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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-01-2017

El sindicato critica el proceso de privatizacin de las prisiones espaolas
Un estudio de Comisiones Obreras denuncia la explotacin de los trabajadores presos

Enric Llopis
Rebelin


La federacin Espaola de Empresas de Seguridad (FES), patronal del sector, utiliza dos ideas fuerza en su ejercicio de lobby: la colaboracin entre las empresas privadas y el sector pblico mejora la eficiencia en la gestin; y la necesidad de incorporar nueva actividades empresariales en las administraciones pblicas, para garantizar la supervivencia del sector privado. El Ministerio del Interior comparte estas tesis en el mbito de las prisiones, segn concluye el Informe sobre la situacin actual de Instituciones Penitenciarias realizado por Comisiones Obreras y presentado en octubre de 2016. Un tercer argumento es el ahorro de costes. Contra estas afirmaciones, el sindicato apela a documentos como el de la agencia estadounidense Bureau of Justice Stastistics, que niega el supuesto ahorro de recursos en las prisiones privadas: Simplemente no se ha materializado. Adems, estudios de 2010 sobre las crceles en Arizona, estado que ha hecho bandera de la gestin privada en las prisiones, apuntan que este tipo de gestin es un 15% ms cara que la pblica; y ello, pese a que no se admite a los reclusos considerados ms caros: con patologas severas o crnicas, condenados por delitos ms graves o violentos.

La Federacin de Servicios a la Ciudadana de Comisiones Obreras y la Seccin Sindical del sindicato en Instituciones Penitenciarias ponen como ejemplo la privatizacin de la vigilancia en los permetros de las instalaciones carcelarias en el estado espaol, que comenz en 21 prisiones y se ampli a otras 67. En lo que el sindicato denomina modelo de seguridad neoliberal, el Gobierno autoriz el pasado 18 de agosto la contratacin del servicio de apoyo a la seguridad en las crceles por valor de 58 millones de euros, lo que supona alcanzar los 900 empleos en estos cometidos. Los servicios de apoyo que llevan a trmino vigilantes privados implican los permetros de las prisiones, el control de accesos, la observacin de los circuitos cerrados de televisin, el anlisis y gestin de las seales de alarma y la comunicacin a los responsables policiales. De este modo, critica Comisiones Obreras, las empresas privadas contratadas realizan funciones subordinadas o incluso superpuestas a las desempeadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Pero los procesos de externalizacin son muy anteriores al control exterior de las prisiones. Se han materializado, por ejemplo, en la contratacin de las administraciones pblicas con empresas privadas de mantenimiento, limpieza o entrega de paquetes y documentacin. As, mientras el volumen de negocio de estos sectores en las prisiones aumenta, se amortizan plazas de trabajadores pblicos. Las vacantes en el personal de mantenimiento superan el 38% y en la limpieza el 23%, aseguran fuentes sindicales; al no reponerse, constituyen una va abierta para que penetre el negocio privado. En estos procesos se ha destacado la Comunidad de Madrid, que ha abierto la puerta a empresas de mensajera y transportes all donde antes operaba el sector pblico. A ello se agrega que los servicios de las empresas privadas suelen tener un coste ms elevado para la Administracin, advierte el sindicato. Otra de las tendencias apunta a una disminucin de los precios en los Pliegos de Contratacin, lo que repercute negativamente en los empleados de las adjudicatarias. En muchas de estas contratistas los salarios han cado por debajo de lo establecido en los convenios sectoriales; uno de los ejemplos ms evidentes del deterioro son los ERE en el sector de la limpieza.

El informe menciona ejemplos de contratacin pblica irresponsable en las prisiones. Es el caso de la adjudicacin a la mercantil MARSEGUR del contrato para la seguridad y vigilancia de la Secretara General de Instituciones Penitenciarias y del Centro de Estudios Penitenciarios. Comisiones Obreras recuerda que los sindicatos denunciaron antes de la adjudicacin las irregularidades en que estaba incursa la empresa, investigada por Hacienda, la Seguridad Social y varios jueces. Otra de las empresas sealadas es EOC Obras y Servicios, con la que la Administracin contrat el servicio de mantenimiento en las crceles de Castelln I, Segovia y Picassent (Valencia). En este caso los sindicatos denunciaron retrasos o impagos de las nminas, as como incumplimientos del convenio por la empresa. El documento de Comisiones Obreras seala como uno de los ejemplos ms extremos el de la empresa Unilimp, que opera en las prisiones de Castelln I y Albocsser (Castelln): un semestre de impago de los salarios forz a los sindicatos a organizar una huelga indefinida. Otra concesionaria, Elecnor, a cargo del mantenimiento en la crcel de Crdoba, se neg a la subrogacin de los actuales trabajadores, con lo que incumpla el convenio de referencia.

Otro de los captulos del informe se centra en los servicios sanitarios de las prisiones. La condena no puede suponer una atencin sanitaria diferenciada, defiende Comisiones Obreras. El sindicato recuerda que Francia, Noruega, Inglaterra y Gales ya integran la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud, lo que implica que los mdicos atiendan, sin ninguna diferencia, a los ciudadanos dentro y fuera de la crcel. Del mismo modo, el sindicato plantea transferir las competencias a las autonomas en materia de Sanidad Penitenciaria, para lograr as la integracin en el rea de atencin primaria. El colectivo de presos en el estado espaol se aproxima a las 62.000 personas. Es un grupo de poblacin reducido en nmeros absolutos (respecto a la poblacin total), pero con relevancia cualitativa en trminos de salud. Por ejemplo, entre 1990 y 2006 el 11% de los casos de SIDA declarados en Espaa correspondan a personas reclusas, apunta Comisiones Obreras.

Un punto capital en la intrahistoria de las prisiones es la atencin a las enfermedades mentales. La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) calcula que el impacto de las alteraciones psiquitricas es hasta siete veces mayor entre los reclusos que en el conjunto de la poblacin. Comisiones Obreras subraya adems una estadstica concluyente del Ministerio de Sanidad (Estrategia Global de Actuacin en Salud Mental): al menos uno de cada cuatro presos sufre una enfermedad mental. En otros trminos, el 46% de los internamientos en las enfermeras de las crceles responden a patologas psiquitricas (cerca de 25.000 casos en el ltimo trienio). El sindicato caracteriza el medio que habitan los reclusos con graves enfermedades mentales la prisin-, como un lugar donde la compleja organizacin de la vida est presidida por el control y la disciplina, las restricciones regimentales, la convivencia forzada, los horarios rgidos, la monotona, el aislamiento emocional y la frustracin. De todo ello se derivan ms sanciones, escasa concesin de beneficios penitenciarios (basados en la buena conducta), y el cumplimiento ntegro de las penas sin acceso a permisos ni al tercer grado. Estos argumentos se refuerzan con las conclusiones de un estudio realizado en la prisin de Palma de Mallorca: el 60% de los 72 internos con enfermedad mental haba sido objeto de sanciones. En otros casos se agrega el mal de la drogodependencia, que afecta al 20-25% de los reclusos con patologas mentales.

El desequilibro por razones de gnero entre los reclusos empieza por el nmero: 56.297 hombres y 4.648 mujeres. Las mujeres presas sufren una doble condena, son las grandes olvidadas, concluye el informe de la organizacin sindical. En las prisiones que dependen de la Secretara General de Instituciones Penitenciarias, las mujeres cumplen mayoritariamente las condenas en crceles de hombres. . Slo hay tres establecimientos penitenciarios para mujeres, detalla el sindicato: Alcal de Guadaira (Sevilla), Madrid I y Brieva (vila). El resto son prisiones de hombres, 16 de ellas con carcter exclusivo y en el resto con uno o, a lo sumo, dos mdulos para presas. La concentracin de las reclusas en pocos centros provoca desvinculacin familiar y desarraigo, advierte Comisiones Obreras.

Hay casos en que las madres presas se ven obligadas a elegir entre estar con sus hijos menores de tres aos, o cumplir las penas cerca de las familias. Esto se debe a los dficit evidentes, ya que slo existen tres Unidades de Madres (Alcal de Guadaira, Madrid I y Antoni Asuncin en Valencia) y tres Unidades de Madres externas Centro de Insercin Social (CIS) Joaqun Ruiz Jimnez en Mallorca; Victoria Kent en Madrid y Luis Jimnez de Asa en Sevilla- (su objetivo es habilitar un espacio de convivencia entre las madres presas y sus hijos menores de tres aos). Por otro lado, en los departamentos de mujeres se incumple el principio bsico de separacin interior, de manera que conviven grupos muy heterogneos: presas preventivas con penadas, primarias con reincidentes o jvenes con mayores. A lo largo del tiempo, las mujeres internas han sufrido peores condiciones de alojamiento, ocupando siempre los espacios ms precarios y peor dotados de las prisiones.

La crtica ms rotunda afecta a la situacin de los presos que desarrollan trabajos remunerados en las crceles. Adems de inconstitucional en parte de sus artculos, el Decreto de 2001 que regula la actividad en los talleres penitenciarios confiere al trabajo en prisiones un carcter esclavista; en lugar de favorecer la reinsercin, se ha convertido en una herramienta para favorecer los beneficios de las empresas, sostiene Comisiones Obreras. El objetivo no debera ser, como ocurre en la prctica, facilitar mano de obra barata en condiciones tercermundistas para beneficios empresariales particulares. Uno de los elementos decisivos es el salario de los reclusos. A los trabajadores presos no se les aplican las remuneraciones estipuladas en los convenios colectivos, es ms, la mayora de las veces los salarios se sitan muy por debajo del Salario Mnimo Interprofesional. La Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formacin para el Empleo (EETPFE) determin en 2015 tablas salariales que oscilaban entre los 2,59 euros por hora del grupo uno (economato y actividades auxiliares) y los 4,51 euros la hora del grupo tres. En su da el sindicato denunci a empresas que contrataban a presos mientras recortaban las plantillas fuera de las crceles. No hay ningn argumento jurdico que posibilite o faculte dicha explotacin.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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