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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-12-2016

Lo que viene
Afrontar la paz McDonalds, negativa y seorial

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


1. Necrolgicas

Como en toda sociedad atravesada por complejos procesos de identificacin cultural relacionados con huellas de violencia, despus de un trance discursivo o de hechos inditos positivos, surge la tentativa consciente o inconsciente de un balance, de una revisin de la ruta de xito donde no fue la solucin final de tipo totalitario sino supuestamente la frmula democrtica y transicional la que se aplic para superar de forma presunta un estadio de confrontacin y proponer un tipo de reconciliacin, por ahora entre lites, con exclusin de los derechos y las voces de las mayoras sociales.

Sin duda es as en Colombia, de modo consciente al darse el da de ayer, 16 de diciembre de 2016, un encuentro en el Vaticano promovido por el Papa Francisco, entre dos rivales, el ex presidente Uribe y el presidente Santos, en el marco del recuento, el impacto y la proyeccin hecha por este ltimo al recibir varios premios internacionales en una semana, comenzando por el Nobel de Paz el pasado 10 de diciembre y exponer en diferentes auditorios de Europa, otra vez con exageracin y renovado negacionismo, que la guerra ha terminado.

Por supuesto no faltan motivos estos das de gira presidencial que respaldan ese optimismo, como la aprobacin por la Corte Constitucional el da martes 13 de diciembre, de un trmite especial y rpido (fast track) para reformas jurdicas que inician la implementacin del acuerdo de paz con el comienzo de la (des)movilizacin final de las FARC como guerrilla, escoltadas por sus antiguos adversarios hacia zonas donde depondrn las armas, la discusin de una ley de amnista cercenada y la conformacin de una agrupacin poltica respaldada por esa organizacin, que designa seis portavoces sin voto en el Congreso para velar por el cumplimiento de lo pactado, y otras medidas.

Ese repaso en estos das de pretextos previos a la Navidad de 2016, se efecta entre todos de manera ms inconsciente, y fluye en medio de sntomas de graves patologas colectivas, con histeria y simulacin, cuando las coordenadas de la tempestad informativa, cruzadas por notas estpidas de farndula como casi en cualquier parte del mundo, marcaron las sensibilidades y el buenismo por un triste caso de sociopata y la indignacin ante el asesinato y violacin en Bogot (podra haber sucedido tambin en cualquier parte del planeta) de una nia habitante de una barriada de desplazados y empobrecidos, se llamaba Yuliana, de siete aos, a manos de un rico cocainmano y pervertido, que parece ha recibido trato de favor por ser de una encumbrada familia.

Al deshojar la pgina solitaria de este calendario para quienes debemos hacer seguimiento de estos temas polticos, quedan las imgenes superpuestas de firmas sucesivas entre aplausos de un pacto cuatro veces rubricado en tres meses, ms una prfida fe de erratas que la gente en su mayora ignora, desconocindose, como es lgico, cuestiones sustantivas del acuerdo final de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado, resultante de una negociacin que comenz en el 2011, con la que acaba ya una historia de al menos cincuenta y dos aos de confrontacin militar entre esa organizacin y el Establecimiento.

Es realizado de alguna forma ese balance que puede ir de lo personal a lo colectivo, no slo en el caso del presidente Santos al recoger sus premios o en el de Uribe al confesar ante el Papa sus muy recias convicciones. Sino una compilacin abierta o de todos, referida a nuestra realidad ms prxima en la convulsin ms general de un pas que tiene grandes capacidades para evadir su desastre y maquinar engaos frente a desafos aplazados. Hacer ese reconocimiento es normal, incluso es teraputico, pues supone realizar algo as como rituales o evocaciones en operaciones aritmticas del pasado y del futuro, de lo que tenemos y nos resta, al tiempo que ejecutamos apuestas de otro carcter, relativas a valores de sentido, postulando necesidades de cambio. Santos lo hizo en su discurso al recibir el Nobel, el da internacional de los derechos humanos, y lo ha reiterado en diversos tonos y con otras palabras: Tenemos que cambiar la cultura de la violencia por una cultura de paz y convivencia; tenemos que cambiar la cultura de la exclusin por una cultura de inclusin y tolerancia.

Por el contrario, no hacer ese ejercicio reflexivo y guardar silencio no siempre es bueno, puede suponer un trastorno personal y social muy grave, en tanto signo que representa negacin evidente y peligrosa, porque rehusamos aceptar lo que sera la enfermedad del contorno social que nos incumbe, a la vista de problemticas no resueltas y ni tan siquiera intervenidas mnimamente, como est demostrndose, aunque mucho se hable de paz. Santos con razn subray en Suecia el pasado 12 de diciembre: Medio siglo de violencia afecta la capacidad de convivencia de una sociedad. Incluso, se llega a perder la capacidad de compasin frente al dolor ajeno.

Esa falta de empata y de responsabilidad es la norma. As, a doce das del mencionado asesinato y violacin de la nia indgena Yuliana Sambon, por el adinerado arquitecto Uribe Noguera, una noticia igualmente aterradora ya haba pasado prcticamente desapercibida, sin merecer lugar alguno en pginas centrales o de portadas, y obviamente sin estar en las lneas de los discursos y homenajes brindados en Europa: 81 nios ways en La Guajira han muerto por desnutricin severa. Solo en la ltima semana se registraron cinco decesos. El mismo da de la entrega del Nobel se registr la muerte de dos pequeos que vivan en la zona rural de Uribia. Fallecieron por desnutricin un varoncito de 1 ao, perteneciente a la comunidad de Uru, y una nia de 2 aos, de la comunidad de Juyasirain (http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ninos-wayu-muertos-por-desnutricion-en-2016/16770883. Vase tambin la noticia de diez antes: http://noticias.caracoltv.com/colombia/en-2016-han-muerto-75-ninos-wayu-por-causas-asociadas-la-desnutricion). El periodista Gonzalo Guilln (http://www.semana.com/opinion/articulo/gonzalo-guillen-sobre-el-asesinato-de-yuliana-samboni/509428) seala durante 2016 el nmero de muertes, solamente de nios de esa etnia, creci: est por llegar a cien antes del 31 de diciembre prximo y engrosar la cifra global de las ltimas dcadas, que oscila entre cinco mil y 14 mil criaturas muertas por inanicin.

Esa evasin o no comprobacin la hacemos por mltiples razones, entre ellas la apata, el cansancio, la ignorancia, la inmersin servil, la manipulacin, o porque deliberadamente con mediano conocimiento anteponemos las ganancias ms o menos individuales de cualquier ndole a las prdidas y sndromes del espacio compartido. Van por delante cuentas bancarias y conquistas de pocos, o logros equivalentes de muchos en la escala clasista de subjetividades, al margen de que se efecten o nos afecten cierres o aperturas de narrativas, como es en Colombia la de haber llegado al mito de la paz una vez agotado el mito de la guerra.

Para defensores del mito de la paz con la que siguen muriendo por inanicin decenas de nios y nias, incluir esta referencia puede ser demagogia o populismo. No viene a cuento; no est en consonancia con el regocijo ni con la oferta del pas para planes de inversin y desarrollo.

Pero an en medio de la indiferencia, la sumisin o el alegato claramente egosta, como tambin en el atisbo de una celebracin sensitiva de lo que nos debera unir, es probable todava algunos caigan en cuenta la noche de Navidad de lo que ya comienza a difuminarse: que un mes antes, el 24 de noviembre, en el Teatro Coln de Bogot, se represent el pacto de La Habana, sellado y ensalzado una vez se estamparon las respectivas rbricas, consciente hasta el ltimo tramoyista del tpico insulso de que todo acuerdo como la vida misma es imperfecto. A dicha escena en el tablado registrada con jbilo justificado en la bondad de superar incontables desgarros inhumanos, le antecedieron o le siguieron otras actuaciones de mal augurio.

En relacin directa, a la par de los preparativos a dicho acto repetido, se hicieron eficaces asaltos de ltima hora en funcin de la impunidad de crmenes de Estado: altos mandos y ex oficiales de las fuerzas armadas pidieron, y lograron, incorporar una clusula ms que les sustrae cobardemente de un importante tipo de responsabilidad penal. As qued en el Acuerdo suscrito por ambas partes (https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-7-bogot%C3%A1-colombia-24-de-noviembre-de-2016), aunque dos das despus las FARC hayan expedido una tarda y exigua Constancia que no cambia lo firmado por sus representantes (http://www.rebelion.org/docs/219796.pdf) en la va de la contradiccin de lo que en Derecho se llama la doctrina de los actos propios (como me lo recordaba hace unos das mi amigo Pepe Galn, abogado espaol actuante en el caso Pinochet, Scilingo y otras causas contra criminales de lesa humanidad); una doctrina elaborada desde tiempos del jurista romano Ulpiano (siglo II) sobre el hacer consecuente: las obras y consentimientos nos vinculan, aunque nos pese. Pues cinco veces antes las FARC suscribieron libremente ese contenido que al final en algo objetaron sin obligar a la contraparte, responsable de campaas sistemticas de miles de espantosos crmenes durante dcadas.

Y de la misma materia de ausencia de justicia y garantas, otro pronstico fatal basado en hechos de dolor, obviamente slo para unos sectores sociales: la violencia contra activistas comunitarios, de izquierda y defensores de derechos humanos, la victimizacin o criminalizacin de movimientos y organizaciones populares que hacen oposicin legal a iniciativas oficiales y privadas que violan libertades y derechos sociales, econmicos, polticos, civiles, ambientales y al territorio de los pueblos. Necrolgicas aisladas que sumaban el 8 de diciembre de 2016, 94 asesinatos (la cifra ms alta en los ltimos 6 aos y 31 ms que el ao anterior), 46 atentados, 302 casos de amenazas y cinco de desaparicin (http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/colombia-es/article120080813.html. durante este ao han sido asesinados 104 lderes, han amenazado a ms de 300 y han sido blanco de atentados (de los que han salido con vida) casi 50 (http://www.semana.com/nacion/articulo/lideres-sociales-victimas-de-atentados-en-meta-y-sucre/509461).

Mientras al da 16 de diciembre se informaba que ya no eran 104 sino 114 los asesinados (http://www.elespectador.com/noticias/nacional/un-nuevo-informe-revela-han-sido-asesinados-114-lideres-articulo-670631), oficialmente se dice son hechos aislados, que no hay contexto de un proceso de persecucin y se olvida que no slo matan los que disparan en la ultraderecha sino que asesinan de modo equivalente los que permiten que eso pase ostentando una autoridad pblica que s usan para otros fines.

Y en relacin no inmediata con lo escrito por cuatro aos en La Habana, los tristes cuadros que lejos de all acompaan incorregiblemente la realidad y este alegato, y que pueden ser brincados a quien no les guste, a tono con el discurso del nuevo premio Nobel que omiti lgicamente hablar de sombras incmodas. Insisto en ello no para nombrar la desgracia sino para preguntar por sus autores. Ignoro si alguna vez pas el ejemplo que cito, que se produca el 18 de noviembre pasado, seis das despus de una de las repetidas firmas del acuerdo de paz. Era la maana de un viernes y se lea: fueron entregados a sus familiares los cuerpos de cinco nios wayuu que habran muerto por desnutricin.... Esa era otra necrolgica evaporada en horas de caudal meditico.

Efectivamente, polticos y administradores se robaron fondos pblicos destinados a la alimentacin de miles de menores en La Guajira, departamento limtrofe con Venezuela. Lo que sorprenda no era la muerte por hambre; era la ceremonia organizada por la Fiscala, con cinco pequeos fretros al frente, de inocentes asesinados por corrupcin. Se trataba y se trata de vctimas de violencia estructural. Enseguida otra noticia lateral de ese da sealaba cmo el embajador colombiano en EE.UU., Pinzn (ex ministro de Guerra en el Gobierno Santos) envi un mensaje de apoyo al ex ministro uribista encargado de Agricultura, Arias, dejado en libertad bajo fianza en Miami. Estuvo detenido por un proceso en Colombia, conocido como Agro Ingreso Seguro, en relacin con un programa que se supone era para campesinos pobres. No fue as. Los beneficiados fueron otros: empresarios millonarios, familias acaudaladas, hacendados prximos al paramilitarismo... Horas antes de la excarcelacin, Uribe Vlez, el ex presidente de extrema derecha, haba declarado ah en Florida a favor de su ex ministro y pupilo. Se trata sin duda de victimarios de violencia estructural, que comparten la esencia de una casta aunque sean de clanes polticos distintos. Esas categoras son las que faltan en la narrativa de la supuesta salida del conflicto, entre la elaborada catarsis pblica.

Al tiempo que se finiquit el proceso entablado por las FARC y el Gobierno, como negociacin entre partes que eran contendientes al tenor del conflicto armado ya disuelto en esa relacin, entrando a una fase de implementacin, asistimos a otra confrontacin innegable aunque se niegue, y a la dilacin en las conversaciones para explorar una senda de entendimiento, entre el Ejrcito de Liberacin Nacional -ELN- y el Gobierno, sin que se haya instalado la Mesa prevista en Quito. La interrupcin se debe a la decisin unilateral del Gobierno, que impone reiteradamente condiciones por fuera de lo firmado en Caracas con esta guerrilla el 30 de marzo y el 6 de octubre de 2016 y que se niega a aplicar principios del derecho humanitario para surtir medidas positivas.

No obstante la gravedad de lo que pasaba y sigue sucediendo en diferentes planos de la realidad para miles y millones de personas, simultneamente a hechos que han de celebrarse y asumirse como fue ese paso de la firma de lo acordado en La Habana, en los portales de los grandes medios por encima y en contradiccin se desinformaba acerca de lo fundamental como es habitual, y se resaltaba lo superfluo como es costumbre, luciendo el espectculo de la otra Colombia, ahogada en la normalidad de la injusticia y la exclusin, monstruosidad que dicho proceso de paz no logr alterar, culminante ya esa etapa de acuerdos troncales. Esa disociacin esquizofrnica contina con ferocidad. Queda por ver si la implementacin de lo conciliado, pese a su acortamiento, logra corregir rumbos hacia una mejor esperanza.

2. Crticamente

Cuando hace ms de cuatro aos, en 2012, se inici pblicamente un esperado proceso de paz, por ingenuidad y conviccin muchos cremos que de su mano algo de esta miserable realidad comenzara a cambiar. No es as. La corrupcin, el saqueo y otras violencias del sistema siguen jugando con la vida y dignidad de millones de seres.

Manifestando sincera consideracin y estima por personas y por esfuerzos colectivos que han aportado impulsos encomiables desde diferentes lados, dicho acuerdo final lo saludamos muchos que respetamos esa voluntad de disminuir notablemente la tragedia de la guerra, conocedores directos de la determinacin de construir el mejor pacto posible, que viera realizadas aspiraciones de paz y justicia. Ese compromiso debe ser reconocido por su valor.

Con la misma franqueza, es obligado pensar crticamente y develar que aquellos objetivos supremos no han sido logrados: que todava est muy lejos forjar una paz digna con certezas y no con promesas. En consecuencia, una eleccin moral y poltica es no aplaudir todo lo suscrito, sin que equivalga de ningn modo a respaldar a quienes orientaron desde las lites votar No cuando fue convocado el plebiscito para refrendar por votacin directa lo pactado y siguen torpedeando de muchas maneras ese empeo.

Sabemos cmo el triunfo del No desencaden una etapa de re-negociacin de lo preestablecido en Cuba, que tom en cuenta principalmente las objeciones formuladas por la extrema derecha y otras expresiones polticas y sociales conservadoras. Una parte importante de sus tesis, claramente victoriosas, derrumbaron algunas reivindicaciones histricas que mantuvo las FARC y que tambin eran y son de amplios sectores populares organizados, fraguadas en al menos seis dcadas de resistencias, despus de profundos sufrimientos.

Poniendo los ojos con anhelo en tres efectos inmediatos como son: - el hecho de que se acabe una confrontacin militar que vena siendo degradada y terrible para la poblacin; - neutralizar en el tablero apenas un poco la voracidad poltica de esa extrema derecha insaciable, al haber acogido en la negociacin parte de su ideario; y - a largo plazo trazar un horizonte de construccin de paz que depender de que exista buena fe de las lites en cumplir e implementar lo pactado, es imprescindible a la par escuchar y acompaar con anlisis y tareas prcticas a comunidades, movimientos sociales, presos polticos, organizaciones populares y vctimas de la guerra sucia que esperaban otros derroteros y no esta derrota provisional, cuyos tejidos en s mismos conforman una conciencia despierta a contracorriente de lo que hoy es celebrado mediticamente en Colombia y afuera por algunas gentes: un acuerdo de paz barata y negativa, que no ha supuesto el arranque de un proceso de cambios democrticos en la vida colectiva.

Frente a este proceso de paz ya fueron sealadas algunas tendencias preocupantes, en un sumario o contexto que nos concierne, en lo personal por una responsabilidad asumida como uno de los asesores de las FARC desde 2013 hasta comienzos del 2016. Ante la confirmacin subjetiva y quiz equivocada de contenidos y proyecciones vergonzantes en lo obtenido por el statu quo, no se declina hoy del deber de arriesgar una recensin e insistir tercamente sobre la necesidad de un debate respetuoso y con mnimo rigor apoyado en algunas miradas conceptuales crticas, lo ms objetivo posible, siendo necesario madurarlo ms all de grupos de izquierda o de personas que no se toman el trabajo de leer y estudiar lo establecido para contrastarlo con la supervivencia que bulle, que se han congratulado con lo alcanzado sin avistar razones por las que puede ser engaoso. Pese a ellos y con ellos es preciso afrontar lo que viene, reelaborar la esperanza, en un arco social diverso que no renuncia a la vida digna, es decir a un proceso de paz transformadora.

Siendo la poltica el ejercicio realista de negociar y ceder muchas cosas, incluso en el terreno de los principios ms costosos que configuran la identidad tica, si hay cuidado por la coherencia inscrita en ideales de emancipacin, la poltica es tambin otra cosa: la lucha por no pagar todo el precio que demanda el adversario, pues si no existieran lmites, no habra entonces valores de diferencia y careceramos ante todo de propuestas alternativas.

De tal modo, en este ensayo planteo que al lado de la importancia de cesar la desgracia de la guerra viciada, siendo hasta ahora ese el logro relativo de lo acordado en La Habana por la demostrada y bien recibida disminucin de la confrontacin blica, definitiva de una parte y no de la otra, debe encararse el futuro de lucha desenmascarando la paz McDonalds, negativa y seorial que predomina y ha salido reforzada en lo cultural, en lo social, en lo econmico y lo poltico. Para ello cito unos pocos aportes de autores que para otros contextos, aparentemente menos horrorosos, han fundamentado ciertas aproximaciones o categoras que nos pueden ser tiles al develar nuestros anclajes de injusticia y violencia.

3. Referencia

Entre 2012 y 2013, entre varias metforas y conceptos posibles, quien esto escribe aplic uno (la McDonaldizacin de la paz) para nombrar la tensin y sucesin previsibles en el proceso de paz recin instalado en ese entonces entre el gobierno Santos y las FARC (http://revistacepa.weebly.com/revista-n-16-nuevo.html y http://www.rebelion.org/noticia.php?id=171077).

Entre la dicha colectiva que supuestamente a todos nos embarga, dicha metfora puede parecer distante y rimbombante o slo medianamente oportuna, por sonora asociacin con la victoria de Donald Trump hace un poco ms de un mes. En realidad es mucho ms que eso, en momentos en que el mundo asiste al teatro y a la realidad de la poltica dilemtica, con la cual aterroriza el arribo de ese personaje y se ven(den) los vencidos reformadores dentro del sistema (los Clinton de cada pas) como encarnacin viva del mal menor. Mal que, al igual que una paz pobre, debe ser preferida en ese dilema, vendindose que el nico camino que quedara es convivir con la decepcin, la promiscuidad, la esquizofrenia y la impotencia, y no con la hecatombe. Resignacin en ltimas que nos hace pieza activa o pasiva de ese mal ms pequeo. Es decir, que debemos a futuro sucumbir en esa trampa para no perecer, guardando conveniente silencio, se nos dice, para darle oportunidad de despliegue redentor a esa forzada opcin menos mortal que supuestamente hemos consentido nos represente.

Es con esa impronta que ha operado en parte la razn poltica con la que se ofrece en Colombia la paz hasta ahora pactada como el triunfo del mal menor (salvando innegablemente cientos de vidas y evitando terribles sufrimientos: nadie pone en cuestin esto), cuando no la gloria del mejor acuerdo firmado en la historia reciente de la humanidad, como ha exclamado el presidente Santos en la ceremonia en Oslo el 10 de diciembre, citando un estudio del Instituto Kroc, argumento repetido tambin por otros.

Pero enseguida puede pensarse que el ttulo de McDonaldizacin es del todo una mencin inconexa, que nada tiene que ver con Colombia, nacin de flamante tradicin democrtica, y que en ese terreno de los valores, como sus gentes no son predominantemente consumidoras de los mens McDonalds, no reproducen por ende esos impasibles estndares de vida. Es ms, tan lejos estamos, que es un pas donde cientos de nios y ancianos ni eso tienen, donde mueren de hambre cada ao, como nos lo recuerdan la cifra indicada de los 81 menores muertos o de los cinco pequeos atades mencionados, y donde millones sobreviven en la indigencia. En efecto, cualquiera dira: es mejor tener McDonalds a no comer nada!

De eso precisamente trata esta reflexin: que en la realidad colombiana s puede aplicarse ese concepto de McDonaldizacin en relacin a la servidumbre racionalizada y sus productos culturales, en tanto una sociedad as, donde arbitra la codicia y la impunidad como patrones colectivos devenidos o basados en vasallajes de violencia, ha sido inters, medio propicio y consecuencia de la barbarie; y tambin en tanto se tiende realistamente a la subordinacin democrtica, como se prueba ms all de la coyuntura de aceptacin acrtica de lo renegociado con las FARC o del beneplcito por lo cedido, al igual que el eslogan de que eso debe ser duplicado por el ELN, admitindose por mltiples sectores con banderas polticas discordantes que no hay ms opcin que engullir baratas raciones de paz como renta de despojos, cuyo sustento o nutrientes quedan en entredicho, porque se ha preferido obviamente el mal menor (consentir la reproduccin de un orden de injusticias que supuestamente slo pueden superarse en otro momento) al mal mayor: el conflicto armado.

Por eso puede valer el discernimiento con este concepto sociolgico y poltico, o proponerse para pensar con serenidad no slo la actual situacin nacional sino el ambiente cultural para los prximos decenios, la atmsfera creada de conformidad e indulgencias, o sea de pobreza tica ante una paz pendiente de la elasticidad de una implementacin que ya se admite inestable por cuanto habr pocos recursos financieros y otras prioridades. Es una paz ms caracterizada por las migajas que por los bienes comunes; la pacificacin que reinar entre millones de personas desposedas y administradas, sin que hayan pisado jams esos locales de comida chatarra y aparentemente no estn bajo el influjo de la cultura de ese fascismo licuado, palpable en la combinacin de indiferencia y en el sentido de pertenencia del que gozarn o gozaremos por mucho tiempo, salvo que se construya un proceso de paz ms digno, con cambios democrticos, como es posible todava hacerlo entre una diversidad de actores, pese a que esa propuesta sea vista como minoritaria e idealista.

Llamamos McDonaldizacin de la paz a esa ilusin y solucin falsa que revestida de pragmatismo y racionalizacin, supone la eficacia del bien basura bajo la tendencia del clculo, el control ejecutivo y la eficiencia de un diseo decidido por pocos y operado por miles; a la provisin y sobresaturacin de sus cantidades en el marketing, en oposicin a otra calidad posible.

En 2012, el Establecimiento propona en esa racionalidad, adems de impunidad para s y castigo para el oponente armado, un proceso de paz exprs, una negociacin rpida, y lo que realmente era grave: una paz barata y superficial (y lo reproduce coralmente hoy para el ELN), surtiendo la (in)gestin de escasas reformas o el ardid resultante de papeles y no de su paso procesual a la realidad, donde reina la exclusin y la violacin de derechos de amplias mayoras.

Decamos entonces que tal imagen no es chocante al mundo, sino congruente con el dominante paradigma nihilista y neoliberal, triunfador casi por doquier, que induce a formaciones neofascistas, que se impone globalmente como ruta, segn el cual debe eliminarse toda distorsin perceptiva y preceptiva de derechos, toda demanda emancipadora y de virtud dialctica, toda interrupcin social a la mercantilizacin y su cultura plstica, cual McDonaldizacin de la sociedad, como describi hace ms de veinte aos el socilogo estadounidense George Ritzer; una McDonaldizacin del mundo y dentro de l de Colombia; una McDonaldizacin del proceso de paz como deglucin atropellada o ingesta de una comida chatarra, rpida y barata, y no la produccin de cambios democrticos efectivos que afecten con costos a los privilegios y a la impunidad de minoras que los ostentan. La dejadez en el cuidado de la humanidad y la imperante in-cultura del desprecio hacan prever que fuera burlada la necesidad de una paz mnimamente transformadora.

4. Licencia moral

Sucedidos hechos tan graves como el asesinato del comandante de las FARC Alfonso Cano (noviembre de 2011), ordenado desde la Presidencia, luego de aos de intensas campaas militares y paramilitares, y una vez esta guerrilla realizara gestos como renunciar a la retencin de personas por razones econmicas o de impuestacin (febrero de 2012), o lo que en el lenguaje comn de tipo penal interno se llama secuestro extorsivo, las partes trabajaron en secreto varios meses para presentar en agosto de ese ao una agenda que Santos marc con la existencia de unas lneas rojas, impuestas no slo como muros simblicos sino como desmembraciones de la realidad con las que consiguientemente se precariz y se redujo de modo sustancial el debate al sustraer temas tan cruciales como los efectos devastadores del modelo econmico y la doctrina de las fuerzas armadas. Eso no se tocaba, y en efecto esas vastas materias no se trataron. Santos lo ha recordado los ltimos das en su periplo europeo, desde cuando lleg a Oslo y dio su conferencia de prensa el 9 de diciembre. En ello ha sido muy coherente con sus autorizaciones y crculos de poder.

Esa formulacin de tales barreras, se expresa estructuralmente dentro y fuera de los procesos de negociacin con la guerrilla, como alienante, imperioso, desptico e indolente amurallamiento donde nada que atente contra los privilegios puede traspasar y donde se resguarda una fijacin que luego s ha sido trasladada de manera eficaz. Con ella se recuerda la existencia de un vencedor objetivo en campos de batalla relatados sin la narracin completa de la guerra (sucia) en la que se impuso. Una casta de triunfadores a la que deba drsele adems una licencia moral adicional al rol operativo. Y aunque no hubiese aniquilacin militar de la guerrilla, s haba formas de disuadirla para obtener de ella un trato que implicara patente de superioridad del Estado.

La supremaca de la institucionalidad era tautolgica: para proseguir a las etapas subsiguientes se asignaba as misma la responsabilidad obvia de observar unos lmites insalvables de su juridicidad: reclamaba y reclama como prerrequisito la validez de su matriz y de sus reglas, demandando el consecutivo reconocimiento de legitimidad para continuar (com)prometiendo cambios formales. ste es simultneamente su segundo papel: ser esa institucionalidad gestora principal del quiebre progresista que se introduca. Tal es la actuacin doble y articulada para orquestar en su seno la apertura con la que se dejara atrs ms de medio siglo de confrontacin.

La alardeada y predicha naturaleza neutral del Estado como sujeto de Derecho imparcial, su discutida mediacin, impuso de modo argumentado esa falacia que deduce una representacin de la sociedad en general, frente a los violentos que volvan a la normalidad y sus recintos. Y con el xito de ese llamamiento en la Mesa se impuso el carril de la organizacin dominante sobre las ideas de la insurgencia, recalcndose los silogismos de los monopolios, las atribuciones y los mandamientos pblicos, como el uso de la fuerza armada y de la justicia. Le era preciso esa autorizacin no slo material sino espiritual a las fuerzas guardianas de un orden constitucional, logrando en esa carrera disipar dudas: no haba homologaciones posibles. Dar no slo ese pase operativo sino hacer la venia moral al Estado que se sentaba a la Mesa con personas fuera del orden, que deban resocializarse, result ser un precepto para poder avanzar. A partir de hacer valer los lmites de su mandato negociador en nombre de la sociedad, el Estado, aupado por los poderes de las lites y sus medios de comunicacin, difumin el terico equilibrio con la contraparte, imponindose no slo un ritmo institucional y los cnones de la legalidad no alterada, sino sus razones de ser en funcin de los intereses no pblicos sino privados de un bloque histrico dominante.

En ese concierto paulatino es probable que, adems de lo firmado en el Teatro Coln y de lo afirmado en diversos actos, pueda entenderse la senda de esa licencia moral y la evolucin de la observancia que las FARC dispensaron desde antes, y hoy por supuesto procuran, simblica o materialmente, a entidades oficiales, incluso entre ellas a cuerpos de seguridad del Estado claramente comprometidos en corrupcin, crmenes y represin (Cfr. http://www.farc-ep.co/comunicado/saludo-a-los-todos-los-policias-de-colombia-en-su-dia.html).

Con hiptesis de contraprestaciones tanto en materia de seguridad jurdica o garantas para s (v.gr. una eventual y recortada amnista a los rebeldes, que est en trmite parlamentario) como en el tratamiento de algunos problemas de dimensiones colectivas o nacionales (lo agrario, la participacin poltica, la cuestin de las drogas y algunos derechos de las vctimas, adems de otras derivaciones hacia el conjunto de la sociedad, conforme a la agenda), las FARC socializaron sus tesis y refutaron con inteligencia durante unos aos parte del esquema simplista del proceso ya McDonaldizado, prolongando en el tiempo necesario el dilogo para el respectivo pre-acuerdo de cada punto programado, es decir no abreviando, como s era la idea rumiada por el Estado en el origen al querer imponer un proceso exprs. Lo que pas lo conocemos: se fue difiriendo o remitiendo a decisiones posteriores que deban rearticular un corpus o tratado de paz con una refrendacin o convalidacin final, cuando todo estuviera acordado, que en la inicial visin de las FARC deba coincidir con un caudal o empuje social y poltico bajo la convocatoria de una Asamblea Constituyente, procedimiento que abandon cediendo en junio de 2016 a favor de la propuesta de su adversario.

Se ha llegado, como es lgico, a diferentes reconfiguraciones de rasgos de los que eran contendientes y hoy estn prestos al arte de la poltica del realismo ms extremo grabando concesiones hace unos aos impensables, justificadas en la reconciliacin suya que ofrecen como plataforma idnea para la sociedad entera, sin serlo necesariamente. Pero arriban a todas luces de manera desigual, visto el conjunto de decisiones estratgicas hoy expuestas, para las cuales han obrado en paralelo otras dos lneas: de un lado el trato y la co-responsabilidad formalmente horizontal de ambas partes como sujetos con competencias equivalentes o simtricas, y de otro lado la maquinal hegemona del Gobierno, la primaca de su razn razonada y al mismo tiempo incrustada con un tipo de condicionalidad que sustituy a pautas de proporcionalidad y reciprocidad.

En su magnnima oferta de pacificacin sin exterminio, sin solucin final, el poder establecido traz algunas cesiones importantes, inclinadas esas estructuras objetivamente opresivas por la prospeccin de una paz naturalmente funcional: para tranzar sobre ajustes institucionales y modernizantes ya en camino desde aos, para admitir avances o mejoras en un ejercicio de reformas nebulosas y de apertura en un nuevo ciclo histrico, a cambio de que los alzados en armas de las FARC declinaran definitivamente de la rebelin. En ese emplazamiento ese poder, hoy reforzado y no reformado, no se despidi nunca del realismo cnico, confirmando como punto de partida y de llegada el inherente al proceso de racionalizacin deshumanizadora de unas instituciones cuya premisa es su presuncin de democrticas, dictando con ello el destino de la obediencia ltima que se les debe sin que quepa hoy justificar un ataque a su buena marcha; garantistas, representativas y receptoras de los ex subversivos, en tanto stos hayan desandado su camino y se reincorporen.

En esa exhortacin ideolgica de aceptar y mantener indefectiblemente la mdula del statu quo hasta ahora inamovible e inconmovible, que insta a que se acoja la guerrilla a la ltima oportunidad de negociacin favorable que puede tener, se le apremi poniendo en la Mesa el precio de la reconciliacin: tener que aceptar altos niveles de impunidad de crmenes de lesa humanidad cometidos por el Estado. Ah est la licencia histrica. Y ah est su opuesto: la memoria contra la derrota.

5. Logros y fracasos

De ningn proceso de paz ni de ningn proceso radical de cambio social de alcance revolucionario pueden esperarse transformaciones superadoras automticamente del orden de injusticias establecidas y producidas que nos preceden y proceden como biopoltica (dira Michel Foucault) configurndonos colectivamente, resultado de un sistema complejo de dominacin a lo largo de siglos. Este examen no es por ello incauto. No se refiere a lo que un tratado de pacificacin no puede afectar directa y mecnicamente, sino a lo que s es posible esperar una vez convenida la finalidad y el carcter instrumental de una agenda que incluye los cimientos subjetivos o mviles de la violencia como tambin una base de sus denominadas y reconocidas causas objetivas. La Mesa de La Habana, ni la que esperamos haya con el ELN, los resultados de una y otra por s solos no pueden engendrar ya un nuevo pas, sino apenas pueden generar las condiciones elementales para su reconstruccin democrtica.

Siendo el objetivo declarado y conseguido evitar miles de muertes, heridos y dolores propios de una guerra que rebas hacia prcticas de descomposicin, ningn argumento puede ser vlido para pregonar la continuidad del conflicto armado que ya ces entre dos actores, cuando tanto las FARC como el Gobierno asumieron para sus respectivos mbitos y correlaciones que haba llegado la hora de finalizar entre s esa confrontacin militar. Fue el propsito central de las conversaciones sostenidas durante ms de cuatro aos (2012-2016). Dicho proceso es por ello ciertamente valioso y debe ser defendido, aunque tenga defectos que causen desconcierto o lo hagan decepcionante.

Sin duda su beneficio ms alto y encomiable es la denominada paz negativa, o sea la gradual superacin del conflicto armado (usando trminos del terico noruego Johan Galtung): el hecho de parar en gran medida el desangre que genera la confrontacin blica entre esas dos partes. Primero con un desescalamiento de acciones y luego con el pacto de un cese al fuego y de hostilidades bilateral. Quiz a esa paz negativa y no a otra se ha referido Santos cuando recalc en Oslo en la ceremonia del Nobel: La guerra que caus tanto sufrimiento y angustia a nuestra poblacin, a lo largo y ancho de nuestro bello pas, ha terminado.

Esto nos recuerda lo expresado por Erich Fromm en 1963: Aun cuando la paz no significara ms que la ausencia de guerra, de odio, de matanza, de locura, haberla alcanzado figurara entre los logros ms elevados que el hombre pueda haberse propuesto (La condicin humana actual, Paids, Barcelona, 1986, p. 112). Enunciado humanista que el propio Fromm relativiza invocando otros valores de emancipacin, y que contrasta con el humanismo social del derecho a la rebelin como ltimo recurso, que impugna las condiciones de opresin presentes en las violencias estructural y cultural (siguiendo de nuevo el famoso tringulo de violencias acuado por Galtung).

En segundo orden, resultan destacables o significativos del proceso de La Habana algunos logros en materia humanitaria o de alivio del dolor y la incertidumbre (por ejemplo ensayos de desminado parcial, como lo recalc Santos; o la bsqueda y entrega de restos de algunas personas dadas por desaparecidas, de las ms de 60 mil, como olvid decir el presidente). Y en tercer lugar la confeccin de ciertos programas en germen desde hace aos, de encaje y efecto institucional, que tienen como beneficiarios a diferentes espacios, planes que recuerdan obligaciones de un Estado Social de Derecho en tanto refuerzo declarativo de deberes sociales, econmicos y polticos, al igual que compromisos en relacin con la justicia restaurativa. Todo lo anterior positivo.

En esa balanza, el saldo negativo o de fracasos est signado por las evidentes carencias ya anotadas, siendo nuclear la deuda de una resolucin participativa popular que deba instituir hacia un nuevo contrato colectivo que intervenga sin aplazamientos y con probidad causas socio-econmicas y polticas de la violencia; y entre otros focos la impunidad del terrorismo estatal y paraestatal (que luego se mencionar, no siendo analizada a fondo en este escrito; ser en uno posterior).

Sobre lo primero, es claro que las clases no acaudaladas sino desposedas y dolientes, su multiplicidad de tejidos duramente segregados y atacados en dcadas de guerra sucia, no fueron siempre representadas con coherencia o cualificadamente por todos los invitados peridicos del conglomerado asiduo en La Habana. Ms all de espordicas o exiguas sesiones o foros con sectores sociales, o de audiencias y encuentros con vctimas, la constante fue un dilogo y unos acuerdos de cpulas, cuya marca describi as el prestigioso investigador Luis Jorge Garay: Los acuerdos de La Habana bsicamente son un acuerdo de lites. Las lites del poder y las Farc hacen un acuerdo para que esas lites puedan funcionar coordinadamente / Por ejemplo, justicia es un acuerdo de lites que va a implicar un perdn y olvido y que no va a transformar a la sociedad (http://lasillavacia.com/historia/los-acuerdos-de-la-habana-b-sicamente-son-un-acuerdo-de-lites-luis-jorge-garay-55462).

No habiendo sido una negociacin slo sobre las realidades militares y las razones subjetivas de las FARC en el orden de su desaparicin como guerrilla y su trnsito a la legalidad, sino de lo que justifica el derecho a la rebelin, o sea problemas objetivos de la realidad social, cultural, econmica y poltica ms honda, en La Habana no se pusieron en la Mesa todas las demandas sustantivas bsicas de las clases populares en su propia voz, con su argumentario, organizacin y representacin. A travs de los clculos, discursos y dispositivos en los croquis institucionales de salida de la confrontacin, contaron secundaria o marginalmente. Los convenios de las partes que transaban y sus engranajes a partir de la sealada situacin militar y poltica, no necesitaron siempre, sino slo de vez en cuando, de la manifestacin de otros no convidados que, se pens, podran interferir con ms idealismo que pragmatismo.

En esa polaridad o binomio, las capacidades coercitivas de los bandos y sus coordenadas ideo-polticas se subsumieron o transfiguraron. Pero slo de una parte. Sin que las fuerzas represivas dejaran de matar, desaparecer, amenazar o apresar, sin establecer depuraciones o cambios en las fuerzas armadas estatales y paraestatales, sin garantas o compromisos radicales de no repeticin de crmenes y doctrinas, renovndose la informacin y el accionar de la inteligencia militar y policial, el Gobierno dispuso un receptculo de apremio y compromiso con las FARC. stas, por el contrario, cumpliendo lo estipulado, s comenzaron a ensear parte de sus trazados operativos y a aprestarse para la dejacin de su estructura y de sus medios de ejrcito popular, mientras creci la expectativa por su mutacin a organizacin legal. Es la razn que explica por qu el principal rdito para el orden instituido fue la paulatina exposicin y desactivacin del potencial insurgente a cambio de su incorporacin cierta, irreversible y, se supone, segura en la legalidad, mediando un nivel de cauciones econmicas, polticas y jurdicas.

Entretanto, no cont la inmensidad del pas para otro nivel de cauciones, pues los contenidos ajenos o por fuera del control directo, que trascendan la vida misma y el entorno de las FARC como aparato y organizacin poltico-militar, es decir lo social, lo econmico y lo poltico de terceros que son millones de excluidos, para eventuales beneficios de sectores sociales como son las amplias franjas del campesinado desplazado y empobrecido o los pobladores en estado de miseria en las ciudades, se relegaron a un devenir incierto, a una posibilidad, a una implementacin gruesa que excluye temas vitales, la cual depender de la buena fe del statu quo, ejecucin posterior a la desmovilizacin y no concomitante y proporcionada con sta, salvo en lo que deba facilitarla o asegurarla. O sea, fue otra la velocidad y otro el plano de realidad donde se proyectaron y transaron los temas externos, para aplicarse en otro momento, como hiptesis, con un comps contingente y con baja condicionalidad.

La muy insuficiente participacin social como demarcacin de forma que fue en realidad cuestin de fondo, la ausencia de voces crticas y propositivas por cuyo vaco se endurecieron y complementaran con carcter fatdico las lneas rojas de Santos y al final las lneas duras de Uribe o de los voceros del No en la re-negociacin, produjo consecuencias naturales al no estar presente una autntica postura independiente y alternativa en la Mesa. Indujo esa interaccin cerrada a un intercambio de pares con intereses limitados a sus polticas verticales. No a una concurrencia o Mesa abierta en la que se hubiera exigido dar pasos mnimos y ciertos de una paz transformadora, prestar garantas y establecer compromisos reales de no repeticin y de Nunca Ms. En La Habana no se avanz en ningn momento en la depuracin de las instituciones. Y en esas ecuaciones de conveniencia, en las lgicas de una violencia estatal presumida como legtima, anid por consiguiente una monstruosa deformacin tica y jurdico-poltica como precio del arreglo ltimo. De ah que la impunidad de los crmenes de Estado y del Establishment sea la otra gran deuda.

Existiendo avances tericos defendibles o focos estimables relativos al derecho a la verdad u obligacin de veridicciones respecto a graves hechos, adems de alternativas de reparacin y redencin por fuera del uso preferente de la crcel, lo cual es bueno, el sistema de justicia pactado por el Gobierno y las FARC genera sin embargo al menos dos graves peligros.

Primero, para la militancia de las FARC o para quienes estn acusados de ello, significa crear el riesgo de un precedente que opaca tambin luchas de liberacin en el mundo, por un recorte sustantivo de la complejidad y conexidad del delito poltico siendo de nuevo re-criminalizados en futuras instancias judiciales muchos combatientes o encausados, que respondern como si fuesen criminales por hechos no proscritos en leyes humanitarias o de conduccin de las hostilidades, propios de la guerra irregular o de resistencia y del legtimo ejercicio del derecho a la rebelin. Y en segundo trmino, se favorece la impunidad de los ncleos de poder poltico, militar y empresarial que estuvieron y estn detrs de los autores materiales de estrategias de crmenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y las lites.

Sobre esto ltimo cabe recordar que es una verdad incontrovertible la direccin de esa impunidad de mximos responsables y estrategias estatales y para-estatales, como lo advirtieron con honestidad intelectual antes del resultado del plebiscito diferentes opiniones o dictmenes de expertos nacionales o de organismos internacionales que han efectuado estudios y pronunciamientos sobre los mecanismos establecidos (Cfr. v.gr. http://www.rebelion.org/docs/208980.pdf y http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article257).

Tras la derrota del S el 2 de octubre de 2016, que dio paso a una re-negociacin todava ms perniciosa para vctimas de crmenes de Estado, hubiese sido deseable, no de manera oportunista sino con entereza tica, reconocer que haba clusulas de impunidad y llamar a efectuar las rectificaciones necesarias, sin custodiar y fortificar mecanismos de encubrimiento de esa guerra sucia que persiste (Vase el interesante anlisis: https://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2016/11/reflexiones-sobre-el-otro-si-la.html). Fue manifiesta la mediocridad o el desfallecimiento de algunos sectores en Colombia cuyo faro es la defensa de las vctimas y los derechos humanos, que admitan slo sotto voce cmo efectivamente haba que tolerar esos arreglos de impunidad como el no tratamiento integral de los crmenes de lesa humanidad, la inmunidad de los presidentes, la no responsabilidad eventual de empresarios paramilitares, los beneficios sustantivos para los militares o policas, lo referido a la reduccin sustancial de sanciones, o la supuesta atenuacin por la modificacin de la responsabilidad de la cadena de mando, aberracin sta que finalmente se impuso en oposicin a como la define el Estatuto de la Corte Penal Internacional, junto con las otras.

Se ha hecho una operacin muy sofisticada para vender como ejemplar un acuerdo de justicia transicional y transaccional. El uribismo quiere aumentar ms el nivel de inmunidad, quiere perfeccionar lo que de por s es ya un fiasco en muchos aspectos para vctimas de crmenes del terrorismo de Estado, violencia de cuyos fines y medios sabemos en parte, pues hace falta todava un ejercicio de documentacin e impugnacin ms completo, que nos permita hacer preguntas y que se respondan en el terreno de la demostracin de responsabilidad de estructuras o aparatos organizados de poder, como crmenes de sistema, y no slo de unos oficiales o suboficiales siguiendo la tesis de las manzanas podridas. Debe discutirse mucho ms ahora, cuando se estn reeditando por un orden seorial de la paz, proclamas pragmticas y cnicas de alivio judicial a agentes de Estado (para compensar la amnista que se otorgar a algunos guerrilleros. Vase la opinin de agentes polticos del uribismo y el santismo al unsono, v.gr. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/los-militares-en-la-ley-de-amnistia-en-colombia/16774174).

Organizaciones como Amnista Internacional y sobre todo Human Rights Watch (HRW), que en absoluto pueden tacharse de ser simpatizantes de posiciones de izquierda, han expresado en varias oportunidades sus reparos. HRW en 2015 y 2016 se ha referido a una grotesca impunidad en lo acordado en La Habana, que beneficiara a agentes estatales. Tras la victoria del No, expuso en el marco de una posible re-negociacin del acuerdo impugnado: no existe ninguna justificacin para extender estos beneficios de impunidad a oficiales del Ejrcito responsables de miles de asesinatos de civiles, conocidos como casos de falsos positivos. La mejor forma de evitar esta renuncia injustificada a la justicia sera excluir categricamente a los agentes del Estado de cualquier beneficio de justicia transicional acordado con las FARC (Cfr. https://www.hrw.org/es/americas/colombia, 3 de octubre de 2016).

Y tras la firma del acuerdo final el 24 de noviembre en el Teatro Coln, HRW seal a las pocas horas cmo en maniobra de ltima hora el Gobierno: de forma subrepticia introdujo una modificacin en el nuevo acuerdo de paz que podra permitir que los comandantes del Ejrcito eludan su responsabilidad por los crmenes cometidos por sus subalternos (el cambio realizado) es una burda capitulacin del gobierno del Presidente Santos a la presin de los comandantes del Ejrcito que buscan aprovecharse del proceso de paz para garantizar su impunidad. El proceso de paz de ninguna forma puede justificar que el gobierno sucumba ante las presiones de impunidad para los comandantes del Ejrcito que temen rendir cuentas por su rol en los ms de 3.000 casos de falsos positivos (https://twitter.com/JMVivancoHRW/status/801891013258317828/photo/1).

Contra dicha voluntad de impunidad irradiada por el Establecimiento, no hubo otra de igual potencia. Slo la ya indicada Constancia postrera de las FARC, que siendo lnguida algo significa y ser tomada en cuenta para el debate en los aos venideros, en los que habr que buscar otras alternativas dentro y fuera del pas.

6. Decurso de exclusin

Las FARC paulatinamente han ido acatando u obedeciendo la institucionalidad, hasta ahora no reformada de sus vicios y podredumbres. Adems de afrontarla, las FARC han tenido que enfrentarse a la desidia cuando no al rechazo de amplios sectores sociales mentalizados por aos en su contra por la accin perversa de medios de comunicacin y por el peso de errores cometidos, todo lo cual fue atizado en la diligencia de una extrema derecha no neutralizada por los acuerdos de La Habana, pues sus brazos mediticos, de propaganda, y de maniobra poltica, junto a los poderes armados dentro de las fuerzas militares y el paramilitarismo, han permanecido intactos, con un cierto espritu de cuerpo transversal cobijado por la impunidad, la corrupcin, las ganancias del modelo econmico legal o ilegal, etc., lo que a la postre le llev a esa derecha a manipular en contra de compromisos que el sistema acept formalmente en el proceso de paz mediante la histrica apuesta de Santos.

Lo que evidentemente no pudo hacer las FARC en esos aos de conversaciones, pese a su empeo e inters en la bsqueda de alternativas polticas serias e integradoras, fue lograr que se rompieran los diques de un modelo ya suscrito en 2012, que si bien ordenaba un procedimiento lgico, tambin cosificaba y empobreca desde el inicio la participacin social, atentando esa cerrada perspectiva institucional que le fue enredando contra otra que hubiese sido precursora: la de dinmicas instituyentes desde abajo, en las que, con innegables o meridianos riesgos, se enrazan diagnsticos participativos con alguna fuerza vinculante, por la titularidad, la pluralidad y la condicin de sujeto poltico emergente de la diversidad de los sectores populares y su potencial constituyente. stos podan hacer or su voz, elevar sus exigencias, lo hicieron algunas veces superando distancias y distorsiones que hubieran podido proporcionarse en La Habana, sobre todo como consecuencia de un mayor empoderamiento de regentes que en muchas visitas con impresiones hinchadas y ahuecadas exhiban un afn de representacin que no tenan del todo. Ese clamor de una sociedad excluyente no fue concebido como central sino que se marginaliz por la agenda misma, por mtodos, actitudes y circunstancias dismiles.

Esas limitaciones sentadas en 2012 proyectaron lgicamente con el tiempo unos frutos determinados y no otros. Con ese guion haba ya en gran medida un producto precocido y huero, que brind la imagen de dos partes que, al tiempo que se complementaban, procesaban sus diferencias en la Mesa en medio de contradicciones reales y de fondo entre enemigos polticos que todava estaban dispuestos a atacarse militarmente al haberse aplazado un cese al fuego bilateral y de hostilidades. La consigna durante casi cuatro aos fue combatir como si no hubiera negociacin y negociar como si no hubiera guerra. Dijo Santos en la entrega del Nobel cmo calc una mxima aplicada por Israel: Algunas veces, para llegar a la paz, es necesario combatir y dialogar al mismo tiempo, una leccin que aprend de otro ganador del Premio Nobel, Yitzhak Rabin.

En ese fragor con un repertorio poltico y militar, a diario se ofrecan hechos y discursos en el que los contendientes pugnaban pero simultneamente se acoplaban, sin ms lneas de consultas que las internas de sus mximos agentes o esferas. No as hacia afuera. En esa dinmica de soberbia y aislada de otros, el Gobierno hizo abstraccin de su gemelo contendor, de su rival en casa, fractura que con el tiempo pasara una costosa factura: se separ todava ms de la extrema derecha representada por Uribe Vlez, posando Santos de tener independencia respecto de la rotunda postura guerrerista y negacionista de su antecesor y mentor. Y a su vez las FARC se aseguraron de protagonizar ellas solas una vocera desenvuelta, como alegada delantera de un conjunto alternativo disperso. Los bandos se convirtieron no slo en contrapartes de un mismo contrato que deban defender, sino en socios que pregonaron la idea de haber arribado a la solucin ms perfecta posible, extasiados ante el mundo, al decir que estbamos ante el proceso ms ejemplar jams conquistado en la humanidad, a sabiendas que una y otra vez se rebajaban expectativas en cada puja de re-negociacin y que no estbamos ante cambios de contextos sino ante esplndidos textos que contenan un reservorio de promesas sublimes, como se puede leer en muchas de las 310 pginas del citado Acuerdo del 24 de noviembre de 2016.

Pese a los ltimos esfuerzos por hacer que aparecieran y estuvieran grupos sociales diversos apoyando en la Mesa de La Habana la obra de la negociacin poltica y su apurada ltima fase de re-negociacin, fue palmario que no hubo ms actores nacionales cuyas exigencias de derechos pudieran incidir de modo determinante en las cuestiones esenciales, con su caracterizacin y por lo tanto con sus propensiones de solucin. Por el contrario, el modelo puesto en marcha impeda detenerse en ellos para que las partes pudieran fluir, de tal modo que se tejieron pre-acuerdos que aunque generaron ms confianza y capacidad de resolucin de la Mesa, para cumplir lo que en cada etapa cada parte deba acometer, no fueron desdoblados a tiempo, no fueron efectivamente recibidos y asimilados social y polticamente por sus destinatarios, para su libre examen y ulterior defensa en la subsistencia espasmdica de un pas donde prevalece la exclusin estructural por vectores culturales, econmicos, sociales y polticos; pre-acuerdos que se desconocieron al plantearse ciertas campaas e iniciativas en favor del proceso de paz.

La llegada a puerto dependa precisamente, tambin para los que estaban en el Establecimiento en contra de lo acordado, de que no existieran otras voces y opiniones que las movilizadas estrechamente por las lites en sus disputas internas; que la agitacin de conciencia de los discordantes en muchedumbres invisibles, no pudiera empantanar debates y arreglos, o proponer cauces ms hondos de una paz transformadora.

En ese dinamismo de metodologas de aproximacin entre dos partes dismiles, en cuyo mbito de negociacin no hubo nunca diagnsticos vinculantes que vinieran de los sectores populares, clases dbiles segn una llana correlacin de fuerzas, pero vertebrales y fundamento en la solucin buscada, que ms all forzaran a dar pasos ciertos en los cambios democrticos sin quedarse en meras hiptesis, en ese decurso donde los empobrecidos no estaban presentes, se fue fraguando una costosa problemtica de visible legitimidad, que se plasm en el peso real de la abstencin al momento de la refrendacin el da 2 de octubre de 2016 tras los resultados del plebiscito. Gran falencia que se alivi artificiosamente con la misma receta que gener el padecimiento: acordando pocos cambios entre pocos. Esta vez en el recinto de un rgano desprestigiado y atravesado por la corrupcin y la impunidad: el Congreso. Tal dficit democrtico era y es una consecuencia previsible de la que hoy olmpicamente se sigue pasando de largo.

El pas compuesto de proyectos antagnicos con mediaciones en extremo violentas, todava sin ningn sentido de lo comn civilizatorio, empachado de complejos histricos, en el que deambula el fascismo lquido, la desigualdad, el oprobio, la pesadumbre, el desnimo y la insolidaridad, con una correlacin de fuerzas producto de acumulados de muerte y degradacin, fue convocado como actor en bloque slo para ese plebiscito; no antes. En ese momento final fue cuando su espectro se tuvo en cuenta, en un proceso que se acusaba ya de turbio, cuando ya casi todo estaba finiquitado tras una soberbia puesta en escena en Cartagena el 26 de septiembre de 2016.

Valga recordar cmo el plebiscito fue el mecanismo de la opcin gubernamental para refrendar, contrario a la idea de las FARC de una eventual Asamblea Constituyente, iniciativa sta que decay en la dialctica de la Mesa en Cuba (https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-76-la-habana-cuba-23-de-junio-de-2016), imponindose finalmente el dispositivo oficial (con disminucin notable del umbral a un irrisorio 13% de la votacin para que fuera vlida, entre otros ensambles convenientes o ventajosos al S para asegurar su victoria). O sea prevaleci el modo institucional o instituido y no el instituyente. Y como en la ruleta rusa: tras cada giro, tarde o temprano habra consecuencias

De esa manera abrochada, tarda e instrumental, a esos efectos de aprobacin o no de los acuerdos, como obedece a la lgica de un diseo en el que la diversidad de la participacin social fue relegada o menospreciada, el plebiscito fue embutido necesariamente en la tormenta que ambas fuerzas neoliberales, santismo y uribismo, desataron por sus diferentes acentos desde hace aos. Una separacin de hecho vivida en relacin con crculos e intereses econmicos a salvaguardar, por el alcance del ciclo reformista, por los contrapesos de la modernizacin institucional, por la relativa quiebra del negacionismo, por el modelo de negociaciones de paz, por los niveles de impunidad requeridos, sin enumerar vectores de orden internacional.

Y la ciudadana en sus mltiples aristas fue convidada a ejercitar en esa tormenta un derecho infecundo en un acto habitual de unos segundos un da: a representar una mmica en los mdulos de votacin cuya funcin es usar como borrega a la gente que antes no cuenta para el sistema en la misma medida o con el mismo inters. A millones de emplazados a esa jornada, les hacen ser satlite mudo de posiciones que muchos cientos de miles no comprenden sino superficialmente vislumbran, pese a la sobresaturacin de mensajes manipulados, o precisamente por sus hilos conductores o madejas apenas entendidas y consumidas en algunas capas que medianamente se aproximan a los asuntos pblicos, una vez difuminadas por lderes o formadores de opinin sus respectivas sentencias, que impactan con gran capacidad de mentir modelando reacciones.

Esta vez, habiendo movilizado millonarios recursos cada una de las campaas, ms que la votacin por el No, ganadora slo por una ridcula diferencia (apenas un poco ms de cincuenta mil votos), teniendo que decidirse algo muy importante para el pas, cont, como en ninguna otra coyuntura, la evidencia de la abstencin y sus mltiples razones. Un 63 % de la poblacin apta para decidir, no acudi.

Aconteci el contrasentido del resultado, la contestacin ciudadana que no es del todo ni contestacin ni ciudadana, como fenmeno de hecho y de derecho, en un arco de esfuerzos de conciencia o de despejes frente al enajenamiento, primando el sentimiento de impotencia, el desencanto, la neurotizacin (como dira a finales de los setenta el escritor Alberto Mendoza Morales, en La Colombia posible, Ed. Tercer Mundo, Bogot, 1981), la histeria, como dira James Petras, o llanamente imperando la conducta distante que Bryan S. Turner describe de los McCiudadanos, a la que me refer hace tres aos (En Los tentculos de la McDonaldizacin, George Ritzer [Coord.], Editorial Popular, Madrid, 2007, p. 233 y ss.).

Reflejos en un conjunto apenas obvio cuando la vida cotidiana y los mrgenes o derechos de la gente comn no han sido incorporados en sus elementales y concretas dimensiones o sentidos de pertenencia, al no existir ningn proceso real de cambio que les vincule; cuando no ha sido exhortado el cuerpo social en vastas o densas representaciones y conflictos, por un proceso de paz que se ve opaco, amaado, ajeno o injusto. As, por esa pluralidad de causas, en la mayor abstencin registrada en ms de veinte aos, de 34 millones, 21 millones de personas no votaron, siendo en la prctica repudiado ese juego de los polticos y su tablero. Diramos sin rigor sociolgico que ese sentimiento de repulsin s existe, pero sin organizacin estable y no tan fuerte como la apata.

7. Cesarismo a tres bandas

Un modelo cerrado a la amplia participacin social, sin un mnimo de diagnsticos vinculantes que fueran hechos y refrendados procesualmente por las vctimas de la violencia estructural para una paz transformadora; orientado de un lado a mantener privilegios y del otro lado a la favorabilidad jurdica o poltica de unos contados actores que deban aceptar con antelacin las normas de un ejercicio de representacin para participar de sus atributos; la confeccin de compromisos no aplicados ahora sino dejados para el futuro; y continuas crisis y re-negociaciones devaluando expectativas, condujo necesariamente al xito de cambiar parte de la fisonoma de un sistema para poder sostenerlo. Lo que ya es una referencia muy comn: el gatopardismo en su formulacin bsica; que algo o todo cambie para que todo siga igual.

La negociacin con las FARC en su desenlace triunfador en tanto terminacin de la confrontacin armada con el Estado y por lo tanto la plausible finalizacin de una clase y volumen de terribles sufrimientos para miles de personas, no ha desembocado ni su modelo de solucin tena porqu culminar en la pujanza de procesos liberadores o constructivos de una democracia popular. Aun as, se esperaban unos resultados superadores de la mera estabilidad o seguridad del sistema, que fueran derivaciones hacia otra matriz y no como garanta del funcionamiento de un Rgimen tal cual es y se reproduce.

Atenazada por la inercia y la trampa proveniente del derecho instituido, aceptado gradualmente por la guerrilla de las FARC, la salida poltica en marcha no es nueva, ha sido la misma de otras pocas (incluso inferior a la coyuntura 1989-1991, cuando hubo una Asamblea que produjo una nueva Constitucin Poltica). Convalida en el plano histrico un continuum, pues en absoluto, hasta ahora, han sido modificadas las reglas esenciales de una oprobiosa poltica dominante. No se ve otro curso que no sea el del apresamiento y la proliferacin de unos cnones y dinmicas que caracterizan estructuralmente la historia poltica colombiana, propias de lo que el profesor Antonio Garca Nossa denomin en los aos sesenta la Repblica Seorial (Cfr. Dialctica de La Democracia, ed. Cruz del Sur, 1971).

En un conjunto de intersecciones de actualizacin histrica, perviviendo la organizacin del atraso y la desigualdad, de la subordinacin o el servilismo, renovacin en la que han actuado fenmenos modernizantes y postmodernizantes en los engranajes y resultados culturales de un ethos y de una economa de pillaje y desposesin por violencia para el ascenso social y el arribismo, al lado de circuitos comprobadamente criminales como el paramilitarismo y el narcotrfico que estimulan precisamente canjes de silencios y lo peor que suponen, hoy, en el meandro de la solucin poltica al conflicto armado, concurren tambin polticos y tcnicos de nuevas generaciones que reeditan en las lites una pugna o competencia entre s y sus representaciones partidistas, para excluir a los ms, a los de abajo. Apuestan para ello decididamente por una restauracin que regule costumbres, que normalice un nuevo caudillismo, en el que la herencia camufla a clanes o seores de la guerra como seores y seoros de la paz, sin que la impunidad de castas y el reparto pblico-privado del poder poltico y econmico hayan sufrido algn deterioro. Por el contrario: existe un fortalecimiento y legitimidad de su composicin. Tal como sucedi en el pacto del Frente Nacional, fraguado hace sesenta aos (1956) para redistribuir y regular el poder entre las oligarquas y sus maquinarias, validado en el plebiscito o referendo de 1957.

Hoy sera prcticamente lo mismo: impunidad, reforma, dividendos de recursos y negocios, en una geografa de la explotacin tradicional, del expolio coetneo a la pacificacin y de la corrupcin transversal. Sea en el conflicto o en el postconflicto, con sus respectivas bolsas productivas (presupuestos para otra reingeniera militar y su exportacin, inversiones de desarrollo, y tambin cooperacin y programas asistenciales). Quiz una nueva vuelta de tuerca de la tesis de la Captura y reconfiguracin cooptada del Estado, que acuo en 2008 el escritor Luis Jorge Garay, para sealar redes de poder y depredacin en diferentes niveles.

Lo anterior pretende apenas nombrar y rastrear esa lgica de control seorial, que est vista de lejos y de cerca, como una realidad estructural actuante ms all de las personas que administren un perodo bajo esas reglas.

De lejos, en diferentes sucesiones de relacin poder-obediencia o legitimacin-aceptacin, imponindose entre otras premisas la necesidad de una guerra eficiente desde arriba para llegar a una pacificacin eficaz, como el propio presidente Santos lo ha recordado infinidad de veces (en Oslo v.gr. en la rueda de prensa del da 9 y en el discurso del 10 de diciembre) al sealar que hubo condiciones necesarias como debilitar en lo militar previamente a las FARC y determinar lo innegociable, las lneas rojas que finalmente se acataron. Y de cerca: en el marco de la situacin desencadenada tras la victoria del No en el plebiscito de octubre de 2016.

Analicemos un momento esto ltimo, en tanto demuestra precisamente la existencia de unos resortes del Rgimen y de unos discursos convergentes hacia franjas serviles, activadas y modeladas por estos, como se proyectaron en la re-negociacin sin verdadero pacto nacional una vez fue derrotado el S. Se hizo un acuerdo a tres bandas (three-way partnership), sin contar con ms actores: las lites del No y del S, y las FARC, que paradjicamente dependieron de un respaldo que no se distingua del que deba pasar pblicamente como adhesin plena al Gobierno y su programa. Desde sectores de una ciudadana consciente, con distintos orgenes y talantes maleables, y tambin por seguidores del No y del S, embelesados en la banalidad de unas consignas propias de una sociedad McDonaldizada, que por afirmacin convulsiva se homogeneizaron por ejemplo bajo el rtulo de Acuerdo Ya y en el pedido de implementacin urgente de lo acordado, se haya pactado lo que se haya pactado, cuya mayora no se hizo ni se hace preguntas sobre la impunidad de crmenes de sistema desde el Estado, ni sobre el refuerzo a la propiedad privada ociosa, ni sobre la sostenibilidad fiscal, ni sobre la negacin de los derechos del campesinado, ni acerca del impacto de reformas o medidas tributarias que engendran mayor desigualdad.

En esa encrucijada poltica, dicha re-negociacin tuvo dos caras en las que esos resortes del Rgimen demostraron solvencia. La de la virtud de sumar en el debate, con realismo pero forzadamente, a un amasijo de competidores de clara afinidad ideolgica neoconservadora: en suma las corrientes de extrema derecha prximas en sus tesis al mando de Uribe Vlez. Y la del defecto de arruinar fragmentos de un acuerdo que aunque era decepcionante en tanto incompleto en muchsimos de sus componentes, supona un margen de compensaciones posibles, precisamente a condicin de poder neutralizar con medidas polticas, jurdicas, econmicas y sociales a la derecha ms retrgrada detentadora y usurpadora de bienes a redistribuir. Pero esto no fue problema, pues tal perspectiva era muy etrea y no tena como doliente al Establecimiento ni hubo por parte de las FARC cmo impedir que dicha re-negociacin apuntara a la baja o depreciara mnimas reivindicaciones, naturalmente prescindibles por quienes les desdearon arriba; cpulas o seores (no ms que una veintena de individuos en cada faccin), que se representan en los dos bandos de lites: las que sustentan provisionalmente al gobierno Santos y su apuesta de paz, y la alianza de sectores de la extrema derecha que cabalgan en el descrdito de esa iniciativa. Unos y otros buscando cmo reacomodarse de cara a las elecciones del 2018. La lgica de disputa seorial encarnizada en los altos estratos del poder, las graves discrepancias que se vienen registrando arriba, traspasan el legado de la pacificacin o su ataque a otros Csares, que tendrn que abanderar por razones funcionales algn grado de reformismo moderado, por fuera o dentro de la implementacin de los acuerdos.

En Suecia el 12 de diciembre de 2016, el presidente Santos exclam que la victoria del No fue una bendicin disfrazada, pues gracias a ese hecho se pudo abrir un dilogo con los opositores para lograr un mejor acuerdo. Sin duda, como en el pasado, la legitimidad reclamada no depende de los resultados para las mayoras sociales sino de las formas y los intentos de arreglo dentro de las tradicionales castas, como lo han hecho histricamente, persistiendo por supuesto entre ellas algunas diferencias. No obstante, el refuerzo de su relegitimacin y hegemona estratgica, su afianzamiento en el poder, en este crucial momento, es una clara consecuencia adems de la adhesin de hecho y de derecho de las FARC, seguida de un conjunto de agrupaciones contestatarias de menor peso, que no efectuaron ningn beneficio de inventario de ese pacto cerrado y seorial, dndose solamente unas reuniones de reflexin, aclaracin y aadidos con pocos grupos sociales y religiosos (por ejemplo para apaciguarles respecto del legtimo enfoque de gnero), sin que se ampliara en verdad el proceso hacia organizaciones o movimientos que son genuinos en el camino de las alternativas para un proceso de paz transformadora en tanto parte de la sociedad ms empobrecida y perseguida.

Estando ante el probable triunfo de un modelo de paz con altas dosis de impunidad para el Estado, con exclusiones que contradicen el horizonte democratizador y de justicia que se anhela; un modelo de transacciones entre aparatos y no de transferencias reales de poder hacia abajo, basado en la sistmica de los textos, en su gramtica, en esbozos de lo hasta ahora inaplicado o diferido, a partir de los cuales se dibuja la hiptesis de la voluntad pero no la realidad de una paz estable y duradera, estamos entonces frente a un preeminente juego histrico propicio para al engao.

Sobre el conduccin poltico-militar centrada en una autoridad y sus facultades, Antonio Gramsci explicaba muy bien en los aos treinta del siglo XX, cmo puede llegarse a una situacin arbitral y de equilibrio de aspecto catastrfico entre fuerzas polticas, en las que puede darse el caso de un cesarismo (no centrado necesariamente en un Csar o personalidad heroica sino en una conjuncin de rivales), cuya intervencin puede ayudar en ese sentido a fuerzas conservadoras que arriban a una solucin de compromiso no progresiva sino regresiva (Cfr. La poltica y el Estado moderno. Diario Pblico, Madrid, 2009, p. 149 y ss.). No slo se cifran pugnas y arreglos entre Santos y Uribe, posando de Csares con sus respectivas huestes, muy dinmicas en altos niveles de responsabilidad en el mencionado continuum histrico, sino que esa corriente de restauracin o reaccionaria intenta encandilar a las FARC y a otros para que sean el elemento de legitimacin hacia abajo, el tercer socio, y consolidar con esta guerrilla en trance de desmovilizacin ese pacto de una paz a tres bandas, con el requisito estatal y paraestatal de impunidades convenientes como denominador comn.

Dicho pacto es excluyente, no participan no slo otros actores, sino que se aslan otras perspectivas, las que no estn en la misma clave del cesarismo o el orden seorial, como se plasm en el plebiscito de 1957 marginndose a fuerzas de izquierda, y como se busca sea otra vez tras esta fase post-plebiscito del 2016, y en la recta de unas elecciones en el 2018.

O sea quedaran por fuera en realidad las expresiones cualitativamente distintas, de los sectores populares organizados, de los movimientos sociales con programas de reivindicacin de derechos, y en general tejidos de poblacin no aptica sino doliente y creativa, activa y propositiva, que en su diversidad est en pos de una recomposicin de capacidades, a condicin, claro est, de que cese la represin, que el Establecimiento renuncie a la guerra sucia, y puedan hacer poltica en un marco legal seguro y de garantizada inclusin de sus agendas. Esas mayoras hasta ahora no han sido tenidas en cuenta verdaderamente y por eso el proceso adolece de ese mosaico de voces alternativas, aunque parcialmente sea exitoso en tanto una cierta paz negativa (slo de un lado, pues sigue la violencia poltica directa efectuada contra opositores o gentes de izquierda).

De ah que el resultado despus de varios aos, en lo maysculo, no es nada distinto al formidable propsito de suspender el desangre del conflicto armado, pero no el de solucionar con un bsico giro las causas que s son posibles de abordar. No es por ello tangible hoy una paz transformadora, que surja de un proceso altamente participativo en su forma cuyo fondo represente los diagnsticos y soluciones que esbocen las mayora sociales a partir de necesidades objetivas que dan sentido o contenido a la democracia, que no es fin sino el medio mismo en el curso del dilogo para ampliar la mirada. Relevante el proceso de La Habana por el corolario de esa paz negativa, crticamente debe sealrsele que su solidez y profundizacin en este momento trascendental, dependera no slo de cumplir un cronograma de implementacin, sino de la insercin activa de quienes abajo han apoyado esas conversaciones pero no han visto realidades de cambio hacia una paz positiva. No hay otra salida ms coherente que la que proyecta un mapa de encuentros y resoluciones inclusivas y de justicia en la energa de una solucin no de papel sino consecuentemente alteradora del estado trgico de injusticia que vive gran parte de la nacin.

8. Mayoras y derechos

La paz con umbrales de justicia y dignidad, ese objetivo grandioso que es fruto de procesos y no de espontneas declaraciones o de actos de un da para otro, se ha dicho, no puede depender del parecer y la inercia de mayoras. Lo ha apuntado recientemente el profesor Luigi Ferrajoli (http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/FERRAJOLI-PAZ.pdf), al igual que otros acadmicos. La paz un derecho contra-mayoritario expres as mismo el comandante Timochenko, de las FARC, la misma noche de la derrota del S en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, citando a la Corte Constitucional (http://www.pazfarc-ep.org/comunicadosestadomayorfarc/item/3568-la-paz-llego-para-quedarse.html).

Efectivamente, se esgrime en parte con razn en teoras del derecho constitucional y los derechos humanos, que existen categoras pre y post democrticas, tambin se habla de lo esencial al ser humano y a la convivencia social, sobre entidades de derecho natural, en el sentido que deben estar o permanecer independientemente del voto mayoritario. Se afirma que entre los derechos que no pueden someterse a escrutinio pblico est, por ejemplo, el derecho a no ser torturado o desaparecido, y tambin el derecho a la paz. O sea que no porque voten para ello cien millones de personas como mayora de un pas determinado, pueden ser suprimidos derechos fundamentales.

Si bien no puede eliminarse una aspiracin y el ejercicio de un derecho elemental como resultado de campaas por el S o por el No, siendo cierto que no puede depender de mayoras que en determinados procesos puedan configurar regmenes como el nazi o el fascismo, es ms cierto an que mucho menos puede y debe depender de minoras, que, so pretexto de ser ilustradas por la historia, sin mayor autoridad moral deciden ellas solas actuar y definir sobre el destino colectivo. No puede ser entonces que unas minoras iluminadas impongan unos acuerdos y determinen con exclusin cuestiones centrales en relacin con los derechos humanos y la democracia, quedando en la vera millones y millones de seres sintientes y pensantes.

El derecho a la paz, al ser contra-mayoritario, tiene en ese sentido una naturaleza semejante al derecho a la rebelin, que no es una invencin de ahora sino un derecho con amparo y comprobacin universal. Si el derecho a la rebelin fuera sometido a mecanismos de consulta popular bajo las reglas de un sistema que precisamente la rebelin pretende derrocar, y sometido a las lgicas del marketing y la publicidad o propaganda de las elecciones como las conocemos en Colombia, su certamen en las urnas parte con gran desventaja y contara siempre con una alta probabilidad no slo de derrota sino de ser apabullado.

El derecho a la rebelin en ese sentido puede nacer como contra-mayoritario, y la experiencia nos ha confirmado que es una lucha de un parto entre soledades cuyo valor fundador de humanidad (Ricoeur) traduce algo as como la Nostalgia de una justicia mayor (retomando testimonios como los de Bertolt Brecht y Albert Camus, entre otros humanistas. Cfr. texto de Antoni Blanch, en Cristianisme i Justica, www.fespinal.com, 2005). Pero por lo mismo, se le exige en su xodo y en su transcurso social, ser todo lo contrario: responder a las aspiraciones y conciencias de las mayoras excluidas desde las cuales se explica su ejercicio con fundamento tico-poltico y como razn provisionalmente histrica (ver el ensayo de Javier Giraldo SJ, en https://www.mesadeconversaciones.com.co/ensayo/javier-giraldo-sj). Al ser ms mayoritaria y razonada su vocacin en la alteridad (el reconocimiento de otros), la interpelacin colectiva del alzamiento lo convierte en contra-minoritario. En este caso contra minoras que son lites del poder.

As, si la paz no depende ni de minoras que impongan sus acuerdos, ni de mayoras que los refrenden o los rechacen movilizadas por resentimientos, consignas, corrupcin o compraventas de conciencias, sino que debe ser un proceso verdadero, ms all de un terico o formal derecho sntesis, slo viable en tanto predicamento social mayoritario por los derechos que condensa, su construccin es en s misma la de consensos establecidos a partir de principios y despliegues de democracia real, es decir popular e integral, en una base multiforme donde radica una potencia constituyente y sus garantas de seguridad, que equivalen hoy da a las de no repeticin de crmenes de lesa humanidad.

El concepto de mayoras no slo se radica en el significado de un nmero, tras operaciones matemticas. Ms all de la aritmtica supone en s mismo una tensin social por definicin, frente a las estructuras y operaciones polticas, a las que conviene muchas veces que esas amplias mayoras estn marginalizadas o segregadas por fuerza de las relaciones producidas por actores que buscan componendas entre s y beneficios a sus mesnadas.

Resulta cmodo que esas mayoras no se registren como actores con presin, no cuenten en las decisiones, sigan siendo indiferentes, no se movilicen, sean pasivos en cinturones de analfabetismo poltico producido y a disposicin de partidos, porque al dejar de serlo, al tomar conciencia de su nmero y calidad, derrumbaran el sistema de pactos funcional a esas lites.

Retomando al comandante del ELN, sacerdote y socilogo Camilo Torres Restrepo (Escritos escogidos, Tomo I, Cimarrn Editores, 1986, en especial la conferencia en Medelln en 1963 [p. 277 y ss.]), se tratara de que grupos mayoritarios, las clases populares, sean capaces de actuar en tanto mayoras sociales y produzcan decisiones de cambio, como grupos de presin efectivos que transitan a ser grupos de poder, como la democracia autntica y no slo formal lo define. Un proceso de paz como el que tiene lugar se justifica no slo para detener el desangre originado en las acciones de guerra o con su pretexto, sino para que nunca ms vuelva a ocurrir ni esa ni otra violencia sistemtica y estructural, a gran escala, contra las mayoras sociales desposedas. Y el actual proceso de paz en ello defrauda mucho, se ha quedado muy corto.

Ahora no son esas mayoras verdaderos grupos de presin, como ya lo formulaba Camilo, y no pueden serlo en realidad por diferentes causas, entre las que podemos contar hoy el terrorismo que contra ellas se ejerce por el Establecimiento, la divisin que sufren, la falta de conciencia crtica respecto a necesidades y bienes comunes, por la falta de organizacin o articulacin de envergadura nacional, entre otros factores.

El quid no est en reconocer formalmente a esas mayoras la capacidad de votar sino en construir un proceso inclusivo donde tengan sentido y peso dichas facultades verdaderamente colectivas de elegir o ser elegido, y que se proyecte ante todo en las fibras existenciales, materiales y espirituales en la cotidianeidad. No tener obligacin de generar ese proceso poltico, ser polticos recogidos en sus grupos de referencia como nicos competidores, es privar a la mayora del pas del valor o la fuerza del voto til. De ah que resulte muy provechoso a esas lites o a minoras que se postulan representativas, no exigirse en un proceso de ampliacin, pues al mantener cerrado el juego ejercen en l su control y no arriesgan.

El gran historiador britnico Eric Hobsbawn expres que los cientficos polticos han considerado un lugar comn que en los Estados con grandes cifras de ciudadanos slo una modesta minora participa de forma constante y activa en los asuntos de su Estado u organizacin de masas. Esto resulta conveniente para quienes dirigen, y de hecho los polticos y los pensadores moderados han abrigado durante mucho tiempo la esperanza de que exista un cierto grado de apata poltica (Guerra y paz en el siglo XXI, Diario Pblico, Madrid, 2009, p. 131).

9. Autocrtica: la izquierda apocada

Estando ms en las esferas de los disensos coyunturales entre las lites (Santos vs. Uribe) y su instrumental institucional y parainstitucional (como se plasma en las empresas que detentan los principales medios de comunicacin y las lneas de opinin que crean), una parte de la izquierda y de franjas inconformes algo organizadas, grupos de vctimas y defensores de derechos humanos, han reducido notablemente su lucidez y sus capacidades crticas y constructivas al cifrarse en esa cuadrcula de arriba y no al desarrollarse en los cuadrantes del antagonismo histrico que debera constituir la conciencia del bloque popular en procesos de democracia real, ciudadana y emancipacin.

An con toda la importancia del caso, pues se trataba en el plebiscito de empujar o no ese valorado y valorizado proceso de paz, y actualmente de exigir una implementacin cabal de lo acordado en La Habana, las posturas delineadas por parte de esos sectores se ofertaron sin debate y programa poltico y en ese curso engaoso se continan empobreciendo hasta hipotecarse en gran medida, extendiendo su confusin al proyectar incluso alianzas con la centro-derecha para las elecciones del 2018, desplazando otras banderas fundamentales, de lo que debera ser la oposicin real y de clase popular frente al Rgimen neoliberal y neoseorial.

As, siendo cardinal por sus empalmes estratgicos ante la expectativa de la desaparicin de las FARC como guerrilla y su paso a la poltica legal, pero no fundamental esa mutacin en tanto no est atada su desmovilizacin a la resolucin de amplias y muy graves problemticas sociales en las que se justific su lucha rebelde, se indujo inteligentemente el problema del S o el No hacia abajo y hacia la izquierda, para una toma de partido en cuerpo ajeno. Una falsa obligacin que se explaya todava con funcin distractora, como si tal pacificacin se tratara en realidad de la perspectiva de una autntica paz transformadora, que se supone es la plataforma que identifica a fuerzas por el cambio. En ese traslado se entretuvieron con estrechez muchsimas de las energas sociales alternativas, con figuraciones de postracin y apocamiento, sin cuestionar un modelo de paz determinada seorialmente, con virtudes indiscutibles pero muy incompleta, con exclusiones.

Esto es explicable a partir de muchos signos como el seguidismo, guiada una izquierda slo por la cuestin dilemtica que atrs se indic, referida a la necesidad lgica de elegir el mal menor y al impresentable requisito de guardar silencio. No fue extrao sino generalizado encontrar que quienes no deban portar esa contradiccin ni sucumbir al chantaje ideolgico y poltico, hicieron suya esa opcin, adems activa o diligentemente, sin preguntarse por la pugna seorial y los beneficios superiores de esa pacificacin para el sistema, sucediendo algo todava ms grave: se adopt no slo como propia, sino que se asumi sin una lectura difana de los acuerdos, que hubiera resaltado sus claras fortalezas pero tambin sus evidentes defectos. Por el contrario, abundaron las consignas esculidas o la flojera intelectual y tica, y no los estudios serios sobre los avances en materias vitales (las mejoras en el campo o en la participacin poltica, en el tratamiento de unos eslabones de la problemtica de los cultivos insertos en la realidad del narcotrfico, o frente a algunos derechos de las vctimas). Una gran sordina se impuso frente a los probados terrenos cenagosos como la impunidad de crmenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, salvaguardada en los acuerdos de La Habana.

Ese conjunto de movimientos y organizaciones de potencia constituyente, desde abajo, que es bien heterogneo y por lo mismo de una riqueza en propuestas de empoderamiento popular, ha sido afectado sistemticamente no slo por la guerra sucia y su impunidad, sino perjudicado histricamente por hondas divisiones o sectarismos, as como por factores de ms reciente efecto y de abultada cartera que apuntan por ejemplo a la cooptacin de franjas de vctimas y defensores de derechos humanos que han perdido criticidad, efectuada dicha captacin por un sistema de poder que predica la reconciliacin sin cambios de fondo.

El comandante Fidel Castro ya adverta: como en toda batalla, lo mismo sea militar que poltica o ideolgica, hay bajas. Existen los que pueden ser confundidos, y lo son, o reblandecidos, o debilitados con la mezcla de las dificultades econmicas y las podridas ideas bien edulcoradas sobre las fabulosas ventajas de su sistema econmico, a partir del mezquino criterio de que el hombre es un animalito que solo se mueve cuando le ponen delante una zanahoria o lo golpean con un ltigo / pero tambin, como en todas las batallas y en todas las luchas, en otros se desarrolla la experiencia multiplican sus cualidades y permiten mantener y elevar la moral y la fuerza necesaria para seguir luchando (Una Revolucin slo puede ser hija de la cultura y las ideas. Discurso en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, el 3 de febrero de 1999, Editora Poltica, La Habana, 1999, pg. 11).

Es muy fcil igualmente que ante la deseada finalizacin de la confrontacin armada, muchas expresiones se reposicionen y cambien su ideario seducidas por espejismos y mercados diversos del post-conflicto, aun cuando la realidad sea la misma o peor en muchos planos, en materia de derechos sociales y econmicos, o simplemente verificando los atentados contra la vida e integridad personal de activistas sociales.

Recientes acontecimientos que han circundado a sectores variopintos ante la derrota del S, ante la refrendacin en manos de un Legislativo orgnicamente corrupto (salvo muy pocas personas all), ante la incertidumbre del fast track, ya resuelta positivamente esa va por la Corte Constitucional, demuestran que si bien se han movilizado para defender la perspectiva de una salida poltica, siendo todo ello muy laudable, tambin lo han hecho quedando atrapados en el manoseo y la telaraa de la validacin de unas instituciones que son altamente cmplices, operadores o directamente responsables de muchos de los padecimientos colectivos de un pas sumido en la injusticia. En todo caso si una fuerza que era rebelde como las FARC ha cado en igual situacin, por la lgica de un proceso concebido para una paz hasta ahora no transformadora sino negativa, como Galtung la define, no es del todo sorprendente que expresiones civiles y con escasas aptitudes y actitudes tambin lo hagan, aglutinadas en la superficialidad de un anlisis, con lenguajes y posturas triviales, sin miramientos de compromisos ticos ms profundos.

No me refiero al ciudadano medio y su restringido mbito de referencia, de por s ya sujeto a una atontamiento propio de productos culturales basura y a la McMoralidad (Cfr. Trabajo de Suzanne S. Hudd en Los tentculos de la McDonaldizacin, George Ritzer [Coord.], p. 143 y ss.) sino a una parte de las izquierdas que habiendo contrado un cierto liderazgo a favor del S en sinergias temporales con el Gobierno, dejando de lado contradicciones y procesos centrales, no fueron capaces ellas, por el apartamiento, la pleitesa o el ensimismamiento que viven, de atraer e interpretar a grandes franjas que se abstuvieron frente a una votacin que las desalentaba. Se produjo la paradoja de que ese contingente amorfo que no vot, inconscientemente ayud a desenmascarar por un momento la base del Rgimen y sus reglas, pues acarre una tarea y una solucin ms avanzada o profunda, en tanto lo desnud sealando cmo la legitimidad que alega el sistema, se fundamenta en una farsa, victoriosa s, pero farsa al fin y al cabo. En la que un crculo de decisores excluyentes y seoriales del centro-derecha actan eficazmente como bisagra y surten la frmula de salvacin de un cesarismo no progresivo sino regresivo, teniendo que mirar ms a su derecha recogiendo gran parte de su pliego de peticiones.

En ese arrastre de negociacin con el uribismo y otras expresiones conservadoras, esa amalgama de hecho entre gente de izquierda o redes que se esparcieron colaborando en el sainete con entusiasmo acrtico y confesamente ignorante (muchsimos, segn lo decan y comprobadamente fue as en numerosos encuentros, sin leer los textos) de todo lo pactado, no ha tenido hasta ahora cmo escapar de ese contubernio entre sectores del poder dominante y sus estrategias de largo aliento. Es complicado lo haga mientras siga propugnando slo por endosar un modelo de paz a partir de sus minutas institucionales, pues siendo importantes por supuesto, por definicin tienen ya unos lmites aceptados y unos sujetos titulares aceptantes de reglas regresivas en ese marco legal contradictorio. Se supeditan y ralentizan posibilidades de movilizar y movilizarse con otros bajo un modelo complementario que se articule al que se pact con las FARC, el cual entra ya en una fase de implementacin con muy pocos dispositivos inexcusables y todava pendiente de recortes.

Me refiero directamente a la confluencia que deba haberse producido antes y que no se dio por decisiones conscientes de todas las partes. Tarde y objetivamente difcil, es viable pensar an que el avance de la Mesa de conversaciones con el ELN, en tanto se permita sea abierta y segura la participacin popular, puede acompaar cualitativamente y generar para un conjunto de organizaciones o expresiones sociales y polticas en la legalidad, nuevas condiciones de resistencia, formacin denuncia, movilizacin y accin transformadora a mediano y largo plazo. Obviamente, como ya lo ha advertido su comandancia, sin que tenga que acoplarse esta organizacin guerrillera a la horma definida por otros. Esto es lo que no comprenden muchos progresistas.

Si no era factible una sumatoria antes de la re-negociacin con la extrema derecha, menos puede serlo ahora que se reforzaron unas lgicas de reparto entre lites y unas instituciones inmersas en la corrupcin, cuyos recursos y encargos enfocarn en la competencia electoral y en lo ms bsico de la implementacin de acuerdos que adolecen todava de mucha legitimidad, embargada por demarcaciones o definiciones que ni esa insurgencia ni otros compartimos, como las clusulas de impunidad para crmenes de lesa humanidad que el Estado ha cometido, o la falta de garantas y compromisos fehacientes de no repeticin del terrorismo de Estado y del Establecimiento, pues esa dejadez ha permitido la continuacin de la guerra sucia, como se comprueba con el asesinato de lderes sociales. Aparte de todos los otros temas socio-econmicos vitales, vistas las polticas de depredacin que se estn desarrollando con graves consecuencias para los derechos colectivos. Es un craso error creer que la implementacin supone una propulsin totalizante y vertical, que supeditar todo y a todos, nos guste o no todo lo pactado en Cuba. No es as porque no todo lo que de ah se deriva concurre a un torrente transformador. El ejemplo ms protuberante es la llamada justicia especial para la paz.

De ah que sea una intrusin inadmisible, sin autoridad moral y cientfica (no hay un mtodo primario para deducciones de eficacia con pruebas), lo que propone una parte de esa izquierda o entidades que se postulan como defensoras de los derechos humanos, llevando a que lo pactado en La Habana sea en conjunto extensible automticamente al ELN y a otros actores polticos y sociales que no han estado en esa Mesa. Una cosa es defender la perspectiva de procesos de paz complementarios. Una paz completa, como el propio Santos lo ha dicho. Esto es un imperativo tico. Pero no lo es hacerlo bajo la lobotoma del pensamiento crtico, con censura o dcilmente, callando sobre reparos u observaciones.

De ah que preocupe cmo se repite sin pausa que no hay ms horizonte que el de acoger la implementacin realista de los acuerdos de La Habana y que debe descartarse otro modelo; que la no adhesin es de hecho una oposicin a la paz y fortalecer de paso a la derecha ms extrema. Comulgan de esa manera con una paz McDonaldizada, barata y pobre hasta ahora en contenidos de cambio, que son slo una conjetura o cuya cristalizacin veremos si acaso ms adelante y no ahora. Son voces que preconizan, como en McDonalds, un rpido suplemento promocional de un 2 x 1: que lo pactado con una guerrilla aade a la otra. A la hamburguesa se le agregan por gratuidad o ganga una mini o unas papas. Tal es la versin en la metfora, de quienes ojeando el volumen o el empaque de lo militar, piensan que lo que se negoci con la ms fuerte (FARC), no puede volver a tratarse con la otra organizacin insurgente (ELN), independiente del todo de la primera y tan ajena como respetuosa de sus decisiones soberanas.

Al respecto debe anotarse como sntesis al menos cuatro cosas. La primera es que quienes defienden lo re-negociado realistamente al aceptar banderas de la derecha y asumieron incluir no slo el prisma de las disputas entre lites sino tomar partido por una faccin en las cpulas, en verdad han fortalecido a stas al validar su centralidad o hegemona cultural y simblica: compraron evidentemente sus productos y la convergencia actual y futura de sus propuestas de arreglo y salida, surgidas de colisiones entre coaliciones venidas de arriba. Fueron quienes se casaron con lo que diestramente se les traslad, confundiendo y diluyendo, cuando no rompiendo, iniciativas de mayor contenido.

En segundo lugar, no pueden exigir se claudique en materias no suyas, tan delicadas que suponen contradecir el ejercicio de alteridad y la coherencia tica, como la decisin poltica de que las/os rebeldes del ELN respondan ante tribunales e instituciones cuya legitimidad no reconocen y menos hacerlo por acciones que corresponden al delito poltico, a acciones de guerra y al derecho a la rebelin.

Por esa misma razn de una moral posible en la identidad de una insurgencia que debe andar su propio camino de un proceso de paz, que no es apndice y no se ha comprometido con jurisdicciones de castigo y con mecanismos premiales, no puede obligrsele a suscribir polticas como la impunidad o exculpacin de estrategias, de estructuras y de altos mandos del Estado o del Establecimiento. Si el asidero tico de la paz es la renuncia a perseguir crmenes de sistema en los que se implicaron como aparatos organizados lites polticas, empresariales y militares, adems de otros segmentos, si el precio a pagar es el ocultamiento de esa responsabilidad y sus intereses qu fundamento tienen las promesas de compromisos de no repeticin?

Y una cuarta inquietud ya tratada. Entre los argumentos de un S y el desarrollo de un proceso de paz que debe ser defendido como perspectiva idealista y civilizatoria, compartiendo forzadamente el mismo lema con sectores del paramilitarismo, empresarios, militares en retiro, medios de comunicacin dominantes y una plyade de polticos corruptos y con antecedentes criminales, est el loable razonamiento que tambin puede y quiz debe compartirse, de escoger el mal menor y no el mal mayor, segn lo cual vale apoyar sin asomo de dubitacin el fin del desangre que trae la guerra. La pregunta es si adems hay que agregar a esa partida el costo del silencio, si con ello deben aplazarse crticas o desistirse de observaciones. Si esa es la condicin, el llamado mal menor no es mejor opcin tica, sera slo una artimaa por el alto precio en la dignidad de quien renuncia, al dejar que se le imponga un peaje que los del mal mayor no suelen aplicar con esa coartada.

10. Nombrar la realidad

En la dolorosa historia del siglo XX en la que emergieron construcciones que apostaron por un socialismo o humanismo social, opuestas a la dominacin ejercida por la lgica del capital, hallamos la profundizacin de una falsa contradiccin entre la pasin por la libertad y la denuncia de la desigualdad. Pareca entonces que no se puede ser libre ahora, no como cada uno escoja en el proceso de su conciencia, sino que slo haba que ser libre despus de haber vencido en la historia a la opresin, en la larga batalla que se ordenaba desde aparatos o partidos. Para el capitalismo la consigna fue que la libertad, de quien la pueda ejercer, vale ms que la justicia.

En lo que ha venido sucediendo ante el devenir de una paz que todos anhelamos para Colombia, pareciera suceder, como antes, que se dicta la necesidad otra vez de renunciar a lo que la define materialmente como bienes comunes bsicos; que una o varias generaciones deben desistir por ahora de un clamor o dejar ste para tiempos futuros; que la justicia (penal ante crmenes de lesa humanidad o re-distributiva ante aterradores niveles de desigualdad que generan hambre y muerte) debe devaluarse; y que la libertad (de pensar y expresar crticamente) debe estar condicionada todo ese sacrificio para ganar esa paz final. Esa paz McDonalds, en tanto barata y culturalmente no transformadora.

En el orden abstracto de la poltica que nos configur durante mucho tiempo, una polmica resurge del cuestionamiento a los medios escogidos tanto por la revolucin como por la contra-revolucin. Si hoy ese lenguaje resulta remoto, y lo que se nos actualiza est dado bajo otros nombres y conceptos, no slo en la coyuntura sino en la encrucijada nica y perentoria que hoy afrontamos como posibilidad de un verdadero quiebre histrico, el debate que no podemos dejar de lado concierne precisamente a los medios para construir la paz.

La extrema derecha vuelve y afirma que la paz no puede ser a cualquier precio. Igual proposicin ha hecho oficialmente el Gobierno. Y as mismo la guerrilla. Las FARC por ejemplo hicieron que se respetara por encima de ms cosas el derecho de sus integrantes a ser elegidos a cargos pblicos en un futuro. Por consiguiente ese enunciado en general puede parecer aparentemente idntico en las antpodas polticas. Ciertamente no puede renunciarse a todo para ser acreedores y deudores de una paz selectiva. Cabe en consecuencia indagar por los fundamentos de justicia que tiene cada proceso y sus programas confrontados. Es un principio de lmites que nadie rechaza al estar inmenso en una dialctica de mutaciones menores y de cambios mayores.

Atrapada con desvaro en la contradiccin de lites e institucional, que no era suya sino escogida por el poder, parte de esa izquierda en sus porciones y en sus desniveles, debe dejar de mirarse en ese espejo y recobrar una dimensin histrica de esa dialctica, superando su estado actual y movilizarse sin que su eje fundamental sea el del reparto Santos-Uribe, no slo a la espera de votos sino impugnando la lgica que prescinde de la realidad objetiva al hablar de paz. Es decir, rechazando el discurso de evasin, poniendo en la mesa del debate diario los datos que confirman a Colombia como uno de los pases no slo ms desiguales del planeta, siendo uno de los ms ricos por ejemplo en recursos naturales, que son saqueados, donde la violacin de derechos socio-econmicos y culturales es manifiesta, sino donde est desarrollndose un nuevo proceso de ataque sistemtico contra los movimientos sociales y populares.

Frente a la tradicional forma de engatusar y manipular, siempre en estas dcadas han existido expresiones que emprenden procesos de concienciacin y formulan diferentes formas de resistencia civil para desenmascarar a esas castas polticas y sus engaos. Ese torrente posible de propuestas mltiples debe ligarse a esa realidad con criterios nacidos del sentir y el pensar desde la alteridad, con formacin, no repitiendo slogan o estandartes de promesas de diferentes actores desmovilizadores. Si avanzar a la democratizacin es un objetivo, el medio es el contraste entre los textos y contextos, sin desdear la diferencia entre el enunciado y la realidad. El hecho de conocer, el compromiso con la verdad, como el filsofo jesuita Ignacio Ellacura lo planteaba, supone no slo una mirada desde una realidad y un lugar social, sino el suceso complejo de un proceso moral de quien conoce esa realidad y ha decidido con coherencia nombrar vctimas y victimarios de la violencia estructural.

Esto no suele hacerse hoy da, cuando se estiman sobre todo las alianzas electorales hacia el 2018 o nicamente los ritmos de implementacin con las pausas y los topes ya preconcebidos apretadamente, con el peregrino argumento que slo ms adelante y en una mejor posicin de influencia en las instituciones y comisiones de seguimiento, podrn resolverse esas necesidades sociales y polticas, en otro perodo. No ahora, no procesualmente ni como derivacin de nuevos pliegos surgidos de la movilizacin desde abajo. As, las condiciones de lucha por derechos fundamentales, por el ejercicio efectivo de la ciudadana, quedan ms pendientes del xito de campaas hacia las votaciones o de cronogramas y equipos de trabajo constreidos, y no de alternativas instituyentes.

Para stas se requiere volver a elegir anlisis y categoras en diagnsticos participativos y vinculantes que supongan una refrendacin procesual, que nos posibiliten redescubrir no slo relaciones opresivas sino concebir soluciones para poner en marcha sin largas y letales esperas, recobrando comprensin de las causas y las consecuencias concretas de la violencia y la impunidad estructurales, no resueltas ahora en su ebullicin y slo medianamente intervenidas en las pginas que contienen los acuerdos de La Habana por cumplir.

Como hemos dicho otras veces citando a Franois Houtart (v.gr. en tica Social de la Vida. Hacia el bien Comn de la Humanidad, y otros textos a cfr. en Internet) tal aproximacin se produce tomando partido desde el conocimiento de las contradicciones y su evidencia, usando el lenguaje o nociones que no encubran el sufrimiento. La eleccin del anlisis previo a la construccin tica no es inocente y a su vez, antes del anlisis social, hay un paso de opcin preferencial con y desde los empobrecidos y la sobrevivencia de la humanidad y el planeta, que ha de darse explcita o tcitamente. Es la referencia precientfica que lleva a ver el mundo con ojos que no son los de los intereses de victimarios beneficiados de la violencia estructural.

Partiendo de la situacin de negacin concreta de la vida o victimizacin real del da a da (ver del profesor Renn Vega Cantor: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220476&titular=cr%EDtica-a-la-noci%F3n-de-v%EDctima- ), victimizacin no pasada ni en abstracto, que se produce mientras estn suscritos pactos de paz que comprometen, buscando cmo distinguir y empoderar el anlisis ms adecuado entre actores diversos para una tica sobre mnimos vitales, en un proceso de construccin de paz estable y transformadora, ese recorrido moral y del conocimiento colectivo con diagnsticos incontestables y herramientas objetivas para nombrar la realidad (la niez muerta de hambre en La Guajira o el Choc, por ejemplo) nos ayuda a la formulacin del Derecho necesario y a las alternativas racionales para el cambio (por ejemplo la persecucin en caliente a las redes de polticos y empresarios corruptos), o sea las reformas no maximalistas sino las imprescindibles o elementales (v.gr. la legtima herramienta de destitucin fulminante de jefes militares o de polica donde se mate a lderes sociales, medida que de modo libre o discrecional y en pleno derecho y con mando puede automticamente tomar Santos, lo cual no hace y probablemente no har).

11. Perspectiva inmediata

Este es el problema inmediato que debe ser develado ya, sealando las responsabilidades por la nueva etapa de guerra sucia. No es una cuestin de las vctimas directas, sus familias u organizaciones. Es del conjunto de la sociedad, de las garantas de seguridad ciudadana y humana para el ejercicio palpable de los derechos de todos y todas, comenzando por las amplias mayoras populares excluidas, que deben ser, para una colectividad en pos de regenerarse, los sujetos fundamentales de recomposicin, sin los cuales no hay proceso histrico de verdad, justicia, reparacin y no repeticin. Por eso se les mata a muchos activistas sociales que encarnan de muchas formas esa impugnacin o demanda histrica. Una persona luchadora muerta deja de nombrarla. As haya afrontado la realidad de mil maneras y otros queden para nombrar por ella. Es imperativo entonces defenderla, salvar su testimonio ahora mismo cuidando su vida y su compromiso transformador en las comunidades ya por mucho tiempo inmersas en lgicas sacrificiales.

Esto es el que desestiman lderes de opinin y polticos de la derecha o incluso de alguna izquierda en una sociedad McDonaldizada, que debe ser combatida con la memoria histrica de los procesos en los que se ha atentado y atenta contra quienes promueven una democracia real. Fauna de politiqueros deca Fidel, que posponen para otros los problemas inmediatos en el filo vida-muerte, para cuando haya mejor posicin individual (la suya)o de (su) grupo en las instituciones. Para muchos miles necesarios ya ser tarde.

En ese orden, el proceso de paz debe ser salvado impulsando un debate que lo haga fuerte, no oponiendo dos modelos de negociacin, el que ya se plasm en La Habana y el que en medio de grandes dificultades deben andar el ELN, el Gobierno y las expresiones sociales que participen, sino oponiendo la realidad o contextos de violacin frente a los textos que la regulan. Se olvida a menudo que ya existe una Constitucin que en la letra salvaguarda en extenso los derechos humanos. Luego la cuestin no est en la caligrafa sino est primero en la voluntad de protegerlos o no. Esto permite que la centralidad no sea la disputa de Santos y Uribe, y que de su real o fingida reconciliacin el pas tenga otra apariencia, sino que la batalla civilizatoria es entre su comn clase poltica e intereses econmicos neoliberales frente a las aspiraciones de paz y justicia de las mayoras.

En cuanto a la Mesa con el ELN, menospreciada y cercada, proceso muy complicado porque est emplazado histricamente para que en su camino no se cometan ms errores sustanciales por parte de las alternativas y s tenga el Establecimiento que ceder aplicando reformas ms profundas, dicha iniciativa debe ser por lo mismo para una paz no gratuita o barata para las lites, ni para rendir acatamiento seorial a quienes violan lo ms bsico de un Estado Social de Derecho, sino para que haya mejores condiciones propicias para la participacin de amplios sectores populares organizados y sus diagnsticos y propuestas. No puede ser entonces un trmite exprs al punto que lo acordado sea de baja calidad, sin que se logren espacios seguros para el desenvolvimiento no armado de los conflictos a solucionar con el dilogo y el consenso.

En lo ms prximo, se requiere cuanto antes que el Estado cumpla disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, al igual que esta guerrilla, hacer gestos humanitarios y de desescalamiento militar, o cesar ya bilateralmente el fuego y las hostilidades, propuesta hecha por la insurgencia del ELN a Santos y que el presidente Nobel de la Paz sigue descartando con consecuencias graves para casi todos. En un clima de suspensin de ataques y de cumplimiento de una agenda ya suscrita (http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/Documents/agenda-dialogos-paz-gobierno-eln.pdf), pueden orientarse importantes decisiones constructivas de parte y parte. En los mapas de aproximacin social y poltica que genere ese proceso en cuanto empuje a un gran Dilogo Nacional, es posible tenga otra proporcin no slo la tensin Gobierno - ELN, sino la misma que tan equivocadamente es hoy la gua de muchos: la disputa entre castas del poder de las lites, pues su peso tendr que relativizarse.

Si es altamente participativo y seguro este nuevo proceso, que no es caprichoso o antojadizo sino que su modelo comporta otra virtud, que es de carcter racional o reflexivo a la vista de la realidad, se entabla por necesidad otra dinmica, que no slo incorpora retrica y figurativamente al pas de abajo reservando espordicamente sillas para delegaciones circunscritas con mediaciones, sino haciendo en lo posible su cuerpo y su voz en directo, no por basismo, sino para hacer presentes las vctimas de la violencia estructural y sus caracterizaciones, que pongan de manifiesto los fenmenos ms agudos posibles de descifrar, en suma los mandatos populares proyectados a raz del sufrimiento de problemticas de violencia insoportable, y que estn siendo relegados por el exterminio o diferidos en favor de una visin de inclusin que les suplanta, meramente formal y no de construccin de condiciones verificables y objetivas de cambio. Esa Mesa no debe alentar ms promesas o hiptesis entonces, sino convertir en conexas y adyacentes las medidas producto de consensos, hacerlas enganches convergentes con los programas de implementacin de lo que se comparta como positivo derivado de La Habana.

Los proyectos justificados en ideas sobre la felicidad y la emancipacin humana tienen entonces una nueva oportunidad para afirmar valores de coherencia con la justicia, la democracia y los derechos humanos. Es cuestin de tiempo (como muchos procedimientos de estudio, observacin y conclusin parcial en las ciencias, incluidas las sociales y jurdicas); es cuestin de investigacin, por lo tanto; de aplicar unas reglas bsicas que apunten a deducciones e inducciones. Con ellas queda expuesto a verificacin cada enunciado, por ejemplo: si hay o no hay impunidad de crmenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, aseveracin que ratifico con respeto, y que de antemano admito puede ser demolida en su totalidad cuando en unos aos se demuestre su poca vala. O confirmada quiz en cierta medida al verse cmo gan terreno con un pacto vergonzoso y una aplicacin todava ms fangosa por el Estado.

12. Postales

La paz de mala calidad, barata, negativa, seorial, la paz McDonalds, es la de la postal de una realidad que una parte de la poblacin colombiana interpreta para relatar y retratar su lugar de sumisin a un orden, o su consciente y activa participacin en su mantenimiento. En ella por supuesto la desigualdad o la injusticia no son detalles sino su esencia. Es la foto sobre una idea de Banksy extractada como colofn (https://metrouk2.files.wordpress.com/2013/10/ad11832959816-oct-2013-new.jpg?quality=80&strip=all).

Tambin estn otras fuerzas, de esperanza y lucha. De decenas y cientos de postales posibles que la narran, escojo alguna de las que ha hecho llegar la Delegacin de Paz del ELN, de la semblanza o las pinturas de Alejandro u Omar, alguien que para su familia vive, aunque su cuerpo siga rehn o haya desaparecido por parte del Estado colombiano (https://twitter.com/hashtag/santosentregueaomarg%C3%B3mez?f=tweets&vertical=default&src=hash).

Que el 2017 sea de avances, entre otros que se sepa qu pas con los ms de 60 mil desaparecidos en Colombia. As sea.


Carlos Alberto Ruiz Socha, Doctor en Derecho, ex asesor de las FARC y de la Comisin Gubernamental para la Humanizacin del Conflicto Armado

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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