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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-11-2016

Colombia sin paz y ahogada en sangre

Colectivo de Colombianos refugiados en Asturias
Soldepaz Pachakuti


Maana se firmarn con carcter definitivo los Acuerdos entre las FARC y el gobierno colombiano. Eso esperamos quienes estamos cansados de la violencia y preocupados porque se est exterminando con impunidad a la dirigencia social que ha sobrevivido a la guerra.

Las FARC aceptaron modificar el Acuerdo firmado en agosto. El gobierno de Juan Santos hizo de portavoz de los opositores cuyos puntos de vista fueron incorporados en un 75%, sin embargo los consideran retoques insuficientes y no aprueban el nuevo acuerdo con lo que la unanimidad se convirti en un imposible poltico.

Los jefes del NO, defensores del narco latifundismo, insisten en evadir el impuesto predial y se niegan a devolver las tierras que usurparon con violencia, se oponen a que la dirigencia de las FARC est en el Congreso de la Repblica con voz y sin voto, se oponen a que los Acuerdos entren a formar parte de la legalidad, rechazaron la presencia de jueces extranjeros que no puedan controlar en el tribunal pactado, se erizan con el reconocimiento de la equidad de gnero porque genera confusiones. De fondo buscan la impunidad para miembros de la fuerza pblica y polticos como el expresidente lvaro Uribe Vlez responsable de los crmenes de lesa humanidad cometidos por la tropa bajo su mando y para los que exigen sin haber sido juzgados la libertad y la restitucin de su honra.

En medio de este enredo Colombia contina lejos de vivir en paz. No hay garantas para la vida de la dirigencia social. Los enemigos de las aspiraciones de paz han desatado este ao un plan de exterminio impune que ha costado la vida a 71 personas (30 desde el mes de agosto) en el que adems han ocurrido 30 atentados y continan los hostigamientos, el desplazamiento forzado y hay 279 amenazas de muerte en diferentes regiones del pas. El objetivo de este terror sistemtico son dirigentes sociales, activistas por la paz, personas defensoras de los Derechos Humanos, dirigentes de organizaciones campesinas y militantes del Movimiento Social y Poltico Marcha Patritica, de la Unin Patritica y del Congreso de los Pueblos.

No hay garantas. Estos crmenes recuerdan el genocidio en la dcada de los 80s y 90s contra opositores polticos militantes de los partidos de izquierda Unin Patritica, A Luchar y Frente Popular. Muchas de estas muertes y el terror desatado estn ocurriendo en el entorno de las zonas de concentracin guerrillera acordadas entre el gobierno y las FARC. Es evidente que el gobierno no est persiguiendo a los grupos paramilitares llamados Autodefensas Gaitanistas, Urabeos, Rastrojos, Ejrcito Anti restitucin de Tierras, guilas Negras, etc., cuya presencia en todo el territorio nacional ha sido denunciada con insistencia por las organizaciones sociales colombianas y cuyas ubicaciones precisas en amplias zonas fueron reportadas al gobierno colombiano por la 12 Delegacin Asturiana de Verificacin del estado de los Derechos Humanos en marzo del presente ao.

El gobierno colombiano tampoco controla a los sectores del Ejrcito y de la Polica enemigos de la solucin negociada a la guerra y que actan como aliados de los sectores polticos que sabotean los Acuerdos de La Habana socios de los narco-paramilitares que quieren reventar el proceso de paz con las FARC y bloquear indefinidamente el inicio de las conversaciones con el ELN.

Las movilizaciones sociales de estos das exigen garantas para el derecho a la vida, acabar con los grupos paramilitares, cese de la impunidad, refrendacin e implementacin inmediata de los acuerdos firmados con las FARC porque nos estn matando.

Por culpa de las lites que se enriquecen con la guerra Colombia corre el riesgo de ahogar en sangre el anhelo de millones de personas que queremos la Paz.



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