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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-10-2016

Estudio sobre delincuencia juvenil en Uruguay
Mitos y falacias sobre los pibes chorros

Manuel Gonzlez Ayestarn
Caras y Caretas


La tasa de menores privados de libertad en Uruguay es una de las ms elevadas de la regin, llegando a triplicar la de pases como Colombia y Argentina. Esto, lejos de terminar con el problema lo acrecienta. Sin embargo, el discurso conservador contina reclamando el endurecimiento de penas.

Es un lugar comn en el imaginario colectivo considerar que Uruguay es un pas demasiado benevolente con los jvenes delincuentes. Los pibes chorros, que no tienen ganas de estudiar ni de trabajar, no son convenientemente castigados por el Estado hasta el punto de que la opcin del delito les llega a beneficiar ms que ponerse a laburar. Esta visin simplista de una realidad social compleja conlleva una solucin: aumentar el costo punitivo que reciben los jvenes delincuentes para que esta ecuacin les deje de dar resultado. Sin embargo, esta sarta de tpicos se contradice diametralmente con los estudios sociolgicos, as como con la experiencia emprica que evidencia un aumento de los hurtos y rapias a pesar del endurecimiento de penas. Aun as, los medios de comunicacin de masas ms poderosos del pas, portadores del discurso ms conservador, continan reproduciendo esta cosmovisin en la cobertura que realizan del delito.

El doctor en Sociologa y grado cinco de la Udelar, Luis Eduardo Mors, public este mes su ltimo libro Los enemigos de la seguridad: Desigualdades y privacin de libertad adolescente. En sus pginas, el experto desmonta los principales mitos creados sobre la delincuencia juvenil mediante un estudio realizado sobre los 530 jvenes que en 2015 se encontraban privados de libertad en locales del Sirpa. En primer lugar, la falacia ms evidente que predomina en el imaginario pblico es la concepcin del supuesto carcter permisivo que manifiesta la Justicia uruguaya con los menores infractores. Segn cifras de Unicef, Uruguay presenta una de las mayores tasas de privacin de libertad de adolescentes de Amrica Latina (16,06 cada 100.000 habitantes). En su dimensin represiva de la juventud, el Estado uruguayo supera a pases con mayores ndices delictivos como Brasil (10,35), Paraguay (5,62), Colombia (7,43), Ecuador (4,06) o Argentina (3,76), llegando incluso a triplicar la tasa de encarcelacin de adolescentes de algunos de ellos. Esto se debe a una excesiva utilizacin de la internacin como medida cautelar, situacin que podra llegar a considerarse inconstitucional, segn el autor.

El reclamo del endurecimiento de penas para frenar el crimen parte de la conocida como teora de la eleccin racional del delito. Esta visin considera al sujeto infractor como un individuo que se involucra en la ilegalidad tras haber realizado un clculo racional en clave economicista de los costos y beneficios que ello implica. As, lo que el delincuente obtiene en el botn de sus acciones ilegales supera lo que podra recibir en el mercado de trabajo legal y llega a compensarle debido a la supuesta benevolencia que las instituciones judiciales y represivas tienen con l cuando es capturado. Esta benevolencia se manifiesta en las consideradas como penas suaves que son impuestas a los infractores y en la facilidad que brindan las instituciones penitenciarias para darse a la fuga. Para Mors, la promocin de esta cosmovisin obedece a fines electorales del sistema poltico, influenciado por los medios de comunicacin y por las encuestas de opinin pblica. En lugar de guiar a la sociedad, este discurso lo que hace es recoger las demandas ms primarias del ciudadano que se siente inseguro y que pide un conjunto de medidas de tipo represivo, que no son en absoluto efectivas.

Esta concepcin del delito contina arraigada aun en un gobierno de tinte progresista como el uruguayo. En 2013, con la publicacin de la ley 19.055, se impuso la sancin privativa de libertad, con un mnimo de un ao, para castigar delitos graves entre los que se incluy la rapia, que ya entonces era la principal causa del ingreso de menores en el sistema penal. Desde esa fecha tambin se han fortalecido los sistemas de vigilancia de los centros de internacin de adolescentes para dificultar las fugas, tratando as de incrementar el costo que el delito tiene para los adolescentes infractores. No obstante, Luis Mors denuncia que desde 2012 las rapias no han dejado de crecer. As se evidencia que la represin por s sola no hace sino recrudecer el problema en la medida en que asla a los jvenes de los mbitos de socializacin comunes, introducindoles en entornos conflictivos aislados de la sociedad, a la vez que les adjudica la etiqueta de delincuentes.

Y hablando de etiquetas aparece, cmo no, el tan pregonado concepto de ni-ni (joven que ni estudia ni trabaja). El ni-ni es una visin adultocntrica que responsabiliza al propio adolescente de la condicin en la cual est, explic el autor en entrevista con Caras y Caretas. Por ello, puestos a categorizar, Mors prefiere referirse a jvenes sin-sin, ya que cuando hablaba con los gurises, apareca mucho ms la palabra sin que la palabra ni: me qued sin empleo, sin trabajo, ya no puede seguir en el liceo, no me daba la cabeza. Esta sustitucin de preposiciones en la expresin cambia radicalmente el contenido de esta etiqueta, aludiendo a los deficientes recursos laborales y educativos que la sociedad de mercado ofrece a los adolescentes procedentes de los sectores carenciados de la sociedad.

En este sentido, contrariamente a lo que se tiende a pensar, casi 60 por ciento de los jvenes privados de libertad en el momento de la realizacin de esta investigacin estudiaban o trabajaban bajo condiciones precarias e informales. La mayora de internados estudiados tuvieron vnculos previos con el sistema educativo. Concretamente, en el momento de su detencin, 60 por ciento de los jvenes cursaba o recin haba abandonado sus estudios en el nivel de secundaria. Asimismo cuestiones como el rezago en la educacin y su posterior abandono afectan por igual a los adolescentes infractores que a la mayora de adolescentes que se ubican en el quintil ms pobre de la poblacin. Estos niveles deficientes de avance en el sistema educativo coinciden con los que tambin presentan la mayora de adultos que habitan en los mismos territorios que ellos (ocho aos de educacin formal de promedio). Esto nos habla de un factor estructural que echa por tierra los argumentos individualistas propios del discurso conservador. Ante la pregunta Qu penss que necesits para seguir estudiando?, la mayora de entrevistados emiti respuestas como: Necesito plata para los boletos; Que se pague por estudiar; Trabajo que me ayude a m y a mi familia; Preciso las cosas para estudiar y alguien que me cuide a la beb.

Las causas del problema

Las carencias econmicas de los hogares implican un crculo vicioso en el que al abandono de los estudios le sigue una temprana insercin al mercado laboral de la precariedad y los bajos salarios, condicin de la cual no es posible salir en el futuro por el escaso avance logrado en el mbito educativo, seala el autor. En este sentido, la primera conclusin de su estudio es que tres de cada cuatro menores privados de libertad provienen de barrios maltratados en los que se acumulan profundas carencias en trminos de pobreza, necesidades bsicas insatisfechas (NBI), vivienda inadecuada y hacinamiento, desempleo, informalidad laboral y escasos logros educativos.

Muchos de estos barrios fueron afectados por los procesos de desindustrializacin que se derivaron de la ola de reformas de corte neoliberal que se llevaron a cabo en los aos 80 y 90, una vez que la dictadura militar haba deshecho las frmulas tradicionales de organizacin de los trabajadores. Hasta ese momento, Uruguay tuvo un sector industrial vinculado a la sustitucin de importaciones muy fuerte, que contaba con subvenciones del Estado y garantizaba fuentes de trabajo estables. Esto generaba una cultura obrera ligada a los sindicatos, que no eran simplemente un lugar de demanda salarial, sino que eran instituciones de las que se derivaba todo un mecanismo de sociabilidad e interrelacionamiento, toda una cultura del trabajo muy vinculada a la industria, explic el autor en dilogo con este medio.

Con la llegada de las reformas neoliberales y el desmantelamiento de este tejido industrial, llegaron trabajos cada vez ms precarios, la acentuacin de las desigualdades sociales y el pronunciamiento de los valores individualistas que rigen nuestra sociedad actual. Hay lugares de Montevideo que han sido prcticamente abandonados, donde haba una gran cantidad de fbricas textiles que ahora son depsitos de autos nuevos; Camino Maldonado, la Aguada, La Teja, los frigorficos, la compaa Bo. As, toda esa red de relaciones, de apoyos y de solidaridades gestada alrededor de las fbricas empez a desfallecer, seal Mors.

La Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) define trabajo decente como trabajo productivo con una remuneracin justa, seguridad en el lugar de trabajo y proteccin social para el trabajador y su familia, mejores perspectivas para el desarrollo personal y social, libertad para que manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de decisiones que afectan a sus vidas, as como en la igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres.

Los indicadores laborales actuales muestran la distancia abismal que existe entre la realidad del mercado de trabajo para los jvenes y este ideal: precariedad, alto nivel de desempleo, bajos niveles de ingreso percibidos, trabajo informal.

El empleo en una sociedad basada en la sobreproduccin y el consumismo no es nicamente un sustento; es tambin una identidad que forja la autopercepcin y la autoestima de los individuos. La transicin al mundo adulto culmina cuando el individuo consigue un mnimo de identidad y autonoma socioeconmica. Hoy el proceso de transicin a la vida adulta se ve bloqueado en muchas de sus fases debido fundamentalmente a la precariedad laboral y la prdida de derechos; esto se pronuncia especialmente en los segmentos sociales ms desfavorecidos. As, una educacin pblica deficiente, que hoy no garantiza una mejor integracin en el mundo laboral, sumada a fuentes de trabajo informales y con bajos salarios, impiden que los jvenes de bajos recursos puedan seguir trayectorias de transicin a la vida adulta aceptables. Antes, el sinsentido de la escuela llevaba al trabajo. Hoy el sinsentido del trabajo lleva a la migracin, la evasin y la criminalidad. Todas ellas, formas diferentes de una situacin comn de exclusin, expresa Mors.

Las cifras de organizaciones internacionales demuestran que los jvenes latinoamericanos tienen serias dificultades para acceder a un empleo decente aun atravesando ciclos econmicos expansivos en pases gobernados por gobiernos progresistas. Eso influye de forma determinante en el desarrollo de la personalidad de los individuos en su transicin a la vida adulta. Aquellos que experimentan un bloqueo en esta transicin experimentan un proceso de degradacin de su persona que va ms all de lo econmico, manifestndose en descalificacin personal e imposibilidad de construir una identidad.

Jvenes, violencia y drogas

El trabajo de Mors matiza otro mito comn que asocia a la delincuencia con el consumo excesivo de drogas. No son todos consumidores de drogas y mucho menos en un grado problemtico, explica el socilogo. Del total de individuos estudiados, 17 por ciento no consuma ningn tipo de sustancia, 31 por ciento consuma de forma ocasional o con frecuencia (pero no en un grado problemtico) y 52 por ciento s lo haca en forma problemtica. No obstante, Mors especifica que siempre que haba consumo problemtico, exista antes una serie de situaciones familiares, de episodios de violencia y de instancias que haban llevado a ese consumo problemtico. Por ello, muchas veces se ve la rapia asociada al consumo de drogas, pero la lnea causal de la problemtica empieza bastante antes, explic.

Asimismo otro mito usualmente atribuido a la delincuencia juvenil es el crecimiento de la violencia en sus acciones delictivas: Los pibes chorros son cada vez ms violentos. Este tpico tampoco es avalado por los datos recabados por el autor, ya que 80 por ciento de intervenciones de la Justicia sobre menores se realiza por delitos contra la propiedad. Los delitos que manifiestan importantes grados de violencia, como el homicidio, el copamiento o la violacin, son una pequea proporcin del total. Adems, entre 2009 y 2013 los procesamientos de jvenes por rapia descendieron 15 por ciento y por homicidio, 12 por ciento. En el segundo caso, de 65 adolescentes internados por este delito, 46 involucran a mayores de 18 aos, los cuales desde hace aos se encontraban bajo medidas de privacin de libertad.

Fuente: http://www.carasycaretas.com.uy/mitos-falacias-los-pibes-chorros/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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