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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-01-2017

Sbado 21 de enero jornada de movilizacin contra el tratado
El CETA o el laberinto jurdico del libre comercio

Juan Hernndez Zubizarreta y Pedro Ramiro
La Marea


El conjunto de tratados y acuerdos de comercio e inversiones que invaden todo el planeta responde a una lgica jurdica de feudalizacin del ordenamiento normativo global. Este ordenamiento feudal quiebra y reinterpreta los principios clsicos del Estado de Derecho y se articula por medio de la privatizacin del poder legislativo y judicial. As, los espacios pblicos de regulacin se subordinan a los espacios privados que vulneran los derechos de las mayoras sociales y de los pueblos. Todo ello, en favor de los intereses del capital, de las clases dominantes y de los gobiernos cmplices. El Acuerdo Econmico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en ingls), negociado entre la Unin Europea y Canad y actualmente pendiente de ser ratificado por el Parlamento Europeo votacin que tendr lugar el 14 de febrero en Estrasburgo, participa de esta lgica. Veamos cmo.

Quiebra de las instituciones democrticas. La globalizacin neoliberal ha impulsado el papel de las instituciones pblico-privadas de carcter supranacional como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), el G8 primero y el G20 despus, las agencias de calificacin de riesgos, etc. y de los instrumentos jurdicos que refuerzan la lex mercatoria , como los acuerdos de inversin y los tratados comerciales llamados habitualmente de libre comercio, aunque no tengan nada que ver con un intercambio libre entre partes iguales, que han ido creando un entramado institucional y un conjunto de normas jurdicas ms privadas que pblicas. Con sus propias lgicas de funcionamiento pero con efectos erga omnes, es decir, sobre las mayoras sociales del planeta. De este modo, las poblaciones campesinas de Senegal, Bolivia o India estn ms condicionadas por las directrices que aprueban estas organizaciones que por las leyes que aprueban sus parlamentos nacionales. Y no estamos hablando de que exista un gobierno universal o una globalizacin jurdica, hablamos de un Derecho Corporativo Global al servicio de los intereses del capital y los negocios de las grandes corporaciones. El CETA se enmarca en este contexto.

Falta de legitimidad y transparencia. El secreto y la opacidad son elementos constituyentes de los tratados y acuerdos mencionados, forman parte de su metabolismo funcional. Y es que las normas de comercio e inversin se elaboran fuera del control parlamentario y de la ciudadana. Casi nunca son conocidos los negociadores concretos, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas mientras se envuelve el procedimiento de valoraciones tcnicas que necesitan de la confianza y discrecin entre las partes negociadoras; se toman decisiones al margen de los procedimientos parlamentarios y a espaldas de la sociedad civil, secuestrando los textos en discusin incluso a los representantes pblicos. Los lobbies que representan a las empresas transnacionales y a los intereses de las clases dominantes, eso s, forman parte del poder legislativo del que emanan los tratados y los acuerdos de comercio e inversiones. En el caso del CETA, las negociaciones se desarrollaron a puerta cerrada y el texto qued cerrado y listo, sin ningn debate pblico, para su consentimiento por las autoridades correspondientes.

Procedimientos de diferentes velocidades. En su primera fase de aprobacin, en el pasado otoo, el Consejo Europeo tuvo muchas dificultades para conseguir la unanimidad en relacin al CETA con una presin brutal sobre Valonia ; a la vez, en el parlamento espaol se eluda el debate y el gobierno en funciones lo ratificaba de manera casi clandestina. En esta segunda fase, es el Parlamento Europeo el encargado de ratificar el CETA en febrero. As, la maquinaria burocrtica se ha puesto en marcha y todas las interpretaciones ms restrictivas y antidemocrticas de los procedimientos parlamentarios se estn poniendo encima de la mesa. La mocin cuyo contenido resida en que el Tribunal de Justicia de la Unin Europea analizara la legalidad del Sistema de Tribunales de Inversin fue rechazada , sin debate alguno, por el pleno del Parlamento Europeo. Lgicamente, no quieren que se expongan las mltiples razones que juristas, magistrados y asociaciones de jueces sostienen frente a la falta de adecuacin del modelo de tribunales de arbitraje al sistema judicial europeo. Y mientras la UE tiene mucha prisa y ya prev la aprobacin provisional del CETA una vez haya sido admitido por el Parlamento Europeo, incluyendo materias que entrarn en vigor antes de la ratificacin del conjunto de los Estados miembros de la Unin, los derechos humanos se empantanan en procedimientos largos y repletos de burocracia sin lmite.

Exceso de normas jurdicas. Segn publica la Comisin Europea, el CETA consta de ms de 1.600 pginas entre el texto central y los anexos, mientras los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU conocidos como Principios Ruggie, que tendran que servir para proteger, respetar y remediar los derechos humanos por las empresas transnacionales tienen 32 pginas. Miles de normas para defender el comercio, las inversiones y los derechos de las transnacionales frente a unos cuantos apartados para regular, de manera voluntaria y sin exigibilidad jurdica, sus obligaciones; una asimetra jurdica que se consolida como el principio esencial de la globalizacin neoliberal. En el caso concreto del CETA, como tendencia general, la precisin y la claridad conceptual desde el punto de vista de los negocios de las grandes compaas colisiona con la indeterminacin de las excepciones que garantizan los servicios pblicos o los derechos sociales; de nuevo, una asimetra continua y profunda. Y, a pesar de que las dudas en torno a este acuerdo se han intentado solventar formalmente por medio de una Declaracin interpretativa de 12 pginas de carcter vinculante, esta no aclara la mayora de las clusulas abiertas que forman parte de lo que hemos denominado Derecho vivo.

Privatizacin del poder legislativo. Con todos estos tratados y acuerdos comerciales de ltima generacin se avanza en la privatizacin de los procedimientos legislativos: las empresas transnacionales se introducen en los procesos normativos y penetran en el marco regulatorio abierto a frmulas de cooperacin reguladora y generadora de coescritura de legislacin; fenmeno conocido en la elaboracin de las denominadas normas tipo. Dicho de otro modo: adems de su poder fctico, los lobbies tendrn presencia directa o indirecta en la propia elaboracin de las normas. Y es que el Comit Mixto del CETA asumir importantes competencias reguladoras e interpretativas al igual que el Consejo de Regulacin del TTIP, alejndose de todo lo que tenga que ver con el control parlamentario y ciudadano. Se configura, as pues, un Derecho vivo en continua reelaboracin a favor del capital y las empresas transnacionales: la alerta temprana, las evaluaciones de impacto, el intercambio de materias de regulacin, el dilogo permanente entre las partes, los exmenes conjuntos de legislacin para aligerar las cargas normativas sobre las empresas, las neutralidad de las regulaciones, la convergencia reguladora, el mutuo reconocimiento de reglamentaciones, la armonizacin normativa son tcnicas jurdicas que permiten construir un poder meta-legislativo que quiebra la separacin de poderes y la reconstruye a favor de las grandes multinacionales.

Privatizacin del poder judicial. El Sistema de Tribunales de Inversin recogido en el CETA es un sistema paralelo al poder judicial se trata de tribunales privados y favorable a las empresas transnacionales, que quedan al margen de los poderes judiciales nacionales, comunitarios e internacionales. En la citada Declaracin interpretativa se dedica el epgrafe ms extenso a la defensa del polmico Sistema de Tribunales de Inversin; no obstante, los ejes centrales del sistema se mantienen . Adems, tal y como Cecilia Olivet y otras autoras han analizado, las supuestas mejoras quedan cuestionadas por las diferentes interpretaciones en relacin con la eficacia de los laudos arbitrales, las posibles excepciones que sirvan para proteger la vida o la salud humana, las reservas especficas presentes y futuras por parte de los Estados, etc. Por cierto, resulta muy sorprendente el apartado f) de la Declaracin, ya que insiste en que los tribunales sobre inversiones son independientes, imparciales e inspirados en los sistemas judiciales pblicos de la UE, sus Estados miembros y Canad, as como en los tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las preguntas, entonces, son obligadas: para qu se crean estos tribunales? Por qu no se encarga esta labor a los poderes judiciales ya existentes?

Armadura jurdica de dominacin. Desde una perspectiva normativa, el capital ha conseguido de los distintos Estados e instituciones globales reformas dirigidas a garantizar la libertad absoluta de capitales y convertir en principio jurdico universal la supuesta estabilidad financiera. Se disloca as la jerarqua normativa internacional, al situar los derechos empresariales por encima del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los principios constitucionales. En la Unin Europea, junto a ello, al CETA y al resto de tratados y acuerdos de comercio e inversiones hay que sumarles el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; el Tratado de Estabilidad, Coordinacin y Gobernanza; el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE); el programa de estabilidad y convergencia, los procedimientos de dficit excesivo, los sucesivos rescates, las recomendaciones por pas Todo ello conforma una nueva armadura jurdica de dominacin. De ah que los movimientos sociales europeos se enfrenten, por arriba, con la decisin de aprobar el TTIP, el CETA y otros nuevos tratados y acuerdos de comercio e inversiones y, por abajo, con un blindaje jurdico donde los intereses del capital se juridifican al ms alto nivel. Por eso nos movilizaremos el sbado 21 de enero, para provocar que el CETA descarrile y hacer que el TTIP quede definitivamente enterrado.

Juan Hernndez Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_ ) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina (OMAL) Paz con Dignidad .

Fuente: http://www.lamarea.com/2017/01/20/ceta-laberinto-juridico-del-libre-comercio/ 



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