar leyes, como queda cada vez mejor demostrado con los nuevos antecedentes del caso Corpesca y la incidencia de esta empresa en la aprobacin de la Ley de Pesca a travs del pago y arriendo de parlamentarios.

La semana pasada el Cuarto Juzgado de Garanta de Santiago formaliz a Corpesca, empresa controlada por el grupo econmico Angelini, como persona jurdica. En la investigacin, el Ministerio Pblico busca responsabilidades de la pesquera por no haber impedido el pago de sobornos por parte de Francisco Mujica, ex gerente de la empresa, al senador de la UDI (hoy desaforado) Jaime Orpis y a la ex diputada (independiente de derecha) Marta Isasi, ambos procesados por cohecho. Entre las posibles sanciones que podra recibir la empresa de Angelini estn, segn explic el fiscal Julio Contardo, desde la multa a la disolucin, pasando por la prdida de determinados beneficios como la imposibilidad de celebrar, por ejemplo, contratos con el Estado. Para Contardo, que reemplaz al fiscal Emiliano Arias tras su remocin por parte del Fiscal Nacional Jorge Abbott, lo que pretende la legislacin actual es impedir que al interior de las empresas sus representantes legales puedan desarrollar actividades delictivas, por ejemplo soborno, desviando capitales de la empresa al financiamiento de polticos en la labor legislativa.

El dao, sin embargo, ya est hecho. Y trasciende las actividades polticas y empresariales. El perjuicio es de tal magnitud que abarca, adems de la institucionalidad poltica y econmica, aspectos fundamentales que van desde un dao profundo a la confianza en las instituciones pblicas y privadas, a la prdida irreversible de recursos naturales pesqueros, as como a un menoscabo de la soberana alimentaria. Un conjunto de perjuicios al que es necesario sumarle el golpe econmico a las pesqueras artesanales y a las economas y formas de vida tradicionales. En este proceso de evidentes y masivos despojos, hay muy pocos ganadores, entre ellos Corpesca, otras pesqueras industriales en la mira de los investigadores, y desvergonzados parlamentarios.

Bajo esta mirada, es necesario poner el freno y derogar o reformular la Ley de Pesca aprobada y promulgada durante el gobierno de Sebastin Piera. As lo plantean los pescadores artesanales, organizaciones de la sociedad civil y tambin el abogado querellante Matas Ramrez: Esto acredita una vez ms que en la gnesis de este proyecto de ley hubo actos de corrupcin y, por ende, se hace necesaria la nulidad de este cuerpo normativo.

La Fiscala ha establecido y ratificado hechos que ya circulaban desde hace ms de un ao, pero que toman a partir de ahora una mayor densidad y realidad. Ya no hay dudas de que desde Corpesca se soborn a los citados parlamentarios durante la tramitacin de la Ley de Pesca con 231 millones de pesos, de los cuales 176 millones llegaron a Orpis y 55 millones a Marta Isasi.

UN MAPA DE LA CORRUPCION

Estamos en presencia de un proceso, en la configuracin de un mapa en el que Corpesca es slo una parte ms al lado de empresas como Penta, SQM y otras sociedades en la mira de las investigaciones. En este amplio diseo de la corrupcin, sin embargo, la Ley de Pesca ha tenido un peso especial. No slo como expresin del deterioro de la poltica y la empresa privada, sino por sus nocivos efectos sobre los espacios sociales y econmicos ya citados.

Es as como durante el proceso de formalizacin de Corpesca la Coordinadora Social por la Defensa del Mar y los Derechos Populares despleg un lienzo contra la pesquera y el ex ministro de Economa Pablo Longueira, hoy procesado por el caso SQM. Se peda la anulacin de la Ley de Pesca. Voceros de la Coordinadora dijeron que la formalizacin de Corpesca se enmarca en un proceso mayor, por lo cual debe tener consecuencias sobre las 16 grandes empresas pesqueras actualmente investigadas, como Sonapesca, Asipnor, Asipes y Fipes. Una dinmica judicial que debiera tender al desmantelamiento de la Ley de Pesca, demanda creciente de pescadores artesanales y otras organizaciones de la sociedad civil que ha sido abiertamente rechazada por el gobierno y los legisladores.

Juan Carlos Crdenas, del Centro Ecoceanos, denunci en esa oportunidad las evasivas y trucos del gobierno para no enfrentar las demandas que buscan la eliminacin de este proyecto aprobado tras presiones y sobornos. Ante los avances de la investigacin de la Fiscala y la creciente presin social, La Moneda y el subsecretario de Pesca intentan utilizar a la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), para presentar ahora en octubre una fraudulenta revisin de esta ley, con el fin de efectuar modificaciones secundarias y populistas, sin alterar la entrega gratuita y a perpetuidad de los derechos de acceso y uso de los peces del mar chileno a siete clanes familiares que controlan la pesca y salmonicultura en Chile.

Corpesca soborn a parlamentarios de derecha de regiones del norte del pas. Pero las investigaciones estn abriendo nuevos focos de corrupcin pesquera en otras latitudes. En la investigacin que realiza la Fiscala del Bo Bo han aparecido los nombres de dos parlamentarios de la Nueva Mayora, el PPD Cristin Campos y la socialista Clemira Pacheco, ambos de la regin del Bo Bo. El fiscal Julio Contardo ha solicitado a Google que no borre los correos electrnicos entre la Asociacin de Industriales Pesqueros del Bo-Bo (Asipes) y estos parlamentarios. Contardo dijo que las referidas comunicaciones tienen lugar tanto con ocasin de la tramitacin de la Ley de Pesca como en las etapas previas a la presentacin del proyecto; y por cierto, a propsito de otras iniciativas legislativas que impactan en la actividad, consign un matutino del duopolio.

El proceso sigue y se ensancha. El mismo fiscal ha buscado vnculos entre el ex gerente de Corpesca, el procesado Francisco Mujica, con el imputado en este mismo proceso Luis Felipe Mondaca de Asipes sobre la tramitacin de la Ley de Pesca. En las investigaciones los vnculos con pesqueras tambin han llegado al ex senador DC del Bo Bo Hosain Sabag, imputado igual que el dirigente de Asipes.

Otra arista sigue ms al sur y hacia el fondo de la DC, con investigaciones contra Fipes (la agrupacin de empresas de pesca austral) que indaga pagos solicitados a un empresario por el senador DC Patricio Walker en beneficio del ex dirigente pesquero y hoy diputado Ivn Fuentes. En agosto la PDI allan las oficinas de siete empresas vinculadas a la actividad pesquera, Orizon S.A, Coloso S.A, Blumar S.A, Grimar S.A, Landes S.A, Baha Coronel S.A y Alimentos del Mar S.A, para buscar nuevos antecedentes.

DEPREDACION Y

CONCENTRACION ECONOMICA

La Ley de Pesca, o Ley Longueira, es el fin de un proceso de depredacin y concentracin econmica iniciado durante la transicin y reforzado en el gobierno de Ricardo Lagos. Es la aplicacin de la concepcin neoliberal ms extrema, presente en las reas mineras, forestal, banca o retail , a la pesca. Su vigencia en estos quince aos ha hecho desaparecer especies, eliminado a los actores ms dbiles del mercado y concentrado un negocio de ms de seis mil millones de dlares por exportaciones anuales en siete grandes sociedades. Entre ellas, Corpesca tiene la mayor tajada, con el 51 por ciento del mercado.

La Ley de Pesca, cuyos criterios no difieren en mucho de los que han llevado a la creacin de las abusadoras Isapres, de la educacin con fines de lucro, de la banca usurera, y de los oligopolios en la mayora de los sectores de la economa -desde las farmacias a los supermercados-, recoge la idea que el fin primordial y ltimo de cualquier actividad productiva es generar riqueza financiera.

El sector pesquero ha asimilado muy bien esta premisa. No solo es un negocio de miles de millones de dlares anuales, sino que tambin reproduce la misma estructura de las otras reas de la economa chilena: el 90 por ciento de esta actividad est en manos de muy pocos grupos econmicos, lo que la prensa ha llamado las siete familias.

Cmo se ha llegado a esta irracionalidad, considerando que hablamos de un recurso natural, libre, que debiera pertenecer a todos los chilenos? Tras un sistema de libertad total, que favoreci a las grandes compaas y condujo a una explotacin indiscriminada de los recursos marinos, la Ley de Pesca de 2002 defini un sistema de cuotas que se determin sobre la base de las capturas histricas de aquellas empresas, lo que consolid y proyect el negocio para los operadores ya establecidos. Si antes de esa ley exista la denominada carrera olmpica, una manera de llamar a la entrega de manera libre y gratuita de los peces a las grandes pesqueras, el sistema de cuotas de 2002 lo que hizo es entregarlos de manera ms regulada pero tambin gratuita. El proyecto de ley de Longueira, que en un comienzo anunci una supuesta mayor regulacin, en los hechos no slo ha confirmado las normas sobre la base de la depredacin y el mercado, sino que ha favorecido de forma impresentable a los grandes operadores. Una legislacin que desde inicios de la dcada pasada ha logrado crear grandes y poderosos grupos econmicos sobre la base de la desaparicin de numerosos recursos pesqueros, el empobrecimiento de los pescadores artesanales y la virtual eliminacin del pescado de la dieta habitual de los chilenos.

Ante la profusin de antecedentes que involucran a cada vez ms polticos en pagos ilegales durante la tramitacin de la Ley de Pesca, desde la sociedad civil y, especialmente, desde organizaciones de pescadores artesanales, se levantan presiones para anular ese cuerpo legal.

A finales de septiembre centenares de dirigentes de la pesca artesanal de todo el pas acordaron realizar este 26 de octubre una movilizacin nacional para exigir al gobierno la eliminacin de la Ley Longueira. Tras la reunin que acord la jornada de protesta, el presidente de Fenaspar Chile, Hernn Corts, afirm que nos estn obligando a salir a la calle. Llevamos cuatro aos esperando que se haga justicia con la pesca artesanal y se terminen los regalos y privilegios de las siete familias. Ahora hemos dicho basta. Para Corts, la corrupcin en la Ley de Pesca ha quedado de manifiesto con las formalizaciones e investigaciones que lleva adelante la justicia contra empresas de la gran industria pesquera, ejecutivos y parlamentarios.

La indignacin cruza a los pescadores a lo largo de todo Chile. Durante la misma reunin, Guido Rojas, dirigente de los tripulantes artesanales de Arica, dijo que entre las muchas quejas puntuales que el norte tiene contra la Ley de Pesca es que haya dado cuotas a perpetuidad a la industria, y en volmenes altsimos comparados con los muy bajos de la pesca artesanal.

Corts encabez en Coronel lo que llam una marcha de advertencia de lo que vendr el 26. Decenas de pescadores artesanales se movilizaron en el sector Nuevo Amanecer, en una marcha para calentar motores frente a lo que ser la movilizacin nacional que exigir la anulacin de la Ley Longueira. El gobierno quiere hacer creer que con el informe de la FAO ya hicieron su pega. Estn equivocados. Los pescadores estamos en alerta, la anulacin de la Ley Longueira y la plataforma social para los pescadores, no son transables, advirti Corts.

Publicado en Punto Final, edicin N 862, 14 de octubre 2016.

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www.puntofinal.cl



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