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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-02-2017

Paraguay
Guahory, Curuguaty y acunday: los intereses terratenientes y la lucha soberana por la tierra

Cecilia ​ Vuyk
Rebelin


"Estamos asistiendo a la ocupacin del Paraguay. Estamos viviendo en un pas ocupado", analizaban dirigentes sociales y polticos en un balance de fin de ao. "Este proyecto de usurpacin econmica tiene su proyecto poltico, encabezado por el actual gobierno", continuaban reflexionando. La expansin del latifundio bajo control extranjero sobre las tierras y los territorios campesinos e indgenas con apoyo del gobierno y el Estado a lo que se suma en la actualidad la disputa en los territorios periurbanos-, se expresa cada da con mayor fuerza. El caso Guahory vuelve a mostrar con claridad su carcter represivo, violento y antinacional, as como la dignidad y firmeza del pueblo paraguayo en la defensa del territorio y la soberana nacional.

El 15 de setiembre del ao pasado, sin orden judicial, 1.200 agentes de la polica nacional y la fiscala con recursos aportados por colonos brasileos (1)- desalojaron a 200 familias de la comunidad de Guahory, distrito de Tembiapor, departamento de Caaguaz. Las tierras de las cuales fueron desalojadas eran propiedad de los campesinos y otras en proceso de expropiacin, varias de las cuales fueron tituladas de manera fraudulenta a nombre de terratenientes brasileos de la zona. Mientras el operativo de desalojo se realizaba, un colono brasileo observaba desde un helicptero de la entidad binacional Yacyret el operativo, cuyo prstamo agradeca personalmente al presidente Horacio Cartes en un video que el mismo grab en el aire, lo alz a internet y se viraliz. Agradeca asimismo a la polica nacional por el buen trabajo realizado (2).

Las familias de Guahory reocuparon las tierras luego del desalojo, e instalaron una carpa de resistencia en Asuncin para visibilizar la lucha y exigir soluciones al INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra). Pese a las conversaciones iniciadas con el gobierno, y a carecer nuevamente de orden judicial, la polica nacional volvi a desalojar a las familias de sus tierras el 27 de diciembre del ao pasado y el 3 de enero del corriente, con 20 heridos y 12 detenciones ilegales, entre ellas nios. Los medios de comunicacin no tardaron en colocar a los campesinos de Guahory como violentos y causantes de la violencia en los desalojos perpetrada por la polica nacional y no por los campesinos- y salir a favor de los terratenientes. Lo mismo hicieron los gremios de la produccin, principalmente la Asociacin Rural del Paraguay.

Los sucesos desarrollados en Guahory siguen los mismos patrones de otros casos emblemticos de lucha por la tierra como Curuguaty y acunday.

Primeramente, tierras pblicas o de asentamientos campesinos son usurpadas ilegalmente por terratenientes nacionales o extranjeros: colonos brasileos, entre ellos Jair Weber, en el caso Guahory, Blas N. Riquelme, paraguayo, en el caso Curuguaty, y Tranquilo Favero, brasileo, en el caso acuday. Sobre las tierras usurpadas se desarrollan operativos ilegales de desalojo campesino, montando un escenario poltico y meditico de criminalizacin de los campesinos y de defensa de la falsa propiedad privada de los terratenientes usurpadores, buscando luego negociar el traslado de los campesinos a otras tierras como se intent en los 3 casos- y generando un montaje jurdico para apresar a los dirigentes campesinos en casos que no accedan a desalojar sus tierras como en el caso de juicio nulo de Curuguaty y los presos polticos del mismo.

La lucha por la tierra ha marcado y marca la historia del pueblo paraguayo desde el inicio de la colonizacin espaola hasta nuestros das. En el marco de un auge de la lucha del movimiento campesino y popular contra el latifundio a inicios de la dcada del 2010, las ocupaciones de tierras en y las consecuentes resistencias en Curuguaty y acunday expresaron uno de los episodios de resistencia ms altos en la historia contempornea paraguaya, y un hito al ser el inicio del golpe de Estado de 2012, a partir del cual se erige el actual rgimen privatista, autoritario, antinacional y represor encabezado por Horacio Cartes. El caso Curuguaty expresa con claridad el inicio del golpe de Estado sobre la masacre montada sobre la resistencia de las y los campesinos en la ocupacin de las tierras de Marina Kue. La defensa de la Fiscala y el Poder Judicial de las tierras usurpadas ilegalmente por la empresa Campos Moromb, as como el juicio nulo montado contra las y los campesinos presos polticos, son claras expresiones de la estructura semi feudal y la superestructura del sistema latifundista que se erige sobre la misma, donde la burguesa y el imperialismo crean y recrean mecanismos para intentar mantener su dominacin sobre la base de la violencia, la expulsin del campesinado y los pueblos originarios de sus tierras, la depredacin de los recursos naturales y la explotacin de la mano de obra para su lucro. El caso acunday deja ver las contradicciones de la dominacin extranjera en Paraguay, sustentado sobre la base del latifundio, donde el imperialismo norteamericano y su aliado en este caso- el subimperialismo brasileo, preocupados por el auge de la lucha campesina contra el latifundio -en gran parte sin ttulo y en situacin jurdica irregular-, impulsaron junto a la burguesa paraguaya el golpe de Estado del 2012, buscando frenar el auge de la lucha del movimiento popular por la tierra y la soberana.

A estos casos se suma hoy el caso Guahory, que expresa, en la consumacin del golpe de Estado del 2012, uno de sus objetivos principales, que es el mantenimiento de las tierras usurpadas en poder de los terratenientes extranjeros, principalmente brasileos, y el intento de expandir la frontera agrcola de forma impune sobre territorios de propiedad campesina e indgena.

Sin embargo, estos tres casos, a la par de mostrar con claridad el sistema latifundista que se erige sobre la concentracin de la tierra y se ala nacional e internacionalmente en funcin a mantener sus intereses, expresa asimismo el otro lado de ese decadente sistema latifundista, que es la voz y la fuerza de quienes construyen el presente y son el futuro: la voz de las y los campesinos en lucha, de las y los trabajadores del campo y la ciudad, que unidos en pos de un desarrollo real que supere el latifundio y las trabas del atraso en el pas, conquistarn el Paraguay libre, independiente y soberano que el pueblo paraguayo y latinoamericano necesita.

El latifundio semifeudal

La lucha por la tierra en Paraguay se remonta a la misma resistencia de los pueblos originarios contra los invasores colonizadores hace ms de 500 aos. La usurpacin de las tierras realizada por los colonos consolid una estructura semi-feudal latifundista, sobre la cual se sustent el proyecto colonial de extraccin de recursos naturales y exportacin de materia prima al centro.

El rgimen patritico del Dr. Gaspar Rodrguez de Francia (1811-1840), instalado tras la independencia nacional en 1811, recuper la mayor parte del territorio nacional. Aproximadamente 80% de la tierra se volvi propiedad del Estado, dada en arrendamiento a los campesinos para que la trabajen.

Sin embargo, representando este rgimen de desarrollo autnomo una amenaza a los intereses del incipiente capitalismo mundial de libre competencia, la guerra imperialista de la Triple Alianza (1865-1870) -financiada por Inglaterra y protagonizada por Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay-, destruy el proyecto de desarrollo impulsado por el gobierno francista y sus sucesores los Lpez (1840-1870), instal una ocupacin militar brasilero-argentina por 7 aos en el pas, redujo a 1/3 la poblacin paraguaya e inaugur la fase de recolonizacin del Paraguay.

Tras esta Guerra Grande, se reconstruy la estructura latifundista a travs de las leyes de 1883 y 1885 de venta de las tierras pblicas, sancionadas por el gobierno antinacional de Bernardino Caballero(3), y menos de dos docenas de monopolios extranjeros controlaron un cuarto del territorio nacional, siendo los principales los anglo-argentinos Carlos Casado S.A. y La Industrial Paraguaya S.A., y la brasilea Mate Laranjeira, que control un sector yerbatero en el departamento de Concepcin (4). La estructura latifundista semi feudal se reorganiz y se constituyeron los principales partidos latifundistas que mantienen la hegemona hasta hoy, resguardando dicha estructura la Asociacin Nacional Republicana, conocida como Partido Colorado, y el Partido Liberal, actual Partido Liberal Radical Autntico.

Actualmente, el 2,6% de las explotaciones concentra el 85,5% de la tierra en el pas (5), y por lo menos- un 19,4% del territorio se encuentra en manos extranjeras (6), principalmente de capitales brasileros 11,78%.

Esta estructura latifundista semi feudal es la base del actual proyecto de dominacin en el pas, y una de las principales bases de la alianza de clases, tanto entre la burguesa y los terratenientes, como entre capitales nacionales y extranjeros que se sustentan sobre el latifundio, como ser los capitales vinculados a la ganadera, el monocultivo extensivo, la comercializacin de insumos para la ganadera y el monocultivo, el capital financiero que trabaja sobre la especulacin del agro, la industrializacin de la materia prima proveniente del monocultivo extensivo como los aceites y biocombustibles, entre otros.

La misma frena el desarrollo nacional, manteniendo al Paraguay subordinado al proyecto imperialista regional y mundial, como proveedor de tierra, energa, recursos naturales y mano de obra barata.

La expansin del control de la tierra

Una de las bases de esta estructura latifundista es la usurpacin de las tierras mal habidas, tierras adjudicadas a sujetos no beneficiarios de la reforma agraria, cercanos a la cpula de poder, tanto en el periodo dictatorial -1954 a 1989- como en la transicin democrtica desde 1989 hasta nuestros das.

Estas tierras, correspondientes al 20% del territorio nacional (5), tocan la contradiccin del latifundio y la impunidad que sostiene esta estructura semi-feudal, donde se expresa con claridad el sistema latifundista: los mismos usurpadores de tierras son quienes controlan el poder poltico, las instituciones gubernamentales y los medios de comunicacin, manteniendo as bajo su control el latifundio y las tierras robadas.

Datos de los ltimos Censos Agrcolas demuestran que este avance del latifundio ya no se da solamente sobre tierras fiscales sino, al ir agotndose stas, avanza sobre asentamientos campesinos e indgenas (7). Actualmente con el avance de los intentos de desalojo de poblaciones urbanas, como el caso de los asentamientos de la capital conocidos como los Baados, se incorpora a esta lgica de expansin del latifundio tambin el desalojo de asentamientos urbanos, para la inversin del excedente del agronegocio en el negocio y la especulacin inmobiliaria.

Solamente en el periodo entre el Censo Agrcola de 1991 y el del 2008, la superficie cultivada o de uso ganadero aument 30%, y la frontera agrcola se expandi duplicando la superficie de explotacin en 102,5%, desaparecieron 17.572 fincas (5,7% del total), con mayor rapidez las menores de 1 ha (18,9% en superficie y 29,1% en cantidad sobre el total); y las de 20 a menos de 50 ha (27,7 y 27,5% en superficie y nmero respectivamente). La cantidad de productores individuales decreci en 25.481 (8,4%) (8).

Estos datos explican en gran medida no solamente el aferro de la burguesa y el imperialismo a las tierras fiscales usurpadas, sino asimismo la avanzada de desalojos masivos a asentamientos campesinos e indgenas ya consolidados, como se ve con fuerza en los meses posteriores a la consumacin del golpe de Estado del 2012 y en la actualidad, donde se incluyen por primera vez desalojos de mano de civiles armados pagados por latifundistas, como el caso la comunidad indgena Yapo y el asentamiento campesino Naranjito, ambos en el departamento de Canindey en el ao 2014, a los cuales se suman los desalojos de Guahory, realizado por policas con financiacin de los colonos brasileos.

El 15 de junio del 2014 civiles armados pagados por un colono brasileo ingresaron a tierras ancestrales de la comunidad indgena Yapo, en Canindey, asesinando a un dirigente e hiriendo a varios otros, intentando llevar adelante un desalojo ilegal. Las tierras de la comunidad indgena colindan con una extensa plantacin de soja de un colono brasileo, quien viene presionando a la comunidad para que le venda sus tierras. Ante la negativa de la comunidad, el colono pag a civiles para que realicen el intento de desalojo armado.

Lo mismo sucedi en el asentamiento 1 de marzo, de la colonia Naranjito en el departamento de Canindey, donde el 12 de junio del 2014, civiles armados desarrollaron un desalojo ilegal, hiriendo a un dirigente de la zona y quemando casas de la comunidad. El asentamiento se encuentra en proceso de recuperacin de dichas tierras, que son tierras malhabidas usurpadas por un terrateniente paraguayo desde la dictadura stronista, y actualmente en proceso de expropiacin.

Tanto la comunidad indgena de Yapo como el asentamiento 1 de marzo de Naranjito continan ocupando sus tierras y luchando por las mismas, al igual que Guahory, Curuguaty y acunday. En la siguiente entrega entraremos a analizar cada uno de estos casos emblemticos, y el patrn de comportamiento de la burguesa terrateniente y el imperialismo en el intento de avanzar en la expansin del latifundio en territorio nacional.

Notas:

(1) LTIMA HORA (9 de octubre de 2016). "Colono admite que "dan regalos" a policas en Guahory". Accesible en: http://www.ultimahora.com/colo

(2) ABC DIGITAL (19 de setiembre de 2016). "Colono acompaa procedimiento de desalojo en Guahory". Accesible en: https://www.youtube.com/watch?

(3) CREYDT, Oscar. Formacin Histrica de la Nacin Paraguaya. Pensamiento y vida del autor, tercera edicin revisada y ampliada. Asuncin: Servilibro, 2007.

(4) PASTORE, Carlos. La lucha por la tierra en el Paraguay. Tercera edicin corregida, Asuncin: Intercontinental Editora, 2008.

(5) COMISIN VERDAD Y JUSTICIA PARAGUAY(CVJ). Tierras Mal Habidas. Informe Final, Anive hagu oiko. Asuncin: Comisin Verdad y Justicia Paraguay CVJ, 2008.

(6) GLAUSER, Marcos. Extranjerizacin del territorio paraguayo. Asuncin: Base IS, 2009.

(7) PALAU et al. Los refugiados del modelo agroexportador. Impactos del monocultivo de soja en las comunidades campesinas paraguayas. Asuncin: Base Investigaciones Sociales, 2007.

(8) PNUD Paraguay. Sector rural paraguayo: una visin general para un dilogo, en Cuadernos de Desarrollo Humano, n. 7, Nmero especial, Asuncin: PNUD Paraguay, diciembre 2010.

Cecilia ​ Vuyk. Politlga, docente, investigadora del centro Cultura y Participacin para el cambio social y militante del Movimiento 15 de junio de Paraguay.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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