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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-03-2017

A un ao del asesinato de Berta Cceres en Honduras
Una impunidad campante

Nicols Boeglin
Rebelin


Al conmemorarse un ao de la muerte de la lider indgena hondurea Berta Cceres, las ONG hondureas e internacionales reclaman que se haga justicia y que se ponga fn a la impunidad rampante que rodea este asesinato (vase nota de prensa de El Heraldo).

Al momento, los rganos de la justicia hondurea han enfocado sus labores de manera muy cuestionable, en aras de identificar a los autores materiales del asesinato, sin interesarse mayormente por los comanditarios de esta violenta accin en contra de esta renombrada lder ecologista. Amnista Internacional ha calificado recientemente de "vergonzosa" la supuesta "investigacin" realizada por las autoridades hondureas (vase comunicado). Medios de prensa, en mayo del 2016, sealaban como co-responsables a la cpula empresarial y militar hondurea (vase artculo del Semanario Universidad). Por su parte la ONG GlobalWitness ha publicado un revelador informe sobre la alarmante situacin de los defensores de derechos humanos en Honduras.

Un sistema interamericano de proteccin de los derechos humanos activado

Es de sealar que Berta Cceres haba sido objeto de mltiples amenazas, y que la Comisin Interamericana de Derechos Humanos haba ordenado a las autoridades de Honduras medidas cautelares para garantizar su proteccin en el 2015. Desde el 2009 (vase listado de medidas ordenadas a Honduras en el 2009), muchas de estas se haban ordenado en favor de dirigentes sociales objeto de diversas acciones violentas en su contra. A poco ms de 24 horas de cometido su asesinato, la misma Comisin Interamericana orden a Honduras nuevas medidas exigiendo proteger a sus familiares y colaboradores, as como al nico testigo ocular de los hechos, el activista mexicano Gustavo Castro:

"V. DECISIN 16. En vista de los antecedentes sealados, la CIDH considera que el presente asunto rene prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artculo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisin solicita al Gobierno de Honduras que:

a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de COPINH, los familiares de Berta Cceres y Gustavo Castro. Tomando en consideracin la informacin presentada que indica que el seor Gustavo Castro ha decidido salir del pas para salvaguardar su seguridad, la CIDH considera necesario que el Estado tome todas las medidas necesarias para asegurar su seguridad durante todo el proceso para preparar y completar su salida;

b) Adopte las medidas necesarias para que los miembros de COPINH puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos; c) Concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y

d) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopcin de las presentes medidas cautelares y as evitar su repeticin
" (vase texto de las medidas cautelares con fecha del 5 de marzo del 2016).

La profunda desconfianza en las autoridades hondureas para esclarecer la muerte de Berta Cceres

Un Estado incapaz de asegurar la debida proteccin a una activista es un Estado cuya buena fe plantea algunas interrogantes. A raiz de la actitud de las autoridades hondureas, en mayo del 2016 el banco holands FMO opt por suspender sus aportes en capital al proyecto hidroelctrico Agua Zarca, as como el Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE) (vase nota de prensa de La Prensa). Ntese que una fuerte movilizacin y una peticin en lnea precedieron la decisin del BCIE, y que persisten a la fecha serias crticas a las empresas alemanas involucradas en este proyecto hidroelctrico (vase nota de DW). En setiembre del 2016, se inform del robo del expediente judicial sobre este asesinato, confirmando as las interrogantes mencionadas anteriormente sobre el Estado hondureo (vase nota de prensa de La Prensa).

Notemos que en una entrevista a las dos hijas de Berta Cceres editada en junio del 2016 en Costa Rica (vase nota de La Nacin), se puede leer que: "La presencia policial constante ha garantizado el desarrollo de estos proyectos, del Ejrcito de Honduras, de las fuerzas especializadas del Ejrcito de Honduras, creadas especialmente para las regiones en conflicto, que son las regiones donde quieren instalar proyectos hidroelctricos, mineros y monocultivos". Con relacin a la actitud de las autoridades, se seala por parte de las hijas de Berta Cceres que: "nosotros creemos que si no es por una comisin independiente, que sea imparcial, el caso va a quedar en la impunidad. El Presidente ha dicho expresiones como que tiene todo el compromiso de llegar a la Justicia, pero nosotras decimos que entonces por qu no acepta el ofrecimiento de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace ms de dos meses para que crear un grupo independiente que acompae el proceso y certifique que las cosas se estn haciendo cmo se deben. Todo esto nos sigue generando la inquietud de qu es lo que temen, qu es lo que se esconde, por qu no hay una comisin independiente".

El precedente sentado por el caso Kawas Fernndez

La obligacin de investigar debidamente y de sancionar a todos los responsables de este y muchos otros casos contra lderes indgenas, ecologistas y defensores de los derechos humanos hondureos deriva de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En el ao 1995, la muerte de la lider ecologista Blanca Jeannette Kawas Fernndez di lugar a una demanda contra Honduras ,que culmin en abril del 2009 con una histrica sentencia (vase texto completo) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el prrafo 190 se lee que:

"190. El Tribunal reitera que el Estado est obligado a combatir esta situacin de impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que sta propicia la repeticin crnica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensin de las vctimas, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos. El reconocimiento y el ejercicio del derecho a la verdad en una situacin concreta constituyen un medio de reparacin. Por tanto, en el presente caso, el derecho a conocer la verdad da lugar a una justa expectativa de las vctimas, que el Estado debe satisfacer225. La obligacin de garanta del artculo 1.1 de la Convencin Americana implica el deber de los Estados Partes en la Convencin de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a travs de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder pblico, de manera tal que sean capaces de asegurar jurdicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos".

En la parte resolutiva de la sentencia (p. 67), se puede leer que: "11. El Estado debe realizar, en un plazo de un ao, un acto pblico de reconocimiento de responsabilidad internacional, en los trminos del prrafo 202 de la presente Sentencia. 12. El Estado debe levantar, en un plazo de dos aos, un monumento en memoria de Blanca Jeannette Kawas Fernndez as como realizar la rotulacin del parque nacional que lleva su nombre, en los trminos del prrafo 206 de la presente Sentencia. 13. El Estado debe brindar gratuitamente, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento psicolgico y/o psiquitrico a los seores Blanca Fernndez, Selsa Damaris Watt Kawas, Jaime Alejandro Watt Kawas, Jacobo Roberto Kawas Fernndez, Jorge Jess Kawas Fernndez y Carmen Marilena Kawas Fernndez, si as lo solicitan, en los trminos del prrafo 209 de la presente Sentencia. 14. El Estado debe ejecutar, en un plazo de dos aos, una campaa nacional de concientizacin y sensibilizacin sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras y de sus aportes en la defensa de los derechos humanos, en los trminos del prrafo 214 de la presente Sentencia."

En un artculo sobre la contribucin del sistema interamericano de proteccin de los derechos humanos a la proteccin de los defensores del ambiente, se lee, a propsito del caso Kawas Fernndez que: "Este caso es muy relevante, ya que la Corte se pronunci, por primera vez, sobre la importancia del medio ambiente para el ejercicio de otros derechos y, por lo tanto, de la especial proteccin que merecen los defensores y defensoras del medio ambiente. Al respecto, la Corte seala el deber especial de proteccin que incumbe al Estado cuando se trata de personas que asumen la defensa de derechos humanos y considera que la violacin del deber de garanta, en el que se ha vulnerado el derecho a la vida, contrara la proteccin general de quienes dedican su vida y su trabajo a la preservacin del ambiente, servicio que va mucho all del derecho particular de alguno o algunos, ya que concierne e interesa a todos. La posicin de la Corte es la de otorgar especial proteccin a quienes asumen la defensa de los derechos humanos, entre ellos, la defensa del medio ambiente" (Nota 1).

Si bien la doctrina especializada y el movimiento ecologista han saludado este fallo histrico, cabe precisar que la implementacin de esta decisin de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha visto afectada por el repentino cambio de autoridades acaecido unos meses despus de leda en San Jos, con ocasin del golpe de Estado que se di en Honduras el 28 de junio del 2009; as como por el consiguiente aumento de la represin contra entidades hondureas de la sociedad civil, en particular las abocadas a la defensa de los derechos humanos, de los pueblos indgenas y del ambiente. Como veremos a continuacin, en otras partes del hemisferio, sectores optaron tambin por atentar contra la vida de lderes que defienden a sus comunidades en materia ambiental frente a los impactos de megaproyectos. Ello ocurre ante parcos aparatos estatales en los que la colusin de intereses poltico-empresariales podra explicar la ineficiencia de sus rganos de investigacin para sancionar a los responsables de estos hechos. Esta misma colusin de intereses es la que inclina, en algunos casos, a los familiares de las vctimas a solicitar que sea un ente internacional, externo al Estado, el que investigue estos asesinatos.

En Costa Rica, esta extraa sensacin de unsono empresa-Estado fue calificada de "compadrazgo" y "contubernio" "indignante y vergonzoso" por quines asistieron a una audiencia precedida de una memorable visita in situ realizada en el 2009 por el juez constitucional al proyecto minero Crucitas de la empresa canadiense Infinito Gold (vase nota del Semanario Universidad). En esta ltima, leemos que: "Cuando uno escucha al Ministro de Ambiente, parece un funcionario de la empresa, por la defensa a ultranza que hace del proyecto. Igual fue cuando se hizo la inspeccin en Crucitas, donde el ministro iba en el carro de la empresa. En octubre del 2010, una indita arenga presidencial en contra de los ambientalistas escuchada en la Zona Norte de Costa Rica sorprendi a muchos sectores sociales costarricenses (oir los 35 segundos del audio, disponible aqu, minuto 25:10 - 25:45).

Un panorama sombro para los activistas en materia ambiental

En un artculo publicado por el New York Times en setiembre del 2016, se lee que la eliminacin fsica de defensores del ambiente en Amrica Latina est llegando a lmites insospechados: "Una cifra que la organizacin enmarca en otra cifra mayor, que sirve para dimensionar el problema: en 2015, segn datos de la organizacin ambientalista Global Witness, hubo 185 asesinatos de lderes ambientales registrados a nivel global; 122 ocurrieron en Amrica Latina". El mapa editado por la ONG GlobalWitness arroja las siguientes cifras para el nico perodo 2010-2015: Brasil con 207 muertes, Honduras con 109, seguido por Colombia con 105, Per (50), Mxico (33), Nicaragua (15), Paraguay (13) y Argentina con 6 activistas asesinados.

La vulnerabilidad de los defensores del ambiente es particularmente alta. Se lee en el mismo artculo acadmico precitado de Susana Borras, que "... los defensores ambientales se encuentran en una situacin particular de doble vulnerabilidad: por enfrentarse a los intereses del propio Estado y a poderosos grupos econmicos, que en la mayora de los casos presupone la connivencia con el Estado" (Nota 2).

A modo de ejemplo de una actividad que genera una violencia en su entorno (incluyendo en muchos casos la muerte de quines se oponen a ella), se lee en este informe sobre las empresas mineras canadienses que operan en Amrica Latina (informe que fue sometido a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos en el 2015) que: "Violent deaths and serious injuries to mineworkers and opponents of projects The report notes at least 23 violent deaths and 25 cases of serious injury at ten of the projects examined, although the total number of individuals murdered and injured may be much higher. Nearly all of the reported acts have gone unpunished, without any determination to date of the perpetrators motives. Nor have reparations been made to victims or their relatives. The ten cases pertain to mining projects in Mexico, Colombia, El Salvador, Honduras, and Guatemala." (p. 16).

Otra marcada tendencia detectada en Amrica Latina (y que ha llevado a muchos lderes sociales y ambientales ante los tribunales de justicia) es la de utilizar nuevas figuras penales con la finalidad de criminalizar la protesta social: remitimos al respecto a la obra compilada por el Profesor Eduardo Bertoni, titulada "Es legtima la criminalizacin de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresin en Amrica Latina" (texto disponible aqu). En Costa Rica, acciones penales por presunta difamacin entabladas por una empresa minera canadiense contra los opositores a su proyecto ubicado en Las Crucitas dieron lugar a una tcnica algo indita por parte de los abogados de la empresa Infinito Gold: su reiterada ausencia en las audiencias convocadas por los jueces costarricenses (vase nota de prensa de noviembre del 2016 en el caso del ecologista Edgardo Araya). Ante problemas de salud tan recurrentes como constantes de estos abogados, una carta pblica de tres de los cinco demandados por Infinito Gold se titul: "Audiencias con el Infinito: ausencias...", publicada en La Nacin en julio del 2012 (vase texto). Los dos universitarios demandados penalmente cada uno por un milln de US$ por supuesta difamacin lo fueron por declaraciones en un interesante documental titulado "El Oro de los Tontos " (disponible aqu).

En momentos en que tanto en Honduras como en el resto del continente americano, los lderes ecologistas son encontrados sin vida o sufren otro tipo de amenazas y acciones legales en su contra claramente intimidatorias, y en los que se asiste, como por ejemplo en Costa Rica, a una verdadera regresin por parte del mismo juez constitucional en materia de participacin ciudadana en temas ambientales (vase nota del Semanario Universidad), la conmemoracin de la muerte de Berta Cceres ha adquirido dimensiones que interpelan al movimiento ecologista como tal.

El caso de Costa Rica

Cabe sealar que Costa Rica no es del todo inmune a esta peligrosa deriva. Al recordarse en el 2016 los tres aos de la muerte de Jairo Mora Sandoval, un jven bilogo apasionado por las tortugas marinas, cuyo cuerpo apareci sin vida en la playa de Mon, son varias las interrogantes que persisten en Costa Rica (vase nota de este mismo sitio). Este caso se suma a varios ms en Costa Rica (vase nota de CRHoy del 2015 y el artculo de opinin publicado en el 2013 titulado "Los ambientalistas exigimos respeto, Ren Castro").

El caso de los cuatro integrantes de AECO (Asociacin Ecologista Costarricense), de los cuales tres fueron encontrados calcinados en diciembre de 1994 en una casa de habitacin y uno fue hallado sin vida en julio de 1995 en un parque de la capital costarricense, constituye otro doloroso ejemplo de investigaciones que se archivan ante la extraa inoperancia de los rganos estatales (vase artculo editado en el 2014 para conmemorar los 20 aos de estas cuatro muertes, titulado "20 aos es mucho: autoridades tienen que rendir cuentas por muerte de ecologistas en 1994").

Conclusin

En estos primeros das de mes de marzo del 2017, diversas ONG han convocado a marchas y protestas frente a las legaciones diplomticas de Honduras en las capitales de Centroamrica (vase nota sobre convocatoria en Costa Rica), as como en Canad y en varias capitales europeas (vase por ejemplo convocatoria en Madrid): lo han hecho en seal de solidaridad con los familiares y con los compaeros de lucha de Berta Cceres. Muchos asistirn tambin en seal de protesta y de profunda indignacin ante la impunidad que prevalece cada vez que un lider comunitario o un ecologista es asesinado en Amrica Latina.

Notas:

1. Vase BORRAS S., "La contribucin de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la proteccin de los defensores ambientales ", Eunoma. Revista en Cultura de la Legalidad N 9, octubre 2015 marzo 2016, pp. 3-25, p. 6. Artculo disponible aqu.

2. Ibidem, p. 14. Publicado por Curso de Derecho Internacional. Costa Rica.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Pblico, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Blog del autor: www.derechointernacionalcr.blogspot.com 

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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