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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-01-2017

La poltica minera en 2017
El quiebre de la locomotora?

lvaro Pardo
Razn Pblica


Sector en moratoria

La moratoria forzada por varias Sentencias de la Corte Constitucional es el hecho ms importante del sector minero en 2016. Este suceso marc el final del largo perodo durante el cual esta actividad fue impulsada por una poltica viciada de inconstitucionalidad, la inconformidad social y la soledad de una autoridad minera que insiste en actuar contra el inters general de la nacin.

Nunca antes desde su expedicin, la Ley 685 de 2001 (Cdigo de Minas) haba sido objeto de tantas crticas. Al descontento en las regiones por las consecuencias de la minera se sum la decisin de las altas Cortes en el sentido de garantizar los derechos fundamentales. Las demandas que dieron origen a las Sentencias C-035, C-192, C-221, C-259, C-273, C-298, C-389 y T-445 de 2016 de la Corte Constitucional, as como otros fallos no menos trascendentales del Consejo de Estado, modificaron radicalmente algunos aspectos de la poltica minera, aunque las autoridades del sector hayan hecho caso omiso a sus implicaciones y guarden silencio frente a los comentarios despectivos de las multinacionales y de los gremios mineros sobre las mismas.

La autoridad minera persiste en actuar como siempre lo ha hecho, aunque en algn momento tendr que reconocer que su gestin ha sido un fiasco pues desde el derrumbe de la reforma al Cdigo de Minas (Ley 1382 de 2010) muchas de sus actos administrativos han sido declaradas inexequibles. Un claro ejemplo fue el llamado decreto navideo que quiso modular la Sentencia C-123 de 2014 de la Corte Constitucional, y con el cual se aprobaron once ttulos mineros. Caducarn dicho ttulos ahora que perdieron su legitimidad jurdica? No, porque, aunque ilegtimos, las empresas reclamarn su seguridad jurdica y no tendrn reparo en anunciar demandas contra la Nacin ante las Cortes internacionales.

Las grandes empresas mineras tambin tendran que aceptar que no son tan responsables como suelen decir en sus eslganes publicitarios, y que para sacar adelante su intereses suelen marginar los derechos de las entidades territoriales y de los ciudadanos de las regiones donde operan, incluso acudiendo a la violencia para librarse de la oposicin a sus proyectos. La muerte el pasado seis de enero de uno de los lderes sociales de El Hatillo, zona de influencia minera en el departamento de Cesar, es el ms reciente ejemplo de ello.

Aun as la directora de la Agencia Nacional Minera, Susana Habib, se queja de que el sector minero es objeto de una gran estigmatizacin y atribuye este hecho a que los colombianos no distinguen las fases del ciclo minero y a que los campesinos confunden la fase de prospeccin con cualquier fotgrafo tomando fotos en su territorio.

El fin de la locomotora minera

La cada de la demanda y de los precios mundiales de los minerales explican la disminucin de la produccin nacional. Pero tambin es cierto que desde diferentes frentes se han fortalecido las acciones para detener la llamada locomotora minera. Por ejemplo, las convocatorias a las consultas populares para prohibir la minera en Piedras, Ibagu, Cajamarca y Pijao son consecuencia de los abusos de esta locomotora minera.

La locomotora minera llegar a su fin no solo como consecuencia de los abusos de la poltica gubernamental, sino por falta de combustible. La cada de los precios internacionales conllev un recorte severo de la inversin en el sector en todos los pases de Amrica Latina.

La locomotora minera llegar a su fin por falta de combustible.

Sin embargo, el gobierno colombiano busca mantener la locomotora inyectando beneficios que agravan el detrimento patrimonial de los ciudadanos. No hay que olvidar que una cuarta parte del Estatuto Tributario est conformado por beneficios (deducciones, exenciones, descuentos y regmenes especiales) que son utilizados por las grandes mineras para reducir su aporte a las rentas del Estado (porque pagan, pero no lo que deberan pagar).

Estrategias de evasin

No se trata de remendar la Ley 685 de 2001, sino de propiciar un gran debate nacional en torno a la pregunta: qu queremos hacer los colombianos con nuestros recursos naturales no renovables? Pero la autoridad minera & empresas juegan a desorientar la discusin sobre lo fundamental.

La autoridad minera y las grandes compaas aseguran que gracias a ellas el pas avanza por el camino del desarrollo y la equidad. Pero habra que ver cmo el modelo econmico basado en la gran minera ha contribuido a la crisis fiscal, al desequilibrio del comercio exterior, al empeoramiento del coeficiente Gini y a las grandes cifras de informalidad y tercerizacin laboral de Colombia.

Frente a este panorama resulta curioso observar la estrategia de la autoridad minera y de las grandes empresas para minimizar las crticas y reducir todo al desconocimiento de los ciudadanos sobre el sector o a un simple problema de informacin que afecta su reputacin.

Y para resolver estos problemas de reputacin las grandes mineras adoptan estrategias para cooptar a las universidades para que sean los acadmicos quienes salen a poner la cara por ellas. Se valen adems de estrategias para confundir a la opinin, como es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), que poco aport a la discusin.

Entre estas estrategias de evasin tambin se oyen las propuestas de destacadas personalidades y consultores de multinacionales (aunque no lo digan en sus hojas de vida) especulando para modular Sentencias de la Corte Constitucional, o a los directores de medios financiados con publicidad minera cuestionando con insultos a quienes piensan que el responsable de la situacin de La Guajira es El Cerrejn y no los indgenas corruptos.

De manera que ms all de las cifras de la minera, cuidadosamente escondidas bajo la reserva de sus declaraciones de renta, estn los temas que actualmente son objeto de una seria controversia social:

Los pasivos ambientales,

La desinstitucionalizacin del Estado en la regiones,

La presencia omnmoda de las grandes compaas que alientan la violencia y la corrupcin en los territorios,

El deterioro del nivel de vida de las comunidades en las zonas de influencia, y

El detrimento patrimonial de los ciudadanos por la explotacin de los recursos no renovables con criterios casi feudales.

Los derechos fundamentales y los derechos inter-generacionales.

La Corte Constitucional ha sealado los derroteros de una nueva poltica minera y, aunque en la prctica algunos pareceran difciles de ejecutar, muchos de ellos ya hacen parte de la Constitucin. Por ejemplo las competencias de las entidades territoriales y los derechos de los ciudadanos respecto al medio ambiente, la participacin ciudadana, las comunidades tnicas y la seguridad alimentaria.

El reto de los sectores sociales es entonces abrir espacios para concretar el dialogo entre los diferentes entes autnomos territoriales y el gobierno central. El espacio para hacer esto, lo ha reiterado en varias ocasiones la Corte Constitucional, es el Congreso de la Repblica, aunque su escasa representacin social, los grandes intereses empresariales que all circulan y la mermelada del gobierno central, implican muchos riesgos.

El otro problema radica en que la autoridad minera quiere mantener el actual estado de cosas. Un ejemplo fue la divulgacin de la Nueva Poltica Minera a travs de una simple resolucin ministerial. Esta habra sido la oportunidad para que el Ministerio de Minas abriera espacios para or a los damnificados de la locomotora minera, a las autoridades territoriales y a los ciudadanos inconformes, y para haber procedido en consecuencia con el inters general.

Sin embargo, la Nueva Poltica Minera no incluy aspectos vitales emanados de los fallos de la Corte Constitucional y, por el contrario, la ex viceministra de Minas, Mara Isabel Ulloa, incluy recomendaciones para bajar los impuestos a las multinacionales, amarrando la carga impositiva a los precios internacionales.

Se habla mucho en la nueva poltica minera de la confianza legtima de las empresas, pero mucho ms importante que eso es la confianza legtima que debera existir entre los ciudadanos y las autoridades en quienes se delega la administracin de los bienes pblicos, entre ellos los recursos no renovables.

Por ltimo, no hay que olvidar que las barreras interpuestas para el dilogo minero han creado tensiones que rien con el Acuerdo de paz con las FARC. De un lado, el gobierno acude a la fuerza represiva para mantener viva su locomotora minera, y del otro la sociedad debe acudir a movilizaciones, audiencias pblicas, consultas populares y demandas ante la Cortes para detener su avance.

La salida a esta encrucijada la aport la Corte Constitucional y es avanzar en el conocimiento objetivo de las virtudes, bondades y consecuencias de la actividad minera. Se dicen muchas cosas y se esgrimen muchos argumentos sobre el tema, pero el pas requiere estudios objetivos que permitan certificar la validez de una actividad que hasta ahora deja sobre todo pasivos, detrimentos e inconformidades.

Ojal el Ministerio de Ambiente, en el que se deleg esta tarea, inicie los estudios con objetividad e imparcialidad. Hay que empezar pronto, pues las empresas mineras, que no estn invitadas a este dilogo social, ya empezaron a torcerle el cuello a esta importante iniciativa. La moratoria minera solo deber levantarse cuando existan las debidas certezas sobre el sector.


lvaro Pardo, Director de Colombia Punto Medio.

Fuente original: http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9952-la-pol%C3%ADtica-minera-en-2017-el-quiebre-de-la-locomotora.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=2017+ser%C3%A1+un+largo+a%C3%B1o+pre-electoral&utm_campaign=20170110_m136935356_2017+ser%C3%A1+un+largo+a%C3%B1o+pre-electoral&utm_term=_C3_81lvaro+Pardo



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