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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-01-2017

Carta de Gabriel Boric que cuestiona el proceso judicial contra la machi Francisca Lincoao
Por qu el Estado parece tomar una posicin que slo agrava el problema?

Gabriel Boric
El Mostrador


"Y es que en la Araucana opera una versin muy distinta del derecho. Una que aplica para los mapuche y sus dirigentes, donde la Fiscala no tiene que mostrar antecedentes del delito que justifiquen la participacin de los acusados para encerrarlos. Le basta con formalizar y el imputado y su defensa son los que deben probar la inocencia. Un mundo al revs", escribe.

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El diputado por Magallanes, Gabriel Boric, escribi una carta en la que aborda la situacin judicial y fsica de la machi Francisca Linconao, quie ha sido acusada por su presenta participacin en el atentado incendiario con resultado de muerte en el fundo Luchsinger - Mackay.

Dirigida a todos los chilenos -especialmente a aquellos que ven con cierta indiferencia lo que sucede en el sur del pas, entre el Estado y los mapuche-, el parlamentariodetalla que, por cuarta vez en slo unos meses, se revoc la decisin del Juez de Garanta de sacar a la machi de la crcel, para que estuviera recluida en su domicilio.

"Y es que en la Araucana opera una versin muy distinta del derecho. Una que aplica para los mapuche y sus dirigentes, donde la Fiscala no tiene que mostrar antecedentes del delito que justifiquen la participacin de los acusados para encerrarlos. Le basta con formalizar y el imputado y su defensa son los que deben probar la inocencia. Un mundo al revs", escribe.

"La machi lleva cerca de nueve meses en prisin preventiva por su supuesta participacin en el terrible crimen de la familia Luchsinger Mackay, que hoy volvemos a repudiar sin dobleces. El principio de presuncin de inocencia es bsico en un estado de derecho. Significa que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, y por lo mismo, la mayora de los imputados debera esperar sus juicios en libertad. Para dejar encerrada a la Machi Francisca Linconao deberan haberse presentado pruebas o antecedentes contundentes que permitan presumir fundadamente que ella ha participado en el crimen y que muestren que ella es un peligro para la sociedad o para la misma investigacin".

"Cules son estos antecedentes? La primera es el testimonio de Jos Peralino, otro imputado en la causa. Peralino ha reconocido pblicamente que ste era falso y que los detectives lo han hostigado para que haga esas declaraciones. Peralino se querell, pero la causa fue convenientemente sobreseda por la misma sala de la Corte de Apelaciones, incluso con informe pericial que encontr evidencia de torturas! Cuando como Comisin de Derechos Humanos de la Cmara de Diputados decidimos visitar la Regin y escuchar a Peralino, se activaron misteriosos mecanismos para que no pudiramos. Digo esto porque sucedi ante mis ojos. La cosa pasa de castao a castao oscuro".

"La segunda prueba o antecedente es una pericia de telfonos celulares que ubicara a cuatro personas en la casa de la machi unas horas antes del incendio investigado. Lo curioso es que la propia compaa telefnica que emiti el informe repite una y otra vez que los resultados no son concluyentes, porque no puede certificar que los nmeros telefnicos estn correctos, ni que la posicin de las antenas sea la misma que en 2013".

"A esto summosle que se acaba de levantar el secreto sobre el testimonio de ciertos testigos sin rostro (permitidos por la ley antiterrorista). En esos testimonios se descarta la participacin de la machi!".

"Todo esto es posible por la invocacin arbitraria que hace el ministerio pblico en la Araucana, de la Ley que Califica Conductas Terroristas. Los fiscales que han invocado esta ley permanecen en sus cargos, an cuando la Corte Interamericana ha sancionado la utilizacin de esta ley especial, la que adems no es efectiva ya que casi la totalidad de quienes han sido juzgados por esta, han sido absueltos".

"Los hechos que aqu se relatan fueron llevados a juicio oral, el que en sentencia definitiva estableci que no se trataba de terrorismo y que. Ni el Ministerio Pblico, ni la Intendencia de la Araucana, ni las vctimas apelaron (causa 220-2013 Top Temuco, condena Celestino Crdoba). Lo que nos lleva a pensar que hoy se invoca nuevamente la denominada ley antiterrorista slo para reforzar la prisin preventiva y alterar el debido proceso".

"El estado de salud de la machi de 60 aos empeora da tras da. De acuerdo a la cosmovisinmapuche, su calidad de machi le exige estar cerca de su rewe. Ella piensa que su situacin es una venganza por haber defendido (en tribunales y con xito) su menoko (el sitio sagrado donde crece el lawen, o sea, los remedios para su gente), y por estar intentando recuperar (a travs de CONADI) la propiedad para su lof (que no tiene nada que ver con el conflicto en Vilcn ni con la familia Luchsinger). Pero yo creo que su situacin es ms bien el resultado de una poltica sistemtica y racista de represin y criminalizacin del movimiento mapuche. Su caso es un eslabn ms en la cadena de dirigentes y lderes mapuche presos sin pruebas y sin condenas, que suma varias decenas. Y no estoy solo en este diagnstico. Naciones Unidas , a travs de sus diversos organismos de derechos humanos viene diciendo hace ms de diez aos que debe terminarse con estas polticas y buscar una solucin poltica al conflicto, siguiendo las pautas que entrega el derecho internacional: restitucin de tierras y autonoma indgena".

"Pero, por qu el Estado parece tomar una posicin que slo agrava el problema? Pareciera ser que uno de los nudos fundamentales es que enfrentar el fondo del asunto implica afectar intereses muy poderosos. El corazn de los negocios de la familia Matte los mismos de la colusin del confort y los paales est, justamente, en el territorio mapuche. El grupo es dueo directamente de ms de 700 mil hectreas en sur de Chile, y tiene inters directo en otro tanto para alimentar su negocio papelero. Otro magnate, Angelini, a travs de Forestal Arauco, posee ms de un milln de hectreas, buena parte de las cuales estn en territorio mapuche. En contraste, los mapuche no tienen ms de 600 mil hectreas en su propio territorio histrico. Por si fuera poco, la autonoma indgena exige transferir poder de decisin en sus asuntos internos desde Santiago a las propias comunidades mapuche. O sea, resolver el conflicto de acuerdo al derecho internacional significa liquidar el negocio de las familias dueas de Chile, y ms encima, descentralizar el pas. Imposible para los que gobiernan Chile hoy da".

"Otra vez se vuelve claro el origen del conflicto: unos pocos producen y profitan del malestar y otros la gigantesca mayora lo padecen. En el caso de los mapuche, el malestar es ms brutal: discriminacin, pobreza extrema, reduccin, folklorizacin, represin policial, crcel sin pruebas ni juicios, muertos sin culpables".

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/01/02/la-carta-de-gabriel-boric-que-cuestiona-el-proceso-judicial-contra-la-machi-francisca-lincoao/



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