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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-01-2017

La Posdictadura prolonga histrica impunidad

Juan Pablo Crdenas S.
Diario U de Chile


Mientras en Amrica Latina y el mundo los dictadores y terroristas de estado son ajusticiados o mueren en la crceles, aqu se los favorece con privilegios judiciales a objeto de dejarlos libres, rebajarles sus penas e, incluso, procurar el cumplimiento de sus sentencias en sus propios domicilios. Se sabe que no son pocos los asesinos y torturadores que, confesos y habiendo colaborado con el esclarecimiento de los crmenes cometidos, recibieron la indulgencia de los jueces con el asentimiento de los abogados de Derechos Humanos, quienes siempre creyeron preferible la verdad al castigo que stos se merecan. De esta forma, los que fueron condenados a cadena perpetua son delincuentes que en todo momento negaron su autora criminal, al mismo tiempo que se resistieron a colaborar con la justicia y, con su informacin, dar alivio a aquellas miles de familias que perdieron a sus seres queridos y hasta ahora buscan el paradero de los miles de detenidos desaparecidos.

Sabemos perfectamente que muchos de los que se alzaron contra el orden establecido, bombardearon La Moneda y organizaron los ms siniestros campos de concentracin y exterminio resultaron sin ser siquiera imputados por los Tribunales. Tal como ocurriera con el principal responsable de todo el horror quien fuera rescatado de un juicio internacional que, sin duda, lo habra condenado ejemplarmente. Cuando, adems de asesino, se le demostrara posteriormente ser un gran ladrn y malversador del erario fiscal. Favorecido por una repatriacin solicitada por nuestras autoridades que, como quedara demostrado, no tuvo el propsito de juzgarlo en Chile, sino garantizarle su libertad y hasta brindarle esas solemnes exequias. Con la presencia, para colmo, de la propia ministra de Defensa del primer gobierno de Michelle Bachelet.

A lo anterior, se suma la decisin de los gobiernos democrticos de recluir a los que resultaran ser procesados en dos recintos carcelarios verdaderamente de lujo, si se los compara con los penales donde son recluidos y hasta fallece un sinnmero de condenados por delitos de mucha menor envergadura que los cometidos por estos tenebrosos agentes del Estado. El hecho que, ahora, dos o tres cobardes hayan reconocido sus delitos a objeto de lograr su excarcelacin solo es excepcional en la actitud asumida por la generalidad de los condenados renuentes a reconocer su responsabilidad y ofrecer un mnimo acto de constriccin. Actitud que bien se explica en la posibilidad de mantener sus rangos, pensiones y granjeras como uniformados, adems de estar en un recinto donde pueden recibir, con bastante holgura, a sus familiares y amigos. Como, desde luego, bien auxiliados en cuanto a su salud, como salvaguardados en caso de ser vctimas de cualquier atentado.

Qu agraviante diferencia, sin duda, con la de los homicidas comunes, narcotraficantes y otros que, habitualmente, terminan sus vidas en la miseria econmica y espiritual. Mientras que stos hasta reciben la piadosa visita de sacerdotes que, como en el caso de un Mariano Puga, tanto se destacara en la defensa y acogida de las vctimas de la represin pinochetista.

Entre quienes lideran estos actos de unilateral clemencia en favor de los ex agentes de la Dina o la CNI, por cierto destacan figuras polticas que en 1973 alentaron el Golpe Militar y hasta lo justificaron por mucho tiempo ante el mundo. Tal como podemos descubrir a abogados y otros que se favorecen de la defensa bien remunerada de estos criminales. Tampoco podramos soslayar, asimismo, la accin de quienes fueron los ms vociferantes polticos de la Unidad Popular u otras organizaciones de izquierda, y que ahora de seguro- estn agradecidos de haber salvado con vida, cuando haber crecido en las oportunidades que les brindara el exilio. Se trata, sin duda, de la manifestacin ms sofisticada y pattica de ese sndrome de Estocolmo en que las vctimas de la represin terminan sojuzgadas por tus torturadores.

Es preciso, tambin, consignar que en estos actos de clemencia se esconde el propsito de ciertos medios de comunicacin y de algunas instituciones de salvar impunes, tambin, de la justicia, ya sea por sus complicidades o activa participacin en estos actos deleznables contra la vida. En particular, los de aquella Operacin Cndor y otras operaciones criminales alentadas y tergiversadas por El Mercurio y otros peridicos que ahora gozan de todo tipo de consideraciones de parte de los gobiernos de la Posdictadura.

Sabido es que lo que demandan las vctimas es justicia y no revanchismo. De otra forma no se entendera que no pocos criminales y cmplices de la Dictadura disfruten de plena libertad y ocupen hasta hoy altas funciones dentro de las instituciones del Estado. En ms de 26 aos, solo tenemos un par de atentados contra la vida de los grandes instigadores o ejecutores de estos crmenes de lesa humanidad. Lo que no se condice siquiera con lo acontecido en nuestra propia historia y que se expresara, por ejemplo, en la ejecucin de un Diego Portales, como en la forma en que fueron ultimados algunos conquistadores espaoles, como el propio Pedro de Valdivia. Aunque, ciertamente, son las amnistas y los indultos, tambin, los que prevalecieron despus de horrendos episodios como el de la Escuela de Santa Mara de Iquique, Ranquil, la colonizacin de Magallanes y la propia pacificacin de nuestra Araucana.

Muchas veces se asegura que nuestra trayectoria republicana est salpicada de crmenes y vergonzosas impunidades. A respecto, no es tan relevante que haya algunos criminales que logren morir al abrigo de sus propios hogares despus de largos aos de reclusin, cuando ya estn en estado terminal o efectivamente enajenados mentalmente. Lo ms inaudito de todo esto es que tantos hayan escapado de la justicia en virtud de la Ley de Amnista de Pinochet, la abyeccin de muchos jueces y la desidia de autoridades que hoy se enseorean en la poltica gracias a que el propio Dictador les abriera espacio para sucederlo. Agradecidos, seguramente, de los galones que les dio haber sido perseguidos por ste, para ser catapultados al poder, despus, gracias a los acuerdos cvico militares. Adems de su oportunista accin como mediadores de esa hipcrita reconciliacin sin verdad, justicia y reparacin efectiva a las miles de vctimas, los que hasta aqu solo han recibido algunos mendrugos de parte del Estado. Mientras que, por el contrario, a los efectivos de las Fuerzas Armadas se les han prolongado sus ms agraviantes privilegios.

Repudiando, sin reservas, esta campaa bien orquestada para que los criminales de Punta Peuco puedan cumplir sus sentencias en sus hogares, mucho ms tememos que la prctica de la impunidad vaya a prolongarse, ahora, con los crmenes cometidos por las nuevos agentes del Estado. Que puedan llegar a favorecer, por ejemplo, a quienes mataron, torturaron y violaron a cientos de nios del Sename; cuando ya son liberados los grandes responsables de los delitos de colusin y tantos otros que en la prctica matan a cientos o miles de chilenos que no pueden adquirir sus carsimos medicamentos o llevan a millones de trabajadores al cadalso de las pensiones AFP.

Cuando se puede observar el accionar de nuestra policas en los alevosos homicidios de mapuches y en la forma en que de reprime en todo Chile el descontento social. Haciendo caso omiso La Moneda, por ejemplo, de la terrible situacin de los mineros de Curanilahue, que han debido pasar las fiestas de fin de ao en la profundidad de una mina, en su angustiosa demanda por mantener su fuente de trabajo.

http://radio.uchile.cl/2017/01/03/la-posdictadura-prolonga-historica-impunidad/



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