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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-11-2016

Si fracasa el dilogo se abonan salidas violentas y dictatoriales

Vctor lvarez R.
Aporrea


Cuando los partidarios del Referendo Revocatorio (RR) entregaron al CNE las planillas con las firmas, Diosdado Cabello, Vicepresidente del Psuv, sentenci que es imposible que este ao se pueda llevar a cabo el RR: "En toda Venezuela son casi 10 mil denuncias y nosotros estamos exigiendo que nos den respuestas, porque en verdad ese referendo naci muerto. Ellos mismos mataron el referendo cuando pusieron personas que haban fallecido en las firmas, ellos mismos mataron el referendo cuando metieron menores de edad, ellos mismos mataron el referendo cuando haban ms de 600 mil firmas con problemas". Y agreg: "en el 2016, chillen, hagan lo que les d la gana pero referendo no hay".

Requisito del 1% facilita el sabotaje del RR

El sabotaje al RR fue anunciado por el propio oficialismo desde el mismo momento en que se entregaron las firmas. Incluso, mucho antes de que el CNE diera los resultados oficiales, voceros del gobierno se apresuraron a denunciar un mega fraude.

Tanta fue la seguridad con la que diferentes voceros del oficialismo anunciaron la muerte del RR antes de que el CNE diera su informe oficial, que ellos mismos levantaron sospechas sobre un sabotaje a la consulta. De hecho, la recoleccin del 1% de las manifestaciones de voluntad pudo ser saboteado por seguidores del oficialismo que actuando de manera espontnea o cumpliendo la instruccin de ejecutar el trabajo sucio- firmaron con cdulas de fallecidos y menores de edad para enlodar las planillas y luego brindar el pretexto perfecto para anular el proceso, como en efecto se hizo.

Por lo vulnerable de este requisito extra-constitucional de recolectar el 1 %, por lo susceptible de ser embasurado y luego utilizado como pretexto para sabotear el proceso, es que el mismo debe ser anulado y dejar nicamente la recoleccin del 20 % del padrn electoral, tal como lo establece el artculo 72 de la CRBV.

Referendo Revocatorio: crnica de un sabotaje anunciado

El CNE se tom todo su tiempo para revisar con lupa las firmas en todos y cada uno de los estados. Sin embargo, despus de un largo y demorado escrutinio, finalmente tuvo que reconocer que los partidarios del RR pudieron recoger ms del 1 % mnimo de las firmas requeridas. De hecho, el CNE valid casi 400.000 del total de firmas presentadas, el doble de lo exigido.

Cumplido este requisito, a la mxima autoridad electoral no le qued ms alternativa que publicar el cronograma y estableci que del 26 al 28 de octubre se procedera a la recoleccin del 20% de electores inscritos en la correspondiente circunscripcin para solicitar la convocatoria del referendo para revocar el mandato presidencial.

A pesar de que "el mejor sistema electoral del mundo" demostr en anteriores elecciones que puede dar resultados definitivos unas horas despus de haber cerrado las mesas de votacin, en una maniobra dilatoria para retrasar la convocatoria del RR, el CNE anunci que se tomara un mes para determinar si el RR es procedente o no, e indic que solo sera entre el 28 y 29 de noviembre cuando declarara la procedencia o improcedencia del proceso.

Por si fuera poco, el CNE agreg que -en caso de que el RR se considerase procedente-, dispondra de un plazo mximo de 90 das para fijar la fecha del referendo, con lo cual quedaba pospuesto para mediados del primer trimestre de 2017. Y, como ya se sabe, de realizarse y ser revocado Nicols Maduro de la Presidencia de la Repblica despus de cuatro aos de mandato, el CNE no convocar elecciones presidenciales sino que ser su Vicepresidente quien culmine lo que resta de perodo constitucional.

Mientras no haya Ley de Referendos, el CNE aprobar las normas que lo regulen. Pero una cosa es reglamentar el proceso y otra cosa muy distinta obstaculizarlo. Los nicos cambios en las normas que se pudieran aceptar son aquellos que facilitan la masiva expresin de la soberana del pueblo a travs del voto. Sin embargo, el proceso para convocar el RR ha estado plagado de trmites y requisitos innecesarios que han demorado sobremanera el proceso. Veamos:

La maniobra de reducir el nmero de centros electorales y captahuellas

El 20 % del padrn electoral equivale a un mnimo de 3.893.128 electores. Pero no se trata solo de captar el nmero mnimo de firmas sino de facilitar la participacin de toda la ciudadana que, segn el padrn electoral, equivale a 19.465.638 electores que pueden manifestar su voluntad.

De cara a los mandatos constitucionales de facilitar la democracia participativa y protagnica, el CNE est obligado a habilitar un nmero holgado de centros y mesas electorales para que la votacin masiva de la ciudadana no se convierta en un calvario, tal como ocurri con la recoleccin del 1 %.

La MUD calcul que se requieren 19.500 captahuellas en 6.500 centros de votacin, pero el CNE solo aprob 5.392 mquinas, distribuidas en 1.356 centros en 335 municipios.

En cualquiera de los casos las colas seran interminables y mucha gente no podra ejercer su derecho constitucional al no poder entrar al centro de votacin. Para que nadie se quede sin votar deberan activarse todos los centros electorales, mesas y captahuellas que se habilitan en cada eleccin presidencial.

La maniobra de aumentar el nmero de huellas a verificar

Para complicar an ms el proceso, el CNE aprob que debern colocarse cuatro dedos en las captahuellas.

Este requisito de verificar los dedos pulgares e ndice de ambas manos es ms engorroso que la anterior validacin de 1%, cuando a los electores se les pidi colocar solo los dedos pulgares y dos personas en promedio validaban cada minuto.

Pero al colocar cuatro dedos se har ms lenta la verificacin, el tiempo promedio por elector inevitablemente aumentar y muchos electores quedarn por fuera.

La maniobra de imponer la circunscripcin regional

Segn el artculo 72 de la CRBV, al Presidente de la Repblica le corresponde la circunscripcin nacional. Sin embargo, para la recoleccin del 20 % de las firmas, el CNE estableci la circunscripcin regional.

Esto obliga a lograr justo ese porcentaje en cada uno de los 24 estados, lo cual est a contrapelo de la Constitucin, toda vez que el cargo a revocar no es el de un gobernador o alcalde, sino el de Presidente de la Repblica, cuya circunscripcin es nacional.

La estratagema subyacente consiste en que, si en algn estado no se rene el 20%, este incumplimiento bastara para cancelar todo el proceso.

La maniobra de cinco tribunales de provincia para anular el 1% de las firmas

Era un secreto a voces que el TSJ preparaba una sentencia para "matar" el RR y que la misma sera anunciada justo el da antes de comenzar la recoleccin del 20 %. Pero algunos magistrados del TSJ se negaron a seguir acumulando exabruptos en su expediente histrico y el gobierno tuvo que buscar otros operadores para que ejecutaran la nueva maniobra.

As fue como cinco tribunales de provincia, sin competencia en la materia electoral, procedieron de manera planificada y anunciaron simultneamente cinco sentencias idnticas que declararon ilegal la recoleccin de 1 % de las firmas que ya haban sido validadas por la mxima autoridad electoral. Pero resulta que las firmas del supuesto fraude haban sido rechazadas por el CNE y no influyeron en la sumatoria del 1% que ya haba sido validado. Y con relacin a los delitos electorales, estos son imputables solo a las personas que los hubiesen cometido, pero en ningn momento pueden ser utilizados como excusa para anular el 1%.

Los tribunales regionales no tienen atribuciones para impedir actos que competen exclusivamente a la mxima autoridad electoral, cuyas decisiones slo pueden ser afectadas por el TSJ en sus salas electoral y constitucional. Pero esta vez, cinco tribunales del Poder Constituido desconocieron la voluntad soberana del Poder Constituyente y negaron a la ciudadana su derecho constitucional de evaluar a mitad de perodo la gestin presidencial, tal como lo establece la CRBV. Esta maniobra fue posible gracias al control que ejerce el gobierno sobre el Poder Judicial, incluso en el mbito regional, y evidencia la acelerada descomposicin institucional que amenaza la integridad de la Nacin. Fue un tiro de gracia al RR ya que al anular el 1 % se pospone la recoleccin del 20 % y de esa forma el oficialismo logra impedir el RR en el 2016.

Todas estas maniobras estn a la vista de la observacin internacional y representan una clara evidencia del complot de una nomenklatura que ha secuestrado los poderes judicial y electoral que, lejos de serindependientes, estn controlados por el gobierno, el cual se opone al RR. No hay recato, ni pudor, ni escrpulos a la hora de ejecutar cualquier maniobra para aferrarse al poder y seguir disfrutando los privilegios asociados a los altos cargos pblicos que ostentan.

La resignacin de la MUD

La ciudadana habl duro en las parlamentarias del 6-D y provoc un cambio en la correlacin de fuerzas para que la AN lograra un equilibrio de poderes y ejerciera un mayor control sobre un gobierno que se haba acostumbrado a actuar sin rendir cuentas. Pero hoy se siente estafada y defraudada por un Poder Legislativo que result tan incapaz como el Poder Ejecutivo para interpretar el clamor nacional y estar a la altura de los grandes problemas que el pas tiene planteados.

Todo este despojo de los derechos constitucionales de la ciudadana ocurre ante la resignacin de la dirigencia de la MUD, la cual se presenta como vctima, pero con una actitud pusilnime y poco combativa que levanta sospechas, toda vez que tolera hasta la posposicin de las elecciones de gobernadores que estaban previstas para diciembre de 2016, tal como lo establece el artculo 160 de la CRBV.

Y estas sospechas no son nuevas. Desde que la vocera quejumbrosa de la MUD acept el cronograma del CNE se incubaron crecientes dudas sobre su verdadero compromiso con el RR. Ojal que en las mesas de dilogo que se acaban de instalar con la mediacin de El Vaticano, un pacto de cpulas no conculque el derecho constitucional de convocar un referendo para que sea el pueblo quien decida si revoca o ratifica el mandato que le dio a Nicols Maduro.

Por qu la MUD est dejando el RR para 2017?

Para responder esta pregunta vale recordar que el nuevo gobierno que resulte de un RR en 2016 no gobernar durante 6 aos sino que completar el perodo constitucional hasta febrero de 2019. Durante ese lapso tendr que optar entre pagar casi $ 30 mil millones en capital e intereses de la deuda externa o reorientar estos fondos para cubrir las importaciones de alimentos, medicinas e insumos esenciales que requiere la reactivacin del aparato productivo y as poder erradicar la escasez que azota a la poblacin. La crtica que la Oposicin le hace al Gobierno al priorizar los pagos de la deuda externa por encima de las necesidades nacionales, sugiere que si el RR se realiza este ao y la MUD gana las elecciones, esas prioridades cambiaran radicalmente.

El pago de la deuda externa es un muerto con el que la MUD no quiere cargar, es un crculo vicioso que le quita hasta las ganas de gobernar. Por un lado, un gobierno de la MUD no cambiara nada si no cambia el cronograma de pagos que sigue el actual gobierno. Pero por el otro, una moratoria unilateral puede ser pan para hoy y hambre para maana al cerrar las vas al financiamiento internacional.

Si un gobierno de la MUD no quiere arrancar enfrentndose a los acreedores, solo puede mantener ese ritmo de pagos al costo de agravar la crisis humanitaria, defraudar las expectativas de cambio y restaurar al chavismo en las presidenciales de 2018. En ese caso, para los intereses particulares de las cpulas de la MUD, sera mejor que en 2016 no haya RR para que no se convoquen unas elecciones que a todas luces ganara cualquier candidato que postule la mesa de la unidad.

Al posponer el RR para 2017, sera el neo-oficialismo derivado de la defenestracin de Nicols Maduro el que complete el perodo constitucional, cargue con el muerto de pagar la deuda externa y pague el costo poltico en las presidenciales de 2018 que seguramente llevara al poder al candidato de la MUD, ya no para un gobierno interino de 3 aos, sino para un periodo constitucional de seis aos.

Si fracasa el dilogo se abonan salidas violentas y dictatoriales

Pero lo que est en juego no es la viabilidad de un gobierno sino la paz de Venezuela. Conjurar la amenaza de un estallido social pasa por aliviar la pesada carga de la deuda externa y liberar los recursos que se necesitan para reactivar la produccin y erradicar la escasez que ha puesto al pas con las reservas de petrleo ms grandes del mundo al borde de una crisis humanitaria.

En consecuencia, no puede ninguna burocracia institucional o nomenklatura poltica vulnerar los derechos constitucionales de la ciudadana. El RR no es un elemento accesorio o decorativo en la CRBV, sino un componente esencial de la Democracia Participativa y Protagnica para que la ciudadana ejerza sus derechos polticos y evale si est satisfecha o no con el Gobierno.

El RR tampoco es una concesin a los caprichos de las cpulas polticas de la Oposicin, sino un derecho de la ciudadana consagrado en la CRBV, es la va constitucional, democrtica y pacfica para superar esta crisis de gobernabilidad.

Por eso, la realizacin o no del RR en 2016 no puede ser el resultado de pactos entre las lites polticas del Gobierno y la Oposicin. Este es un derecho constitucional que tiene la ciudadana para poder ser elgarante del buen gobierno que necesita y quieren darse. Sera una burla a la Nacin cualquier pacto de cpulas que conculque los derechos polticos consagrados en la CRBV.

Lo cierto es que la ciudadana se siente cada vez ms engaada por un gobierno que niega su derecho constitucional a evaluar la gestin presidencial y por una oposicin pusilnime que no defiende con valenta y garra esos derechos.

El ejercicio autoritario del poder genera un creciente malestar que se expresa en la intensificacin del descontento y de las manifestaciones de calle, las cuales a su vez son reprimidas. As se criminaliza la crtica y recrudecen las persecuciones, allanamientos y encarcelamientos de quienes piensan diferente y protestan.

El abuso de poder llega al extremo al decretar estados de excepcin que suspenden las garantas constitucionales y erosionan los derechos democrticos de la ciudadana. Todos estos son indicadores de la prdida de legitimidad de un gobierno originalmente electo en las urnas pero que -al desembocar en prcticas autoritarias y represivas-, pone en entredicho su esencia democrtica.

Al cerrar las vas constitucionales, electorales y pacficas para resolver la actual crisis de gobernabilidad, el gobierno tiende la alfombra a los violentos y abona el camino para las salidas militaristas y dictatoriales.

@victoralvarezr

Fuente: http://www.aporrea.org/actualidad/a236790.html


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