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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-01-2017

Reflexiones sobre el otro - s a la jurisdiccin especial para la paz (II parte)

Equipo Jurdico Pueblos
Rebelin


Las ltimas semanas hemos sido testigos de un escenario de contrasentidos. Santos, el ex ministro de los falsos positivos recibi el premio Nobel del paz, y a pesar de la ofensa para las vctimas de crmenes de Estado, muchos lo celebraron y respaldaron a las afueras de lugar donde se efectu la ofrenda. Se suscribe el nuevo Acuerdo con Farc-ep, pero continan presentndose asesinatos contra lderes sociales que la fiscala caracteriza como hechos aislados, dando muestras fehacientes de genuina impunidad. Se llama a creer a ciegas en un futuro de paz para Colombia, mientras el Congreso de la Repblica aprob una de las reformas ms violentas en materia tributaria, que con seguridad profundizar las precarias condiciones de vida de las clases populares, sumado al miserable salario mnimo impuesto por decreto bajo la tutela pasiva de la expresidenta del Polo Democrtico. Todas ellas, junto a otros tantos acontecimientos que pasan a veces desapercibidos, son evidencias incontrovertibles de una realidad que nos mantienen en profundo escepticismo y en disposicin de lucha.

En nuestra primera entrega, dejamos sentados algunas posturas y puntos de preocupacin en relacin con el tratamiento a los crmenes de Estado pactados en la Habana, los cuales pretendemos ampliar, incorporando algunos elementos de la ley aprobada en Congreso sobre amnistas e indultos.

1- El conflicto armado: un sofisma para encubrir la razn del terrorismo de Estado

Retomamos la reflexin dejada en punta en nuestra primera columna sobre la necesidad imperiosa de acotar qu conductas tienen relacin o no, con el conflicto armado en Colombia; pues pareciera entenderse que toda actuacin Estatal respondi a la necesidad de confrontar la complejidad de la guerra; lo cual no permite realizar un verdadero descubrimiento de aquellas polticas que se dirigieron a garantizar la profundizacin de un sistema econmico que requiere la concentracin de las tierras y los recursos naturales, la precarizacin laboral y la eliminacin de la resistencia incluso no armada, usando para ello no slo la ley y la crcel, sino tambin las armas en manos de las poderosa fuerza oficial y paramilitar.

Reza el acuerdo que se entender por delitos cometidos por causa, con ocasin o en relacin directa o indirecta con el conflicto armado, aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisin, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisin de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometi (5.1.2. numeral 9); definicin que permite justificar prcticas propias del Terrorismo de Estado, desdibujando sus reales motivaciones. Recurdese por ejemplo, que toda la persecucin desatada por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, contra la oposicin en Colombia, que consisti no solamente en la interceptacin de comunicaciones y seguimientos, sino tambin en amenazas, desprestigio, neutralizacin, montajes judiciales, intercambio de informacin con estructuras paramilitares, entre otras acciones perversas; se basaron en el acuado concepto de la guerra jurdica y poltica, segn el cual, las vctimas de estos crmenes, cumplan designios de la insurgencia y al igual que sta producan bajas a las fuerzas estatales. Es decir, que de acuerdo con la definicin del punto 5.1.2 numeral 9, podra tener relacin directa o indirecta con el conflicto. La misma situacin se presenta con la persecucin brutal que ha ocasionado asesinatos y el exilio de sindicalistas y otros activistas, tachados primero de guerrilleros y luego victimizados.

Similares preocupaciones nos genera la ambigedad del concepto y su aplicacin a las ejecuciones extrajudiciales (conocidas mediticamente como falsos positivos), mxime cuando el otros al acuerdo se ocup de precisar que el tratamiento diferencial a los agentes estatales, valorar lo establecido en las reglas operacionales de la fuerza pblica en relacin con el DIH. Bien es sabido que una de las principales reclamaciones de los militares a la justicia ordinaria ha consistido en que los jueces y fiscales desconocen el derecho operacional y las reglas de la guerra en general y han defendido una particular interpretacin del DIH, que desdibuja los principios de necesidad, proporcionalidad y distincin, mientras autoriza el uso de la fuerza y las armas ante lo que consideran portadores de hostilidades.

En los numerosas audiencia pblicas a los que como representantes de vctimas acudimos desfilaron expertos que defendieron la legalidad y legitimidad del asesinato de civiles pasadas como supuestas bajas en combate, con el argumento de estar amparadas en rdenes de operaciones basadas en presuntos informe de inteligencia. De hecho, el libreto defensivo construido en todos los casos de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) en el pas, siempre ha estado basado en el derecho operacional, que permite a los uniformados disparar contra lo que definen como una amenaza. En este sentido, no sorprende que la Jurisdiccin especial para la paz, se convierta en un nuevo escenario u oportunidad de litigio, en aquellos casos en que los familiares de las vctimas lograron superar las fuertes barreras de la injusticia obteniendo sentencias condenatorias; convirtindose hoy el derecho operacional en una efectiva tabla de salvacin, no slo para quienes ejecutaron la accin criminal, sino tambin para quienes la disearon.

Sobre la patente de corso que significa el derecho operacional para las fuerzas armadas, es muy diciente el hecho presentado en noviembre del presente ao, cuando dos jvenes de las FARC que se dirigan a las zonas de reagrupamiento fueron asesinados por el Ejrcito. Segn el comunicado difundido por el Mecanismo tripartito de Monitoreo y Verificacin (MM&V) del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, ambas partes violaron los protocolos; pues por un lado su desplazamiento no haba sido ni informado ni coordinado y por el otro "la Fuerza Pblica abri fuego contra los miembros de las FARC sin mediar otra accin, debido al convencimiento insuperable de que estaban ejecutando una accin contra el ELN".

Pese a que ninguno de los integrante del Mecanismos parece haber presentado objecin alguna a la cuestionable repuesta del ejrcito, s resulta muy pertinente sta, a efectos de ilustrar la preocupacin expuesta en lneas anteriores, resaltando de ah, que para las fuerzas militares es natural, acorde a su propio derecho, abrir fuego contra quien considera un blanco legtimo, an cuando ste no represente ningn tipo de peligro y se pueda acudir a otros medios menos drsticos para contrarrestar a quien considera su enemigo. Conforme al DIH (aunque s conforme al derecho operacional), las fuerzas armadas del Estado, no pueden asesinar a sus anchas a quien asume como miembros del ELN, ni siquiera siendo ello cierto.

El principal problema en este punto no es jurdico, aunque habr efectos en este campo. El riesgo real est en qu tipo de verdades se construyen y si realmente este nuevo escenario, que no est precedido de una caracterizacin del conflicto, ni de un reconocimiento estatal de responsabilidad en las masivas y sistemticas violaciones de derechos humanos cometidas contra amplios sectores de la poblacin; lograr develar cules son las transformaciones necesarias para la construccin de esa sociedad en paz con justicia social que se promete. Dicho de otra manera, si el conflicto armado motiv la desaparicin forzada de luchadores del pueblo, su asesinato, exilio, amenazas, persecucin, el despojo de tierras, entre otros mltiples crmenes atroces, la terminacin de ste es la solucin; sin embargo, la realidad dice otra cosa.
De all surge nuestro primer llamado a quienes integren la Jurisdiccin Especial para la Paz y la sociedad en general, a romper el sofisma del conflicto armado, a realizar un anlisis consciente de las violaciones a los derechos humanos y sus beneficiarios, y a seguir explorando frmulas de justicia para los responsables de stas. A menara de corolario.

2- Justicia restaurativa y participacin de las vctimas de crmenes de Estado

Los mecanismos de participacin efectiva de las vctimas en la JEP no son claros. Aunque en el Acuerdo se habla numerosas veces de la centralidad de stas, su real intervencin se concreta en:

a- La posibilidad de organizaciones de vctimas de presentar informes ante las salas de reconocimiento de verdad;

b- A presentar recursos ante la Seccin de Apelaciones, respecto de las sentencias;

c- Finalmente se indica que el Tribunal para la paz podr acordar que el juicio contradictorio se efecte en Audiencia Pblica en presencia de las organizaciones de vctimas.

Como se observa en una verdadera burla para las vctimas de crmenes de Estado en la medida que vern atnitos la salida de miles de militares responsables de crmenes de Lesa contra la humanidad.

Resulta necesario que en la reglamentacin del funcionamiento de la JEP este aspecto se regule. Lo contrario desdice del carcter restaurativo que se predica, pues ningn escenario puede calificarse como tal, cuando la parte que busca ser reparada no cuenta con mecanismos de participacin protagnica.

En el manual sobre Programas de Justicia restaurativa de las Naciones Unidas se plantea que Un proceso restaurativo se define como todo proceso en que la vctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito participen conjuntamente de forma activa en la resolucin de las cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador

Si bien se determina que las comunidades podrn plantear formas de reparacin colectiva, es claro tambin que las medidas hasta el momento definidas para ello, estn todas relacionadas con la implementacin de los Acuerdos, con los que eventuales de vctimas y organizaciones afectadas, que no comparten lo definido entre el Gobierno y las FARC, no se veran recogidos; situacin que constituye un nuevo recodo en la caracterizacin de la justicia restaurativa.

Pese a que existen inconsistencias serias entre las denominaciones jurdicas, sus contenidos y alcance, nuestros anlisis van dirigidos a animar la continuacin de bsqueda de escenarios de verdad, justicia y reparacin de las vctimas de crmenes de Estado (no todas vctimas del conflicto armado), a seguir haciendo uso de la creatividad y la persistencia que ha logrado hacer mella en aquellas instancias, que llevan la impronta del Estado y por tanto buscan la impunidad de sus atrocidades.

3- Las garantas de no repeticin

Como lo hemos advertido en otras columnas de opinin, no se ha realizado un ejercicio de caracterizacin del conflicto que ha afectado a Colombia las ltimas dcadas. Ello impide identificar causas, responsabilidades y con mayor veras, las garantas de no repeticin. Adicionalmente, el Acuerdo de Cuba, presume la legitimidad y legalidad de la accin estatal.

No existen medidas de depuracin de la fuerza pblica, ni eliminacin de la doctrina militar que ha causado muertos y desaparecidos por miles. Sumado a esto, varias de las medidas de no repeticin pactadas en la Isla, son y han sido siempre obligaciones formales del Estado: Garanta de derechos constitucionales, garanta a la defensa de derechos humanos, garantas del derecho a la participacin y a la protesta social, etc, las cuales han sido incumplidas desde siempre.

El homicidio de 114 activistas populares en los ltimos meses, cuya sistematicidad sorprendentemente se niega desde la Fiscala General de la nacin, deja mucho que pensar sobre las verdaderas intenciones de las clases dominantes de no repetir las prcticas que han generado terror en todos los rincones del pas. Es evidente que se mantienen las distintas formas de represin que han caracterizado el terrorismo de Estado. Lo que los ltimos acontecimientos han mostrado es que las minoras que ostentan el poder tienen acuerdos fundamentales y aun cuando disienten en algunos aspectos o decisiones, ninguno de ellos atenta contra los intereses de su propia clase. El paramilitarismo latente en Colombia, ha respondido a la defensa de stos y pese a que desde la institucionalidad se niega y se procuran mostrar acciones de combate a su accionar criminal, la realidad se encuentra decantada; por eso no podemos hacer distincin entre un sector ms o menos violento o creer que uno sabotea las intenciones de paz del otro mediante el arrasamiento de lderes sociales. En tal sentido, para hablar de garantas de no repeticin, no bastan las manifestaciones genricas contenidas en el Acuerdo sobre este aspecto.

De otro lado, la violencia estructural, que hoy cobra ms vigencia que nunca, consecuencia exclusiva de un sistema econmico que se ha impuesto en el pas a sangre y fuego, no fue siquiera valorada, pues hizo parte de las lneas rojas del gobierno en la negociacin con las FARC. La muerte por hambre y falta de asistencia en salud, por la miseria que ronda por doquier, as como el asesinato de lderes sociales y personas humildes, siguen y seguirn siendo parte de la realidad del pas. (Ver sobre el tema anlisis realizado por Carlos Alberto Ruiz Socha en https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2016/12/lo-que-viene-afrontar-la-paz-mcdonalds.html).

Sin transformacin del modelo econmico ni la doctrina de guerra, difcilmente puede hablarse de la no repeticin de los crmenes de Estado. Esto de entrada nos permite concluir que ser la resistencia del pueblo la nica que permitir cambiar el rumbo de la historia. Las conquistas y transformaciones radicales en el mundo, han sido producto de la lucha de las mayoras.

4- Algunas preocupaciones sobre la ley de amnista

La amnista y el indulto son figuras aplicables a delitos polticos y conexos, la primera tiene efectos de extincin de la accin penal y la segunda, de la pena. Aunque se dice que no se extendern tales instituciones jurdicas a los agentes del Estado, para ellos se aplicar en la prctica los efectos de una ley de punto final y olvido por cuantose extingue la accin penal, la responsabilidad penal y la sancin penal (Art. 45 PL.01 F.T) por delitos relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado. No hace falta un profundo anlisis de estas frmulas para concluir que igual que en las dictaduras del cono sur, habr auto-indulto y auto-amnista, indistintamente de la nominacin de la salida jurdica. Lo que veremos es la liberacin masiva de los soldados profesionales y mandos medios de las fuerza militares que dispararon contra personas humildes mientras que los altos mandos que conocan de estos crmenes no sern juzgados quebrantndose el principio de la responsabilidad por cadena de mando propio del derecho penal internacional.

Pese a que en el proyecto de ley se pregona que la renuncia a la accin penal no proceder por delitos de lesa humanidad, genocidio, ejecuciones extrajudiciales, torturas, entre otros, tal como lo advierte Human Rigth Watch (HRW) en su comunicacin al presidente de la repblica, varias categoras legales que no tienen un correlato explcito en la legislacin colombiana, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, lo que constituye una ambigedad preocupante, si se tiene en cuenta lo ya indicado sobre el concepto tambin ambiguo y amplio de conflicto armado y el tratamiento diferencial a los agentes del Estado que impone tener en cuenta el derecho operacional.

Se dispone igualmente en el Proyecto de ley que los agentes estatales que se encuentren privados de la libertad hace cinco aos o ms, podrn salir en libertad inmediata una vez entre en vigencia la norma; lo que acompasado con los anuncios recientes del Ministro de Defensa sobre los 1.200 militares que podran obtener este beneficio, refuerza nuestros temores en punto de la escasa reflexin o inters que hasta el momento ha merecido establecer qu se cometi o no en el marco del conflicto armado.

De otra parte, el proyecto plantea que Las resoluciones adoptadas por la Sala de Definicin de Situaciones Jurdicas podrn ser recurridas en reposicin ante la misma Sala, y en apelacin ante la Seccin de Apelaciones del Tribunal para la Paz nicamente a solicitud del destinatario de la resolucin, lo que indicara que las vctimas estaran excluidas de dicha posibilidad. Esto se suma a la poca claridad sobre los mecanismos de acceso que tendran en otros estadios procesales.

Lamentablemente observamos que el escenario para las vctimas de crmenes de Estado no es el mejor. Ad portas estn de ver, como convidados de piedra, la adopcin de decisiones trascendentales como la libertad de los autores de stos, pues conforme al procedimiento previsto en el proyecto, una vez recibidas la listas consolidadas por el Ministerio de Defensa el Secretario Ejecutivo de la Jurisdiccin Especial para la Paz comunicar al funcionario que est conociendo la causa penal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiado, para que proceda a otorgar la libertad transitoria condicionada y anticipada a que se refiere el artculo anterior, funcionario quien de manera inmediata adoptar la accin o decisin tendiente a materializar la misma. El incumplimiento de lo aqu dispuesto constituye falta disciplinaria.

Todo pareciera que la lucha contra la impunidad de crmenes de Estado ser ms difcil de lo que ha sido hasta el momento. Abruma el silencio cmplice de las organizaciones de derechos humanos silenciadas por los condicionamientos de la cooperacin internacional que impone hablar de paz por encima de la exigencia de verdad y castigo para quienes desde las instituciones del Estado aplicaron polticas fuertemente represivas contra el movimiento popular, prcticas de terror que se justifican hoy con una perversa definicin de conflicto armado.


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