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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-01-2017

Poltica y poder en la construccin del estado y la democracia

Arturo D. Villanueva Imaa
Rebelin


Consideraciones generales

Desde que se ha establecido que la democracia constituye la forma de gobierno ms perfecta y avanzada que los pueblos han encontrado para regir sus sociedades, cada vez ms se ha ido acentuando el nfasis por conquistar el gobierno y el poder, y cada vez menos en construir su fin ltimo que consiste en establecer un gobierno del pueblo, donde prime su decisin soberana y no la voluntad del gobernante de turno y de las (nuevas o viejas) lites a las que representa.

Es decir, se ha hecho cada vez ms corriente y generalizada la concepcin por la cual se entiende a la poltica como el instrumento para luchar, conquistar y conservar el poder, apropindose del Estado. Se produce un secuestro de la poltica, lo pblico, la economa y las decisiones en manos del grupo (generalmente minoritario) y los sectores dominantes que logran hacerse del poder; y se pierde aquella perspectiva orientada a forjar y devolver a la ciudadana y sus organizaciones sociales, la capacidad de decisin y autodeterminacin. En otras palabras, aquel poder que originalmente reside en el soberano y es conferido circunstancial y temporalmente para administrar la cosa pblica, es secuestrado y usurpado para favorecer e imponer intereses sectarios.

Tan cierto es este afn por conseguir el poder, que no solo prevalece en las tendencias conservadoras y derechistas que pugnan por conservar y reproducir el poder para mantener y expandir sus privilegios; sino que tambin ha sido adoptada en algunas corrientes llamadas progresistas y de izquierda. Sucede que en vez de priorizar procesos orientados a promover las capacidades de autodeterminacin, decisin y autogestin desde las bases; han preferido embarcarse en la conquista del poder (entendida como el fin ltimo de la poltica). En el caso de Bolivia, por ejemplo, se pretende sustituir inclusive a las clases y sectores sociales que deberan dirigir y orientar el proceso, por la figura individual de una persona, en la que se pretende concentrar todos los atributos y valores de las luchas y conquistas que le corresponden al pueblo. A tal punto llega el extravo, que a tiempo de considerarlo como un caudillo insustituible al que se le otorgan y en el que se depositan todas las facultades de decisin; finalmente se vaca toda posibilidad de generar y respetar procesos de decisin popular, secuestrando y usurpando esta facultad en manos de un individuo. A su turno y precisamente por esa imprescindibilidad otorgada, tambin se cierra y anula toda posibilidad de continuidad y sostenibilidad de un proceso, que no sea dependiente de esa figura personal y el culto que se le dispensa.

Parece como si los acontecimientos y los hechos histricos no hubiesen sido suficientes para comprender que en la generalidad de los casos (muy en contrario de lo que se esperaba), los procesos de cambio y transformacin iniciados y perfilados en las luchas y revueltas populares, terminaron casi invariablemente traicionados desde el poder y una vez que se conquist el gobierno. Es decir, que los cambios y transformaciones se hacen y conquistan en las bases y las luchas; y no as en y desde el poder y el gobierno, como se pensaba.

El origen para que se produzca ese desencanto popular y el creciente rechazo social que provocan los gobiernos que abandonan sus compromisos, es precisamente al constatarse el distanciamiento creciente que se produce entre el Estado y la sociedad, cuando el gobierno hace cada vez menos lo que reclama la sociedad como sus prioridades, e impone proyectos e iniciativas que no responden ni resuelven los problemas lgidos de su pueblo. Es decir, abandona y traiciona los postulados y mandatos establecidos, para hacer prevalecer las prioridades e intereses de las nuevas castas dominantes.

En los casos de gobiernos que se reclaman como populares y aunque persista un discurso que reafirme supuestas convicciones de izquierda; lo que desenmascara su impostura e hipocresa, es la prevalencia de medidas, polticas y acciones de gestin gubernamental que (muy en contrario del discurso), favorecen intereses sectarios, corporativos, antinacionales y entreguistas. Es decir, se hace prevalecer y se produce un sometimiento a intereses generalmente transnacionales, capitalistas y de carcter colonial que se encuentran en la antpoda del inters nacional. En el caso de Latinoamrica, a poco ms de 10 aos de gestiones de gobiernos progresistas y de izquierda (como se han autodenominado), los ejemplos no son excepciones y tienen un legado muy elocuente. Si no, puede verse lo que sucede en Ecuador, Nicaragua, Bolivia, etc.

La realidad boliviana

Ahora bien, cuando la sociedad boliviana (a pesar de haberse producido ya un referndum nacional que ha dirimido y constitucionalizado irrevocablemente su decisin), vuelve a ser interpelada por la terca e insistente pretensin de abrir la Constitucin para permitir una eventual y nueva reeleccin presidencial (rechazada mayoritariamente); entonces surge inmediatamente con fuerza la pregunta de por qu ese afn desmesurado y testarudo por mantenerse y conservar el poder cueste lo que cueste. Por qu se insiste tanto en prorrogarse en el poder, cuando la tarea fundamental consista en transformar el viejo Estado de privilegios y jerarquas, para construir uno nuevo en donde prevalezca la decisin, la participacin y la gestin pblica ejercida desde las bases (y no en un aparato burocrtico corporativamente distribuido y cada vez ms grande e inepto)?

Es decir, surgen serias interrogantes e inquietudes en torno al concepto y la prctica poltica, como el enfoque del poder y la democracia que los gobernantes tienen y pretenden imponer.

Se levanta una incgnita en torno a si la forma de gobierno, el tipo de Estado y las caractersticas de nuestra democracia, responden a la visin y los principios establecidos en la Constitucin; pero sobre todo respecto del compromiso de transformar aquel modelo (clientelar, cupular, de la democracia pactada) contra el que se haba luchado.

La respuesta, lamentablemente, al contrastarla con la obcecada decisin del partido de gobierno y las organizaciones sociales oficialistas que pretenden arrogarse la voz de todo el pueblo, solo confirma la pertinaz intencin de conservar y reproducir el poder a como d lugar. Es decir, sabiendo que ello solo garantiza la concentracin del poder en pocas manos y la preservacin de determinados intereses y privilegios de las nuevas lites dominantes, que terminan usurpando la capacidad de decisin, participacin y autodeterminacin al pueblo.

Colateralmente, a la par de esas interrogantes y cuando se hacen patentes regmenes secantes en los que se produce una concentracin del poder asfixiante; tambin se sabe que la mejor forma de equilibrar y controlar ese poder, solo es posible cuando la sociedad civil est organizada y tiene capacidad de movilizacin, porque as existen mejores condiciones para impedir excesos autoritarios, y/o defender derechos y demandas que toda sociedad tiene.

Este equilibrio y control en la correlacin de fuerzas entre el Estado y la sociedad es an ms promisoria y tendencialmente ms avanzada, cuando la sociedad civil al margen de estar bien organizada, cuenta con organizaciones, pueblos y sectores sociales esclarecidos (digamos poltica y socialmente conscientes), que tienen la virtud orientar y dirigir las luchas populares, ya no solamente como contrapeso al poder del Estado, sino sealando el camino de las transformaciones que requiere la sociedad para perfeccionarse y cumplir sus histricos objetivos de igualdad, libertad, soberana, etc.

Durante muchas dcadas, esa fue una caracterstica de la sociedad boliviana. Alrededor de la Central Obrera Boliviana (COB), la Federacin Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Confederacin Sindical Unica de Campesinos (CSUTCB), el pueblo logr estructurar un formidable contrapeso frente al Estado, y especialmente respecto de gobiernos y regmenes antidemocrticos y dictatoriales. Tal fue su fortaleza, que en determinadas coyunturas sociales y polticas se plante el co-gobierno y la dualidad de poderes (como en el caso, por ejemplo, de la Asamblea Popular al inicio de la dcada de los aos 70).

Sin embargo, quebrado, desarticulado y dispersado (poltica y materialmente) semejante referente organizativo y popular el ao 1986 (cuando se produce la Marcha por la Vida protagonizada por el proletariado nacional alrededor de la COB y la FSTMB); tuvieron que pasar muchas dcadas antes de poder rearticular una fuerza social de esa magnitud, para luchar y deponer aquel modelo neoliberal y su gobierno de turno, que haban dado un golpe tan duro a la conciencia nacional y sus organizaciones matrices.

El Pacto de Unidad fue forjndose muy lenta y dificultosamente en el transcurso del largo periodo neoliberal, la desideologizacin de los movimientos y organizaciones sociales, y la atomizacin y relocalizacin a la clase obrera nacional, que se haban impuesto desde mediados de los aos 80.

Al margen de la Coordinadora del Agua y la Vida en Cochabamba (que constituye otra invalorable experiencia organizativa que tuvo un papel determinante para perfilar y establecer nuevas formas de decisin y autodeterminacin popular que contribuyeron en la lucha contra el neoliberalismo y la expulsin de intereses corporativos transnacionales del pas); el proceso de cambio y transformacin en Bolivia (que estall con la llamada Guerra del Agua a inicios del ao 2000 y la revuelta popular de Octubre Negro del 2003), estuvo tambin precedido por la conformacin del Pacto de Unidad.

Esta organizacin se forj en las tierras bajas del Oriente, sobre la base de las 5 organizaciones indgenas y campesinas matrices de todo el pas. Al margen de haber logrado insertar en la agenda nacional, histricas reivindicaciones emergentes de la explotacin, exclusin y discriminacin tnica y cultural que sufrieron durante siglos, as como de reclamar el reconocimiento de su identidad colectiva, el derecho a la tierra y el territorio y su autodeterminacin; otra de las virtudes esenciales del Pacto de Unidad, fue la de amalgamar y constituirse en el referente nacional que impuls las principales luchas del pueblo (sobre la base de varias y sacrificadas Marchas Nacionales que emprendieron), hasta el punto de lograr la derrota y expulsin de los gobiernos neoliberales y el establecimiento de la Asamblea Constituyente (que fue una demanda nacional originada en este movimiento).

No fue casual que alrededor de este Pacto de Unidad se constituyera posteriormente el denominado Instrumento Poltico para la Soberana del Pueblo (IPSP), como una novedosa y esperanzadora frmula que se perfilaba como el mecanismo para preservar y devolver a las organizaciones sociales y sus bases, la capacidad de decidir y constituirse en los protagonistas del proceso.

Aquella promisoria frmula encontrada para abanderar y dirigir el proceso, pronto se desvirtu al tomarse la decisin de conformar el Consejo Nacional para el Cambio (CONALCAM) y los consejos departamentales (CODECAM), que pasaron a formar parte de la gestin de gobierno nacional y departamentales, y a cuya organizacin se integraron nuevos y diversos sectores sociales (como gremialistas, transportistas, jubilados, juntas de vecinos, etc), incluida la COB.

Con el argumento de conducir el proceso de cambio, las organizaciones sociales no solo perdieron la independencia sindical y poltica (tan indispensables para controlar y constituirse en contrapeso frente al Estado que se conformaba); sino que pasaron a formar parte, a corresponsabilizarse de la gestin de gobierno, pero sobre todo a beneficiarse de las ventajas y beneficios del poder, sobre la base del cuoteo corporativo, la repartija de canonjas y el manejo clientelar del aparato del Estado.

Cuando tuvieron la ms grande oportunidad para constituir un Estado diferente y alternativo al modo conservador, vertical y jerrquico que haba caracterizado a los gobiernos y las democracias derechistas y republicano-liberales; el llamado proceso de cambio decidi adoptar y reproducir esas antiguas y conservadoras formas de gobernar.

De esa forma no solo reprodujo el perpetuo afn de las clases dominantes tradicionales de conquistar el poder solo para conservar, imponer y satisfacer sus intereses sectarios, sino que transfiri este impulso de conquista, dominacin y conservacin del poder en los sectores y organizaciones sociales; las mismas que al entrar en la lgica del ahora es cuando, terminaron sucumbiendo a la angurria de poder, el control del Estado y la dominacin, como un fin en s mismo.

Al concebirse y ejercerse la poltica como la forma de conquistar y conservar el poder a toda costa, tambin se hace imposible generar procesos de transformacin y cambio que le devuelvan a la ciudadana, sus organizaciones y pueblos, la capacidad de decidir y autodeterminarse, de tal modo que se facilite y construya el verdadero sentido de la democracia: el gobierno del pueblo. A cambio y a la inversa de ello, se torna conservador y hasta reaccionario, porque esa forma de hacer poltica corresponde a los antiguos y tradicionales partidos, organizaciones y sectores que buscan el poder para imponer sus intereses (quitndole a la democracia su sentido esencial y fundamental).

Y como la historia se encarga de demostrar este extremo, tambin es posible afirmar que no se trata de un fenmeno exclusivo de partidos, tendencias y organizaciones conservadoras y de derecha que buscan el poder para perpetuar la vigencia de su dominacin; sino que tambin expresa el sentimiento y la visin de organizaciones y tendencias autodefinidas como de izquierda, que tambin ansan conseguir el maravilloso instrumento del poder para sustituir y encumbrar nuevas lites de dominacin (sindical, corporativa, cultural y/o clasista), en cuya lgica de gobierno persiste y se reproduce la verticalidad, el mando de unos pocos y las jerarquizaciones excluyentes.

Frente a un escenario como ste, evidentemente la sociedad y la ciudadana quedan desprotegidas y vulnerables ante la majestad del poder. Sin embargo, histricamente y muy especialmente en Bolivia, tambin ha quedado claro que solo se trata de episodios pasajeros, antes de que vuelvan a surgir nuevas iniciativas y movimientos orientados a resolver y restituir, al menos, el equilibrio perdido.

En Bolivia, donde buena parte de las organizaciones sociales y sus dirigentes han sido cooptados por el poder en forma clientelar y prebendal, y donde ya no existen condiciones para contrarrestar, controlar y equilibrar la nueva relacin de dominio y hegemona que ejerce el poder del Estado sobre la sociedad; la ciudadana que no forma parte del oficialismo, ha quedado completamente desguarnecida. A pesar de ello ha ideado y est generando nuevas oportunidades para organizase, y ha puesto en marcha un nuevo tipo de colectivos, agrupaciones, movimientos sociales, e iniciativas comunitarias o asociativas (de carcter barrial, rural o de redes sociales), donde prevalecen y se ejercen novedosas como tradicionales formas de deliberacin, decisin, participacin y gestin social en diferentes campos.

Caracterizados por un natural y comprensible rechazo (dados los antecedentes organizativos sucedidos en el pas), a estructurarse jerrquica y verticalmente, y menos a comprometerse o estar dispuestos a reafirmar lealtades que no correspondan a objetivos concretos de lucha, trabajo o accin en la que se encuentren (en claro rechazo a las traiciones, los partidos polticos tradicionales y la forma de hacer poltica que ha caracterizado la historia nacional); en realidad muestran un nuevo horizonte y una diferente voluntad para establecer la relacin entre la sociedad y el Estado.

Si las luchas y conquistas populares por construir una sociedad diferente, con un gobierno verdaderamente del pueblo, han sido envilecidas y degeneradas por el poder; entonces no es casual que tiendan a desarrollarse nuevas y alternativas formas sociales de decisin, participacin y gestin, que paulatinamente vayan liberndonos de la dependencia de contar con un gobierno para que administre la cosa pblica. El gobierno debe darse cuenta que no ha surgido para usurpar el poder que le corresponde al soberano, sino para servir, atender, facilitar y garantizar todas las condiciones, derechos y servicios que permitan al pueblo vivir con dignidad, igualdad y respeto, en armona con la naturaleza.

La pretensin de prorrogarse y reproducir el poder cueste lo que cueste, no solo es un despropsito poltico que sucumbe a tentaciones autoritarias para aduearse de la voluntad soberana que le corresponde al pueblo, sino que desconoce en la prctica la decisin del mismo soberano expresado claramente en un referndum nacional especficamente dispuesto para dirimir esta situacin. Adems, pone en entredicho aquel principio de gobernar obedeciendo que haba sido adoptado precisamente por el gobierno del Estado Plurinacional.

Un precedente de este tipo no muestra una voluntad de servicio y mucho menos la intencin de construir y devolver al pueblo la capacidad de decidir y construir procesos de gestin popular y pblica; sino que busca utilizar su respaldo, para concentrar y beneficiarse de las ventajas que otorga el poder, el mando, la verticalidad y las jerarquas inherentes a una forma de gobierno no precisamente popular y de izquierda.


Arturo D. Villanueva Imaa, Socilogo, boliviano.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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