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(defendiendo el libre mercado)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-01-2017

Polticas de control migratorio y racismo
La deportabilidad: institucionalizacin del racismo y control social

Ainhoa Nadia Douhaibi Arrazola
Diagonal

A qu objetivos responde la deportacin de miles de personas cada ao?


En los ltimos aos se ha tratado de dar a conocer la articulacin de los diversos instrumentos represivos que forman parte del engranaje punitivo que es la Ley de Extranjera del Estado espaol. As, se han puesto en marcha campaas contra los CIE y los vuelos de deportacin, y en menor medida contra las redadas racistas necesarias para llenar ambos dispositivos. Sin embargo, en pocas ocasiones se ha conseguido poner el propio rgimen de deportacin en el centro de la cuestin.

La deportacin es una herramienta estatal que permite sacar a una persona a la fuerza, contra su voluntad, de un territorio delimitado. En su adaptacin a la actualidad espaola se presenta como un castigo legal que se puede imponer a una persona extranjera cuando no cumple los requisitos de la ley en materia de extranjera o asilo, o cuando se ve atrapada por el entramado del Cdigo Penal, que le cierra todas las puertas al acceso o renovacin del permiso de residencia. Al categorizar a determinadas personas como potencialmente deportables, el Estado despliega una forma de control directa sobre la vida de estas personas y, a su vez, stas pasan a estar sometidas por un engranaje mayor que permite al Estado transmitir una serie de mensajes coercitivos al conjunto de la poblacin.

La lucha contra la deportacin requiere de su compresin como una de las piezas de la reproduccin del racismo. Es necesario desentraar la estructura legal en la que se sustenta dicho rgimen, ya que es la dimensin jurdica la que abre la veda para categorizar como subhumanas, y en este caso como sujetos deportables, a personas migrantes a travs de las leyes de extranjera, de asilo o penales. Pero es importante realizar al mismo tiempo una lectura que desvele al sistema de control migratorio, no como una herramienta para el control de flujos poblacionales al uso, sino como un sistema de institucionalizacin y reproduccin del racismo y del control social, inherentes al capitalismo.

La violencia socioeconmica y laboral desplegada a travs de la Ley de Extranjera, probablemente ms sutil que los otros mecanismos de represin, sigue siendo la consecuencia ms cotidiana de la deportabilidad. La eficacia real de esta maquinaria consiste en su capacidad para intensificar a travs de la amenaza de la deportacin el sometimiento vinculado al rgimen de permisos de dicha ley. La exigencia de la cotizacin para renovar los permisos obliga a toda una serie de trabajadores y trabajadoras migrantes a mantener contratos laborales de explotacin salarial y servidumbre para poder renovar las tarjetas de residencia. ste es el pulmn que regula los precios de la mano de obra del mercado laboral, sobre todo en los sectores ms precarios y menos regulados del Estado, como la construccin, la hostelera, el trabajo de cuidados y la agricultura. A pesar de que el Estado sabe que stos son los nichos laborales ocupados por una gran parte de la poblacin migrante, la supervisin del cdigo laboral en estos espacios es casi nula. Podramos alegar que se da una implementacin selectiva de la legalidad: all donde haya vendedores ambulantes, trabajadoras del sexo y dems ocupantes del espacio pblico haciendo un uso contranormativo y, ante todo, perjudicial para el orden capitalista, es donde se despliega el control policial y adonde se dirigen los esfuerzos de la publicidad de la regulacin y el cumplimiento de la ley.

A travs de las redadas racistas y la persecucin y detencin de personas extranjeras en la va pblica miles de operativos cada ao, difcilmente cuantificables tanto en nmero como en su trascendencia simblica, se activa uno de los mecanismos legitimadores del sistema de deportacin. Los componentes de este rgimen, esto es, las redadas, las detenciones y los internamientos en los CIE, son el potenciador del imaginario criminal en clave racista. Actan como prueba de cargo en el discurso que liga inseguridad con inmigracin o inseguridad con negros, moros, sudakas y gitanos. No es casual que veamos a personas racializadas en nuestros barrios rodeadas de polica y pensemos "qu habrn hecho?". As, en la exhibicin de la detencin pblica y el encierro de personas deportables nos encontramos ante un despliegue de poder estatal con una alta carga simblica para todos los pblicos.

Por un lado, a la poblacin 'autctona' se le comunica que las fuerzas de seguridad protegen a sus ciudadanos (blancos y occidentales) ante las amenazas de la inmigracin (escenificada por cuerpos que reproducen la categorizacin racial vinculada a la identidad de los Estados-nacin). Y, por otro lado, a las personas migrantes se les recuerda su condicin de personas deportables. Estas prcticas, que inevitablemente delimitan usos del espacio pblico, las relaciones, la participacin social, cultural y poltica, etc., son tanto un mandato a la obediencia y la sumisin de los otros, como una poltica que potencia la construccin de la alteridad en clave racial.

Como vemos, la violencia simblica es indisociable del aparato de la deportabilidad. Pero tambin es necesario abordar la violencia ms explcita, la fsica, como inherente a la institucionalizacin del racismo; en este caso, a travs de la propia deportacin forzada. La construccin legal de la alteridad ha proporcionado el marco ideal para la violencia normativizada. El maltrato fsico est legitimado en protocolos de la Polica Nacional tales como el de 'Normas de actuacin en las repatriaciones y traslados de detenidos ()', que ampara la utilizacin de la fuerza fsica y la sedacin forzosa para garantizar la expulsin en casos de resistencia de la persona durante su deportacin. En este documento encontramos frases que indican a los policas tal es la violencia prevista que no se puede matar a las personas expulsadas: En ningn caso la aplicacin de las medidas coercitivas podr comprometer las funciones vitales del repatriado.

De hecho, este documento fue puesto en circulacin por primera vez meses despus de la muerte por asfixia de Osamuyi Aikpitanyi en el vuelo comercial de Iberia que lo repatriaba rodeado de turistas en el ao 2007. Existen varias denuncias de maltrato, tortura e incluso muerte en las deportaciones, tanto en el Estado espaol como en Europa. Entre otras, el caso de torturas denunciado por Alfredo en Barcelona en el 2014 y el caso de Sandra en Madrid, as como el caso de Jimmy Mubenga en el Reino Unido, tambin asfixiado hasta la muerte en octubre del 2010, igual que Semira Adamu hace ya 18 aos en Blgica. Si bien los casos de Osamuyi y Mubenga llegaron a juicio, la decisin del juzgado en el caso de Osamuyi fue condenar a seiscientos euros de multa a los policas encargados de este operativo por una falta de imprudencia leve. En el caso de Mubenga fueron absueltos.

Leer ms: Casi 150 vuelos para deportar inmigrantes y slo seis incidentes?

Llueve sobre mojado

Si analizamos la genealoga histrica de la deportacin, se pueden enumerar prcticas anlogas tan atroces como el exilio y la exclusin en el imperio romano y la polis griega, la expulsin de los moriscos y los judos del incipiente estado espaol, el destierro y las leyes de transporte de convictos a las colonias en la temprana modernidad desde Inglaterra, el comercio transnacional de esclavos durante la colonizacin, o la deportacin a campos de exterminio de determinados grupos tnicos como los gitanos y los judos en la Alemania nazi, entre muchas otras.

El rgimen de deportacin de los Estados modernos se asienta as sobre una serie de prcticas y legislaciones discriminatorias aparentemente propias de periodos histricos reconocidos como vergonzantes y discursivamente condenados. Sin embargo, jams sus mtodos han sido llevados a juicio, ni mucho menos reparados de ninguna forma. Ms an, estas tcnicas de gobierno se han sofisticado hasta aceptarse como inherentes al ejercicio legtimo de la soberana, y como solucin natural a algunos de los problemas que plantean los Estados-nacin modernos. Un claro ejemplo es el ltimo acuerdo de la Unin Europea con Turqua respecto a las personas refugiadas.

Leer ms: "El acuerdo UE-Turqua es casi trfico de personas"

Hasta el da de hoy no ha habido coste legal, poltico ni social para los gobiernos por conservar sus Regmenes de Deportacin. Dicho rgimen ha conseguido sostener su disfraz como un mecanismo regulador de flujos migratorios en una sociedad donde se ha orquestado la percepcin de la inmigracin como amenaza al Estado de bienestar y a una pretendida identidad nacional. Sin embargo, si comprendemos que la irregularidad administrativa ha sido creada por el propio Estado, es justo decir que hay una articulacin interesada del "problema de la inmigracin irregular". Esto se debe a que el discurso oficial narrado a travs del aparato meditico y poltico es una puesta en escena necesaria para la legitimacin de aquellas leyes y acciones que, de otro modo, seran claramente percibidas como extremadamente violentas y racistas.

En una realidad social y econmicamente cada vez ms precaria donde es la emigracin la que configura el mapa de la movilidad espaola actual, deberamos preguntarnos: qu implica deportar a la fuerza a miles de personas al ao cuando la irregularidad no alcanza al 1% de la poblacin total? En trminos de regulacin de flujos, realmente, nada. En trminos de coste humano, as como de herramienta de legitimacin del racismo institucionalizado, control social y castigo ejemplarizante, todo.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/32709-la-deportabilidad-institucionalizacion-del-racismo-y-control-social.html



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