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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-01-2017

Entrevista a Miguel Candel sobre nacin, Estado, nacionalismo y derechos
La funcin asignada al 'derecho a decidir' es engatusar a la gente

Miguel Riera
El Viejo Topo


Miguel Candel, profesor jubilado, a ratos jubiloso, ha sido traductor de Gramsci, Sokal, Searle y Aristteles, y autor, entre otros libros y numerosos artculos, de Metafsica de cercanas y de Ser y no Ser. Crtica de la razn narcisista (pendiente de publicacin y absolutamente recomendable).

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En un artculo que publicaste hace unas semanas en Rebelin calificabas el derecho a decidir de fantasma. Puedes explicarnos qu quieres decir con ello?

Muy sencillo: que es una expresin de contornos semnticos borrosos, metafricamente comparables con los de un ectoplasma. En efecto, todo derecho implica un agente inteligente como sujeto suyo (por eso no admito la expresin derechos de los animales, que habra que sustituir por respeto hacia los animales, pongamos por caso). Pues bien, un agente inteligente como sujeto de derecho es alguien capaz de decidir su propia conducta. Ergo todo derecho implica esa capacidad de decisin. La nuda expresin derecho a decidir, por tanto, es, en primer lugar, redundante y, en segundo lugar, al no especificar el posible objeto de decisin, una frmula vaca.

Lo que no liga en la metfora, he de reconocerlo, es que la funcin de un fantasma es asustar a la gente, mientras que la funcin asignada al derecho a decidir es engatusar a la gente. Reconocerle a la gente derechos e invitarla a que decida siempre suena bien de entrada. Se consigue as la adhesin espontnea e irreflexiva de los destinatarios de tan oppara oferta. Conseguido esto, los inventores del pseudo-concepto confan en llenar esa vaca adhesin inicial con el contenido deseado: el ejercicio del derecho de autodeterminacin de Catalua, cuya reivindicacin explcita y directa correra el riesgo de chocar con la evidencia de que la relacin existente entre los habitantes de Catalua y el resto de Espaa est muy lejos de los supuestos contemplados por el derecho internacional como fundamentos de la existencia y ejercicio de semejante derecho.

Bien, admitamos que derecho a decidir es en realidad un sinnimo de derecho de autodeterminacin. Si, como dices, el derecho internacional descarta que ese derecho pueda aplicarse en Catalua, por qu ha formado parte de la tradicin de las izquierdas hasta ahora mismo?

Excelente pregunta. Creo, honradamente, que se trata en este caso de un atavismo ideolgico o, si se prefiere, de un caso de inercia intelectual y, por supuesto, de una violacin del principio leninista que exige el anlisis concreto de la situacin concreta. Hecho paradjico, pues parece ser precisamente la tradicin leninista (con la que me siento, en gran parte, identificado) aquella en que ms profundamente ha arraigado la tendencia a reconocer derechos de autodeterminacin a diestro y siniestro. Para explicar esto hay que tener presente cul era la situacin del mundo en general y de Europa en particular cuando estalla la Revolucin de Octubre y al acabar la Primera Guerra Mundial: un mosaico de imperios en descomposicin cuyos regmenes polticos autocrticos haban alimentado, en sus diferentes componentes tnico-culturales, los sentimientos nacionalistas nacidos a lo largo del siglo XIX hasta el punto de hacer que muchos vieran en la recomposicin poltica sobre bases tnico-culturales la nica posibilidad de liberacin y escapatoria de lo que Lenin llam atinadamente crcel de pueblos (expresin aplicable no slo al imperio zarista, sino tambin al de los Habsburgo y al imperio otomano, por lo menos). Lgico, pues, que Lenin secundara al presidente norteamericano Wilson en la proclamacin del derecho de autodeterminacin para aquellos componentes de los viejos imperios que haban adquirido conciencia de una identidad incompatible con las viejas formas de dominacin. La subsiguiente eclosin de los nuevos estados-nacin, particularmente en la mitad oriental de Europa, corri pareja, adems, con la introduccin de los primeros elementos propios de un rgimen democrtico-electoral, todava muy imperfecto, como rasgo caracterstico de las nuevas entidades polticas. Todo ello, como es lgico, contribuy a asociar estrechamente, en el imaginario de la izquierda revolucionaria, liberacin poltica y liberacin nacional.

Y, como es sabido, la cosa no acab aqu: tras la Segunda Guerra Mundial se extiende por todo el mundo el movimiento descolonizador a expensas, esta vez, de los imperios que no se haban visto afectados al final de la anterior contienda: el Imperio Britnico y el ms modesto imperio colonial francs (amn del holands y el portugus). Alma de los procesos de descolonizacin fueron, en muchos casos, los partidos de tradicin leninista (para los miembros profesionalmente cualificados del Partido del Trabajo belga, por ejemplo, era misin preferente, establecerse en el Congo para contribuir a la concienciacin poltica de la poblacin autctona; otro tanto cabe decir de muchos militantes del pequeo Partido Comunista britnico repartidos por toda frica, muy particularmente en Sudfrica, donde contribuyeron decisivamente a la creacin del PC sudafricano, campen de la lucha contra el apartheid). Eso sin olvidar el alineamiento universal, durante los aos 60-70, de la mayora de la izquierda, no slo comunista, en contra de la intervencin norteamericana en Vietnam.

El antimperialismo, por tanto, de manera perfectamente consecuente, ha calado tan hondo en la conciencia poltica de la izquierda ms combativa, que ha resultado fcil el deslizamiento hacia posiciones como las actualmente sustentadas por parte importante de la izquierda en relacin con las tensiones nacionalistas vividas en Espaa, sobre todo en relacin con Catalua. La mente humana razona bsicamente por analoga, estructura formal que es independiente del contenido material de sus trminos (la razn 1/2 es vlida siempre que el denominador duplique al numerador, por muy diferentes que sean los rdenes de magnitud en cada caso 2/4, 3000/6000, 1012/2x1012, etc. y sea cul sea la naturaleza cualitativa de las magnitudes comparadas). En el caso que nos ocupa, razonamientos analgicos superficialmente formales, poco atentos al contenido material, pueden jugarnos malas pasadas.

Sera muy largo detallar aqu lo que diferencia una relacin imperialista estndar de la que mantiene la administracin central espaola con Catalua. Pero no falta la literatura y la documentacin que aporta ese detalle. A ella remito al lector libre de prejuicios.

Entiendo que si no puede darse, desde la perspectiva del derecho internacional, un proceso de liberacin nacional, ello implicara la inexistencia de la nacin. Sin embargo est comnmente admitido que Espaa tiene una identidad plurinacional. No es esa una contradiccin?

No realmente. En el mundo de hoy se da la paradjica y compleja situacin de que hay muy pocas naciones en sentido estricto y muchos rasgos nacionales dispersos en diferentes comunidades polticamente constituidas. Porque qu es una nacin en sentido estricto, etimolgico, si se quiere? Una comunidad cuyos miembros mantienen vnculos de sangre que se remontan a un origen comn, es decir, los nacidos ( natio deriva de natus ) de un mismo tronco genealgico, por prolongado que sea. se es el sentido que tiene el trmino nation en ingls (lengua que, por lo general, conserva mejor los significados etimolgicos de los trminos latinos que las propias lenguas neolatinas), y en ese sentido se designa en los EE.UU. y Canad a los diferentes grupos tnicos amerindios como Indian nations.

Pues bien, no creo que, salvo en poblaciones geogrficamente aisladas, se pueda hablar hoy da de la existencia de naciones en ese sentido estrictamente biolgico. Claro est, el concepto usual de nacin no queda circunscrito a lo biolgico (dejando de lado ciertas ideologas racistas totalmente desacreditadas): gran nmero de elementos culturales compartidos se han ido aadiendo con el paso del tiempo a las afinidades puramente biolgicas existentes en determinados grupos humanos: lengua, folklore, gastronoma, hbitos sociales, etc. Dichos elementos culturales han acabado, casi siempre, salvando las diferencias de origen familiar hasta establecer vnculos sociales totalmente independientes de dicho origen.

Ahora bien, dado que la continuidad tanto de los vnculos familiares como de los culturales precisa, o se ve fuertemente favorecida, por la vecindad, una entidad nacional ha acabado pareciendo indisociable de un territorio comn. (Eso sin contar con que la gran mayora, si no la totalidad, de los grupos nacionales se ha formado a lo largo de siglos en que las sociedades humanas se articulaban directamente en torno al cultivo de la tierra, lo que las haca inseparables de sta.)

Pero aqu es donde empiezan los problemas. Para empezar, hay comunidades humanas que se consideran integrantes de una nacin al margen del territorio de residencia; tal es el caso, por ejemplo, de muchas poblaciones alemanas establecidas a grandes distancias geogrficas del territorio jurisdiccionalmente alemn (de ah la tradicin, an vigente en Alemania, de dar prioridad al ius sanguinis frente al ius soli ). Y por otro lado, el trazado de fronteras precisas y la declaracin de su inviolabilidad no es fruto de la configuracin y diferenciacin de esas entidades tnico-culturales que, provisionalmente, llamo naciones. Muy al contrario: las fronteras nacen con la constitucin de los estados modernos (aproximadamente, desde el siglo XV en adelante), territorios sobre los que un seor feudal, generalmente poseedor del ttulo de rey, decidido a superar precisamente el modo de produccin y la organizacin poltica propios del feudalismo, impone su autoridad como nico principio jurisdiccional al que deben someterse cualesquiera otros poderes (eclesistico, pequeo-feudal, local, etc.). Pues bien, como es sabido, los grandes feudos medievales (de los que nacen los estados modernos) estaban constituidos por las propiedades de un seor que a menudo reuna bajo su dominio poblaciones tnico-culturales diversas, las cuales, no menos frecuentemente, quedaban divididas entre los territorios de diferentes seores. Los estados modernos nacen, as, casi siempre, como fuertes unidades jurisdiccionales bajo cuyo manto se alojan autnticos mosaicos nacionales.

Ms adelante, la Revolucin Francesa marca la aparicin del estado-nacin. Su gnesis no es tanto la estatizacin de una nacin preexistente como, en el fondo, lo contrario: desde el poder sobrestructural heredero del Antiguo Rgimen pero legitimado por la revolucin y la participacin activa del pueblo, se fomentan determinados elementos culturales (stos, s, preexistentes), correspondientes a una o varias partes del mosaico cultural, y se imponen como comunes a toda la poblacin, como ejes vertebradores de una comunidad propiamente dicha, no meramente en s (Gemeinschaft), sino para s (Gesellschaft). No andaban, pues, desencaminadas las autoridades del Gran Ducado de Luxemburgo cuando en 1989, para celebrar los 150 aos de existencia independiente del pas como entidad poltica, encuadraron las distintas actividades conmemorativas bajo el lema: Del estado a la nacin.

Este proceso de construccin de comunidades polticas autoconscientes puede hacerse de muchas maneras: imprimiendo la mxima homogeneidad a los elementos constitutivos de su identidad cultural (como en Francia) o con amplio margen de tolerancia de la diversidad, como en el Reino Unido. Y, sobre todo, en determinadas circunstancias histricas favorables, puede darse el caso de que el elemento aglutinador de la poblacin como comunidad no resida en el mbito de lo cultural prepoltico, sino en lo poltico mismo: tal es, con todas la imperfecciones derivadas de los atavismos racistas, el caso de los Estados Unidos, en los que se puede hablar propiamente de patriotismo constitucional.

El caso de Espaa es mixto. Debido, en gran parte, a la incompetencia de las lites impulsoras del estado-nacin (tanto desde el centro como desde la periferia), pero sobre todo por la monstruosa interrupcin violenta del proceso integrador causada por la sublevacin oligrquico-militar de 1936 y la consiguiente dictadura franquista, el grado de reconocimiento de la poblacin en el proyecto de convivencia llamado Espaa es mediocre, en el mejor de los casos.

Ahora bien, vista la realidad social del pas, no se puede hablar de fracaso absoluto del proceso integrador, sino que la complejidad del tejido econmico, cultural y sentimental constitutivo de la sociedad espaola actual permite hablar de la pervivencia y convivencia de elementos nacionales diversos (de ah el fundamento que podran tener expresiones como estado plurinacional) que, al no estar perfectamente integrados, hacen difcil hablar de una nacin espaola en sentido pleno; pero cuya misma distribucin heterognea en el conjunto del territorio impide igualmente hablar, por ejemplo, de nacin catalana, nacin vasca, nacin gallega, etc. Slo un romanticismo trasnochado y una ceguera sociolgica absoluta pueden llevar a alguien a pensar en la posibilidad de cortes limpios en una hipottica recomposicin del mosaico espaol con arreglo a lneas de fractura tnico-culturales. Parece que muchos se han olvidado de la terrible experiencia yugoeslava (o slo la recuerdan para decir que aquel estado era artificial y forzosamente tena que acabar as). Todos los estados son artificiales y ninguna nacin es producto de la naturaleza. Slo cabe buscar equilibrios que faciliten al mximo la convivencia entre grupos humanos culturalmente heterogneos cuya propia diversidad, para ser sostenible, exige un mnimo de unidad poltica. Fuera de las selvas amaznicas y algunos otros hbitats anclados en los mrgenes de la historia, no existen naciones tnicas, slo naciones polticas.

Me temo que en el caso de Espaa ese proceso integrador es todava inexistente, probablemente porque en realidad no existe un proyecto de pas ms all de apelar a una Constitucin que en buena parte est obsoleta. Es hasta cierto punto lgico que esa ausencia genere fuerzas centrfugas. Pero atendamos a los principios democrticos: qu opinas de la posibilidad de resolver los problemas actuales mediante un referndum, como exigen algunas fuerzas polticas catalanas?

Djame atenuar, de entrada, la tesis de moda sobre la obsolescencia de la Constitucin de 1978. Todas las constituciones se ven afectadas, tarde o temprano, de un cierto grado de obsolescencia, pues todas corresponden a un determinado momento histrico y a una cierta correlacin de fuerzas en conflicto, de cuyo compromiso surgen aqullas con vistas a estabilizar la situacin y encauzar su desarrollo. Entonces, como es lgico, los cambios que la evolucin social introduce en la correlacin de fuerzas que dio origen a la constitucin hacen que sta pierda, en mayor o menor medida, vigencia. El caso espaol es claro: lo que se aprob el 6 de diciembre de 1978 fue un texto de compromiso entre una oposicin democrtica incapaz de derrotar estratgicamente al franquismo y unos sectores herederos del franquismo interesados en preservar los intereses fundamentales de las clases beneficiarias de aquel rgimen mediante ciertas concesiones tcticas que incluan la renovacin del consenso social mediante nuevos mecanismos de participacin poltica democrtico-electoral. Que aquella constitucin no slo estaba sembrada de minas colocadas por los poderes fcticos, sino que tambin contena numerosos elementos progresistas o susceptibles de una interpretacin progresista es algo innegable. Basta recordar a Julio Anguita reivindicar continuamente su pleno cumplimiento. En qu sentido ha cambiado la situacin como para justificar la necesidad de un cambio constitucional? Acaso la correlacin de fuerzas ha cambiado en beneficio de la izquierda, de tal manera que la constitucin se ha convertido en un freno a esa dinmica? Me temo que no, sino todo lo contrario. La vieja izquierda, ejemplificada en el PSOE, ha descendido casi todos los peldaos que llevan a la degeneracin poltica, como acabamos de constatar. En cuanto a la nueva izquierda, ejemplificada en Podemos o, si se quiere, en Unidos Podemos, se mueve todava en el terreno resbaladizo de saber lo que no quiere sin tener claro lo que quiere, es decir, sin acabar de pasar de la protesta a la propuesta.

Siendo as, por desgracia, los nicos cambios constitucionales que la izquierda parece capaz de proponer con alguna (remota) perspectiva de xito son meramente defensivos, no progresivos: modificacin del artculo 135 para acabar con la subordinacin total de la poltica econmica nacional al pacto de estabilidad financiera de la UE; nuevo consenso fiscal entre la administracin central y las autonmicas para un reparto ms equitativo de cargas y beneficios; con suerte (mucha suerte), redefinicin de las circunscripciones electorales para que dejen de coincidir estrictamente con las provincias y aumente la proporcionalidad del sistema electoral. Y poca cosa ms.

En ese poco ms podra ser que entrara la introduccin de un mecanismo que permitiera mejorar el encaje de las comunidades con personalidad histrica ms diferenciada, como Catalua, introduciendo los mnimos cambios imprescindibles para convertir el sistema autonmico en propiamente federal. Pero parece claro que el camino para llegar ah no pasa por la celebracin de referendos unilaterales. Al no existir situaciones de dependencia colonial o similares, que automticamente legitimaran, a la luz del actual derecho internacional, movimientos unilaterales de secesin, cualquier decisin adoptada unilateralmente por la poblacin de una parte del territorio espaol que tuviera efectos jurdicos sobre el resto (como los tendra, por ejemplo, una hipottica secesin de Catalua al privar a los habitantes del resto de Espaa de plenos derechos de ciudadana en territorio cataln), sera legal y polticamente inadmisible: nadie puede tomar decisiones que afecten a terceros sin contar con ellos.

Lo sensato, pues, sera un proceso de reforma constitucional (un intento de borrn y cuenta nueva, dada la actual correlacin de fuerzas, podra muy bien ser un tiro por la culata para la izquierda), que requerira mucha movilizacin de apoyo. Proceso que culminara en un nuevo texto sometido a referndum en todo el pas. A partir de ah, si en un territorio determinado el texto constitucional no recibiera suficiente apoyo, debera procederse a nueva negociacin con vistas a lograr un nuevo consenso.

Fuente: El Viejo Topo, diciembre de 2016.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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