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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-12-2016

Dos aos despus de notificada la sentencia T-282 de 2014 continan las violaciones de derechos humanos en la Tramaca

Equipo Jurdico Pueblos
Rebelin


A pesar de la Sentencia T-282 de 2014 y las rdenes emanadas con posterioridad por la Corte Constitucional, en el Establecimiento penitenciario y carcelario de alta seguridad de Valledupar, se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con la informacin trasmitida por la poblacin privada de la libertad, formas veladas de castigo se continan imponiendo para evitar que las denuncias superen el encierro, tales como los cambios de patio, los informes de la guardia contra los detenidos que reclaman sus derechos, el inicio de investigaciones internas a quienes realizan escritos de seguimiento con destino a la Corte Constitucional y la estigmatizacin, sealamientos y relevos contra los delegados a los comits de derechos humanos que cumplen de forma responsable y cabal con su labor.

Aunque la Corte constitucional en el Auto 191 de 2016 realiz un llamado de atencin a la administracin penitenciaria y orden investigar las verdaderas razones del traslado de dos detenidos que venan documentando la situacin carcelaria y participando en jornadas legtimas de protesta para reclamar el cumplimiento de la Sentencia T-282 de 2014 que fueron trasladados bajo cargos de promover desrdenes internos, los rganos de control no dan resultados sobre el asunto y esta prctica se mantiene. Mientras la Corte adverta el sinsabor por estos probables abusos del poder discrecional del Inpec, otros internos que promovan la defensa de los derechos humanos al interior del penal, fueron trasladados de patios donde su vida corra peligro y otro hacia la UTE en la que permaneci aislado y posteriormente remitido a otro centro carcelario, con acusaciones similares. Transcurridos varios meses desde que se evidenci esta situacin, lamentamos que se continen presentando casos de similar talante; que se sigan usando medios aparentemente legales para acallar las voces de la poblacin reclusa que reclama el respeto de los derechos humanos.

De otro lado, se continan presentando abusos contra los visitantes, que consisten en no permitir su ingreso por la aparente alarma canina, que supuestamente indica la presencia de sustancias ilcitas en el individuo, la cual no es descartada o confirmada por otros medios pese a que as lo indican los reglamentos. De esta manera, el esfuerzo de familiares y amigos por mantener el acompaamiento de la poblacin reclusa, termina frustrado.

A su vez, encontramos que han sido pocos los avances en materia de garanta del derecho a la salud. La atencin especializada y operaciones pendientes siguen represadas en buena parte. La debida clasificacin de la poblacin privada de la libertad, contina siendo un problema que pone en riesgo la vida de los reclusos. Se mantiene la UTE, cuya existencia es negada por parte del INPEC, lo cual contribuye un obstculo para el debido seguimiento de la situacin de personas sometidas al aislamiento prolongado.

Si bien reconocemos los esfuerzos en el mejoramiento de la infraestructura, hacemos un enrgico llamado a las autoridades por implementar polticas que garanticen la defensa y goce efectivo de los derechos humanos al interior del establecimiento y a los rganos de control para que retomen sus esfuerzos en materia de prevencin y reaccin oportuna y clere ante las denuncias de la poblacin reclusa y organizaciones acompaantes. Alentamos a los detenidos para que continen su proceso de formacin y labor en defensa de sus propios derechos y a la comunidad en general para seguir forjando conciencia sobre la grave problemtica que se presenta en las prisiones de Colombia.

Fuente original: https://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2016/12/dos-anos-despues-de-notificada-la.html


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