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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-10-2016

La gobernanza europea dobla el brazo de Blgica y avanza hacia la firma del CETA

Pablo Elorduy
Diagonal


El pulso entre el Parlamento de Valonia, una de las federaciones belga, y el conjunto de los poderes de la Unin Europea continuar con la inminente firma del acuerdo Econmico y Comercial Global entre la UE y Canad, tras ceder Blgica al ultimtum planteado por Comisin y Consejo europeo.

Charles Michel, primer ministro belga, ha anunciado a medioda de ayer que su Gobierno levanta el veto al tratado de inversiones entre la Unin Europea y Canad (CETA por sus siglas en ingls). El ultimtum de la gobernanza de la Unin Europea ha dado sus frutos y el Tratado sigue quemando etapas para su entrada, provisional, en vigor.

En verano, la Comisin Europea, maniobr para que el Tratado, considerado Mixto esto es, que tiene que ser ratificado en cada uno de los 38 Parlamentos nacionales y regionales pudiera entrar en vigor de forma provisional antes de esa ratificacin, que depender en pases como Francia y Alemania de las cmaras resultantes de sus prximos procesos electorales.

Quedaba as allanado el camino para que el CETA comenzase a andar con el voto de los Gobiernos actuales, incluido el Ejecutivo espaol, en funciones hasta que se produzca la investidura de Mariano Rajoy. El Gobierno en funciones maniobr en verano para la ratificacin exprs del CETA sin haber informado ni consultado al Congreso de los Diputados ni al Senado ni los Gobiernos de las Comunidades Autnomas.

El plan hubiera seguido su curso de no ser por la tenacidad del Parlamento de Valonia. El trabajo de 18 meses de esta cmara federal dio como resultado un 'no' fundamentado en varios aspectos. Entre otros, Valonia consider que los derechos con que contarn los inversores en el Tratado entre la Unin Europea y Canad constituyen "un atentado contra los derechos laborales, sociales y ambientales".

En concreto, el tribunal de diferencias entre estados e inversores, conocido como ISDS o como ICS, ha sido el motivo del rechazo belga. La gobernanza europea, en un juego de palo y zanahoria, ha hecho una declaracin conjunta con Canad para atraer el 's' de Valonia, pero no se han producido retoques en el Tratado. El Tribunal de arbitraje ser la clave de una posible ratificacin definitiva del tratado, que Valonia supedita a la desaparicin del mecanismo.

Conservadores, socialdemcratas y liberales europeos obtienen as una victoria sobre la bocina incompleta, ya que el Acuerdo se puede rechazar en los Parlamentos regionales que se produce apenas unas horas despus de que se anunciase el fracaso de las negociaciones con Canad. En el Parlamento Europeo, el grupo de la izquierda GUE/NGL ha reaccionado hablando del "carcter antidemocrtico" de una Unin Europea que, segn la diputada de Izquierda Unida, Marina Albiol "pretende imponer sus polticas neoliberales por las buenas o por las malas a los parlamentos elegidos democrticamente.

El activista Tom Kucharz, de Ecologistas en Accin, parte de la campaa contra los acuerdos de libre comercio, declara a Diagonal que "las presiones y los chantajes feroces de la Unin Europea, de la patronal europea y de los gobiernos europeos como el alemn y francs han surtido efecto", y compara la situacin con el "golpe" a Grecia para la firma del tercer memorndum de entendimiento con la troika.

Para Kucharz, se ha unido a la presin de la Comisin Europea, una "presin inaceptable" del gobierno belga, "de corte derechista y ultra liberal a los gobiernos regionales como el de Valonia amenazando con los recortes en subvenciones u otras consecuencias polticas y econmicas".

Desde Bruselas, se advierte del papel que ha jugado el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, en la presin a Blgica, un papel para el que no est legitimado por mandato. Tras el pulso, el Tratado debe volver al Parlamento Europeo y a los 38 Parlamentos nacionales y regionales de la UE. La clave, seala Kucharz, es la mencin a la obligacin de notificar a la UE cualquier rechazo de los parlamentos regionales" porque con ello se paraliza la aplicacin provisional, otro de los puntos anti-democrticos que se buscar aprobar en el Consejo de la UE, as se paraliza el proceso de ratificacin y en consecuencia el tratado no entrara en vigor. Una posibilidad que sigue siendo bastante probable por el fuerte rechazo de la mayora de varios parlamentos regionales belgas", concluye Kucharz.

El tribunal de arbitraje y otros secretos del CETA

Informacin de Tom Kucharz.

La declaracin de hoy entre gobierno federal belga y gobiernos regionales de hoy tambin incluye que los jueces del Sistema de Tribunal de Inversin que CETA creara tendra que estar formado por "jueces profesionales", algo que no recoge el tratado CETA y por lo tanto es improbable que se cumpla esta condicin del acuerdo belga. Se trata, en todo caso de un tribunal de arbitraje privado que seguira siendo una justicia privatizada y paralela a la justicia domstica con derechos especiales de los inversores por encima del resto de la poblacin. Por ejemplo, Estados y comunidades afectadas por violaciones a los Derechos Humanos por parte de los inversores no podran presentar una demanda en este tribunal de arbitraje,

El documento recoge tambin la exigencia de una garanta para que pequeas y medianas empresas puedan acceder a este sistema de arbitraje, pero es una trampa porque no tienen los recursos econmicos necesarios (varios millones de euros) para costear estos procesos. Investigaciones acadmicas muestran que en el 95% de todas indemnizaciones concedidas en los casos judiciales de arbitrajes internacionales privados los grandes ganadores de estos casos fueron grandes corporaciones (de ms de 1.000 millones de dlares USA en ingresos anuales) e individuos sper ricos (con ms de 100 millones de dlares de riqueza).

La declaracin tambin recoge clusulas para consumidores y agricultores para activar una proteccin y apoyos econmicos especficos, pero como tales clusulas no estn integrados en el tratado CETA, tendra que ser el propio gobierno belga en este caso quien asumiera las medidas. Mientras en el CETA no hay ninguna obligacin para las empresas transnacionales y los actores financieros especulativos, s legisla de forma contundente para garantizar los beneficios de dichos actores corporativos en detrimento de las condiciones de vida de las mayoras sociales. Tambin habla del deseo de excluir los servicios pblicos del CETA, pero es una declaracin de buenas intenciones porque est demostrado que los servicios pblicos no estn excluidos del CETA y ms bien sufriran una profundizacin de procesos de privatizacin, externalizacin. CETA incluso impide las re-nacionalizaciones.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/panorama/32074-la-gobernanza-europea-dobla-brazo-belgica-y-avanza-hacia-la-firma-del-ceta.html


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