Portada :: Chile
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-12-2016

Entretelones de la impunidad
Operacin Punta Peuco

Alvaro Ramis
Punto Final


Una ola de sbita conmiseracin inunda a las elites de este pas respecto a los presidiarios que enfrentan sus condenas con avanzada edad y enfermedades terminales. El ministro de Justicia, Jaime Campos, ha puesto el punto en debate al declarar en El Mercurio que le pareca obvio que los criminales que se encuentran gravemente enfermos o terminales deben salir de la crcel para morir en casa junto con sus familias. A este llamado ha respondido una legin variopinta, desde la derecha en pleno, hasta los lderes de las iglesias Catlica y Evanglica. Y desde el mundo laico, un squito de acadmicos, encabezado por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Pea.

Se trata de sentimientos de misericordia muy inesperados, porque nunca antes estos miembros de la corte palaciega manifestaron este tipo de preocupaciones respecto a los presos comunes. Es impresionante la cobertura que han dedicado al asunto El Mercurio y La Tercera , colocando en portada este tema varios das seguidos, y publicando reiteradas cartas de almas sensibles que nunca haban dicho palabra alguna sobre la situacin en nuestras crceles.

Recordemos que la nica oportunidad en que los presos comunes de nuestro pas hacen noticia es cuando el morbo y el sensacionalismo logran despertar a los editores de prensa de su renuencia a visibilizar las condiciones inhumanas en las que se encuentran. El 8 de diciembre pasado se cumplieron seis aos del incendio de la crcel de San Miguel, donde murieron calcinadas 81 personas, y 16 quedaron heridas. Curiosamente, a seis aos de la tragedia no existe ningn responsable de este siniestro. La gran prensa y las almas sensibles que hoy piden indultos dejaron pasar el aniversario sin decir nada. Tania Tamayo, autora de Incendio en la Torre 5. Las 81 muertes que Gendarmera quiere olvidar (Ediciones B) afirma directamente que este olvido se debe a la voluntad de tender un velo de impunidad sobre el entonces director de Gendarmera, Luis Masferrer (RN).

Por eso, la operacin comunicacional que han tendido con tanto entusiasmo se les desfonda. Su hipocresa les delata y el doble estndar termina por revelar que no se trata de un sentimiento de misericordia universal, sino una demanda de clemencia selectiva, que no abarca a todas las personas que sufren penas aflictivas en nuestro sistema carcelario. Hay una afinidad electiva en su conmiseracin, porque se focaliza en los militares condenados por crmenes de lesa humanidad.

 

EL ESTATUTO DE ROMA

En este clima de opinin el profesor Pablo Ortzar afirma en carta en El Mercurio que defender que se mantenga en la crcel a personas condenadas por cometer actos inhumanos que hoy son ancianos con enfermedades terminales resulta una irona siniestra, cuya motivacin solo pareciera ser la venganza. Es decir, al no modificar las condenas de esos ancianos con enfermedades terminales el gobierno actuara motivado por la venganza.

Sin embargo, los actos inhumanos a los que se refiere Ortzar constituyen delitos que han sido claramente tipificados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por nuestro pas en 2009. Segn este instrumento del derecho internacional, y en coherencia con la convencin sobre la imprescriptibilidad de los crmenes de guerra y de los crmenes de lesa humanidad (26 de noviembre de 1968) y los principios generales para combatir la impunidad de la Comisin de Derechos Humanos en su 61 sesin de Naciones Unidas (8 de febrero de 2005) los crmenes de lesa humanidad no pueden ser sujetos de amnistas o indultos, directos o indirectos. Lo que el Estatuto de Roma contempla es la posibilidad de una reduccin de la pena, pero altamente condicionada a las siguientes causales (art.110):

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 aos de prisin en caso de cadena perpetua, la Corte examinar la pena para determinar si sta puede reducirse. El examen no se llevar a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al prrafo 3, la Corte podr reducir la pena si considera que concurren uno o ms de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontnea la ejecucin de las decisiones y rdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a sta en la localizacin de los bienes sobre los que recaigan las multas, las rdenes de decomiso o de reparacin que puedan usarse en beneficio de las vctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reduccin de la pena.

Vale decir, se deberan aplicar escrupulosamente estos criterios: haber cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 aos de prisin en caso de cadena perpetua, y adems haber manifestado desde el principio y de forma continua su voluntad de cooperacin con las acciones e investigaciones judiciales. En nuestro caso particular, el Estatuto sostiene que se debera atender a la voluntad del implicado en colaborar a la localizacin de los cuerpos de las vctimas de violaciones a los derechos humanos.

Cabe por lo tanto hacer esta simple pregunta: Los militares que cumplen penas por delitos de lesa humanidad pueden invocar estas causales? Si es as no habra lugar a mayor debate y el sistema penitenciario debera acceder a los beneficios solicitados. Si no es as, no cabra mayor discusin, y deben seguir en prisin. No cabe duda que estamos ante esta segunda posibilidad, especialmente si su pacto de silencio respecto al destino de los detenidos desaparecidos sigue vigente.

 

REGRESO DE LA DOCTRINA DOLMESTCH

Si la legislacin es tan clara, por qu se est buscando con tanto ahnco la liberacin de estos presos? Cabe preguntarse si el trasfondo del asunto es una negociacin encubierta, en la cual la liberacin de los criminales de lesa humanidad es moneda de cambio para pagar otros favores de parte de la derecha. No sera la primera vez que se busca hacer de estos individuos el vehculo de una transaccin poltica alejada de la especificidad de este dilema.

Recordemos que Chile ha vivido una lenta evolucin jurisprudencial en materia de sancin a los violadores a los derechos humanos. Hasta bien entrada la dcada de 1990 los tribunales siguieron aplicando el Decreto Ley de Amnista de 1978, que produjo efectos de autoamnista para los funcionarios de la dictadura, por lo cual se sobresean automticamente las causas o derechamente se absolva a los acusados.

El primer cambio, llamado doctrina Aylwin, oblig al tenor de la justicia en la medida de lo posible, a investigar las causas antes de aplicar la amnista o la prescripcin. El segundo paso ocurri en el contexto de la detencin de Pinochet en Londres, en 1998. En ese momento se empez a tipificar las detenciones con desaparicin como secuestros permanentes, por lo cual dej de tener aplicacin la amnista y la prescripcin, ya que el ocultamiento de cadver implicara que el delito se sigue cometiendo hasta la actualidad. Un caso de uso estratgico del derecho que permiti abrir una grieta en la impunidad.

En 2006 los familiares de Luis Alfredo Almonacid, militante del PC detenido desaparecido el 16 de septiembre de 1973, llevaron su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que termin condenando al Estado chileno por la aplicacin de la ley de amnista. El organismo determin que Chile haba vulnerado el Pacto de San Jos de Costa Rica, declarando que los delitos de lesa humanidad no pueden amnistiarse ni prescribir y que el Estado deba anular el Decreto Ley de Amnista e impedir legalmente la aplicacin de la prescripcin. Esta sentencia fue al fondo del asunto. Sin embargo, el Congreso no ha sido capaz, hasta ahora, de adecuar la legislacin chilena a este dictamen internacional, quedando su aplicacin en manos de la Corte Suprema.

En ese contexto, el entonces miembro de la sala penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, propuso el criterio de otorgar a los condenados por este tipo de delitos los beneficios de la Ley N 18.216, lo que fue presentado por la derecha como una forma de compromiso entre la justicia absoluta y el perdn absoluto, permitiendo una condena muy atenuada. Lo que la derecha no reconoca en este anlisis es que a esas alturas la condena era un piso del que ya no podan escapar y por lo tanto, agotados los anteriores mecanismos, la doctrina Dolmestch apareca ahora como la nica va posible a la impunidad.

Pero esta doctrina sufri un golpe letal el 18 de junio de 2012, cuando la Segunda Sala de la Corte Suprema, analizando el llamado Episodio Hctor Vergara Doxrud, declar por mayora de sus miembros que los sucesos enjuiciados, ocurridos el ao 1974, deban ser enjuiciados y sancionados sin atencin al Decreto Ley de Amnista del ao 1978 ni que se permitiese declarar su prescripcin o conceder a los condenados la atenuante de media prescripcin del Art. 103 del Cdigo Penal. Este dictamen signific el fin de la doctrina Dolmestch, que ahora se busca reestablecer.

Todo indica que la eleccin de Hugo Dolmestch como presidente de la Corte Suprema, en diciembre de 2015, respondi a este objetivo, y las movilizaciones de toda esta corte de autoridades civiles, eclesiales, acadmicas y comunicacionales, responde a los compromisos fcticos asumidos en esa eleccin.

 

LAS FALACIAS DE LA IMPUNIDAD

Los magistrados que rechazaron la doctrina Dolmestch en 2012 han sido catalogados por El Mercurio como partidarios de la justicia absoluta, sin recordar que la condena de estos sujetos fue dilatada por mecanismos de autoimpunidad por ms de tres e incluso cuatro dcadas. Para imponer su postura los partidarios de la dictadura y sus aliados han usado todo tipo de falacias:

- La falacia de la apelacin a la lstima : se tratara de internos con un estado de salud grave e irrecuperable que importa inminente riesgo de muerte o inutilidad fsica de tal magnitud, que le impide valerse por s mismo. El mismo argumento usado por el dictador Augusto Pinochet para ser liberado en Londres y que se revel como un engao apenas pis Santiago y se levant de la silla de ruedas con el bastn en la mano.

- La falacia de la regla general para caso particular : Si todos los presos pueden acceder a los beneficios de la Ley N 18.216, los condenados por crmenes de lesa humanidad tambin lo deberan poder hacer. Se estaran violando sus derechos humanos, dicen sus partidarios! Pero se olvidan que la legislacin internacional asigna a estos delitos, por su naturaleza y por los mecanismos de proteccin e impunidad que les han asistido, la expresa imposibilidad de acceder a estos beneficios si no han cumplido los plazos mnimos de condena y no han colaborado con la justicia en el esclarecimiento de los casos en los cuales poseen informacin. Si hubiera un solo condenado que hubiese actuado conforme a los criterios del Estatuto de Roma sera acreedor de este beneficio. Pero no se presenta ninguno, lo que revela la calaa moral de los implicados.

- La falacia de la falsa analoga : Comparar a vctimas y victimarios. El columnista mercurial Hernn Corral declaraba: Resulta desconcertante, por ello, que quienes festejaban el aniversario de la Declaracin Universal con frases como los derechos humanos son de todos, luego se mostraran abiertamente contrarios a la propuesta del ministro de Justicia, aduciendo los ms diversos argumentos. O la crueldad de las vctimas, que desean el sufrimiento de estos ancianos. A lo que se suma Carlos Pea, argumentando que se trata de un acto irracional: O acaso tiene sentido castigar a quien ya no es un yo capaz de vivenciar la experiencia del castigo, o a un viejo a quien el cncer lleva a empellones hacia la muerte?.

Ni crueles, ni vengativas, ni irracionales, las familias que han buscado la justicia para sus familiares asesinados por los agentes de la dictadura han mostrado una capacidad enorme de atenerse a las normas, arbitrarias e injustas, impuestas por el propio criminal que les vulner. Han persistido en su denuncia y en su empeo de justicia por dcadas, sin tomar la justicia por su propia mano, a pesar de que todo indicaba que era imposible llevar a puerto su demanda. Y sin embrago persistieron. Vivieron en carne propia que la justicia demorada es justicia denegada, pero no abandonaron la esperanza.

Hoy su voz no forma parte de este debate. Acalladas, estigmatizadas, descalificadas y arrinconadas, ningn micrfono ha salido a recoger su palabra. Nadie ha recogido su palabra en una historia que les ha impuesto cargar de por vida, sin atenuantes, un dolor que nadie ni nada puede ni podr aliviar. Mientras los defensores de la impunidad copan las portadas de los noticieros y los peridicos, apoyados por acadmicos y altos clrigos, las vctimas son acusadas de todo tipo de crueldades contra los militares en retiro. Si un extranjero desinformado llega al pas y lee la prensa chilena seguramente pensara que estos ancianos, dementes y enfermos, son las vctimas de un Estado policial que les mantiene en una crcel inhumana. Nadie le informara de lo difcil que fue conseguir llevarles ante la justicia, las dcadas de impunidad que les ampararon, y una vez en la crcel, los beneficios penales de Punta Peuco o del Penal Cordillera, a los que accedieron sin que ninguno de sus actuales defensores objetara sus privilegios.

De all que slo cabe admirar la persistencia indubitable de las organizaciones de familiares de las vctimas de violaciones a los derechos humanos. Su testimonio hace vida las palabras de Neruda al recibir el Premio Nobel de Literatura: Slo con una ardiente paciencia conquistaremos la esplndida ciudad que dar luz, justicia y dignidad a todos los hombres. As la poesa no habr cantado en vano

 

 

Publicado en Punto Final, edicin N 867, 23 de diciembre 2016.

[email protected]

www.puntofinal.cl



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter