Portada :: Amrica Latina y Caribe :: Uruguay. Millones de columnas
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-01-2017

Uruguay: El precario mundo laboral de la seguridad privada
Obreros con botas

Daiana Garca
Brecha


Salen a la calle con una capacitacin que no les brinda herramientas para protegerse, con chalecos y armas en mal estado. Varios ya peinan canas y otros tantos nacieron en Repblica Dominicana, Paraguay o Venezuela. Los trabajadores de la seguridad privada tienen un rol preponderante en una sociedad que cada vez demanda ms servicios de esta naturaleza, pero ganan como proletarios sumergidos.

Apenas apoyados en un taburete, refugiados en casillas de chapa, expuestos al sol o al fro, parados a la entrada de un supermercado o de un banco, cumplen su horario, a paso de tortuga, buena parte de estos trabajadores.

Es un sector que se despliega en un gran abanico de subrubros: el transporte de valores, la custodia de locales comerciales, de cobranza y bancarios, los servicios de seguridad de los boliches nocturnos y de espectculos deportivos, la vigilancia de grandes predios rurales, de guardaespaldas y de atencin a las alarmas, que en general incluyen la respuesta de efectivos en el lugar. Los hay armados, con perros, a pie, motorizados e incluso a caballo en zonas agrarias. Esa amplia gama en el ejercicio de la seguridad privada se traduce en realidades variopintas y en salarios y condiciones laborales muy diversas.

El rubro est regulado por la Direccin General de Fiscalizacin de Empresas (Digefe), que pertenece al Ministerio del Interior (MI), y su labor consiste en habilitar y llevar el registro de las firmas, inspeccionar y fiscalizar su funcionamiento y controlar que se realicen las capacitaciones.

Se trata de un sector que ocupa a 26 mil trabajadores, una cifra que se duplic en los ltimos diez aos. Segn Gerardo Rey, inspector de Trabajo y Seguridad Social, esto se debe no slo al crecimiento de la actividad sino a que aument la formalizacin (ahora la informalidad est en un 9 por ciento, cuando el promedio del pas es de 24). Sin embargo, persiste la queja de los empleados del rubro por la precarizacin del trabajo que realizan, y quizs esa sea la razn por la que tienen un promedio de rotacin de personal del 60 por ciento anual.

En Uruguay las empresas de seguridad se dividen en dos grandes grupos, unas pocas multinacionales (como Prosegur, Securitas y G4S, que ocupan a algo menos de la mitad de los trabajadores), y las empresas nacionales, que son pequeas o de mediano porte. Hoy hay unas 328 firmas registradas, de acuerdo a la informacin proporcionada a Brecha por Charles Carrera, director general de Secretara en el MI, pero a este nmero hay que sumar las que cumplen tareas de seguridad sin formar parte del rubro. A su vez, Rey explic que algunos comerciantes delegan este tipo de actividad en sus propios empleados para evitar contratar el servicio, y es por esa razn que se calcula que la cantidad de trabajadores dedicados a la seguridad sea an mayor. En algunos casos se llega a emplear a personas mayores de 65 aos, y una de las explicaciones manejadas para que se emplee gente de tal edad es que algunos seguros exigen la presencia de un guardia en el local, ms all de la funcin intrnseca del trabajador.

Al bajo precio de la necesidad

Son percibidos por gran parte de la sociedad como primos hermanos de la Polica, por lo cual, aunque no trabajan para quien tiene el monopolio legtimo de la fuerza, sufren grados de rechazo similar en algunos segmentos de la poblacin. Pichn de alcahuete es un apodo que dos por tres alguien les endilga. La forma en que interactan con los usuarios, las exigencias laborales, la quietud y el ocio que caracterizan a la tarea, les han costado a muchos un gran desgaste psicolgico y varias certificaciones por estrs laboral. Pero eso no es lo ms duro que enfrentan.

Si bien existe una diversidad de salarios, porque incluso algunos hacen la temporada en Punta del Este, no son pocos los que cobran el laudo, que hoy est en 19.972 pesos nominales por mes por 48 horas semanales. Su remuneracin lquida oscilar entre los 15.753 y los 16.052 pesos, dependiendo de si aportan al Fonasa por su ncleo familiar o no. Muchos cumplen regularmente jornadas de 12 horas para cobrar cuatro de ellas como extra, o tienen dos empleos, en general dentro del rubro, vigilando hasta que la aguja larga del reloj da unas 16 vueltas en la esfera cada da.

El perfil de los trabajadores es variado, aunque se trata en su mayora de hombres, relata Eduardo Camargo, dirigente de la Unin Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Unatrase), nucleada en la Federacin Nacional de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys). Se estima que solamente hay unas tres mil trabajadoras. Es un rea comercial (porque no deja de serlo) que en trminos generales se compone de retirados policiales, militares jubilados o en actividad, jvenes padres de familia, algunos estudiantes y una fuerte presencia de poblacin migrante, sobre todo de dominicanos, aunque segn los registros del Ministerio de Trabajo tambin hay una presencia fuerte de paraguayos y venezolanos. De hecho, es uno de los sectores donde las inspecciones constatan mayor presencia de extranjeros. Si bien estn en blanco y perciben el mismo salario por la misma tarea que los trabajadores nacionales, Camargo relata que es comn que quieran hacerles la cada con las liquidaciones y vulnerar algunos de sus derechos, aprovechando su desconocimiento de las leyes laborales.

Los requisitos para ejercer la tarea son distintos segn las empresas y la funcin del trabajador. A modo de ejemplo, los que brindan servicios de seguridad electrnica son tcnicos y se les exigen estudios terciarios, pero se trata de la minora de los casos. Para gran parte de los puestos de trabajo las exigencias son bastante menores. scar Hernndez, presidente de la Cmara Empresarial de Seguridad Integral (Cesi), que nuclea a las empresas nacionales y forma parte de la Cmara de Comercio, detall a Brecha que aproximadamente el 80 por ciento de los trabajadores no han completado el ciclo bsico. Si bien no todas las empresas contratan con los mismos criterios, Hernndez considera que es importante y es algo que declara tratar de imponer en su empresa que los trabajadores hayan al menos comenzado el liceo, tengan ms de 25 aos y preferentemente familia a cargo, porque pueden afrontar, dice, mayores niveles de responsabilidad. Resulta difcil compatibilizar ese cuadro ptimo con el poco salario que se les paga. Aunque parecera estar en los bajos sueldos la explicacin de la alta rotacin de personal, Hernndez entiende que se debe a otras razones. Argumenta que gran parte de los trabajadores tienen descuentos por retenciones (por su situacin familiar) o por crditos impagos, que a veces comienzan a descontarse 90 das despus del alta en el Bps, y a su entender, cuando llegan las deducciones es que el trabajador renuncia. A esto se suma que la construccin y la seguridad privada comparten ms o menos el mismo personal, por lo que se relacionan de forma inversamente proporcional. Cuando una sube la otra baja.

La formacin es tambin mencionada como un hndicap para los migrantes. El presidente de la Cesi afirma que cada vez son menos las firmas que los aceptan definitivamente, pero dice que no es por discriminacin: La mayora de las empresas no aceptan mucho dominicano; en mi caso hicimos la prueba, tomamos a algunos, somos muy exigentes con ellos. No es un tema de color de piel, al contrario La mayora de los dominicanos que llegan vienen con formacin escasa, y la formacin escasa de ellos es ms baja que la formacin escasa en Uruguay.

Gerardo Rey destaca la alta formalizacin que ha alcanzado el sector, pero reconoce que an la mayor parte de las denuncias ante el Mtss son por haberes impagos, mal calculados, el no pago de horas extra o irregularidades en los descansos, y que todas generalmente se constatan.

Otro porcentaje importante de las demandas son por malas condiciones de seguridad e higiene, que en el rubro se traducen en casillas en mal estado, a veces sucias, sin electricidad, donde los trabajadores estn expuestos a sofocantes temperaturas veraniegas y al peor fro del invierno. Adems se denuncia la falta de baos cercanos en muchos casos incluso se les prohbe abandonar el puesto de trabajo, ausencia de un comedor y de vestuarios. Tambin existen casos de chalecos antibalas vencidos o de talles inapropiados, armas en malas condiciones o uniformes desgastados. Camargo recuerda que en una oportunidad constataron en la empresa G4S que haba trabajadores que cumplan sus funciones en el Banco Repblica sin chalecos. Si bien esta falta puntual se enmend, el dirigente explica que en las instancias de negociacin bipartita se trabajan estos asuntos pero muchas veces las empresas no cumplen lo acordado y no subsanan la omisin, es por eso que se ven obligados a denunciar ante la Inspeccin General del Trabajo.

Hernndez entiende que no siempre estos reclamos son vlidos, que a veces son producto del desconocimiento de la normativa, y que al sindicato le sera til un tcnico prevencionista que los asesore previamente para determinar qu reclamos son pertinentes y cules no. En rigor, Fuecys s cuenta con este asesoramiento, y segn los datos de la Inspeccin del Trabajo, la gran mayora de las denuncias del sindicato se comprueban.

De todas formas el presidente de la cmara reconoce que hay casos en que los empresarios no cumplen con la reglamentacin y proporcionan herramientas de trabajo en mal estado. Pero adems para l es un problema que no estn reguladas las calidades de los materiales, con lo cual las empresas tienen la posibilidad de escatimar costos a la hora de adquirirlos, y en este sentido le reclama un rol mucho ms activo a la Digefe como rgano competente, que a su criterio debera ser ms especfico en este tipo de aspectos. Otro elemento bien distintivo es que la seguridad privada suele ser un servicio tercerizado contratado por pblicos y privados, a excepcin de casos puntuales, como en Presidencia o en el Palacio Legislativo.

Divide y reinars

El gremio del rubro, Unatrase, cuenta con un 25 por ciento de adhesin entre los empleados y 51 organizaciones sindicales formadas (del total mencionado de 328 empresas), por lo que le resulta muy difcil conocer y apoyar las realidades restantes. Segn Camargo, una explicacin para la baja sindicalizacin es la rotacin de personal, pero tambin que las empresas desestimulan la formacin de sindicatos, y que son varios los casos de persecucin sindical.

Gerardo Rey relat a Brecha un caso reciente ocurrido en Prosegur, que descont la totalidad no el equivalente a un da del bono por presentismo, luego de que los trabajadores detuvieran las actividades para realizar una asamblea. Tras una primera instancia de negociacin en la Dinatra, en la que la empresa no accedi a enmendar su error, el caso pas a la Inspeccin del Trabajo, que intim a corregir la falta, obteniendo nuevamente la negativa de Prosegur. Rey explica que la violacin a la libertad sindical acarrea una de las multas ms altas que prev la ley y que puede alcanzar hasta cien veces el salario de cada uno de los trabajadores afectados. La sancin no lleg a imponerse, porque cuando procedan a efectivizarla se lleg a un acuerdo en la Dinatra. La empresa finalmente reconoci el error y abon los haberes impagos.

Hernndez considera que la relacin con el sindicato es buena. En cuestiones de salud y seguridad dice funcionan muy bien, aunque insiste en que algunos reclamos no tienen sentido y que el gremio necesita estar mejor asesorado.

Tan ilustrados

La capacitacin obligatoria que reciben los trabajadores es otro de los flancos dbiles del rubro. Charles Carrera se aviene a destacar la importancia de que este sector contribuya en materia de seguridad ciudadana, pero admite que si hay algo que est mal regulado en Uruguay es la seguridad privada. Y deposita su confianza en un proyecto de ley que reglamentar al sector, que ya cuenta con la aprobacin de los diputados.

Desde la Unatrase denuncian que la capacitacin es insuficiente. En general dura tres das en los que se trabaja el Cdigo de la Niez, el Penal, la legtima defensa, a lo que se suma una prueba de tiro para los guardias armados. Esa es la nica diferencia en la formacin de unos y otros. Reclaman que los custodias no estn capacitados para repeler hechos violentos, reducir a un atacante e incluso desconocen la forma de proteger los sitios del cuerpo que no cubre el chaleco. Consideran que en esta situacin el trabajador no slo se vulnera a s mismo sino tambin a las personas que estn bajo su custodia: un error de procedimiento o un movimiento inapropiado pueden tener graves consecuencias.

Rey coincide en que la capacitacin del sector est descuidada, pero entiende que las herramientas existen, ya que es uno de los roles del Instituto Nacional de Empleo y Formacin Profesional (Inefop). Considera que trabajadores y empresarios deberan articular ms con este organismo en busca de solucionar esta carencia.

En conversacin con Brecha, Eduardo Pereyra, director del Inefop, suscribi el diagnstico de Rey. Desde el organismo nicamente se solicita que haya un acuerdo previo entre las partes y a partir de all se generen las propuestas formativas que no tienen ningn costo extra para los interesados. Tanto Hernndez como el sindicato manifestaron a Brecha su voluntad de trabajar en este sentido, pero por el momento el instituto no ha recibido ninguna solicitud. Quizs haya un futuro ms prometedor, ya que actualmente la realidad del sector se encuentra en plena discusin en los consejos de salarios, y si bien an no hay acuerdos formales, se han alcanzado ciertos consensos, algunos de ellos vinculados a la capacitacin mediante el Inefop, as como la formacin de una tripartita de salud laboral y una recuperacin salarial progresiva. Desde el sindicato perciben buena voluntad de las empresas en esta instancia de negociacin.

Segn Carrera, la piedra angular para solucionar estos problemas se encuentra en el proyecto de ley que espera se apruebe este ao. En l se enfatiza en una capacitacin ms exigente que depender de la Direccin Nacional de Educacin Policial y no de cada empresa, como sucede actualmente. Esta reglamentacin profundizar en los exmenes psicolgicos y contar con la participacin de jueces, fiscales y policas en la formacin prctica y terica de los trabajadores. Para su redaccin se consult a las empresas y al sindicato. Hernndez considera que es un aporte pero que hay que seguir profundizando, Camargo entiende que algunas observaciones del sindicato no fueron atendidas, aunque esperan poder incidir en el futuro.

Fuente: http://brecha.com.uy/ 


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter