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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-10-2016

Paraguay
La tierra para los delincuentes ambientales

Ral Zibechi
Programa de las Amricas


La destitucin fulminante del presidente Fernando Lugo, en 2012, represent un paso atrs para los campesinos y lubric un avance exponencial de los negocios de la soja y la carne. Ese avance profundiza la desigualdad y se produce con los mtodos mafiosos que caracterizan al narcotrfico. Lo peculiar del caso paraguayo es el ferviente apoyo estatal a las ilegalidades empresariales.

Porqu para desalojar a 50 familias campesinas envan 400 policas?, le preguntan a la sociloga Marielle Palau, quien sigue la lucha campesina desde hace ms de dos dcadas.

Porque si son pocos, no les tienen miedo y no pueden desalojarlos, responde. Por eso emplean niveles inditos de violencia y en casi todos los desalojos, muchos de ellos asentamientos legales establecidos en colonias estatales, les queman las viviendas y los cultivos, y les roban sus pertenencias.

Un buen ejemplo es el desalojo de la colonia San Juan (departamento de Canindey), el 17 de agosto pasado cuando ms de 200 policas desalojaron doce lotes dejando a cien campesinos sin sus tierras ni viviendas cuando, segn un comunicado del instituto BASE-IS (BASE-Investigaciones Sociales), la comitiva fiscal-policial derrib las casas de las familias, trabajo que realizaron policas y peones de los productores de soja.

El caso es grave, porque la colonia San Juan fue creada en 1995 sobre tierras del Estado a travs de la ley 620, que permiti a familias campesinas beneficiarias de polticas agrarias colonizar una amplia zona de 8 mil hectreas. Presionadas por las fumigaciones y el envenenamiento de animales y cultivos, muchas familias vendieron sus lotes a productores de soja, en su mayora brasileos. El desalojo de las familias que permanecan en la colonia se produjo por una denuncia de un sojero que asegur que los campesinos invadan su propiedad. Pero el operativo no contaba con orden judicial de desalojo o desahucio, sino rdenes de aprehensin sobre algunas personas.

La polica de elite se qued varios das en la colonia, arrestando a los campesinos que circulaban por los caminos vecinales. El 8 de setiembre, seala un informe de BASE-IS, un grupo de policas y sojeros llegaron al asentamiento con la intencin de fumigar con secantes qumicos los cultivos de las familias. Ante la oposicin encontrada, hirieron de gravedad a un campesino. El corazn del conflicto es el acaparamiento irregular de tierras estatales reservas para la reforma agraria por productores sojeros[2].

Paraguay ocupa el sexto lugar en el ranking de pases productores de soja transgnica en el mundo, por delante de Canad y detrs de China, India, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Todos pases con una superficie mucho mayor que la del pas guaran. Las nueve millones de toneladas de soja se cosechan en tres millones y medio de hectreas que se han sido robadas (literalmente) a campesinos, indgenas y a un Estado aliado de los sojeros.

La soja se come todo

Lo ms curioso e indignante, es que los productores de soja avanzan sobre tierras del Estado que fueron entregadas a campesinos beneficiarios de planes de reforma agraria. O sea, con colonias estatales, aunque el propio Estado paraguayo las haya abandonado sin asignarles servicios mnimos. En las zonas de expansin sojera, en los departamentos de la franja lindera con Brasil, los productores brasileos alegan tener ttulos de propiedad, conseguidos de forma fraudulenta por la corrupcin de funcionarios estatales del INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) y la Direccin de Catastro.

Varios trabajos del instituto BASE-IS documentan el avance del agronegocio en el campo paraguayo entre 2013 y 2015, o sea en los dos primeros aos del gobierno de Horacio Cartes. En los ocho aos que van de 2004 a junio de 2012 (destitucin de Fernando Lugo por un golpe parlamentario), se haba liberado legalmente un solo evento transgnico. Sin embargo, desde ese ao se liberaron 19 eventos ms, de modo legal o ilegal, segn la abogada Silvia Gonzlez.

No hay datos oficiales. Para acceder a informacin sobre la liberacin de eventos transgnicos, escribe la abogada, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a informacin de organismos del exterior, ya que la pgina oficial de la Comisin de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (CONBIO) desde hace meses tiene problemas tcnicos[3].

En segundo lugar, se constata una fuerte concentracin de las empresas oligoplicas que controlan el 75 por ciento del mercado global, seis grandes empresas encabezadas por Monsanto y seguidas por Syngenta, Dow, Bayer (ahora fusionada con Monsanto), Basf y DuPont. Cuatro empresas brasileas controlan las exportaciones de carne y tres estadounidenses las de soja. En un pas donde el presidente e, a la vez, empresario ganadero, sojero, tabacalero, agroindustrial y financiero, por mencionar apenas sus negocios legales.

Slo tres empresas controlan el 40 por ciento de las exportaciones. Las consecuencias son catastrficas para el medio ambiente y los campesinos. Segn la Asociacin Guyra Paraguay cada ao se deforestan 260 mil hectreas, por lo que en poco ms de una dcada la deforestacin rampante promete eliminar los bosques de la faz del Paraguay. Cada da se destruyen dos mil hectreas de bosque.

El economista Jorge Villalba, de la Sociedad de Economa Poltica, concluye luego de analizar los datos oficiales que los grandes productores evadieron nada menor que el 87 por ciento del Impuesto a la Renta Agropecuaria. El sector apenas aport 110 millones de dlares lo que suficiente para mantener al Estado en funcionamiento apenas tres das. Las seis principales agroexportadoras vendieron 2.500 millones de dlares de los cuales slo aportaron por impuesto a la renta 14 millones, el 0,5 por ciento[4].

Destruccin y resistencias

Hasta la cada de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989, la mitad de la poblacin del pas era rural. En ese momento las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, auspiciaban que poblacin rural del pas deba situarse en torno al 12 por ciento. En consecuencia, entre dos y tres millones de campesinos deban ser desplazados hacia las ciudades.

Las cosas marcharon segn lo previsto. En 1991 haba casi un milln de trabajadores rurales (946 mil), cifra que se redujo a 238.400 en 2008, segn el trabajo del socilogo Ramn Fogel del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios[5]. Por un lado, se vive un crecimiento exponencial del uso de herbicidas como el glifosato y otros venenos, a razn de nueve kilos de veneno per cpita cada ao. Entre 2009 y 2015 la superficie sembrada con soja creci un 31 por ciento, pero los agrotxicos importados lo hicieron un 4 2 por ciento y el fungicidas secos se expandieron un 937 por ciento[6].

La agricultura mecanizada utiliza un trabajador cada 500 hectreas, mientras que la agricultura campesina, con un promedio de tres hectreas de cultivo de producto agrcolas, ocupa alrededor de cinco trabajadores de forma permanente, seala el informe Con la soja al cuello[7]. Un conjunto de factores, crecimiento de la superficie de cultivos transgnicos, fumigacin masiva con venenos y cada de los precios de la agricultura familiar, explican buena parte del xodo rural. Sin embargo, el factor decisivo es la violencia sistemtica de los sojeros y las mafias, apoyados por el Estado.

En departamentos sojeros como Canindey, seis de cada diez propietarios de ms de mil hectreas son brasileos. Segn Fogel son grandes empresarios con que tienen capacidad de comprar influencias, favores y sobre todo impunidad, en lo que define como un capitalismo de mafia que incorpora en sus prcticas el soborno y elementos ligados a la coercin fsica[8].

En dos aos hubo 43 casos de comunidades campesinas violentadas por reclamar sus derechos a la tierra y por resistir las fumigaciones de cultivos de soja; 26 estn relacionadas a conflictos de tierras, y a su vez en 16 de ellas el Estado intervino y termin destruyendo las viviendas campesinas, vulnerando sus derechos elementales. En total, seis de cada diez casos estn relacionados a la lucha por la tierra y cuatro a la resistencia a los agronegocios, que vienen creciendo de forma exponencial.

En los dos aos relevados por BASE-IS hubo 87 personas heridas o torturadas, diecisis casos en que se quemaron viviendas, destruyeron cultivos y robaron bienes de las familias campesinas, hubo 460 personas imputadas, 273 detenidas y 38 condenadas. Como sealan Areco y Palau, la criminalizacin es una estrategia pensada y montada desde el Estado para enfrentar las luchas sociales y colocar en el plano judicial (delictivo) los problemas sociales, para deslegitimar las luchas por sus derechos[9].

Un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay en el que releva los 120 asesinatos de campesinos a manos de las fuerzas policiales, concluye que fueron planificados y tuvieron la coherencia de una finalidad poltica, consistente en forzar el desplazamiento de campesinos para apropiarse de sus territorios, mediante la perpetracin sistemtica y generalizada de mtodos de terrorismo de Estado que gozan de impunidad judicial[10].

Delincuentes ambientales

El abogado Juan Martens sostiene en el prlogo del informe Judicializacin y violencia contra la lucha campesina que el paraguayo es un Estado dbil (no ausente), til y funcional a poderes fcticos y mafias regionales y departamentales que violan impunemente la ley o utilizan algunas de ellas para la proteccin de sus negocios[11].

Destaca la existencia de una selectividad punitiva por parte del Ministerio Pblico, que se focaliza en las personas que lideran movilizaciones contra las fumigaciones e integrantes de comisiones vecinales. De forma sistemtica tanto el poder judicial con el Ministerio Pblico se han posicionado a favor de los intereses de los poderosos, sostiene Martens, que emitieron penas de hasta 30 aos de crcel por invasin de inmueble, la clsica ocupacin de fincas que realizan los campesinos desde hace dcadas. De este modo se busca disciplinar y atemorizar cada vez ms con sentencias y castigos aleccionadores.

A ese tipo de empresarios los denomina delincuentes ambientales e incluye a los cultivadores de soja que contravienen la legislacin ambiental, a traficantes de rollos de madera y a los propietarios de tierras malhabidas. La impunidad de estos delincuentes es posible por la cooptacin de las instituciones policiales, fiscales y judiciales por estas mafias, sobre todo en los departamentos de mayor incidencia de la soja, la agro ganadera y el narcotrfico[12].

Un buen ejemplo de la impunidad y la subordinacin del Estado a los empresarios, se relaciona con el acaparamiento ilegal de tierras facilitado por el estatal Servicio de Informacin de Recursos de la Tierra (SIRT). El objetivo formal es informatizar el registro agrario de las 1.18 colonias que tiene e Estado, pero en realidad la investigadora Ins Franceschelli de BASE-IS, afirma que es el modo de pasar una capa de cemento sobre las tierras irregulares, pues se reconoce automticamente las tierras registradas, sean legales o no[13].

En apoyo de su tesis cita el gerente del SIRT, Hugo Gimnez: Los lotes que ya tienen ttulo definitivo, an los conseguidos con informes falsos, no sern cambiados. Hay gente que tiene cinco lotes, contraviniendo lo que die el Estatuto. Es injusto, Pero si se pretende recuperarlos pasarn 50 aos en una demanda (ABC Color, 9 de enero de 2015).

En la lucha por la tierra no hay ninguna organizacin nacional que se destaque, siendo protagonizada por las Comisiones Vecinales locales, en tanto la resistencia a las fumigaciones la lleva adelante la Federacin Nacional Campesina (FNC), una de las pocas que no hipotecaron su independencia en el apoyo al gobierno progresista de Fernando Lugo, al igual que la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indgenas (CONAMURI) y la Organizacin de Lucha por la Tierra (OLT).

Pese a los elevados grados de violencia la resistencia campesina sigue en pie. Teodolina Villalba, dirigente de la FNC, asegura: Mucho se cuidan para realizar las fumigaciones en los lugares donde hubo conflicto, varios dejan de fumigar, otros dejan de plantar y tambin algunos ya abandonaron sus tierras. Con una enorme sonrisa, suelta en guaran omuama chupekuera lomit (los echaron los compaeros).

Notas:

[1] Este trabajo se basa en cuatro investigaciones del instituto BASE-IS.

Jorge Gonzlez, El nuevo rumbo apura el acaparamiento de tierras campesinas e indgenas a cumplir tres aos (2016); Marielle Palau (coord.) Con la soja al cuello (2016); Abel Areco y Marielle Palau, Judicializacin y violencia contra la lucha campesina (2016) e Ins Franceschelli, Bajo el manto de la modernidad, se oculta mejor el histrico despojo, (2016).

[2] Jorge Gonzlez, El nuevo rumbo apura el acaparamiento de tierras.

[3] Marielle Palau, Con la soja al cuello, p. 19.

[4] Idem, p. 25.

[5] Idem, p. 47.

[6] Idem, p. 42.

[7] Idem, p. 15.

[8] Idem, p. 47.

[9] Abel Areco y Marielle Palau, Judicializacin y violencia contra la lucha campesina, p. 19.

[10] Idem, p. 22.

[11] Idem, p. 11.

[12] Idem.

[13] El nuevo rumbo apura el acaparamiento de tierras.

Ral Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de Amrica Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el Informe Mensual de Zibechi para el Programa de las Amricas.

Fuente: http://www.cipamericas.org/es/archives/19247


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