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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-01-2017

La cooperacin espaola al desarrollo en tiempos de incertidumbre

Ricardo Gayol
Rebelin


Un escenario global de deterioro de derechos

El Estado espaol vive un momento de cambios histricos que deberan consolidarse nicamente desde la accin de base y popular, desde los movimientos y organizaciones sociales, y la accin institucional y parlamentaria. El reto no es nada fcil pues las fuerzas conservadoras, herederas del rgimen del 78, y a su vez del franquismo institucional, an ostentan el control de la mayora de esas instituciones del Estado y autonmicas, as como del poder meditico, para mayor fortuna an de las empresas del Ibex 35 y otras.

Existe una enorme presin sobre las clases populares de todo el mundo y Espaa no es una excepcin en esta fase superior del capitalismo que es el neoliberalismo, con consecuencias desastrosas como la prdida de derechos de todo tipo (sociales, laborales y humanos), el empobrecimiento generalizado a favor de un mayor enriquecimiento de la minora concentrada en el poder econmico, y el deterioro medioambiental de forma prcticamente irrecuperable. Y al mismo tiempo asistimos a una peligrosa deriva social y poltica hacia la extrema derecha en la que quienes sienten que van perdiendo esos derechos creen ver la solucin a sus problemas.

La cooperacin al desarrollo no tiene como propsito resolver problemas globales como la pobreza, el cambio climtico, la crisis energtica o la crisis alimentaria; es tan slo una expresin de la solidaridad internacional, que tiene por objeto compensar mediante la transferencia de recursos a los pueblos y pases empobrecidos por el efecto del enriquecimiento de otros, tratando as de equilibrar una imaginaria balanza global, y con ello promover su desarrollo.

Pero tanto el concepto de cooperacin como el de desarrollo estn en crisis y como mnimo deben ser cuestionados y debatidos.

En el caso del Estado espaol, el objetivo original de la cooperacin casi nunca se ha cumplido, ni siquiera en el propsito, y en la actualidad es fundamentalmente una poltica de proyeccin comercial de las empresas espaolas hacia el exterior, o simplemente un instrumento asistencial, que nada cambia la realidad global.

Por otro lado cabe cuestionarse si el trmino desarrollo debe referirse nicamente a nuestro modelo de crecimiento desarrollista, extractivista, dependiente de una sociedad de consumo, y depredador de materias primas, personas y pueblos enteros. Cabe cuestionarse si queremos para otros pueblos el modelo de desarrollo que oprime y esclaviza a nuestra propia poblacin; o si los pueblos deben ser soberanos para determinar su propio modelo.

La burbuja de la cooperacin espaola

En este escenario las organizaciones sociales que se ocupan de la cooperacin al desarrollo, las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), deberan jugar un papel estratgico, por su experiencia, su visin global y su capacidad de incidencia ante unos problemas de carcter estructural que ya afrontaron con anterioridad en otras latitudes, como Amrica Latina. Pero este sector se encuentra tambin en crisis de sostenibilidad y de identidad, tras ms de dos dcadas de subvencionismo y gran dependencia econmica, que ha puesto en jaque su esencia crtica y solidaria.

Efectivamente parece que el boom de la cooperacin durante los aos 90 y primera dcada de este siglo, ha sido una burbuja, simultnea a la burbuja econmica en que viva todo el pas, y como tal acab explotando. Esto lo podemos visualizar mejor si vemos cmo ha crecido y decrecido repentinamente la cooperacin en ayuntamientos cuyos presupuestos se elevaron en algunos casos de forma desproporcionada, a partir de la puesta en marcha de las polticas econmicas del mal llamado milagro Aznar con la liberalizacin del suelo pblico en 1998 para propsitos inmobiliarios, coincidiendo todo ello con la fuerte inyeccin de dinero procedente de la Unin Europea, y los bajos tipos de inters, con la consecuente facilidad de acceso a prstamos bancarios.

As es que buena parte del sector ha vivido trabajando muy laboriosamente, pero al mismo tiempo dentro de una burbuja, que adems le encapsul del resto de la sociedad en buena medida. Hasta que la burbuja revent, y muchas ONGD acabaron desapareciendo, o an estn asumiendo el efecto noqueador del golpe.

Un contexto marcado por la desigualdad global

Hoy vivimos en el Estado espaol una realidad poltica y social muy interesante, tal vez con menos movilizacin social, pero con nuevos protagonistas en las instituciones y en el escenario parlamentario, con una correlacin de fuerzas hasta ahora desconocida, y por lo tanto con nuevas oportunidades para una verdadera transformacin social.

A nivel global observamos que el actual sistema de mercado globalizado arroja unos datos escalofriantes en cuanto a justicia y equidad global. Nunca la brecha entre pases ricos y pobres fue tan abismal, muy a pesar de los ms de 50 aos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Y jams fue tampoco tan profunda la brecha entre personas ricas y pobres dentro de los mismos pases. La cantidad de personas, familias y comunidades que se van quedando excluidos del sistema, es cada vez mayor, en la misma medida que el capital y los recursos en general tienden a concentrarse cada vez ms en las grandes fortunas, con la complicidad total de gobiernos, y medios de comunicacin.

Frente a esta situacin, se sigue teniendo en cuenta el viejo concepto del 07% de la Renta Nacional Bruta (RNB), como aporte necesario por parte de los pases ms desarrollados, aprobado por Naciones Unidas en 1970, para satisfacer las necesidades bsicas de toda la poblacin mundial y as acabar con la pobreza. Pero dado el ritmo acelerado de profundizacin en la brecha entre pases ricos y pobres desde esa fecha, y los graves problemas aadidos como las actuales crisis globales alimentaria, energtica, ecolgica y financiera, esta cifra se ha quedado muy alejada de la realidad, y resulta necesaria su revisin, su actualizacin.

Pero an a pesar de que ese 07% es una cifra ya superada por las necesidades, este objetivo jams se cumpli y va en receso: el Estado espaol ha pasado de invertir un 0,46% de su riqueza en lucha contra la pobreza en 2009 a slo un 0,13% en 2015, frente a la media de los pases de la Unin Europea, que es del 0,47%. Pases como Grecia, Irlanda, Portugal o Italia hacen un esfuerzo mucho mayor. Recordemos que aqu hablamos de porcentajes sobre la riqueza del pas, de la Renta Nacional Bruta, por lo tanto puede haber crisis o no, y puede haber crecimiento o no, pero el porcentaje y por lo tanto la actitud y voluntad poltica, sera el mismo.

En 2016 el porcentaje de la AOD subi levemente, situndose en el 0,21% de la RNB; pero hay que sealar que en este leve aumento se incluye la contribucin obligatoria a la Unin Europea (UE) y otros organismos financieros internacionales, en los que el Estado espaol tiene muy escasa o nula capacidad de incidencia. Y sucede que de toda esa AOD slo una mnima parte va destinada a promover los derechos humanos o generar transformacin para el bienestar en la vida de las personas, y muestra de ello es que el presupuesto de la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional al Desarrollo (AECID) en lugar de aumentar como el resto de la AOD, se reduce en 1,7 millones de euros con respecto al ao anterior.

De hecho la mayor parte de esta AOD tiene un carcter que se distancia mucho de lo que entendemos por solidaridad y justicia global, y sirve ms para proyectar esa marca Espaa de empresas e inversiones en el exterior, concibiendo as la pobreza como un extraordinario nicho de mercado del que se puede hacer negocio. De tal forma que el 65% de la AOD es gestionada por los ministerios de Economa y de Hacienda, mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacin (organismo que en teora es el que debera gestionar principalmente las polticas de cooperacin internacional) gestiona apenas el 34%. En 2011 esta relacin era justamente la inversa. La excusa es que estos ministerios gestionan instrumentos de movilizacin de recursos con carcter reembolsable como el Fondo para la Promocin del Desarrollo (FONPRODE ) por lo que no se genera dficit pblico. Recordemos que estos fondos son crditos blandos, que generan deuda externa para los pases destinatarios, y tienen como objetivo fundamental la promocin de la economa espaola en el exterior. Este fondo, de acceso arbitrario para empresas, ha contado en 2016 con la nada despreciable cantidad de 375 millones de euros.

En cambio, la parte de la AOD del Estado espaol que se canaliza a travs de la AECID (que es de hecho el organismo especializado para gestionar la cooperacin) se redujo en los ltimos aos de forma drstica, y en consecuencia, el fondo dirigido a la gestin de la cooperacin a travs de las ONGD para 2016 fue de 17,8 millones de euros, una cantidad ridcula si la comparamos con cualquiera de los ejercicios anteriores a 2011. Es importante mencionar tambin que esta aportacin no sale de la voluntad poltica del gobierno, sino de solidaridad de la ciudadana que ha elegido marcar la casilla de Fines Solidarios en su declaracin de la renta, por lo que su disponibilidad siempre est supeditada al resultado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas (IRPF).

Por si fuera poco, se cierne sobre la AECID una grave amenaza que debe resolver lo antes posible, debido a la aplicacin de la Ley 40/2015 del 1 de octubre de Rgimen Jurdico del Sector Pblico que establece un nuevo ordenamiento del sector pblico y supone la extincin de las Agencias Estatales, debido, segn la exposicin de motivos, a que su autonoma resulta ineficiente y excesivamente costosa. Esa misma ley establece un plazo de tres aos para la transformacin de las agencias o su extincin. Hasta la fecha no sabemos en qu medida afectar esto a la AECID. Previsiblemente no desaparecer, pero s sufrir notables transformaciones.

Tiempos de indefinicin en la cooperacin descentralizada

En cuanto a la cooperacin descentralizada hay que reconocer que desde sus orgenes fue una apuesta muy interesante de la ms directa participacin ciudadana, que permiti concienciar a la poblacin y organizarse sobre las causas de la pobreza, y conocer ms all de los problemas del barrio o el pueblo, gracias al doble acercamiento, por un lado de la realidad de aquellos pueblos en lucha o empobrecidos que requeran la solidaridad internacional, y por otro lado de la gestin misma de la solidaridad que habra que emplearse en forma de cooperacin al desarrollo desde las instituciones locales y autonmicas.

Pero algo fall en esa extraordinaria motivacin ciudadana inicial en la participacin en los consejos locales y regionales o autonmicos de cooperacin, y tambin en las ONGD y pequeas asociaciones de amistad y comit de solidaridad, porque con el paso del tiempo, la propia ciudadana implicada fue desinteresndose y distancindose hasta el punto de que cuando lleg la crisis no quedaba ya casi nadie para defender las polticas pblicas de solidaridad internacional y cooperacin para el desarrollo.

Despus, con las elecciones del 22 de mayo de 2011, la derecha ms reaccionaria e insolidaria encarnada en el Partido Popular, obtuvo amplias mayoras en casi todos los grandes municipios y gobiernos autonmicos (Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y Len, Valencia, Madrid, Galicia, Murcia, La Rioja). Durante los 4 aos de su mandato, con la excusa de la crisis financiera, la poltica pblica de cooperacin al desarrollo desapareci bruscamente y casi por completo en la mayora de todos esos gobiernos tanto municipales (Madrid, Sevilla, Valencia, etc.), como autonmicos (Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid, Cantabria, etc.). Esta fue una poca nefasta para la cooperacin descentralizada y para muchsimas ONGD, algunas de las cuales acabaron desapareciendo, incluidas algunas organizaciones pioneras del movimiento de solidaridad internacional. La mayora de ellas tuvo que moderar su discurso crtico o ceirse a lo necesario para simplemente sobrevivir, prcticamente como meras gestoras de proyectos, totalmente institucionalizadas.

Pero desde las elecciones del 24 de mayo de 2015, con la irrupcin de nuevos actores en el escenario poltico municipal y autonmico o regional, las cosas van cambiando poco a poco para la cooperacin al desarrollo, aunque no lo suficiente, ni en cantidad ni en calidad. Una vez establecidas las nuevas corporaciones locales y los gobiernos autonmicos, y debido a los tiempos largos de la administracin, 2015 fue an un ao casi perdido para la cooperacin, si acaso til para la preparacin y definicin o recuperacin de las polticas e instrumentos ligados a la solidaridad internacional y la cooperacin. Por otro lado, la mayora de los nuevos gobiernos locales y autonmicos, dedicaron sus primeros esfuerzos a resolver las necesidades y emergencias locales, que ms demanda tenan por parte de la sociedad. Lo de afuera poda esperar un poco, ms an cuando no haba una fuerza social aglutinada para defender la urgencia de recuperar las polticas pblicas de cooperacin. Segn el anlisis que hace la Coordinadora de ONGD Estatal (CONGDE), la AOD de las Comunidades Autnomas y Ayuntamientos se redujo ms de un 12%, producindose la mayor cada en los gobiernos autonmicos, que descienden un 16,46% (22 millones de euros menos), frente a un descenso del 3.7% en las aportaciones de las Entidades Locales (2 millones de euros), acumulando as un descenso de la cooperacin por encima del 70% desde el ao 2011.

Muchas entidades locales han dejado de lado definitivamente la cooperacin al desarrollo y la solidaridad internacional, en vista tal vez de que no hay una demanda social fuerte en sus municipios; en la mayora de los casos han desaparecido las concejalas de cooperacin, y muchas de las de participacin ciudadana ya no dedican recursos de ningn tipo a la cooperacin. A ello contribuyeron indudablemente las dificultades impuestas por la aplicacin de la Ley de Racionalizacin y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, y la modificacin por el Partido Popular y el PSOE del artculo 135 de la Constitucin Espaola que supone un lmite al gasto pblico y prioriza el pago de la deuda a cualquier otro gasto en las distintas Administraciones del Estado.

Con cierta esperanza para la cooperacin en los llamados Gobiernos del Cambio

Los llamados nuevos Gobiernos del Cambio, en su mayora establecidos en ayuntamientos a los que llegaron a travs de candidaturas de unidad popular, formadas por movimientos sociales y ciudadanos, y algunas organizaciones polticas nuevas y veteranas (Podemos, Equo, IU, PUMJ, CHA, etc.), por su naturaleza de pluralidad y diversidad, una diversidad incluso orgnica, requieren algo ms de tiempo para lograr los consensos necesarios para el establecimiento de ciertas polticas. Tengamos en cuenta que en muchos de estos casos se trataba de candidaturas de naturaleza instrumental. Tal es el caso del Ayuntamiento de Madrid en materia de Cooperacin al Desarrollo, que slo a mediados de este mismo ao comenz a poner en marcha algunas de las polticas de cooperacin, solidaridad y derechos humanos, aunque la teora estuvo en el debate desde finales del ao pasado.

En los espacios institucionales de los Gobiernos del Cambio donde se estn estudiando nuevos enfoques para una poltica de cooperacin eficaz y solidaria, como los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia o Crdoba, por citar algunos, a pesar del retraso, se estn produciendo avances interesantes, en clave siempre de derechos universales sociales y humanos, teniendo un marco de definicin y actuacin fijado en los siguientes cuatro vrtices: la participacin ciudadana y la descentralizacin, la democratizacin de la cooperacin, la transversalidad y la coherencia de polticas para un desarrollo humano sostenible, toda vez que se concibe el problema no ya como un asunto de desarrollo y subdesarrollo sino de crisis global, por lo que se requiere la implicacin de todos los actores de la sociedad; primero para adquirir conciencia de ello, y segundo para tomar medidas y llevarlas a la prctica. La cooperacin entonces pasa a ser un asunto de toda la sociedad, porque las causas del empobrecimiento de una parte mayoritaria de la poblacin mundial se encuentran aqu, pero tambin en gran medida sus consecuencias y sus soluciones. La lucha contra la pobreza o el empobrecimiento, contra su origen, implica necesariamente luchar contra la riqueza que la genera. Se concibe, pues, una cooperacin solidaria para la transformacin y la creacin de una conciencia global, para la formacin del ciudadano universal.

De esta forma, las ONGD deben hacer un esfuerzo para salirse de la concepcin clsica de la cooperacin al desarrollo, subvencionista y asistencialista, muy poco transformadora; y para integrar esos otros actores, y al mismo tiempo para integrarse ellas mismas en los movimientos sociales de transformacin. De hecho, la CONGDE no es ajena a esta realidad y en la pasada Asamblea General adopt un camino de apertura a nuevas membresas y de confluencia social y estratgica con movimientos y sectores sociales, entendiendo que la cooperacin y la lucha contra la pobreza global es una cuestin de inters pblico y general, en la que las ONGD pueden y deben aportar mucho por su experiencia y conocimiento, pero no puede abordar la integralidad que se requiere.

De esos cuatro vrtices que fijan el marco de la nueva poltica de cooperacin en los Gobiernos del Cambio, las dos primeras implican la ms amplia participacin ciudadana y la democratizacin de la cooperacin, con la poblacin como protagonista desde sus barrios y distritos. En este caso son las ONGD las que pueden y deben contribuir a su impulso, junto con el impulso por parte de las personas responsables tcnica y polticamente de ello en las instituciones.

El tercero de estos vrtices, la transversalidad, se refiere tanto a lo social, que se relaciona directamente con el punto anterior, como a lo institucional y orgnico-administrativo; y esto junto con la necesidad de implementar una coherencia de polticas para el desarrollo humano sostenible, en el mbito estrictamente institucional, supone un reto importante, pero necesario. En la mayora de las grandes instituciones como los ayuntamientos de las capitales ms importantes, la administracin funciona a menudo con una lgica de departamentos estancos, con una relacin rgida entre las distintas reas administrativas y polticas sometidas a unos protocolos que los aslan entre s, y con unas inercias generalizadas que son muy difciles de modificar. Conviene ante esto introducir elementos de motivacin social y mucha pedagoga para tomar conciencia de la importancia de remar en la misma direccin en beneficio de una causa mayor que es el bienestar global, la cooperacin, la solidaridad y la lucha contra la pobreza, especialmente contra sus causas.

En conclusin, en los cambios de las polticas de cooperacin de los Gobiernos del Cambio la letra y la msica parecen muy bien escritas en la partitura, pero queda an mucho trabajo por delante, para conseguir que la orquesta suene con total armona en su interpretacin final.

Tmidos avances en las Comunidades Autnomas

En cuanto a las Comunidades Autnomas (CCAA), d espus del parn en aquellas que dejaron casi a cero la cooperacin, o la han eliminado por completo, como Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares o Valencia, con la excusa de la crisis financiera, y con la escasa o nula resistencia por parte del sector (ONGD) muy debilitado, se est produciendo una apertura de canales de comunicacin con las coordinadoras de ONGD y otros movimientos sociales, para tratar de recuperar o redefinir los instrumentos fundamentales de esa poltica, como la elaboracin de nuevos planes estratgicos o directores, la reactivacin de los consejos regionales o autonmicos, y la publicacin de convocatorias especficas para financiamiento de proyectos y programas de cooperacin, ayuda humanitaria y de emergencia, y acciones de sensibilizacin y educacin para el desarrollo o educacin para la ciudadana global.

En el mapa poltico de las CCAA tenemos casos en los que gobierna el PSOE en solitario, pero con el apoyo de Podemos (Castilla-La Mancha y Extremadura), o de Izquierda Unida (Asturias); casos en los que se ha conseguido formar gobierno de convergencia entre el PSOE y las distintas fuerzas polticas transformadoras (Podemos, Comproms, MES, CHA y EH Bildu), como Valencia, Aragn, Navarra o Baleares. Tenemos el caso de Andaluca donde el PSOE gobierna con el apoyo de Ciudadanos, aunque la gestin de la poltica de cooperacin es una cartera exclusiva del PSOE; el de Cantabria donde el regionalismo del PRC recupera el gobierno con el apoyo del PSOE y donde la cooperacin no acaba de recobrar la importancia que tuvo en su momento; y los casos en los que el PP gobierna en solitario con o sin el apoyo de Ciudadanos, como Murcia, Castilla y Len, La Rioja y Galicia. En Canarias gobierna Coalicin Canaria con el apoyo del PSOE, que concede una importancia lgica a la poltica de cooperacin, tanto por razones geogrficas como por que reciben en sus costas miles de refugiados subsaharianos. En Euskadi est el PNV al frente del gobierno y de una poltica de cooperacin siempre interesante e innovadora en muchos sentidos, pero insuficiente para las demandas de la sociedad vasca, siempre por delante, pionera y en la vanguardia de la solidaridad internacional. Y por ltimo en Catalua tenemos al gobierno del Junts pel S, que parece querer recuperar la funcin de la Agencia Catalana de Cooperacin que caus importantes desastres por impagos en los ltimos aos.

En Asturias donde gobierna el PSOE con un apoyo de investidura de IU, la cooperacin cuenta con los instrumentos bsicos, particularmente el Consejo de Cooperacin, el Plan Director y las convocatorias anuales de subvenciones a proyectos de cooperacin. El Plan Director finaliz en 2016, y se est trabajando uno nuevo, que sin duda recoger las bases ms importantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en buena medida sustituir en ese nuevo Plan a los antiguos y fracasados Objetivos del Milenio (ODM). Y en cuanto al presupuesto, la reduccin desde 2010 ha sido drstica, pasando de dedicar 13 millones de euros a 4,5 en 2015 y algo menos an en 2016. La tendencia sigue siendo el recorte de estas partidas, aunque es verdad que en los dos ltimos aos en un porcentaje mucho menor.

En la Comunidad Autnoma de Castilla-La Mancha, tambin gobernada en solitario por el PSOE, con el apoyo de investidura de los diputados de Podemos, el gobierno est tratando de recuperar la cooperacin, con bastantes dificultades, en primer lugar de tipo presupuestario, ya que sigue estando a la cola de las CCAA junto con Murcia, pasando de ser una de las regiones con ms financiamiento para la cooperacin llegando a destinar ms de 45 millones de euros anuales entre 2008 y 2011, a destinar poco ms de 2 millones de euros en el presente ao, y sin dedicar un solo euro para acciones de sensibilizacin y educacin para la ciudadana global, tan importantes o ms que las de proyectos cooperacin al desarrollo en el exterior, si slo consiste en una transferencia de recursos. Por supuesto, en comparacin con la legislatura anterior, esto es un avance importante, ya que representa un aumento del 172%, pero lo cierto es que el gobierno de Mara Dolores de Cospedal haba desmantelado casi por completo la cooperacin.

Tambin aqu se produjeron algunos retrasos, debido fundamentalmente a la escasez de recursos de la propia Direccin General de Accin Social y Cooperacin; y an est en marcha el proceso para la recuperacin del Consejo Regional de Cooperacin, un nuevo Plan Director o Estratgico, y un reglamento u Orden de Bases que sirva de marco para las prximas actuaciones.

En las Comunidades Autnomas de Valencia y Baleares, gobernada por PSOE y Comproms la primera y por PSOE y Podemos la segunda, estn poniendo bastante empeo en sacar adelante nuevos instrumentos para el desarrollo de la poltica de cooperacin internacional. En el caso de la Generalitat Valenciana ya hay sobre la mesa una nueva Ley de Cooperacin que modifica la anterior, aunque existen importantes crticas por parte de la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) que no vio recogidas algunas de sus propuestas y demandas; y este ao se abordar el nuevo Plan Director. Los fondos destinados siguen siendo escasos, y en ningn caso vamos a encontrar partidas que se acerquen en absoluto a las cifras anteriores al crack de 2011. Cabe destacar que en ambos casos, los puntos de referencia, de partida y de llegada, sern siempre los ODS, y de ah tal vez cada Plan o cada anualidad determine qu parte de esos Objetivos se pretende abordar. Y en gran medida se tendr en cuenta tambin la coordinacin de las polticas autonmicas de cooperacin con el Plan Director de la AECID, incluso con el Marco de Asociacin Pas de la Cooperacin Espaola (MAP) en cada pas.

El caso de Andaluca es diferente, ya que a pesar de tener el apoyo para su investidura de Ciudadanos, partido que no se caracteriza por defender ni apostar por la cooperacin al desarrollo, el gobierno cuenta con una agencia autnoma con mucha experiencia: la Agencia Andaluza de Cooperacin Internacional para el Desarrollo (AACID), que en 2016 consensu con el sector de la cooperacin, representado por la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) el nuevo Plan Andaluz de Cooperacin para el Desarrollo (PACODE) 2015-2018, muy ambicioso y completo, y que se complementa con instrumentos de seguimiento y evaluacin en el mismo Consejo Andaluz de Cooperacin Internacional para el Desarrollo, y con partidas presupuestarias anuales, a pesar de que an continan en descenso, pasando del 0, 17% del ao 2015 al 0,16% en 2016. El mayor problema que presenta la cooperacin de la AACID tiene que ver con la aplicacin de normas y leyes de otras consejeras del mismo gobierno, como la de Hacienda y Administracin Pblica, que limitan la capacidad de movilizacin de los recursos de la Agencia, e impide la normalizacin de los pagos para la ejecucin de los proyectos, lo que llega a poner en riesgo no slo la sostenibilidad de muchas organizaciones, sino sobre todo la propia viabilidad incluso la pertinencia de los proyectos. Recientemente adems, la propia CAONGD inici una campaa para exigir a la Junta de Andaluca el cumplimiento de su propio compromiso, en materia presupuestaria, ya que para este ao continuarn las restricciones econmicas, incumpliendo as con el PACODE.

La cooperacin extremea, gestionada por la Agencia Extremea de Cooperacin al Desarrollo (AEXCID) es un caso interesante. Esta Comunidad Autnoma est gobernada por el PSOE con el apoyo de investidura de Podemos que adems forma parte de algunas reas y direcciones de la Junta de Extremadura, como la propia AEXCID. La aplicacin de sus polticas de cooperacin y de sus instrumentos es exigente y rigurosa, y como en el resto de agencias de cooperacin, muy aparatosa en lo administrativo, y con una reglamentacin muy detallada. Pero en cambio desde el punto de vista poltico ofrece unas posibilidades de cooperacin que va ms all de la transferencia de recursos y del asistencialismo. Se trata de una cooperacin, como la andaluza, algo ms comprometida y solidaria.

Por su parte, el gobierno de Cantabria pas de un 0,08% del presupuesto para cooperacin en 2010 a un 0,01% en 2014, y elimin por completo la cooperacin gestionada a travs de las ONGD, exactamente igual que en el caso de la Regin de Murcia y Galicia, que cuentan con instrumentos y departamentos especficos pero dedican una nfima parte de los recursos a la realizacin de proyectos por la va participativa. En el caso por ejemplo de la cooperacin gallega, se aprob una partida, ya asignada, por la cantidad de 325.000 euros para proyectos de educacin para el desarrollo para dos aos, una cantidad absolutamente ridcula no slo comparndola con aos anteriores o con otras agencias, sino con las posibilidades reales de realizar proyectos efectivos con resultados mnimamente visibles y sostenibles.

Llama la atencin, por ltimo, la cooperacin de la Junta de Castilla y Len, una de las pocas comunidades autnomas que durante el perodo de la crisis desde 2011 mantuvo, con recortes importantes, claro, la poltica de cooperacin al desarrollo, y desde luego, la nica de ellas gobernada por el Partido Popular.

En algunos casos, y de forma ms notoria en determinados sitios, se da mayor cabida a las empresas privadas, incluso a grandes multinacionales, como nuevos agentes en las polticas de cooperacin internacional para el desarrollo, a travs de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE), que no es otra cosa que nuevas tcnicas de mrquetin y lavado de imagen, que por otra parte, no resulta coherente con una poltica pblica, de carcter no lucrativo, tratndose de empresas con objetivos comerciales, y en muchos casos con prcticas muy alejadas de lo que se pretende resolver, por lo que resulta muy llamativa la defensa que se hace desde algunos gobiernos autonmicos, de lo que es una parte del problema, hacindola pasar como parte de la solucin.

En general, nos encontramos en una nueva etapa en las polticas pblicas de cooperacin internacional para el desarrollo, caracterizada en primer lugar por la inestabilidad y la incertidumbre, y por los tmidos avances que slo suponen una leve recuperacin de la cooperacin de la pasada dcada, caracterizada por otra parte por su inflacin financiera y falta de coordinacin y eficacia.

Por otro lado vemos que como consecuencia de la reduccin drstica de los presupuestos de la cooperacin, al tiempo que se mantiene en alza la demanda por parte de las ONGD, el nivel de exigencia tcnica para obtener financiamiento de proyectos y programas es cada vez ms elevado, situando las valoraciones de corte en cotas histricas, como son los casos de la AECID, y la cooperacin vasca, andaluza, valenciana, extremea, etc.

Salvo las excepciones de los Gobiernos del Cambio en lo local, y de algunos casos puntuales de gobiernos autonmicos comprometidos con la solidaridad internacional, la cooperacin se encamina hacia una va ms asistencialista y menos comprometida, menos participativa, ms burocrtica y ms alejada de la ciudadana en general, lo que hace que las ONGD se mantengan tambin en una burbuja, con mucho potencial, capacidad, experiencia y conocimiento, pero muy distanciadas de la poblacin, y con serias dificultades de ejercer una pedagoga crtica.

La profesionalizacin del sector

Obviamente son legtimos y necesarios los controles sobre el dinero pblico, como no puede ser de otra manera, pero tal y como est estructurada la administracin, es tal el nivel de exigencia tcnica y administrativa, que obliga a las ONG a encerrarse en sus sedes sepultadas entre montaas de papeles, y limita mucho la labor social de las organizaciones, que es en definitiva la promocin de la solidaridad internacional y la cooperacin al desarrollo. Esto adems causa una destruccin del tejido social en ligado a conceptos globales como la lucha contra la pobreza global, lo que empobrece mucho a la sociedad, y la sita a expensas del populismo xenfobo.

Por otro lado, y ya en lo estrictamente tcnico, nos encontramos con que en la bsqueda de la eficacia y el control, se hace ms compleja la gestin, por lo que pierde operatividad, y finalmente la eficacia de muchas actuaciones.

Todo esto genera en las propias ONGD una necesidad de profesionalizacin de la solidaridad, que llev a miles de activistas a convertirse en gestores, no slo condicionados por la administracin, sino tambin por decisin propia de las organizaciones, debido a intereses institucionales o de otro tipo, que a menudo entran en conflicto con el activismo y el compromiso poltico. La solidaridad se ha convertido as en una profesin y un mercado laboral que beneficia ms a las organizaciones institucionalizadas que a los territorios a los que se pretende apoyar. Esta realidad no es menos importante y afecta a todo el sector, no es casual que ante el discurso poco comprometido de las instituciones sobre la pobreza (los ODS y ODM tan descafeinados) y la entrada de las multinacionales en las polticas de desarrollo, no slo no haya habido una seria oposicin del sector, sino ms bien un acoplamiento interesado por la necesidad de financiar las propias estructuras, en las que ya no hay militantes, sino gestores y becarios o estudiantes en prcticas, que buscan un puesto de trabajo, como por otra parte es legtimo en un sector tan competitivo.

Resulta, sin embargo, esperanzador encontrar iniciativas participativas como las que se estn implementando en algunos gobiernos nuevos con propuestas de transformacin real, fijando un marco poltico para la cooperacin internacional en los cuatro vrtices principales: participacin ciudadana y descentralizacin, democratizacin de la cooperacin, transversalidad y coherencia de polticas para el desarrollo. Por esa va debemos apostar, haciendo todos los esfuerzos necesarios, participando activamente, aportando nuestra experiencia y nuestro conocimiento que es muy amplio, y nuestra perspectiva global; es la primera vez en mucho tiempo que se presenta una ocasin de transformacin real.

Es necesario romper con el carcter escasamente comprometido, y poco coherente de nuestra cooperacin, demasiadas veces ms asistencialista que transformadora, que perpeta la dependencia, el paternalismo y no resuelve el problema de fondo estructural de la pobreza y la injusticia global. Como ejemplo de ello, constatamos que desde hace ya ms de una dcada, la cantidad y la magnitud de los desastres naturales y catstrofes que se producen especialmente en las zonas ms vulnerables, requieren actuaciones urgentes de emergencia asistencial (con compromisos econmicos que demasiado a menudo son incumplidos por los gobiernos de los pases de mayor renta, como el vergonzoso caso de Hait tras el terremoto de 2010). Y tenemos la impresin de que la cooperacin al desarrollo va detrs de los desastres, en lugar de ir delante, cooperando para el fortalecimiento de infraestructuras, o evitando daos humanos. Nuestro modelo de desarrollo, verdadero provocador de esos desastres a escala global, de forma directa o indirecta, era y es incompatible con la cooperacin que durante estas dcadas se ha ido aplicando, y esa es la primera gran incoherencia que se debe resolver.

Un sector cada vez ms sumiso y menos crtico

El sector, representado en las ONGD, ha cado mayoritariamente, salvo escasas excepciones, en la trampa del subvencionismo y la gestin y burocracia que ello conlleva, hasta el lmite de conformarse con la supervivencia, convertidas en simples gestoras de proyectos, atrapadas en una maraa de papeles, informes, evaluaciones, revisiones, requerimientos, subsanaciones, justificaciones, etc. Y frente a la necesidad de mantener el tipo, muchas de ellas recurren a la captacin sensibilista de socios mediante empresas comerciales que literalmente explotan a los y las captadores/as, con deplorables condiciones laborales, y trasladan a la ciudadana una imagen falsa y negativa de la realidad en los pases del Sur Global, incumpliendo incluso el cdigo tico de las ONGD en materia de imgenes. O bien colaboran o aceptan la colaboracin de grandes empresas y multinacionales que buscan rentabilizar su negocio con operaciones amistosas de marketing, y de paso hacer un lavado de imagen.

Con todo ello, el sector en general ha abandonado la calle (si no es para captar socios), y en la mayora de los casos el discurso crtico, y la pedagoga necesaria, para hacer comprender a la poblacin la importancia de la solidaridad especialmente en un mundo dominado por el mercado global, o la globalizacin capitalista, que no trae ms que injusticia, desigualdad, pobreza, guerra, hambre, deterioro medioambiental, exilio, y bsqueda desesperada de refugio.

El sector perdi la ocasin de participar en aquel movimiento histrico que fue el 15M, con las ONGD colapsadas como estaban por la burocracia y el subvencionismo, y en muchos casos por la propia prdida de capacidad crtica. Bien es cierto que muchos de sus miembros s formaron parte de ese movimiento muy activamente a ttulo individual, pero no hubo una representacin visible del sector, ya no solo en las calles sino entre las conversaciones, en los crculos, en los grupos de trabajo, etc. De hecho, en sus primeros momentos el 15M no tena ninguna reivindicacin relacionada con la solidaridad internacional y la cooperacin al desarrollo, sino que esto vino mucho despus, cuando en los debates de los crculos sectoriales creados se vio la necesidad de interpretar la realidad de una forma global para actuar sobre ella.

Tal vez el sector se durmi en los laureles de la abundancia, o de la sobrefinanciacin que supuso la inflacin de la cooperacin durante los aos 2.000, hasta que revent la burbuja de la construccin e inmobiliaria, y con ella la burbuja de la cooperacin, dejando decenas o centenares de proyectos a medio hacer y millones de personas sin poder atender. La llamada crisis financiera, fue la excusa perfecta para eliminar de un plumazo las polticas de cooperacin, y encontr al sector sin nadie que lo defendiera, porque no estaba preparado para ello, ni la poblacin le acompa.

Debemos seguir construyendo cooperacin, empezando por definir bien lo que queremos que sea y cmo sea esa cooperacin; y fomentando el desarrollo humano sostenible, consensuando lo que entendemos por ello, en plenitud de respeto a la dignidad de los pueblos, comunidades y pases con los que se coopera. Y tal vez para construir y construirnos, es necesario deconstruir al menos aquello en lo que estemos de acuerdo que no ha sido acertado.

Ricardo Gayol es miembro de Paz con Dignidad.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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