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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-01-2017

Antagonismos de la coyuntura poltica colombiana

Javier Caldern Castillo
CELAG


En el escenario poltico colombiano, las ltimas dos semanas del 2016 fueron muy activas y contradictorias. En el Congreso de la Repblica se aprobaron varias leyes con finalidades antagnicas: los partidos de la coalicin de gobierno lograron imponer la reforma tributaria ms regresiva desde los paquetazos neoliberales del uribismo a comienzos de siglo; y en simultaneo, aprobaron la Ley de Amnista e Indulto utilizando la va rpida - Fast Track- que constituy el inicio de la implementacin del Acuerdo de Paz. Mientras eso ocurra en el parlamento, Juan Manuel Santos, recin premiado con el Nobel de Paz, se mostraba muy alegre por el inicio de las conversaciones para lograr un acuerdo con la OTAN, anuncio que dej perplejos a los sectores democrticos del pas, preocupados a los pases vecinos y muy contentos a uribistas y militares.

Todo ello como antesala de un ao en el que se inicia la campaa electoral, fundamental para el futuro de la paz y la apertura democrtica. Por ello es importante entender algunas claves de los movimientos ocurridos en estas semanas:

Los efectos de la recesin mundial, la crisis de los precios del petrleo y la amplia corrupcin de los funcionarios estatales son algunas claves para entender la grave situacin de la economa colombiana. Frente a ello, la respuesta de Santos ha sido la aplicacin de la formula neoliberal de incrementar los impuestos a los trabajadores y pequeos comerciantes, y no ampliar las tasas impositivas a los grandes negocios extractivistas que se lucran con el oro, el coltan, el carbn, el petrleo, o poner impuestos a las grandes ganancias del sector financiero, que a septiembre de 2016 ascendan a 10 billones de pesos (3500 millones de dlares)[1].

La reforma tributaria aprobada por el parlamento y decretada el 29 de diciembre por Santos, subi del 16% al 19% el impuesto al valor agregado (IVA) sobre la mayora de productos de la canasta bsica generando un impacto muy fuerte en las finanzas de las familias; se grav con el 5% a los vehculos ambientales como las bicicletas o autos elctricos y se dispuso la reduccin gradual del impuesto a la renta a las grandes empresas[2]. Con la reforma, el gobierno aspira a recaudar 6.5 billones de pesos colombianos (2 mil millones de dlares), un monto levemente superior al recorte presupuestal del 2016 que fue de 6 billones de pesos[3], y muy inferior al dficit fiscal de 35 billones de pesos (12 mil millones de dlares).

La situacin econmica para la poblacin en el 2017 seguramente ser an ms difcil: el aumento de precios en los bienes de primera necesidad con el IVA del 19% disminuir la capacidad de compra, que se agravar por el ajustado incremento salarial del 7% decretado por el gobierno. Las centrales sindicales se retiraron de la mesa de concertacin laboral al no lograr un acuerdo con los empresarios y el gobierno, teniendo en cuenta que los trabajadores entraron a la negociacin salarial con una peticin del 14%, argumentando el crecimiento de la inflacin y el incremento de los ndices de precios al consumidor -especialmente por los altos precios de alimentos-, mientras que los empresarios ofertaron tan slo el 6,5%, con lo cual la cifra definida finalmente por el gobierno no fue concertada y ms cercana a la oferta empresaria. Los sindicatos advirtieron que ante esta situacin el 2017 ser un ao de paros, huelgas y movilizaciones[4].

Casi de manera simultnea, el gobierno con su coalicin mayoritaria de partidos en el parlamento aprob la primera ley de todo el marco normativo que se debe desarrollar para implementar los acuerdos de paz, firmados con las FARC el pasado 24 de noviembre. Con 117 votos a favor y 3 en contra en la cmara de representantes y 69 a favor y 0 en contra en el senado, se aprob la Ley 1820 del 30 de diciembre, por medio de la cual se establecen las disposiciones sobre la Amnista y el Indulto para los combatientes de las FARC-EP y todas las personas del movimiento social procesadas o condenadas por asociacin a sta guerrilla. Adems reglamenta los tratamientos penales especiales y otras disposiciones para los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas incursos en delitos de guerra.

El grupo parlamentario de la Alianza Verde, el del Polo Democrtico y la coalicin de gobierno del santismo votaron a favor de la Ley, con algunas notables excepciones. El exguerrillero amnistiado, hoy senador, Antonio Navarro y la senadora Claudia Lpez, del Partido Alianza Verde, argumentaron a favor de la ley, pero se retiraron del recinto del congreso antes de las votaciones. El ultraderechista Centro Democrtico en pleno se ausent del recinto sin votar, advirtiendo que de llegar a la presidencia desconocern todo el acuerdo de paz y las leyes que de este se deriven.

La ley tendr sus primeros efectos a partir del prximo 10 de enero y en ella se establecieron dos modalidades de amnista, una amnista e indulto de iure sin pasar por los tribunales de la Justicia Especial para la Paz, facultando al presidente a realizarla por decreto. Cobija a los combatientes y personas del movimiento social procesadas o condenadas por delitos polticos o conexos: rebelin, sedicin, asonada, conspiracin y seduccin, usurpacin y retencin ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos de conformidad con ley (artculo 15)[5]. Y otra amnista e indulto que debe ser aprobada por una sala especial contemplada en la Justicia Especial para la Paz, destinada para los casos donde existen demandas o condenas por supuestos delitos de lesa humanidad contemplados en estatuto de Roma y en el derecho internacional humanitario, que son conductas sistemticas tales como el genocidio, el reclutamiento forzado de menores, los abusos sexuales o toma de rehenes (ver los artculos del 21 al 27).

Finalmente, en la ley se establecen los tratamientos jurdicos especiales para miembros de la fuerza pblica comprometidos en violaciones a los derechos humanos contemplados en los convenios internacionales y en el Estatuto de Roma, quienes debern presentarse ante la Justicia Especial para la Paz para conseguir beneficios judiciales despus de surtidos los procedimientos en las salas dispuestas para tal efecto (ver artculos del 44 al 50 de la Ley). Este punto ha sido muy cuestionado por organismos de derechos humanos, como Human Right Watch y por las vctimas de crmenes de Estado, por lo que se prev a futuro una disputa judicial en mbitos internacionales.

En la regin no se pas por alto las declaraciones del presidente Santos sobre el inicio de las conversaciones para lograr un acuerdo con la OTAN. Segn el propio presidente, desde hace 9 aos, en el uribismo, el gobierno viene tramitando su ingreso como cooperante de este tratado militar de los pases del norte global[6]. Una declaracin que no correspondera a un Premio Nobel de Paz, si no existiera el antecedente de Obama.

El presidente de Venezuela fue el primero en manifestar su preocupacin por esta medida, puesto que dicha asociacin contraviene la declaracin de una regin de paz realizada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos-CELAC. Voces colombianas tambin rechazaron el acuerdo por considerarlo una situacin similar al recordado experimento uribista de instalacin de 7 bases militares norteamericanas en suelo colombiano.

Este movimiento del gobierno se puede leer tambin como una concesin al estamento militar en la postguerra interna, para mantener/legitimar la tesis del enemigo externo narcotrfico, terrorismo mundial- que les permita continuar con el presupuesto ms abultado de la regin, con condiciones laborales privilegiadas, muy distintas a la flexibilizacin laboral que padece el resto de la poblacin colombiana.

Como se deca al comienzo, todo esto en el contexto del inicio del ao electoral, que empieza a mover el tablero poltico. El actual vicepresidente Germn Vargas Lleras est organizando la salida del gobierno para iniciar su campaa presidencial, luego de haber estado ms de seis aos al frente de la construccin y la infraestructura, el rubro ms dinmico de la economa nacional y que deja bastantes dividendos. En su reemplazo suena el general retirado de la polica Oscar Naranjo, conocido por sus actuaciones como miembro de la DEA, asesor de Enrique Pea Nieto y como negociador del gobierno en los dilogos con las FARC.

Tambin anunci su precandidatura la senadora Claudia Lpez del Partido Alianza Verde, investigadora con un estilo muy directo y polmico, cuyos hallazgos aportaron pruebas en casos muy sonados de parapoltica, ostenta con una posicin de centroderecha en otros mbitos como en los derechos sociales y la poltica econmica. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrtico tambin anunci su precandidatura con una postura cerrada sobre posibles alianzas, lo cual baja las expectativas sobre sus posibilidades de tener una buena eleccin.

Se espera que en los prximos meses surjan otras pre candidaturas presidenciales de la izquierda, se clarifique la estrategia del santismo, las definiciones del Partido Conservador y las definiciones del ultraderechista Centro Democrtico. Empieza la carrera electoral que augura mucha polarizacin en torno al cumplimiento y desarrollo de los acuerdos de paz y sobre el futuro econmico del pas.

Notas

[1]https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10081702

[2]http://www.dinero.com/economia/articulo/resumen-de-reforma-tributaria-aprobada-y-texto-completo/240455

[3] http://www.eltiempo.com/economia/sectores/recorte-presupuestal-del-gobierno-en-el-2016/16518628

[4]http://cut.org.co/la-cut-rechaza-pirrico-incremento-salarial-del-7/

[5] http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201820%20DEL%2030%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf

[6] http://www.rcnradio.com/nacional/colombia-otan-implementaran-acuerdo-cooperacion/


Fuente original: http://www.celag.org/informe-colombia-antagonismos-de-la-coyuntura-politica-colombiana/


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