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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-01-2017

Empadronamientos y capturas de campesinos de Pelaya - Cesar, que se oponen al fracking y ruta del sol

Equipo Jurdico Pueblos


El 24 de diciembre de 2016 en el casco urbano del municipio de Pelaya - Cesar, fueron capturados los campesinos JOS NGEL LINDARTE de 49 aos de edad, desplazado y tesorero de la Junta de Accin comunal de la Vereda Singarar del municipio de Pelaya y REINEL PAYARES de 40 aos de edad, tambin desplazado y padre de tres hijos menores de edad. Ambos pertenecen al Movimiento de Trabajodorxs, Campesinxs y Comunidades del Cesar -MTCC-, adscritos al Coordinador Nacional Agrario -CNA-.

Fueron privados de libertad en horas de la tarde por hombres armados de civil en el momento en que se dirigan hacia sus lugares de residencia para celebrar la navidad en familia. JOS NGEL fue abordado por miembros de la Dijn que se movilizaban en una camioneta Blanca 4x4 de platn, quienes le apuntaron con armas de fuego y amenazaron a un familiar que lo acompaaba.

Simultneamente, mientras REINEL PAYARES, se encontraba en un almacn de Pelaya comprando vestuario para su hija, fue capturado. No se le permiti llamar a su compaera para informarle el hecho y hacerle entrega de la menor, quien permaneci extraviada por 45 minutos cuando fue entregada en la Estacin de polica, a la madre, en un evidente estado de alteracin sicolgica por lo ocurrido con su padre.

A los campesinos les imputaron los delitos de Rebelin, Terrorismo y Concierto para Delinquir, tras sealamientos de pertenecer al Ejercito de Liberacin Nacional - ELN y de haber supuestamente participado en la quema de una maquinaria de propiedad de la empresa Gecolsa, contratista de la concesionaria Ruta del Sol, ocurrida el 2 de diciembre de 2016.

La investigacin es adelantada por la Fiscala 47 de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo con sede en Valledupar, en cabeza de Cesar Augusto Tibamoso Flechas, responsable tambin de la detencin de varios campesinos de la regin, entre ellos, 8 ciudadanos del Corregimiento de los Estados Unidos del Municipio de Becerril, bajo similares cargos. Funcionario que adems orgullosamente exhibe las condecoraciones que le han sido entregadas por la X Brigada del Ejrcito, haciendo gala de una escasa imparcialidad que en teora debe caracterizar a quien se le confieren facultades para solicitar la detencin preventiva de lxs ciudadanxs en Colombia.

Despus del encarcelamiento de JOS ANGEL y REINEL, los militares han difundido la versin de que existe una lista de cuarenta personas con orden de captura, entre esos, mencionan al dirigente campesino TRINO RAVELO y otros lderes comunitarios.

Las comunidades campesinas que habitan en las veredas de la parte alta y baja del municipio de Pelaya, organizadas en el MTCC, se han opuesto a la explotacin petrolera y al diseo de la carretera de doble calzada denominada como la Ruta del Sol, por cuanto origina graves daos ambientales. En el 2016 realizaron varias jornadas de protesta como nica alternativa para que sus exigencias fueran escuchadas.

En respuesta, miembros del Batalln Energtico y Vial No. 3 vienen realizando permanentes empadronamientos en las vas que conducen del casco urbano de Pelaya a la parte alta de la cordillera. Quien transita por las mismas es registrado en libros de control militar, e indagado por el nmero de integrantes de la familia, trabajadores de su finca, adems de ser fotografiados. Esta situacin ha generado un ambiente de incertidumbre y zozobra en el campesinado de la regin.

Durante la visita de verificacin realizada por el Equipo Jurdico Pueblos el 4 de enero de 2016 a la zona rural de Pelaya, las comunidades denunciaron que el Ejrcito Nacional viene realizando retenes en los que revisan la cantidad de mercado que transportan y filman en sus celulares a los campesinos.

El 3 de enero de 2017 en la vereda Santa Ana de Pelaya, un dirigente que ha estado liderando procesos de recuperacin de tierras, fue fotografiado junto con su hija mientras que miembros del Ejercito Nacional registraban sus datos personales. Los campesinos denunciaron que el comandante del Ejercito apostado en esta vereda posee los nombre de todos los presidentes de las Juntas de Accin Comunal de la regin, igual situacin sucede en la regin del Catatumbo en Norte de Santander.

Esta regin del departamento del Cesar ha sido histricamente reprimida por el Estado colombiano. Las comunidades manifiestan profunda preocupacin, porque identifican que el empadronamiento militar siempre ha precedido a las detenciones masivas (como viene ocurriendo) o el asesinato de sus habitantes. Entre 1995 y 2005, el paramilitarismo, con la anuencia del Ejrcito Nacional, cobr una cifra alta de vctimas de tortura, desaparicin forzada y homicidios, generando desplazamiento masivo de todos sus pobladores; las cuales -dicen los labriegos- ocurrieron en medio de un ambiente similar al que hoy perciben.

Desde pocos aos, las comunidades campesinas, -sin respaldo estatal alguno- gradualmente han regresado a sus predios con la pretensin de reconstruir sus procesos organizativos; encontrando la hostilidad y violencia de macro-proyectos econmicos y de infraestructura, en beneficio de grandes empresas, entre ellos, la Ruta de Sol; fuertemente protegidos por el aparato militar y policial; pretensin a la que al parecer, se suma la Fiscala General de la Nacin, a travs de la Unidad Nacional contra el Terrorismo.

Desde el 5 de diciembre de 2016 aument la militarizacin en la regin, mediante el retn del Ejrcito Nacional ubicado en la finca Los Cocos, desde donde se intimida a las campesinos que obligatoriamente deben transitar por esa va. Si uno pasa diez veces por ah, esta misma cantidad de veces lo anotan en libretas, nos toman fotos, nos revisan el mercado, esto lo llevan haciendo los ltimos seis meses, denunci un campesino.

Las ltimas detenciones de campesinos de la Regin, acusados de pertenecer a la insurgencia, guardan tales semejanzas, que no hemos dudado en hablar de patrones de sistematicidad en esta accin arbitraria del Estado; pues no slo estn precedidas como ya indicamos de prcticas vetadas al ejrcito nacional (el empadronamiento y la intimidacin), sino que las acusaciones se basan exclusivamente en los dichos abstractos de desertores de la guerrilla que reciben beneficios del Gobierno y los procesos se caracterizan por la dilacin de los trminos, de tal forma que la privacin de la libertad se prolonga al mximo.

En nada difieren estos procesos, del modelo de juzgamiento diseado durante el gobierno Uribe Vlez en los que igual que hoy, Fiscala y fuerzas militares, sumaron esfuerzos contra comunidades campesinas, bajo el supuesto de combatir a la insurgencia. Esta situacin, fue advertida en el informe sombra, presentado por el Equipo Jurdico Pueblos, el Congreso de los Pueblos y la Red internacional de derechos humanos - RIDH, con el apoyo de otras organizaciones y juristas del mundo, ante el comit del Pacto de las Naciones Unidas.

Hoy nos vemos compelidos a lanzar una nueva alerta, por el alto riesgo en que se encuentran las comunidades del Cesar, pues parece incrementar el nivel de violencia contra quienes resisten a la implementacin de macro-proyectos econmicos, que ocasionan un impacto de incalculables dimensiones sociales y ambientales.

Fuente original: https://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2017/01/empadronamientos-y-capturas-de.html


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