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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-12-2016

Guerrero, muerte sin fin

Luis Hernndez Navarro
La Jornada


Ese 23 de noviembre temprano   madrug la madrugada. A las 6:45 de la maana, tres hombres armados secuestraron al maestro de primaria Irineo Salmern Dircio. Se diriga a su trabajo en San Lucas, Tixtla, en el estado de Guerrero.

El profesor Irineo era un profesionista y un luchador social querido y admirado por sus compaeros. Adems de ensear, era el coordinador del comit de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Polica Comunitaria (CRAC-PC) en Tixtla.

Dos das despus, en el municipio de Chilapa, a escasos 500 metros de un retn de militares, su cuerpo fue encontrado dentro de bolsas de plstico negras amarradas con cintas color caf. El asesinato fue reivindicado en una cartulina blanca por Los jefes. Pero Pedro Santos Bartolo, coordinador de la Polica Comunitaria, responsabiliz del homicidio al gobierno del estado con su nueva careta de crimen organizado.

Casi 500 amigos y compaeros participaron en la misa de cuerpo presente que se celebr en memoria del maestro Salmern en la principal iglesia de Tixtla. A las 3:30 de la tarde, un numeroso cortejo fnebre parti con cuatro coronas de flores blancas al frente y cuatro compaeros cargando sobre sus hombros el atad envuelto en la bandera nacional. En el funeral, un polica comunitario advirti: el que quiera ser guila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen (https://goo.gl/KJVPXk).

Apenas unos das antes fueron encontrados en un paraje que lleva de Tixtla al poblado de Atliaca nueve cuerpos descuartizados con seales de tortura. Dos meses atrs, dos policas comunitarios fueron asesinados. Y hace un ao, el 26 de noviembre de 2015, tambin en Tixtla, fueron ejecutados cuatro miembros de la CRAC-PC, casa de justicia La Patria es Primero.

En Tixtla, municipio donde se encuentra la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se vive desde hace meses una oleada incontrolable de violencia generalizada. Grupos armados, tericamente ligados a los crteles de Los ardillos y Los rojos, se disputan con absoluta impunidad el control del territorio y las vas de comunicacin.

Pero ni la violencia ni la impunidad son exclusivos de ese municipio guerrerense. En lo que va de 2016 ha habido unos 2 mil asesinatos. En Acapulco, Zitlala, Teloloapan, Ocotito, Ajuchitln, Arcelia y Chilapa hay decenas de personas desaparecidas y miles ms han tenido que salir de sus comunidades huyendo.

En varias comunidades de Tierra Caliente, los maestros deben ir a las escuelas a trabajar protegidos por la polica. La violencia atroz que se vive en esa regin es tan grande que muchas de las agresiones ni siquiera son denunciadas por las vctimas. El miedo es de tal tamao que la gente no quiere hablar.

En Guerrero, como en otras entidades del pas, los crmenes no son cometidos por hampones aislados. Son obra de grupos delincuenciales que controlan una prspera industria que se dedica a mltiples actividades: robo, secuestro, extorsin, prostitucin, ventas de alcohol y, por supuesto, produccin y trfico de drogas, especialmente de amapola y mariguana. Sus ganancias se blanquean en un amplio entramado de negocios legales. Sus actividades ilcitas cuentan con la proteccin de policas, militares, jueces, polticos, empresarios y notarios. Es el reino de la narcopoltica.

En ese clima de inseguridad e impunidad generalizado han proliferado policas comunitarias en las zonas indgenas y grupos de autodefensa en pueblos mestizos. La primera surgi en la Montaa y la Costa Chica en 1995. En su origen, son una respuesta honesta de pueblos originarios y campesinos para enfrentar la delincuencia. Parten de sus experiencias organizativas previas. En sus filas es comn encontrar maestros pertenecientes a la Ceteg. Algunos trataron en un primer momento de limitar su accin a la defensa de sus territorios y patrimonios, sin confrontarse de lleno con el crimen organizado. Cada vez les es ms difcil hacerlo.

El gobierno estatal y el federal han intervenido en la vida interna y los procesos organizativos que llevaron a formar policas comunitarias y autodefensas. Ahora, amenazan con echar atrs la ley 701, que legitima su actuacin. Al mismo tiempo, presionan para que algunas de ellas se regularicen e ingresen a la Polica Rural de la Secretara de Seguridad Pblica Estatal.

Aprovechando diferencias internas, las autoridades han divido a algunas organizaciones, han favorecido con recursos e interlocucin a otras y han corrompido y detenido a varios de sus dirigentes por no aceptar renunciar a la lucha. Nueve comunitarios (entre ellos Gonzalo Molina, Arturo Campos y Bernardino Garca) estn en la crcel por el delito de organizar a sus pueblos para defenderse del crimen organizado.

La accin de estas policas comunitarias y autodefensas se cruza inevitablemente con la lucha de los crteles por rutas, zonas de siembra y mercados locales. Segn un informe de la Agencia de Investigacin Criminal de la PGR y del Centro Nacional de Planeacin, Anlisis e Informacin para el Combate a la Delincuencia actan en Guerrero, entre otros, Los Granados, Los rojos, La familia michoacana, Guerreros unidos, La empresa, el crtel Jalisco Nueva generacin (aliado con los Tequileros, escindidos de La Familia) y unas 50 clulas delictivas.

Ha sido notable en los meses recientes la expansin de Los ardillos, que han salido de su madriguera en Quechultenango para aterrizar en Acapulco y controlar varios corredores importantes. Este crtel fue fundado por el padre del ex diputado local del PRD Bernardo Ortega Jimnez, y sus hermanos estn sealados como sus lderes.

La presencia de las comunitarias es tambin muy importante en el corredor Tlapa Marquelia, donde, a pesar del rechazo abierto de las comunidades, se han otorgado importantes concesiones mineras a grandes empresas. Esas policas comunitarias son, por lo pronto, una garanta de que esas mineras no comiencen a operar. Curiosamente, la intervencin gubernamental en la vida interna de las policas comunitarias y su intencin de dividirlas coincide con la resistencia de los pobladores a los proyectos mineros.

Twitter: @lhan55

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/12/20/opinion/015a2pol


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