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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-12-2016

Las empresas espaolas sobornan para obtener negocios ventajosos

Mariola Olcina Alvarado
El Salmn Contracorriente


En 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidi proclamar el 9 de diciembre Da Internacional contra la Corrupcin a fin de aumentar la sensibilizacin respecto de la corrupcin para combatirla y prevenirla. Pero para prevenirla, es necesario analizar la corrupcin sealando a todos los actores que participan en ella, y en este sentido, los "sobornadores" -grandes empresas que recurren a sobornos para obtener contratos pblicos y negocios ventajosos- tambin tienen una buena parte de responsabilidad.

A da de hoy, la corrupcin en Espaa es un hecho extendido si limitamos su comprensin nicamente a lo que jurdicamente presenta menos dudas: el cohecho, la malversacin de caudales pblicos y el trfico de influencias, etc. comenta Santiago lvarez Cantalapiedra, director de FUHEM Ecosocial, que califica la corrupcin como sntoma de una enfermedad social. Por eso se necesita una mirada amplia para analizarla desde el punto de vista de los corruptos, pero tambin de los corruptores y otros factores que influyen en la propagacin de este fenmeno.

Corrupcin, calidad de la democracia y beneficios econmicos

La corrupcin ms grave se da cuando los polticos traicionan a la gente poniendo el gobierno y el parlamento al servicio de los intereses empresariales en lugar de buscar el inters pblico, dice Federico Aguilera Klink [1].

Para el catedrtico de Economa, hay una serie de requisitos necesarios para que esta traicin a la comunidad se d: que el sistema poltico sea bsicamente bipartidista (en el que hay un acuerdo tcito del bipartito para no beneficiar al inters pblico sino a los poderosos) y el conjunto de personas que los forman acepten que su trabajo en poltica consiste en traicionar a la ciudadana beneficiando a los grandes intereses empresariales. Por otra parte, tener unos medios de comunicacin serviles con el gobierno y con los intereses empresariales. Tambin hace falta una mayora social enajenada por esos medios para que no osen salirse de la normalidad democrtica y una minora disidente que es descalificada por polticos y por esos medios.

Por ejemplo, Teresa Medina, profesora de Derecho Administrativo en la universidad de Burgos, alerta que de los numerosos escndalos estn relacionados con la contratacin pblica. A pesar de que el ordenamiento jurdico cuenta con mecanismos para hacer frente a la corrupcin en la contratacin pblica, no podemos desconocer que las obligaciones impuestas por la normativa se incumplen por parte de las instituciones y que, en multitud de ocasiones, las normas son vulneradas por quienes tienen que aplicarlas tras buscar subterfugios para eludir su aplicacin, analiza la profesora.

Pero, por qu siempre que se analiza el fenmeno de la corrupcin se pone el acento en el corrompido y muy poco en el que acta como corruptor? scar Carpintero, profesor de economa aplicada en la universidad de Valladolid, advierte que cuando se sesga el concepto de corrupcin hacia el mbito de lo pblico, se dejan de lado todos los comportamientos delictivos de las empresas que tienen un impacto social claro. Muchas empresas recurren a prcticas de corrupcin que violan el marco institucional y que afectan positivamente a su cuenta de resultados que lleva a que incluso se llegue a hablar de corrupcin eficiente que, lejos de descalificar este tipo de comportamientos, los han justificado amparndose en argumentos de lgica econmica, dice Carpintero.

Un dato: Las empresas espaolas aparecan en 2008 como las segundas (despus de las empresas chinas de una muestra de 22 pases) que, con mayor probabilidad, recurrieron a los sobornos para obtener contratos pblicos o negocios ventajosos en Amrica Latina, y las terceras con mayor probabilidad (despus de las empresas chinas e italianas) cuando se trataba de recurrir a sobornos en los pases de Europa y Estados Unidos.

Y es que las empresas transnacionales tienen mucho que ver en esta arquitectura de la impunidad, tal y como lo llaman Erika Gonzlez y Pedro Ramiro, integrantes de OMAL (Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina). Esta arquitectura jurdica de la impunidad se produce por la vinculacin poltico-econmica existente entre los Estados centrales y las empresas multinacionales, que les permiten configurar polticas y legislaciones favorables a sus propios intereses econmicos. Segn analizan, la corrupcin como modus operandi es una prctica habitual de las grandes multinacionales espaolas y de buena parte de la clase poltico-empresarial que gobierna, y es una dinmica que se remonta a los inicios del desarrollismo franquista.

Desde OMAL, hacen una serie de propuestas de control ante estos hechos: Prohibir la circulacin sin obstculos de altos cargos y representantes polticos entre el sector pblico y privado, la cooptacin del proceso decisorio de las polticas pblicas, el soborno y otras prcticas de corrupcin. Por otra parte, obligar a gobiernos y parlamentos a someter a consultas con las empresas, grupos de presin, movimientos sociales, sindicatos, ONG y pueblos autctonos, entre otros, la toma de decisiones que afecten a sus intereses. Regular el complejo entramado de bancos, empresas, grupos de inversores, agencias, consultoras, comisionistas y otros actores que operan en los mercados financieros. Y finalmente, aprobar normas sobre la transparencia de las prcticas financieras, el control de capitales y de los servicios financieros, el control de los fondos de inversin (hedge funds), el fraude y la elusin fiscal, las agencias de calificacin, la retribucin de los altos directivos y el secreto bancario, la sancin a los flujos ilcitos de capital.

El lobby: una forma de corrupcin legal

Una de esas formas de corrupcin legal puede ser el trabajo de lobby. Ese trabajo de presin poltica para disear leyes que favorecen intereses econmicos privados daan al inters general. Manuel Villoria, catedrtico en la Universidad Rey Juan Carlos, la califica como una de las modalidades de corrupcin ms influyentes, rentables y dainas y enumera algunas de las prcticas relacionadas con los lobby que pueden suponer riesgos de corrupcin o prcticas no ticas: Financiacin de partidos polticos para obtener regulaciones beneficiosas cuando los partidos acceden al gobierno; puertas giratorias; captura regulatoria y tcnica (control de los grupos de expertos, financiacin de investigacin sesgada o de congresos y reuniones profesionales a cambio de apoyo a los intereses de los financiadores); adopcin de normas que generan voluntariamente lagunas o loopholes para evitar los verdaderos controles o normas que debilitan las restricciones hasta convertir ciertas leyes en un verdadero ejemplo de fachada (window dressing), entre otras muchas ms prcticas.

De hecho, otro de los principales obstculos a la deteccin de este tipo de prcticas es la privatizacin de la regulacin. El control del cumplimiento de las normas se ha convertido en un negocio para las empresas privadas. Jos Antonio Estvez Araujo, catedrtico de filosofa del derecho en la Universitat de Barcelona, dice que la propia corrupcin se ha legalizado y que actividades que habran sido consideradas deshonestas hace unas dcadas ahora son vistas como buenas prcticas. La ideologa legitimadora de la privatizacin de la regulacin se ha convertido en un nuevo sentido comn en el mbito de la gestin de las polticas pblicas. Y el discurso de la gobernanza constituye el ncleo de esa nueva ideologa, aade.

Nota:

[1] La mayor parte de las declaraciones de este artculo han sido extradas de los artculos del ltimo nmero de la revista Papeles, Corrupciones, publicado en noviembre de 2016.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Las-empresas-espanolas-sobornan



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