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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-01-2017

Ese silencio que nos cuesta vidas

El Turbin


Colombia se encuentra ante un problema de grandes magnitudes cuando se vislumbra el fin de la guerra entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Estado: la ultraderecha ha escalado las amenazas y el asesinato selectivo de lderes sociales, de forma tal que esto hace recordar el genocidio de los aos 80 y 90.

Las acciones paramilitares tienen lugar justo cuando las FARC-EP y el gobierno Santos han alcanzado un nuevo acuerdo en el que recogen puntos claves de los promotores del no en el plebiscito del 2 de octubre y se ha refrendado lo pactado en el Congreso, luego del acto de firma del pasado 24 de noviembre. Por esto, urge que el Gobierno Nacional reconozca pblicamente que el paramilitarismo sigue existiendo y que se combatan sus estructuras, financiadores, idelogos y beneficiarios.

Como siempre, las estructuras paramilitares constituyen una grave amenaza contra la implementacin de los acuerdos de paz y siguen siendo uno de los mecanismos ms usados para la eliminacin de los movimientos sociales y de quienes defienden los derechos humanos, lo cual ha encendido las alarmas ante un plan de exterminio que reedite en nuestros tiempos lo ocurrido con el genocidio contra la Unin Patritica, A Luchar, el Frente Popular y la AD-M19, entre otros movimientos y partidos hace ms de dos dcadas. A pesar de esto, la accin del Estado contra estos grupos de extrema derecha se ha limitado a la captura de algunos de sus mandos, pero no se golpean sus histricos y evidentes nexos con la Fuerza Pblica ni a sus poderosos auspiciadores.

Por esto, es claro que estos asesinatos y atentados, cometidos principalmente contra lderes agrarios de la Marcha Patritica, y la ola de amenazas e incursiones paramilitares contra diversas comunidades y organizaciones sociales, como las que se han dado en los ltimos das en Cauca, tienen como objetivo impedir que se concrete lo pactado en La Habana y que avancen los dilogos con el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) en Ecuador. Adicionalmente, estos homicidios han venido ocurriendo en cercanas a sitios con Zonas Veredales de Transicin y Normalizacin, que recibirn a los guerrilleros para iniciar su trnsito a la vida civil y a la participacin en poltica sin armas, por lo cual el mensaje es claro: la extrema derecha har todo lo posible por impedir cualquier paso hacia el fin de la guerra que no pase por el exterminio del contrario ni permitir el ms mnimo gesto de democratizacin del pas.

A pesar de la reciente firma del nuevo acuerdo de paz, en una sobria ceremonia en el Teatro Coln de Bogot, este clima de terror y la tardanza en la implementacin de protocolos de seguridad en las zonas de concentracin de la guerrilla han generados temores sobre el futuro del cese al fuego bilateral, especialmente luego de que en el sur de Bolvar, segn testigos, francotiradores militares asesinaran por fuera de combate a dos guerrilleros que se encontraban en camino hacia una de las zonas de concentracin.

El incremento de los asesinatos, atentados y amenazas contra lderes sociales luego de que ganara el no en el plebiscito es un ejemplo latente del poder que mantienen las estructuras paramilitares en Colombia, pues en menos de dos semanas los enemigos de la paz han demostrado su poder de fuego en los departamentos de Antioquia, Bolvar, Caquet, Cauca, Crdoba, Meta, Nario, Sucre, Tolima y Valle.

Para dimensionar esta situacin basta con recordar el ltimo paro armado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), tambin conocidos como Los Urabeos, Clan suga o Clan del Golfo, por las denominaciones que usa la inteligencia policial en sus comunicados de prensa: amplias zonas de los departamentos de Bolvar, Antioquia, Choc, Sucre y Crdoba estuvieron sitiados por esta organizacin desde el 31 de marzo hasta el 1 o 3 de abril, segn el municipio. Durante este tiempo, si las personas salan de sus casas corran el riesgo de ser asesinadas.

Pero el asunto no termina ah. De acuerdo al informe de Indepaz de 2015, en Colombia adems de las AGC existe un importante control territorial de las guilas Negras y Los Rastrojos. Las tres organizaciones tienen presencia en un poco ms de 300 municipios, una importante porcin del pas que no podra ser cubierta por grupos aislados sino por organizaciones con estructura, unidad de mando y capacidad de fuego suficiente para garantizarles el control territorial y social, en beneficio de sus conocidas alianzas con el poder regional y las autoridades. Se trata, entonces, de un paramilitarismo que se ha rediseado y que es capaz de mostrar su poder armado al gobierno, a la insurgencia y a todo el pas.

Adicionalmente, ms de 50 lderes sociales han sido asesinados en lo que va de 2016. De estos crmenes, 17 ocurrieron luego del triunfo del no el pasado 2 de octubre, lo que significa que desde entonces se produce un homicidio poltico contra civiles cada tres das en Colombia. A esta elevada cifra de asesinatos en medio del cese el fuego, se suma la histrica persecucin a asesinatos de activistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas que registra 534 vctimas entre 2011 y 2015, segn la organizacin inglsa Justice for Colombia.

La necesidad de abordar el paramilitarismo dentro de la poltica de seguridad de Estado es ms que evidente y determina el futuro de los procesos con las FARC-EP y el ELN, as como la forma en que se hablar de paz con el Ejrcito Popular de Liberacin (EPL) al que el gobierno sigue catalogando como una banda criminal para desvirtuarlo como adversario poltico. La actual situacin deja abiertos interrogantes de hasta qu punto Santos implementar los acuerdos de paz con las FARC-EP o, al menos, garantizar la seguridad de quienes abandonen las armas y si los militares, eternamente enredados en la trama paramilitar, se encaminarn hacia la paz y de qu manera, pues una situacin como la actual no podran ser posible sin contar con el apoyo logstico y de inteligencia de un sector del alto mando de la Fuerza Pblica interesado en el fracaso en la implementacin de lo acordado en La Habana.

Hasta el momento hay varios ejemplos de cooperacin entre militares, policas y guerrilleros para garantizar el cumplimiento de lo pactado en la mesa de negociaciones de La Habana, como el proceso de desminado en la vereda Orejn del municipio de Briceo (Antioquia), la visita de lderes guerrilleros a la zona de Conejo del municipio de San Juan del Cesar (La Guajira) -donde los alzados en armas pudieron entrar sin que se filtrara informacin a Uribe y sus amigos- y hasta el mismo esquema de seguridad de Timolen Jimnez en su visita a Bogot. Sin embargo, honrar lo pactado, en trminos de construccin de paz, significara ir ms lejos de esta cooperacin inicial, que prepara el paso de los insurgentes a hacer poltica sin armas, y pasar a investigar y combatir las estructuras polticas y armadas de la extrema derecha y las mafias, las mismas con las que el Estado ha convivido por dcadas y que han permeado sus instituciones armadas y judiciales.

Por el momento, el presidente Juan Manuel Santos se ha limitado a condenar la escalada de muertes y argumenta que con la implementacin de los acuerdos de paz se reduciran estos crmenes:

Qu es lo que quieren los auspiciadores del paramilitarismo? Impunidad completa y no perder un centmetro de lo ganado con desplazamiento y guerra? Quizs la vergenza de admitir la verdad no permite que los seores de la guerra se vean ms desenmascarados y, por eso, pretenden ahora continuar un psictico exterminio que les ha resultado rentable a travs de nuestra historia.

Si se quiere que el proceso de paz con las FARC-EP sea un paso decisivo en el camino a la paz en Colombia y si se quiere evitar un nuevo genocidio contra las organizaciones polticas y sociales no armadas del pas, es necesario que Santos reconozca que el paramilitarismo existe y que no solo se trata de un fenmeno de bandas criminales. Asimismo, es fundamental que la Fiscala investigue a los responsables de las acciones de estas estructuras armadas y la Fuerza Pblica rompa sus vnculos con ellas y las combata decididamente.

Pero no toda la responsabilidad se puede achacar al Estado y a la insurgencia. La sociedad colombiana debe asumir su responsabilidad en este fenmeno y exigir a los grandes medios de comunicacin abandonar las prcticas propagandsticas con las que no solo se ha legitimado la accin criminal de estas organizaciones contra el pueblo sino que se ha estigmatizado hasta lmites intolerables a las vctimas, principalmente originadas en la accin conjunta de paramilitares y agentes estatales. Esto ayudara a que la poblacin tuviera ms empata con quienes han llevado la peor parte en la guerra y menos temor de acercarse a los movimientos sociales y luchar por sus derechos humanos y ambientales.

Preocupa, entonces, que los territorios en los que se concentraran las FARC-EP sean protegidos por el Estado, al menos en teora, mientras los asesinatos a lderes sociales continan. Preocupa tambin que el asesinato de dirigentes haga muy lento el trnsito al desarme y que la extrema derecha use las dilaciones para desestabilizar lo logrado en las negociaciones. No obstante, preocupa ms que el Estado siga permitiendo estas muertes y se jacte de haber logrado la paz mientras la oposicin poltica del pueblo se desangra.

Santos debe decidirse.


Fuente original: http://elturbion.com/?p=13196



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