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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-10-2016

Un tratado vinculante para las transnacionales

Santiago Gonzlez Vallejo
Rebelin


En el ao 2014 se aprob la resolucin de A/HRC/26/9 encabezada por Ecuador y Sudfrica para la creacin de un Grupo de trabajo intergubernamental dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la elaboracin de un instrumento jurdicamente vinculante para las empresas transnacionales.  

La relevancia de ese tratado adquiere una mayor relevancia cuando conocemos que estamos en un mundo lleno de tratados comerciales, de inversiones, bilaterales y multilaterales, se calcula que hay cerca de 3.500, que obligan a los estados a abrir sus fronteras, a salvaguardar la competencia, competir por la localizacin productiva de las empresas, etc.

Y al mismo tiempo, peridicamente, conocemos que en tal o cual estado, hay un vertido contaminante, persecucin sindical, corrupcin galopante que tienen como protagonistas a empresas multinacionales.

El poder de las multinacionales y las consecuentes cadenas de valor (desde la obtencin de las materias primas, su elaboracin, transformacin, ensamblajes varios y montaje hasta el producto final, llevado a un consumidor en un mercado mundial) tienen que ser reguladas para favorecer el trabajo decente, la libertad sindical, el respeto a las normas ambientales y, tambin porque cada vez es ms relevante, hagan una aportacin proporcional a la sociedad de sus beneficios.

Porque hay un descuido interesado sobre cmo se obtiene el precio del producto, cmo se ahorman los costes de obtencin del mismo, tanto directos como los derivados del contexto social (formacin de los trabajadores, sanidad, proteccin social) o si se han incluido los costes ambientales, sociales, etc., derivados de la obtencin de la produccin, ms all, pero tambin, de la posesin de tecnologa y el saber hacer.

La mayora de los tratados existentes y la globalizacin que nos inunda no entran en jerarquizar normativamente, por encima del libre comercio o establecimiento productivo, los derechos humanos, econmicos, sociales y ambientales, ni por supuesto el trabajo decente y un reparto equitativo de la riqueza generada en esas cadenas de valor. Y hay muchos estados que tienen menos poder para hacer leyes o ejecutarlas que la capacidad de muchas multinacionales, ya sea en el mbito laboral, ambiental y fiscal.

Si se consigue la puesta en vigor de un tratado internacional vinculante que ligue los derechos humanos y las empresas se habr dado un paso de gigante. Deber contar con las caractersticas de control, investigacin de malas prcticas y reparacin e indemnizacin efectivas a las vctimas de esas malas prcticas. Tambin, el mecanismo que establezca que ha habido una violacin de los derechos humanos tiene que tener capacidad extraterritorial para poder juzgar esas conductas, independientemente del lugar de los hechos o la sede de la trasnacional.

Hasta ahora, despus de muchas discusiones acadmicas, esfuerzos sindicales y de diferentes asociaciones y compromisos estatales y empresariales no se haba llegado a ms que los denominados Global Compact y los Principios Rectores de las NN.UU sobre Empresas y Derechos Humanos, elaborados por el profesor John Ruggie que tienen un carcter voluntario, en la rbita de la responsabilidad social corporativa. Estos Principios aprobados en el ao 2011 ya recogan la observacin de que para mitigar los impactos que las empresas puedan provocar sobre los derechos humanos se requerira de una combinacin de respuestas polticas que van ms all de los estndares voluntarios y que debera incluir una regulacin normativa. Esta regulacin es la que vendra a completar este tratado.

En una ocasin, tuve la posibilidad de platicar con dicho profesor estadounidense Ruggie y critiqu que los Principios eludan sanciones por la elusin fiscal y la existencia de los parasos fiscales. Me confes que, como todo texto que se aprueba en las Naciones Unidas, el resultado aprobado era fruto de un consenso internacional y que no se haba podido llegar a ms por las reticencias de los gobiernos de los estados donde estn las sedes de las empresas multinacionales ms importantes.

Por eso hay un peligro de que el tratado finalmente pueda llegar a buen puerto y que su contenido, dado el necesario consenso en la redaccin final, est muy devaluado con respecto a las expectativas creadas. Slo hay que ver que la propuesta inicial aprobada fue avalada por el Grupo Africano, el Grupo rabe, Pakistn, Sri Lanka, Kirguistn, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Per. Como se constata, pocos pases cuyos territorios alberguen muchas sedes de empresas multinacionales.

La reticencia de los pases europeos entre ellos Espaa-, y de los otros estados desarrollados en participar activamente en la elaboracin de esta norma, es la que ha motivado que desde la Confederacin Europea de Sindicatos y la Confederacin Sindical Internacional, junto con coaliciones de diferentes ONGs, como la Trasnational Institute, se estn desarrollando acciones para que los gobiernos apoyen esta propuesta y se involucren en este Grupo de Trabajo Intergubernamental de composicin abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos que se va a reunir en su segunda sesin entre los das 24 al 28 de octubre en Ginebra.

Lo que se reclama sucintamente, en palabras del Observatorio de Responsabilidad Social, es:

1. El tratado debe introducir una legislacin ejecutable para la prevencin de violaciones de derechos humanos y para acabar con la impunidad de las empresas infractoras, obligndoles a reparar los impactos que hubiesen causado.

2. El tratado debe asegurar el acceso a remedio para las vctimas, no solo en sus propios Estados, sino en cualquier estado que tenga jurisdiccin sobre la materia.

3. El tratado debe contener provisiones que requieran a los Estados a respetar, proteger a la ciudadana frente a las violaciones de derechos humanos por parte de empresas y que establezcan la obligacin de los estados de facilitar el acceso a la justicia para las vctimas de esos abusos.

En definitiva, regular la globalizacin.

Santiago Gonzlez Vallejo, Unin Sindical Obrera

 

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.




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