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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-02-2017

La partida por el referndum de autodeterminacin

Jess Gellida
Rebelin


La aprobacin de los presupuestos, la judicializacin del proceso soberanista, el fracaso de la operacin dilogo y la llegada a la fase final de concrecin de la propuesta de referndum o referndum hacen inevitable el choque de trenes entre Catalua y el Estado espaol.

El s de la CUP a los presupuestos de Junts pel S que se aprobarn en marzo facilita la hoja de ruta de un gobierno cataln que ya no tiene ms excusas para dilatar el proceso. Un apoyo que condiciona los presupuestos al referndum y que no esta exento de contradicciones dentro de la izquierda independentista. Los posicionamientos de la CUP y la movilizacin popular (como la de la comunidad educativa) han arrancado algunas concesiones en materia social, no obstante, son cesiones insuficientes para revertir los recortes convergentes de los ltimos 5 aos. En este sentido, los presupuestos no han abordado la necesaria reforma fiscal progresiva para grabar ms a quien ms tiene y establecer as un cambio de modelo favorable a la mayora social. Unos presupuestos continuistas que no son los ms sociales de la historia y que huelen a Convergencia.

En un paso ms en la judicializacin de la cuestin catalana ha empezado con un gran eco meditico, -tambin internacional-, el juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau acusados de desobediencia y prevaricacin como responsables de la organizacin del proceso participativo del 9N. Poner las urnas nunca puede ser delito, tampoco en el caso del multi-referndum organizado en Catalua por decenas de activistas de movimientos sociales que el anterior gobierno de Mas criminaliz y persegui. No obstante y sin olvidar el caso de Francesc Homs, el juicio que puede acelerar los acontecimientos es el de Carme Forcadell, segunda autoridad poltica de Catalua. El Tribunal Superior de Justicia de Catalua (TSJC) investiga si la presidenta cometi un delito de desobediencia al permitir el debate y votacin en el Parlamento de las conclusiones de la comisin del proceso constituyente. Unas actuaciones que dicen muy poco de la democracia espaola mientras el nivel de impunidad de la corrupcin es escandaloso.

Una vez fracasada la operacin dilogo empieza la operacin precinto como respuesta del gobierno de Rajoy a la hoja de ruta soberanista que exige un trato bilateral con el gobierno del Estado, tal y cmo se escenific con la ausencia de Puigdemont a la Conferencia de presidentes autonmicos. Esta operacin dilogo slo ha servido para constatar la negativa de los populares a negociar la posibilidad de realizar un referndum, a la vez que para tejer alianzas entre los de Rajoy con las autodenominadas fuerzas constitucionalistas como el PSC y/o, sobre todo, Ciudadanos con Ins Arrimades como interlocutora. Precintar escuelas, quitar las competencias en educacin y amenazar incluso con suspender la autonoma aplicando el artculo 155 de la Constitucin espaola son las medidas coercitivas que los populares estudian para evitar el referndum. Una respuesta firme y proporcional al desafo de Puigdemont son las palabras textuales de los portavoces del ejecutivo popular.

Mientras tanto los y las 72 diputadas independentistas del Parlamento continan trabajando en la concrecin de las leyes de desconexin: la ley de transitoriedad jurdica, -que definir Catalua como una repblica de derecho, democrtica y social-, la de hacienda propia y la de la seguridad social. Unas leyes que estn supeditadas a la pantalla actual del referndum y de cmo llevarlo a cabo para que sea efectivo. La ampliacin de las alianzas en el resto del Estado y la internacionalizacin del proceso son imprescindibles para ejercer el derecho a decidir, pero tambin lo es hacer limpio y acabar con la sombra de la corrupcin que salpica a una parte del gobierno vinculado a la antigua Convergencia y su financiacin.

La apuesta por el referndum o referndum proclamada por Puigdemont, apoyada por el gobierno cataln y sus socios de la CUP y siempre defendida por la amalgama que conforma En Com Podem se esta articulando a travs del Pacto Nacional por el referndum. Un Pacto con el apoyo de una ampla mayora parlamentara y de decenas de entidades de la sociedad civil donde se ha consensuado un manifiesto que se basa en el hecho que Catalua es una nacin y en que el marco jurdico espaol permite una consulta de autodeterminacin. El gobierno de Catalua reitera que el referndum ser vinculante, desde En Com Podem se exige que sea efectivo y con garantas para no repetir un 9N y el gobierno central rehusa negociar. Una situacin que conlleva de facto a que las relaciones entre Catalua y el Estado entren en una nueva fase de confrontacin entre legalidades y legitimidades.

Las cartas estn encima de la mesa y la partida llega a uno de sus puntos lgidos donde la causa contra Forcadell, actualmente en fase de instruccin, puede hacer precipitar el desenlace. Referndum en septiembre o adelanto del mismo si hay inhabilitacin de la presidenta del Parlamento son las opciones defendidas por el gobierno de Junts pel S y por la CUP. No obstante, no hay que olvidar la posibilidad de una tercera opcin, la va defendida por el teniente alcalde de Barcelona, Jaume Asens, que propone celebrar el mismo da unas elecciones y el referndum. Sea la opcin que sea, hay que tener claro que no se puede desvincular el derecho a decidir de la justicia social y que la movilizacin popular continuar siendo tan necesaria cmo imprescindible para defender y ejercer todas las soberanas.

@jesusgellida

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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