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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-11-2016

Honduras
Barra Vieja: una comunidad condenada a no existir

Giorgio Trucchi
Alba Sud / Rel-UITA

Una comunidad garfuna resiste los ataques del Estado hondureo para facilitar el desarrollo de un magaproyecto turstico, Indura Beach and Golf Resort. Despojo, represin y resisitencia marcan la agenda de un largo conflicto.


El pueblo garfuna est conformado por 48 comunidades situadas a lo largo del litoral atlntico de Honduras. Pese a las fuertes presiones ejercidas durante dcadas por actores polticos y econmicos interesados en el acaparamiento y explotacin de los bienes comunes de la naturaleza y la tierra, el pueblo garfuna se ha resistido a abandonar su territorio ancestral y ha emprendido una larga lucha en defensa de su derecho a existir.

Una historia de acoso

Muchos son los intereses que giran alrededor de esta zona de Honduras: desde la construccin de complejos tursticos y propiedades vacacionales, pasando por proyectos de explotacin minera, proyectos hidroelctricos y de expansin de monocultivos a gran escala, hasta incipientes proyectos de exploracin y explotacin petrolera. Todo en medio de una creciente militarizacin de los territorios. En el contexto de esta orga fagocitadora el caso de la comunidad garfuna de Barra Vieja representa un claro ejemplo de despojo cnico y brutal.

La presencia del pueblo garfuna en la zona se remonta a 1885, cuando ante las presiones de las compaas bananeras tuvo que desplazarse de Tela y buscar otro lugar de la baha donde reubicarse, el Cocal. Fue as que en 1919 se fund la comunidad de Barra Vieja, la cual tuvo que esperar hasta 1950 para ser registrada en la municipalidad de Tela. Ese reconocimiento no fue suficiente para evitar que en 1975 el Estado de Honduras procediera, de manera unilateral y sin consultar al pueblo garfuna, a donar estas tierras a la Empresa Nacional Portuaria (ENP).

Esta accin de despojo fue solo el inicio de un proceso acelerado de usurpacin de tierras ancestrales del pueblo garfuna, que continu con la aprobacin de leyes que permitieron la ampliacin del casco urbano de las municipalidades, as como la emisin de ttulos definitivos por el Instituto Nacional Agrario (INA) que excluyeron el hbitat funcional de las comunidades garfunas.

Un megaproyecto turstico en Barra Vieja

Para los habitantes de Barra Vieja los problemas se agudizaron con la construccin del megaproyecto turstico Los Micos Beach and Golf Resort, conocido como Baha de Tela y hoy definitivamente rebautizado Indura Beach and Golf Resort. Desarrollo Turstico Baha de Tela (DTBT), empresa responsable del proyecto, est conformada por el Instituto Hondureo de Turismo (IHT), que detiene el 49% de las acciones y representa el sector pblico, y por el Fondo Hondureo de Inversin en Turismo (FHIT), un conglomerado de empresarios y grupos econmicos nacionales entre los ms poderosos del pas. FHIT detiene el 51% de las acciones y su presidente es el magnate hondureo de origen rabe palestino Camilo Atala, que tambin es presidente ejecutivo del coloso Grupo Financiero Ficohsa.

El complejo turstico Indura Beach & Golf Resort, que a partir de este ao es parte de la cadena hotelera Hilton Worldwide Colleccin marca CURIO, se instala sobre un terreno de 312 hectreas que el IHT vendi en 2003 a DTBT por 19 millones de dlares, y que colinda con la comunidad de Barra Vieja. Se inaugur a inicios de 2014 con una inversin de unos 130 millones de dlares, cuenta con ms de 3 km de playa con acceso exclusivo y con un campo de golf de 18 hoyos que ya es parte del prestigioso PGATour Latinoamrica.

En un amplio reportaje realizado en 2010 por Alba Sud analizbamos los principales impactos del proyecto sobre las cinco comunidades garfunas ubicadas en la Baha de Tela, as como dbamos espacio a los argumentos de DTBT en el marco de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (ENTS) impulsada por el IHT, que persigue transformar el litoral Caribe hondureo en el Cancn de Centroamrica.

El entonces presidente del patronato de Barra Vieja, Jos Armando Santos, as se expresaba: Lo que de verdad quieren son nuestras tierras y estamos indignados. Como somos una comunidad que no se vende nos ven como enemigos. El gerente general de DTBT, Jos Antonio Gutirrez,negaba tajantemente la intencin del consorcio de adquirir ms tierra para ampliar el proyecto.

Poco tiempo despus, la comunidad de Barra Vieja fue objeto de un delicado caso de judicializacin de todos sus miembros.

Despojo y desalojo

Tras la destruccin ocasionada por el huracn Mitch en 1998, parte de la poblacin de Barra Vieja decidi emigrar. En varios de sus escritos, la Organizacin Fraternal Negra Hondurea (Ofraneh) recuerda que a partir de 2003 los jvenes de la comunidad decidieron regresar a ocupar sus tierras ancestrales y a defender el territorio garfuna. A raz de ello, en el 2007 el IHT interpuso, a travs de la ENP, una denuncia ante la fiscala de Tela contra la comunidad de Barra Vieja por la presunta usurpacin de tierras estatales.

Desde pequeos nuestros padres siempre nos ensearon que estas tierras eran nuestras, pero malos dirigentes se confabularon con las autoridades y fuimos perdiendo pedazos de territorios. Empezaron a arrinconarnos y aunque tengamos personera jurdica y el Estado nos reconoce como comunidad garfuna, siempre se nos neg el derecho a tener un ttulo comunitario. Prcticamente quedamos en riesgo de desaparecer, explic a Alba Sud, Carlos Castillo, actual presidente del patronato de Barra Vieja.

Ahora dicen que la comunidad de Barra Vieja no existe, que usurpamos estas tierras a la Empresa Nacional Portuaria y que no tenemos derecho de estar aqu. Pero yo nunca he visto que la ENP tuviese una oficina en Barra Vieja, ni que su personal viviera ac. Es evidente que con esta maniobra burda pretenden aduearse de nuestras tierras para que sean explotadas tursticamente, como ya lo hicieron en la Baha de Trujillo, manifest el dirigente garfuna.

La denuncia presentada en 2007 por la ENP deriv en la presentacin de un requerimiento fiscal contra 83 miembros de la comunidad de Barra Vieja, entre ellos los 8 integrantes de la junta directiva comunitaria. Todos fueron acusados de usurpacin de tierras estatales.

En abril de 2014 la Corte de Apelaciones emiti una orden de desalojo, la cual se llev a cabo el 6 de agosto del mismo ao. Una fuente nos avis un da antes de que nos iban a desalojar y esto permiti organizarnos. Cuando llegaron los policas entre 50 y 60 efectivos no opusimos resistencia para evitar que arremetieran con violencia contra la comunidad. Dejamos que sacaran los enseres de las primeras casas y luego, cuando se alejaban para continuar con el desalojo, los volvamos a meter. Esto nos hizo ganar tiempo y finalmente no pudieron sacarnos de la comunidad, record Castillo.

El 22 de septiembre, el Juzgado de Tela orden un nuevo desalojo que se llev a efecto una semana despus. El da 30 de septiembre llegaron ms de cien entre policas y militares sembrando zozobra y terror en la pequea comunidad de unas 45 hectreas. Los que ms sufrieron fueron los nios, nias y ancianos, que no estn acostumbrados a ver este despliegue de personas fuertemente armadas. Hay nios que an sufren de problemas psicolgicos. Cuando llega gente extraa a la comunidad piensan que son los militares que vienen a desalojarnos. Cuatro ancianitos fallecieron en los das sucesivos al nuevo intento de desalojo, lament el presidente del patronato de Barra Vieja.

La poblacin esper la noche y retorn a sus moradas. La Ofraneh denunci internacionalmente que, a pesar de la existencia de rdenes de desalojo emitidas por el Juzgado de Tela, stas no estaban sustentadas por ninguna sentencia donde se sealara el delito de usurpacin. De esa manera, la organizacin garfuna demostr que se trataba de un abuso de autoridad de parte del Ministerio Pblico y el de Seguridad.

Un fallo histrico

Barra Vieja sobrevive solamente gracias al esfuerzo y valor de sus habitantes. Aqu el Estado no existe, como no existe la energa elctrica, el agua potable, el alcantarillado y saneamiento, la salud y la educacin. Las nicas fuentes para sobrevivir son la pesca, la venta de coco y pan de coco, el pequeo comercio. De las 159 familias originarias de la comunidad actualmente quedan unas 40. Muchas personas estn emigrando, otras buscan trabajo en las comunidades vecinas o en Tela, y regresan los fines de semana. Nios y nias tienen que viajar hasta Tornab para poder recibir clase, y la difcil situacin econmica ha elevado la tasa de desercin escolar. Y si alguien se enferma de gravedad hay que recorrer kilmetros -muchas veces a pie- para que lo atiendan.

"No s cuntas veces hemos solicitado al Estado que nos garantice los servicios bsicos para poder vivir dignamente, pero nunca tuvimos respuesta. Quieren nuestras tierras para ampliar el proyecto turstico, pero siempre nos negamos y ahora estamos recogiendo los primeros frutos de nuestra resistencia, indic Castillo.

En mayo de 2015 inici el juicio Oral y Pblico contra los miembros de la comunidad. Dos meses despus el Tribunal de Sentencia de Tela dict un fallo a favor de 75 personas que haban sido acusadas de usurpacin de tierras, quedando pendiente la audiencia contra los 8 miembros de la junta directiva del patronato de Barra Vieja. De hecho, la ENP nunca pudo demostrar ser duea de la tierra donde est ubicada la comunidad de Barra Vieja.

Un ao despus, el 9 de septiembre de 2016, el tribunal absolvi a los 8 directivos y reconoci que nunca cometieron el delito de usurpacin. Ambas sentencias absolutorias fueron apeladas a travs de un recurso de casacin interpuesto por la ENP ante la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa. An se espera la decisin de los magistrados para que las sentencias queden firmes.

En repetidas ocasiones, la Ofraneh denunci que el caso de Barra Vieja es tambin una violacin del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indgenas y Tribales y de la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas. De igual manera infringe el artculo 21 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos) que establece el derecho a la propiedad privada. De quedar firme la sentencia favorable a nuestra comunidad, el Estado ya no tendra ningn argumento para negarse a entregar nuestro ttulo comunitario, concluy el dirigente garfuna.

Fuente: ALBA SUD

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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