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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-11-2016

Depredar defensores de derechos para perpetuar la condicin de colonialidad de los pueblos

Ollantay Itzamn
Rebelin


Uno de los legados sociales del sistema neoliberal, en el marco del proceso violento de desintegracin social que deja a su paso, es la persecucin, criminalizacin y asesinatos selectivos de defensores/as de derechos comunitarios.

Los pueblos indgenas y/o comunidades campesinas, ante la presencia/invasin de maquinarias pesadas en sus territorios, sin consulta, ni licencia social alguna, emprenden intentos de acercamiento y dilogo con los representantes de las empresas. Estos esfuerzos, en el mejor de los casos, terminan con la compra de la voluntad de dirigentes comunitarios, por parte de las empresas extractivas.

En este contexto, las comunidades organizadas no tienen ms opcin que proceder a ejercer acciones colectivas de resistencia social. Derecho fundamental vigente en ordenamientos jurdicos como el de Guatemala, Ecuador y otros pases.

Estas acciones de resistencias van desde los procesos de auto consultas comunitarias, pasando por vigilias colectivas permanentes para impedir el paso de las maquinarias, hasta la afectacin de los equipos materiales utilizados por las empresas para afectar la tranquilidad comunitarias (daos a las maquinarias, desconexiones elctricas, etc.). Son acciones colectivas consensuadas en amplias asambleas comunitarias.

Ante estas y otras acciones de resistencia legtima, las empresas y la gendarmera estatal, ensayan campaas de difamacin/estigmatizacin, en contra de defensores/as comunitarias, desde los medios de (des) informacin empresarial, plpitos de iglesias, redes sociales, y autoridades locales y comunitarias.

La finalidad es convertir a los verdaderos defensores de derechos en malhechores, culpables del sub desarrollo, en el imaginario colectivo y la opinin pblica. Lo hacen aprovechando los miedos y deseos activados de las sociedades teledirigidas

Simultnea a la guerra meditica difamatoria, emprenden procesos de intimidacin, judicializacin, e incluso eliminacin fsica selectiva, de defensores indeseados, ante la indiferencia de la sociedad expectante.

Qu logran las empresas con la criminalizacin de defensores comunitarios?

Intimidacin psicolgica a defensores/as comunitarias. La judicializacin y el encarcelamiento preventivo es un shock psicolgico de fuerte impacto en defensores indgenas y campesinos habitados por creencias y supersticiones del desconocido mundo legal/criminal (para ellos).

Por eso, en la gran mayora de los casos, defensores/as criminalizadas y/o encarcelados, cuando son sobresedos o liberados, muy difcilmente vuelven al activismo comunitario en defensa de derechos con la misma dinmica y pasin de antes.

Desintegracin de las estructuras organizativas comunitarias. La difamacin meditica, seguida de persecucin, criminalizacin y/o asesinato selectivo, tiene por finalidad descabezar a las resistencias comunitarias organizadas. De esta manera, buscan desintegrar las resistencias comunitarias, sin mayor costo econmico que el pago de los servicios de abogados.

Simultneamente a las campaas de criminalizacin, los actores antiresistencias comunitarias, recurren y utilizan resquicios comunitarios para ubicar y utilizar a los disconformes con los procesos de resistencia dentro de las mismas comunidades. stos disconformes son uno de los principales caballitos de batalla para desactivar las organizaciones comunitarias desde adentro.

Desgaste y distraccin de las comunidades en procesos de defensa legal. En muchos casos, los procesos de criminalizacin en contra defensores/as de derechos, imputados con delitos incluso inexistentes en el ordenamiento jurdico, no buscan sentencias condenatorias en contra de las y los criminalizados. nicamente buscan distraer, desgastar y desmovilizar las resistencias comunitarias

Las organizaciones comunitarias en resistencia no siempre cuentan con un plan estratgico de lucha. No cuentan con financiamiento econmico o presupuesto. Mucho menos con estrategias, ni dinero para la defensa legal y/o estrategias comunicacionales. Se van organizando y autofinanciando sobre la marcha.

En estas condiciones, el hecho que sus defensores principales sean encarcelados o procesados judicialmente hace que prcticamente las energas, la atencin y los pocos recursos de las organizaciones comunitarias sean prioritariamente destinados para las acciones de defensa legal, en lugar de afianzar las acciones de resistencia.

En otros trminos, las campaas de difamacin, criminalizacin y desarticulacin de las organizaciones en resistencia, no slo busca afianzar en el imaginario colectivo de los pueblos la idea de la benignidad de la inversin privada y mostrar a los empresarios como los verdaderos patriotas modernos que apuestan al desarrollo de los pases empobrecidos.

Ante todo intentan fijar en el espritu individual y colectivo de las comunidades en resistencia el sentimiento de culpabilidad por las acciones colectivas de resistencia emprendidas, porque supuestamente iran en contra de su propio bienestar.

Estas campaas sistemticas buscan instalar en el espritu de las comunidades y pueblos en resistencia sentimientos de repudio a sus verdaderos y heroicos defensores, y estima y solidaridad con las empresas que les causan serios y profundos daos socioeconmicos, ambientales y espirituales.

Esta colonialidad econmica explica, en buena medida, la situacin exitosa de las empresas privadas en territorios de pueblos empobrecidos y despojados, sino tambin la predileccin de los despojados por los productos comerciales de las empresas enemigas de la humanidad y de nuestra Madre Tierra.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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