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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-12-2016

Entrevista a Jorge del Cura, miembro de la Coordinadora para la Prevencin y Denuncia de la Tortura
Jueces y fiscales tienen una responsabilidad muy importante en la persistencia de la tortura

Enric Llopis
Rebelin


Muestra el titular de un peridico del pasado 22 de diciembre: Denuncia al jefe de la Polica de Frigiliana (Mlaga) por darle supuestamente una paliza en la puerta de un bar; el empleado del local discuta con otro compaero cuando el mando policial intercedi y presuntamente se ensa con l (Diario Sur). Miembro de la Coordinadora para la Prevencin y Denuncia de la Tortura (CPDT), Jorge del Cura seala la creciente tolerancia hacia vejaciones y torturas en la sociedad espaola y europea, pero tambin la responsabilidad muy importante del poder judicial (jueces y fiscales), entre otras razones, por la actitud de comprensin hacia determinadas acciones policiales o la aplicacin de penas muy leves en casos de tortura.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado hasta nueve sentencias que condenan al Estado espaol por no investigar suficientemente las denuncias de tortura. El activista critica la opacidad para saber qu ocurre en los centros de privacin de libertad, tanto prisiones, como CIE, cuarteles de la polica o de la guardia civil. Muchos de los presos que se han atrevido a denunciar agresiones y/o torturas por parte de los funcionarios de prisiones fueron clasificados como presos FIES (el rgimen de aislamiento ms severo en la crcel) tras la denuncia, sostiene. Jorge del Cura empez a batallar contra la tortura en 1976-1977, tras los motines de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL) y las movilizaciones por la amnista de aquellos aos. Primero luch contra la tortura integrada en un contexto ms amplio, el de la represin. Fue en 1985 cuando se centr en la tortura, vejaciones y malos tratos.

-A ms de un tercio de las denuncias de torturas, el Ministerio del Interior y la Fiscala responden con querellas y contradenuncias, segn el ltimo informe de la CPDT. De las sentencias recogidas en este documento, 43 son absolutorias y 52 condenatorias, pero se da una gran desproporcin entre la peticin de las acusaciones y las sentencias condenatorias. Adems, la lentitud de los tribunales da lugar a prescripciones en las faltas y reducciones en las penas. Qu utilidad tiene la denuncia de las torturas?

Normalmente se pretende que el nico objetivo de la denuncia por torturas, como en cualquier otro delito, es la identificacin y sancin de los responsables de ese hecho concreto. Pero la tortura no es un delito cualquiera. Es un delito del Estado. Adems de los perpetradores directos, el Estado las administraciones estatales, autonmicas y/o locales- tiene una responsabilidad directa en todos y cada uno de estos hechos y, junto a la denuncia judicial siempre oportuna- es necesaria una denuncia pblica y social.

Por otra parte, la denuncia puede permitirnos lograr una visin global de la prctica de la tortura: Dnde se practica la tortura? (distribucin geogrfica). Cundo se practica? (antes o despus de determinados eventos; dependiendo de una mayor o menor conflictividad social... Por la noche u otros horarios). Qu cuerpos policiales? (u otros responsables de la custodia de personas privadas de libertad). Tambin si dentro de estos colectivos existen, o no, grupos especializados o que, por razones a estudiar, son ms proclives a la prctica de la tortura y malos tratos. Cules son los tcnicas y objetivos de estas prcticas? (Tortura inquisitiva, punitiva o coactiva). Quines la padecen? (migrantes, activistas polticos, etc.). Con qu apoyo cuentan o han contado los perpetradores y, por otro lado, las vctimas?

Estas y otras muchas preguntas podemos y debemos hacrnoslas y, si somos rigurosos en el trabajo, nos permitirn buscar y proponer medidas ms efectivas para prevenir la tortura y los malos tratos.

-Entre 2001 y 2015 la CPDT ha documentado 575 fallecimientos en las prisiones, mientras que las fuentes oficiales informan de 3.149 muertes entre 2001-2013. A qu se debe esta discrepancia en las cifras? Es opaca la Administracin a la hora de informar de la muerte en las crceles?

Le diferencia en las cifras es debida a la dificultad de conocer lo que ocurre en los lugares de privacin de libertad (no solamente de las prisiones, sino tambin de otros centros, de menores, de internamiento de extranjeros, comisaras, cuarteles de la guardia civil.). Cuanto mayor sea el tiempo en que una persona pueda estar privada de libertad, mayor ser la dificultad para saber qu ocurre dentro de ese no-lugar.

En el caso de los fallecimientos en centros penitenciarios, el secretismo de la administracin penitenciaria es casi total. No solamente para las organizaciones de Derechos Humanos, sino tambin, lo que es mucho ms doloroso, para las familias de las personas presas que mueren en prisin. Los nicos datos que se hacen pblicos, en estadsticas anuales, son el nmero de fallecidos y una causa genrica del fallecimiento. Nunca o casi nunca una informacin detallada y transparente.

Unos de los objetivos de los muros de la prisin no el nico, obviamente- es impedir que la sociedad libre conozca lo que ocurre en su interior.

-Miembros de la CPDT han intervenido en el Parlamento de Catalua para hacer referencia al rgimen de aislamiento en las prisiones. Qu son y qu aspectos desconoce la opinin pblica sobre el rgimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento)? Existe algn tipo de regulacin?

El rgimen FIES es la prisin dentro de la prisin, un espacio especialmente oscuro en las prisiones del Estado, donde el control jurisdiccional y social es prcticamente nulo; su origen se remonta a comienzos de los aos 90 del pasado siglo. Hay que hacer notar que este rgimen carcelario slo se da en las prisiones dependientes de la Direccin General de Instituciones Penitenciarias. En las crceles catalanas no existe el rgimen FIES, como tal, pero si los llamados DERT, que es un rgimen similar al FIES.

La regulacin del rgimen FIES ha ido cambiando con el tiempo. Pero con pequeas variaciones, la inclusin de un preso en este rgimen llevar consigo medidas como la de permanecer hasta 21 horas diarias en su celda; ver grabadas todas las llamadas telefnicas que realice al exterior; controladas las comunicaciones del preso con su abogado; fotocopiada toda la correspondencia entrante y saliente del preso; restringidas las personas (amigos y familiares no directos) que se comunican con el preso, ya sean comunicaciones directas o telefnicas; sufrir un cambio continuo de celda y de prisin (esto sin tener en cuenta sus vnculos familiares o sociales; dos presos FIES no podrn convivir en la misma celda y, en muchas ocasiones, debern salir solos al patio); se producir una observacin y anotacin diaria, por parte de los funcionarios del mdulo, de todas las actividades que realiza el preso (compaeros, paseos, lecturas, destino, etc.), con posibilidad de cacheos cada vez que salga o entre en la celda y cacheos continuos en la misma

-Qu cambios en la regulacin del rgimen FIES se han producido con el tiempo?

La Instruccin de Instituciones Penitenciarias: n 21/96 que regulaba este rgimen fue recurrida, en el ao 2.000 y en la va contenciosa, por el colectivo Madres Unidas contra la Droga. El uno de marzo de 2014 la Audiencia Nacional estimaba parcialmente el recurso contra dicha instruccin, consideraba que la Instruccin recurrida slo vulneraba el derecho de los presos incluidos en el FIES con relacin a las visitas de convivencia, pues las limitaba a una duracin de tres horas y la Audiencia entenda que deban durar hasta seis, como las del resto de los presos, manteniendo todo lo dems. Posteriormente a esta sentencia, se regul nuevamente el Rgimen FIES, pero manteniendo, prcticamente en su totalidad, las condiciones de vida de las personas que eran clasificadas como FIES.

-Se ha dado alguna reaccin por parte de las instituciones internacionales?

En el ao 2002, el Comit Contra la Tortura (Naciones Unidas) manifest su preocupacin por: Las severas condiciones de reclusin de los presos clasificados en el denominado Fichero de Internos de Especial Seguimiento. Segn se ha informado al Comit, quienes se encuentran en el primer grado del rgimen de control directo deben permanecer en sus celdas la mayor parte del da, en algunos casos pueden disfrutar de slo dos horas de patio, estn excluidos de actividades colectivas, deportivas y laborales y sujetos a medidas extremas de seguridad, En general, pareciera que las condiciones materiales de reclusin y, en especial, la de privacin sensorial que sufren estos internos, estaran en contradiccin con mtodos de tratamiento penitenciario dirigidos a su readaptacin y podran considerarse un trato prohibido por el artculo 16 de la Convencin.

-Son todos los grados del rgimen FIES igualmente severos? La situacin es comparable a la de hace unas dcadas?

El rgimen FIES tiene cinco categoras. La ms dura es el FIES 1 (control directo) -aplicable a presos considerados conflictivos por la institucin penitenciaria que, por ejemplo, han participado en protestas, intentos de fuga, agresiones en el interior de la prisin, etctera. Otras categoras son FIES 2 (personas presas por delitos de terrorismo), o el FIES 3 (en el que se incluyen, entre otros, funcionarios que se encuentran presos, preventivos o penados).

Al da de hoy, las condiciones de vida en el rgimen FIES son menos duras que las condiciones que sufrieron los presos que inauguraron este rgimen en los aos 90 del pasado siglo. Sin embargo, el reglamento est ah y puede volver a toda su crudeza cuando la institucin lo considere necesario. La mera existencia de este rgimen supone una amenaza permanente para las personas presas, que para evitarlo, debern mostrarse dciles en la prisin: muchos de los presos que se han atrevido a denunciar agresiones y/o torturas por parte de los funcionarios penitenciarios fueron clasificados como presos FIES tras la denuncia.

-Por otra parte, se da una creciente tolerancia de las sociedades espaolas y europea respecto a las torturas y vejaciones? Considera la ciudadana que puede constituir una herramienta til para determinados fines?

Lamentablemente la respuesta es un s, rotundo. Existe una idea generalizada de que la ciudadana en una sociedad democrtica est en contra de la tortura. Pero esto es falso. Las encuestas que se vienen realizando desde hace muchos aos sobre el tema, indican una y otra vez que hay un importante porcentaje de la sociedad que es favorable a la prctica de la tortura, y este porcentaje favorable a la tortura o que no la mira con rechazo- crece ao tras ao, encuesta tras encuesta. Por poner algunos ejemplos (no es un listado exhaustivo): segn una encuesta de la BBC, efectuada en octubre de 2006 en 25 pases, el 29% de los encuestados estaba a favor del uso de la torturas en determinados casos. En una encuesta publicada por Amnista Internacional, diciembre de 2014 (Stop Tortura Encuesta Global: Actitudes respecto a la tortura), el 36% de los encuestados justific el uso de la tortura para proteger a la poblacin. En junio de 2016, la ACAT Francia public una encuesta segn la cual un 54% de los habitantes de Francia, justificaba el uso de descargas elctricas contra un sospechoso de colocar una bomba.

Adems, segn una reciente encuesta del CICR, publicada en diciembre de 2016, el 36% de las personas encuestadas en 16 pases eran partidarias de someter a tortura los combatientes enemigos capturados para obtener informacin militar importante. Pero solamente un 48% (menos de la mitad) consider esta prctica como inaceptable (en 1999, un 66% de los encuestados consideraba inadmisible la tortura de enemigos capturados). El resto no saba si era bueno o malo, un 13%; o no contest, un 3%.

-Y en Espaa?

Ciertamente, en el Estado espaol, las cifras de personas favorables a la tortura con todas sus letras sera menor que las indicadas en estas encuestas. El estado presume porque el grado de rechazo a la tortura en Espaa es superior a la media. Sin embargo, el 8 de mayo de 2016, el diario El Mundo haca pblica una encuesta sobre el respeto a los derechos humanos en Espaa y el 58% de los encuestados responda afirmativamente a la siguiente pregunta: La polica detiene a un islamista que conoce detalles de un atentado inminente. Slo la tortura puede hacerle confesar. La considera usted justificada?. Ciertamente la pregunta es tramposa, como lo son todas las hiptesis basadas en el supuesto del ticking time bomb; pero esta es la tramposa hiptesis que, reiteradamente, se plantea en las series y pelculas policiacas y es aprovechada por aquellos que tienen la capacidad para minimizar y justificar el uso de la tortura, con el beneplcito de una parte importante de la comunidad intelectual.

Es importante sealar cmo este adoctrinamiento a travs de estas pelculas y series televisivas est provocando la normalizacin y aceptacin de la tortura, los malos tratos y la sistemtica vulneracin de los derechos de las personas detenidas. Y as se convierte en normal, y aceptable, que los agentes interroguen al detenido sin presencia de su abogado conversaciones informales, lo llaman- o que, por ejemplo, el detenido se sienta amenazado con ver prorrogado su tiempo de detencin si no presta declaracin Esto es lo que se ve en televisin, luego ser lo normal, estar bien y ser legal.

-En el ltimo informe de la CPDT se documentan 232 casos de tortura (8.000 denuncias en la ltima dcada en el estado espaol), y se trata slo de una parte las humillaciones y malos tratos. Se puede hablar de un fenmeno generalizado?

Si nos referimos a que la generalidad de las personas privadas de libertad son torturadas, o que la generalidad de los funcionarios encargados de su custodia son torturadores, evidentemente, la respuesta es no. Claramente, no. Pero si nos referimos a la distribucin geogrfica, demogrfica y temporal la respuesta debe ser s.

Segn los informes de la Coordinadora para la Prevencin y Denuncia de la Tortura (informes anuales entre 2004 y 2015) la tortura se produce en todo el territorio estatal; la han practicado funcionarios de todos los cuerpos encargados de la custodia de personas privadas de libertad (hay condenas por tortura o delitos contra la integridad o malos tratos, etc., contra funcionarios de todos esos cuerpos); cualquier persona puede ser vctima de tortura, con independencia del color de su piel, su gnero, edad del motivo por el que haya sido detenido (llamativo es una vez ms el informe de Amnista Internacional de 2014: en el Estado espaol, un 45% de los encuestados por A.I. manifestaron que no se sentiran a salvo de la tortura si las pusiesen bajo custodia.

-En mayo de 2016 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) conden al Estado espaol por no investigar las torturas denunciadas por Xabier Beortegui. El presunto miembro de EKIN asegur que fue objeto de malos tratos durante su arresto en Pamplona, en 2011, y la detencin incomunicada en la Direccin General de la Guardia Civil en Madrid, segn inform la Agencia Efe. Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional rechazaron los recursos del demandante. Son habituales estos casos? Puede extraerse una conclusin general? 

La respuesta es s. Esta vez sin matizaciones. Hasta ahora, el TEDH ha dictado 9 sentencias condenando al Estado espaol por no haber investigado suficientemente las denuncias de tortura y malos tratos (ocho relacionadas con detenciones en rgimen de incomunicacin y uno por un caso de maltrato policial sin detencin).

Adems ha habido condenas al Estado espaol, tambin por no haber investigado denuncias de tortura, por otros organismos internacionales como el Comit Contra la Tortura (Naciones Unidas) y el Comit de Derechos Humanos (tambin de Naciones Unidas) pero, adems, estn los informes reiterados del Comit Europeo para la Prevencin de la Tortura que, una y otra vez, desde 1994, vienen exigiendo al Estado espaol que tiene obligacin de investigar las denuncias por tortura y poner en marcha las recomendaciones efectuadas por dicho CPT, y otras instituciones, con nulo resultado. La conclusin es evidente: La tortura existe en el Estado espaol porque no hay voluntad poltico en terminar con ella.

-Has denunciado en conferencias las vejaciones y malos tratos contra personas que han cometido pequeos hurtos o contra los sin hogar. En qu consisten? Quines las perpetran?

Hay veces en que, algunos abogados, nos comentan que han asistido en el Juzgado de guardia a una persona, detenida por pequeos delitos, que les han manifestado haber sufrido agresiones en el momento o durante la detencin en ocasiones el detenido tena lesiones visibles-, pero que esa persona no ha querido denunciar lo ocurrido. Siempre hemos de respetar esa decisin de no denunciar. Personalmente he podido hablar con algunas personas detenidas por esos pequeos delitos no muchas en mi caso- que, tras comentar haber sufrido una agresin, piden que no se denuncie ni se haga pblico lo ocurrido.

Los argumentos que han esgrimido para no denunciar son varios (a veces mltiples): la desconfianza ante los tribunales de justicia (no me van a creer, no sirve de nada); falta de apoyo social o de cualquier otro tipo; miedo a posibles represalias (si denuncio lo que ha pasado, la prxima vez que me detengan, y me detendrn de nuevo, ser peor); e Incluso, en ocasiones, han interiorizado que la agresin puede ser merecida (esta vez no voy a denunciar porque s lo hice s rob, s trapiche- pero en el caso de que me torturen sin razn, s denunciar酔); los entrecomillados no son reproduccin literal de lo manifestado por esas personas.

-Y en cuanto a las agresiones a personas sin techo?

Tambin, como en el caso anterior pero ms espordicamente, nos llegan informaciones sobre presuntas agresiones de agentes de polica contra personas sin hogar, en ocasiones se refieren a agresiones policiales en albergues municipales Pero en ninguno de los casos en los que nos ha llegado informacin hemos podido denunciarlos. En unas ocasiones la mayora- por no haber podido contactar con las personas agredidas personas sin paradero fijo-, y no haber logrado contrastar los hechos. En otras, porque la fuente de la informacin testigo de los hechos- no ha dado el paso de presentar la denuncia. En estos casos, no se ha denunciado ni se ha podido contrastar lo ocurrido, por ello no puede concretarse cmo han sido esas agresiones, ni quienes han sido los perpetradores.

Esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de leer e interpretar los informes de la Coordinadora para la Prevencin y Denuncia de la Tortura. Los sectores ms vulnerables a sufrir tortura y malos tratos, son los menos representados en los informes. Estas personas estn excluidas de la sociedad, son invisibles, estn expulsados, incluso para aquellos que queremos que desaparezca toda forma de exclusin y expulsin.

-Tambin afirmas que en Occidente se aplica en mayor medida la tortura blanca. Cules son sus caractersticas? Significa esto que otro tipo de humillaciones y malos tratos quedan excluidos?

De una forma muy genrica y de andar por casa, la principal caracterstica de la tortura blanca es que, estando enfocada al cuerpo de la vctima, no deja huellas fsicas. Por ejemplo: privacin del sueo, desorientacin espacial y temporal, obligacin de mantener posturas incmodas y/o anti naturales

En Occidente hay una tendencia a utilizar formas de tortura que no dejen huella: tortura blanca y psquica, pero en ningn modo han quedado excluido otros mtodos de tortura, que s dejan huellas, como las descargas elctricas, el ahogamiento simulado, las palizas, etc. y mucho menos las humillaciones, las amenazas, etc. Se tiende a utilizar mtodos de tortura que, si bien no dejan huella fsica, s dejan una clara y duradera huella psicolgica. Que logran en menor tiempo los objetivos de la tortura y que, muchas veces, sern ms difcil de superar que la mera agresin fsica.

-Es la tortura una opcin poltica, un mecanismo de control del orden tolerado, asumido e incluso ordenado desde ministerios y comisaras?

Evidentemente, ya lo he dicho, la tortura es un delito poltico, un delito de Estado. Siempre un mecanismo de control. Depender de las circunstancias poltico-sociales del pas el que esta prctica sea tolerada, asumida y, claro, ordenada en algunos casos.

-Qu responsabilidad atribuyes al poder judicial, particularmente jueces y fiscales? Cmo responden ante la presentacin de pruebas y el aporte de testigos?

La pregunta merecera una respuesta muy extensa (ms bien un tratado). La responsabilidad del Poder Judicial en la persistencia de la tortura en el Estado espaol es muy importante. Ya lo han indicado los organismos internacionales, como ya he dicho ms arriba, Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Comit contra la Tortura y Comit de Derechos Humanos, ambos de Naciones Unidas, Comit para la Prevencin de la Tortura, etc. Sus informes estn ah y a ellos me remito.

Cmo responden los jueces y fiscales ante las denuncias de tortura. De forma telegrfica: Existe una casi total falta de investigacin de las denuncias (sentencias TEDHE, etc). Hay una importante actitud de Compresin de las acciones policiales. Existe una exigencia de un plus de prueba en las denuncias contra funcionarios. Cuando se consiguen condenas contra los funcionarios denunciados, las penas son muy leves en los casos de tortura. El papel del Fiscal es fundamental en esta negacin de la tortura por parte de los Tribunales. Podramos extendernos

Pero, por encontrar algo positivo en todo lo que estoy diciendo. Parece existir un ligero cambio, en la lucha contra la tortura, en algunos sectores del poder Judicial, sectores minoritarios, pero existen, y que animo a seguir luchando contra la tortura. En los ltimos aos, a raz de las sentencias ya mencionadas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos estn aumentando los juicios contra funcionarios acusados por tortura y otros delitos contra la integridad de personas privadas de libertad, y tambin, muy lentamente y con penas ligeras, estn aumentando la sentencias que condenan a funcionarios, de todos los cuerpos, por tortura y/o malos tratos.

-Por ltimo, es habitual el uso de la violencia en los llamados vuelos de deportacin de personas migrantes?

Los vuelos de deportacin son otros de esos lugares donde el secretismo es casi absoluto. Como ya comentaba en otros supuestos, son muchas las informaciones que nos llegan sobre posibles agresiones a las personas deportadas durante el vuelo de deportacin. Pero que no se han podido contrastar.

En ocasiones, las personas deportadas, tras llegar a su destino se ponen en contacto con alguna organizacin de apoyo a inmigrantes en el estado espaol y les manifiestan haber sido agredidos durante el vuelo, pero como en otros casos- por falta de una denuncia judicial o no, no hemos contrastado ni verificado ninguno de estos casos. S hemos tenido denuncias por agresiones policiales momentos antes de que la persona deportada fuese a subir al avin. En estos casos se han formulado varias denuncias: los testimonios recibidos y las pruebas recabadas han sido consideradas por los colectivos correspondientes como crebles, pero, una vez ms, los tribunales han archivado la mayora de ellas (amparados, muchas veces, en la ausencia del denunciante, que haba sido deportado finalmente y por lo tanto, ya no se encontraba en territorio espaol, con la dificultad de prueba que ello aade a la causa judicial).

En todo caso, al contrario que el Defensor del Pueblo que, en sus monitoreos de varios vuelos de deportacin nunca observ irregularidad alguna, acaba de hacerse pblico el informe del Comit Europeo para la Prevencin de la Tortura (C.P.T.) sobre su visita de febrero de 2016, en la que monitorizo un vuelo con destino a Colombia y repblica Dominicana, y s observ diferentes irregularidades y vulneracin de los derechos de los deportados (el CPT, en este viaje, no presenci ni recibi alegaciones de maltrato policial).

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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