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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-03-2017

Informe preliminar de la XIII Delegacin Asturiana de verificacin de Derechos Humanos en Colombia

Rebelin


Durante los ltimos once das, la Delegacin Asturiana ha recorrido las regiones del Cauca y Valle, del Sur de Bolvar y Centro y Sur del Cesar, de Tolima, de Crdoba, de Sucre y Cartagena. Ha escuchado a las comunidades, organizaciones sociales y de vctimas; a campesinos y pescadores; a prisioneros de guerra en la crcel Picalea de Ibagu y ha visitado las Zonas Veredales de Transicin de guerrilleros-as de las FARC en La Elvira (Buenos Aires/Cauca) y La Fila (Icononzo-Tolima), recabando la versin de esta guerrilla sobre la implementacin de los Acuerdos de Paz.

Tras sostener reuniones y contrastar informaciones con autoridades civiles y militares en Bogot y con las misiones diplomticas de la ONU, la Unin Europea y Espaa, esta delegacin expresa:

Su satisfaccin por el inicio de la fase pblica de las conversaciones de paz entre gobierno y ELN. Tambin por la constatacin del cumplimiento del cese del fuego entre las FARC y la fuerza pblica.

No obstante, alerta de los atrasos y graves insuficiencias que ha constatado en su visita a las Zonas Veredales de la Fila y La Elvira, que se unen a los testimonios recibidos de la de Gallo (Tierralta/Crdoba) y Planadas (Tolima). Hay incumplimientos en materia de infraestructura (de las Zonas y Puntos Transitorios de Normalizacin), y en la Ley de Amnista e Indultos para guerrilleras/os. Nos preocupan los obstculos que estn poniendo los jueces de ejecucin de penas para cumplir con las excarcelaciones pactadas. Nos preocupa el intento de dificultar el acceso a las Zonas Veredales para aislar a las guerrilla y para evitar el acceso de la poblacin estas zonas transitorias. De hecho, nuestra Delegacin sufri esta actitud del Gobierno al ser retenida durante tres horas cuando intentaba acceder a La Elvira por orden del Alto Comisionado para la Paz. Sergio Jaramillo. Lo mismo les ocurri a los estudiantes que conforman el Pacto Juvenil para la Paz, en La Fila, obligados por la Polica a regresar a Icononzo. Alarma a la Delegacin las condiciones infrahumanas de las Zonas Veredales visitadas, que afectan de manera especial a las personas de las FARC que estn enfermas, a las mujeres embarazadas y a los bebs nacidos en los ltimos meses. No se est dando participacin a las regiones en el proceso de abastecimiento de la Zonas Veredales, y se ha denunciado la corrupcin en la adjudicacin de las obras a empresas no especializadas en construccin. La prioridad del gobierno parece ser slo la entrega de armas. Estas circunstancias son un serio peligro para la siguiente fase de lo pactado y generan escepticismo sobre la intencin del gobierno frente a los plazos y contenidos acordados con las FARC.

La Delegacin tambin expresa temor por el avance de grupos paramilitares en las zonas que ahora dejan libres las FARC, a pesar de que el Ministro de Defensa niega su existencia. Esta Delegacin ha recibido informaciones sobre su presencia en todos los territorios visitados. La existencia de grupos paramilitares es producto de la falta de voluntad de sectores de la fuerza pblica y del Gobierno para desmantelarlos, lo que pone en peligro las aspiraciones de paz. Las informaciones que recibi nuestra Delegacin dan cuenta de que los grupos paramilitares ya coparon los territorios dejados por las FARC en Balboa (Cauca) y en Ituango (Antioquia), departamentos en los que las llamadas Aguilas Negras adelantan campaas de reclutamiento de menores; hay paramilitares en Puente Cauca que atracan y amenazan a menos de 200 metros de un puesto del ejrcito; las llamadas Autodefensas Gaitanistas estn desplazando con violencia al pueblo indgena Wounan de Santa Rosa Guayacn-ro San Juan; los paramilitares llamados La Constructora son tolerados por el Ejrcito en San Miguel (Putumayo); hay paramilitares encapuchados y armados, imponiendo toque de queda a campesinos e indgenas en la vereda El Pedregal (Caloto-Cauca), cerca de una Zona Veredal de las FARC y el Ejrcito no acta; hay paramilitares en el Sur de Bolvar, en Buena Vista por ejemplo estn haciendo reclutamiento forzado, extorsionan, amenazan; tambin recibimos informaciones de presencia paramilitar en el Centro y Sur del Cesar donde habran penetrado a las instituciones, y en los conflictos por tierras y en algunas plantaciones de palma aceitera, as como en los sitios de los proyectados puertos multimodales sobre el ro Magdalena y en el entorno de las mineras del carbn. Hay denuncias de la presencia paramilitar en el departamento de Crdoba donde extorsionan a maestros de escuela y amenazan a la dirigencia social. Hay paramilitares alrededor de Punto de Concentracin de las FARC en Gallo (Tierralta-Crdoba). Las organizaciones sociales denuncian que donde quiera que hay empresas multinacionales operan los grupos paramilitares como elemento de proteccin; en la vereda Sispataca, municipio de San Benito Abad (Sucre), los paramilitares con la complicidad del Ejrcito amenazan a los pescadores y a los campesinos para despojarlos de las tierras desecadas, con la pasividad de la Fiscala del departamento de Sucre. Es la misma situacin que se repite en las cinagas de los ros San Jorge, Sin y Magdalena, donde el paramilitarismo acta como brazo de terror de los ganaderos y narcotraficantes para acaparar terrenos de la nacin que no defiende su propiedad sino ante los campesinos, como ocurre en las tierras de Madrevieja y en el Cedral, San Benito Abad. Los paramilitares operan con libertad en la zona de La Mojana-Sucre, en Guaranda, en todo el ro San Jorge convertidas en centros de reclutamiento de menores, de abastecimiento y en ruta de narcotraficantes; en los alrededores de la finca La Alemania (Sucre) reclamada en restitucin por los campesinos, hay presencia paramilitar. Tambin recibimos denuncias de redes urbanas paramilitares en barrios de Cartagena, Barranquilla y Santa Martha, y es muy grave el cerco paramilitar permitido por el gobierno y la fuerza pblica a las zonas humanitarias de San Jos de Apartad, y en el Cacarica, lugar en el que el pasado 16 de febrero incursionaron con extrema violencia en los asentamientos Zona Humanitaria-Nueva Esperanza en Dios, a pesar de que el ejrcito est encargado de la proteccin perimetral.

La paz en Colombia sigue siendo una aspiracin, no es una realidad en muchas regiones. Durante el 2016 y los dos primeros meses del 2017 los asesinatos de militantes de Marcha Patritica y del Congreso de los Pueblos, las amenazas, los desplazamientos forzados y otras vulneraciones de Derechos Humanos contra a lderes sociales persisten y se agudizan. La Delegacin ha constatado que los crmenes contra la dirigencia social tienen el carcter de sistemticos, y se orientan a destruir las organizaciones sociales que exigen paz con justicia social, a desestimular mediante el terror la exigencia de restitucin de las tierras usurpadas, a acelerar el proceso de apropiacin de las tierras baldas en las cinagas de los ros Magdalena, San Jorge y Sin, a acallar a quienes se manifiestan contra los grandes proyectos minero-energticos, a silenciar los reclamos de las comunidades campesinas y negras, de los pueblos indgenas y de las comunidades LGBTI.

La orden del gobierno de erradicacin forzada de los cultivos ilegales va en sentido contrario de lo acordado con las FARC y agudiza el conflicto social pues las comunidades exigen planes de estructurales de cambio para el campo.
Preocupan los testimonios sobre el cierre de vas y el uso de paramilitares por algunas empresas de palma aceitera que extienden sus dominios con violencia sobre tierras de titularidad pblica y comunal, entre ellas Indupalma.

En Cajamarca/Tolima las comunidades expresaron su rechazo a los convenios confidenciales entre la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti y el Ejrcito colombiano por valor de ms de $20.000 millones. Se desconoce el contenido de los convenios y se denuncia que, de facto, supedita a la fuerza pblica a los intereses de la empresa fornea en contra de los pobladores que expresan su oposicin a la mina. El Gobierno confirma la existencia de ste y de otros convenios destinados, segn dice, al aumento de la coordinacin para asegurar sectores econmicos estratgicos que generaran empleo y progreso.

Nos inquieta el Plan Atrato-Gran Darien que alarma a las comunidades quienes ven venir una nueva fuente de peligro para sus vidas y de despojo territorial, que implicara desplazamientos masivos y forzados de las comunidades campesinas, indgenas y afro-colombianas.

Nos preocupan los reportes de amenazas a ambientalistas e integrantes de la USO por su oposicin a la extraccin va fracking en San Martn .

Se ha producido un gran deterioro de los derechos laborales, segn denuncian los sindicatos de la CUT. Algo que se suma a la persistencia de violaciones de los Derechos Humanos (15.000 reportadas por la ENS), a las nuevas leyes de seguridad ciudadana y al nuevo Cdigo de Polica, al parecer pensadas para reprimir la legtima movilizacin ciudadana. Existe un alto grado de sub-contratacin laboral para evadir obligaciones patronales, algo que repercute en salarios de hambre y en la negacin patronal de las prestaciones sociales. Esto contrasta con las promesas gubernamentales en el seno de OIT de mejorar esas condiciones de la clase trabajadora. Buen ejemplo de lo anterior es un Informe del 2011, avalado por varias Embajadas, cuyas conclusiones indican la persistencia de la violencia antisindical, en un 99% impune.
La Delegacin Asturiana muestra su admiracin y respeto a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, campesinas, indgenas y afrodescendientes, de mujeres, y de derechos humanos y de los sectores populares de Colombia, sometidas a una persecucin sistemtica, impune. Su esfuerzo y su valor son una base firme para la construccin de paz y justicia social.

La Delegacin Asturiana con base en las 13 visitas realizadas y en el acumulado de relaciones solidarias construidas desde el Programa Asturiano de Derechos Humanos de acogida temporal defensores/as perseguidas, se permite solicitar al gobierno colombiano que ofrezca garantas y proteja de manera efectiva a los lderes sociales y a quienes defienden los Derechos Humanos, sin los cuales no ser posible la democracia plena ni la creacin de vas de dilogo para atender las demandas legtimas expresadas en el conflicto social, econmico y poltico.

Trasladamos a las agencias de la ONU, a la Delegacin de la Unin Europea y a las agencias de cooperacin la necesidad de priorizar durante el llamado posconflicto el apoyo a los planes de desarrollo social y econmico de las comunidades, contando siempre con su participacin directa y evitando que dichos recursos sean manejados por la misma casta que implement la violencia y que comienza a robarse los recursos destinados a impulsar la paz.

Instamos al gobierno colombiano a atender las demandas del movimiento sindical, las demandas de tierras del campesinado, a impulsar las Zonas de Reserva Campesina, a atender las demandas territoriales de las comunidades negras y los pueblos indgenas, a proteger sus territorios y a hacer efectiva la consulta previa, libre, informada y consciente, as como hacer cumplir la normativa internacional sobre derechos de los pueblos, que incluye la justicia propia y el fortalecimiento de la Guardia Indgena.

Instamos al Ejecutivo a llenar el vaco de poder que dejan las FARC con obras sociales, escuelas, vas, puestos de salud, programas sociales, para hacer una presencia que no sea slo de fuerza pblica y para ser consecuente con lo acordado en La Habana.

Instamos al gobierno a liberar en los trminos acordados a los presos polticos y de guerra que ya deberan estar en las zonas veredales con sus compaeros/as desmovilizados/as.

Unimos nuestras voces y esfuerzos a los de millones de personas que desean la paz y la justicia social para Colombia.

La 13 Delegacin Asturiana de Derechos Humanos en Colombia ha estado integrada por:

Tania Gonzlez Peas. Eurodiputada del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nrdica. Integrante de PODEMOS/Espaa. Vicepresidenta de la Delegacin del Europarlamento para las Relaciones con los Pases de la Comunidad Andina. Miembro de la Comisin de Transportes y Turismo. Vicepresidenta del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nrdica.

Javier Couso Permuy. Eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nrdica. Integrante de Izquierda Unida/Espaa. Vicepresidente de la Comisin de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Miembro de la Subcomisin de Seguridad y Defensa. Miembro de la Delegacin para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN

Mario Jos Surez del Fueyo. Concejal del Ayuntamiento de Gijn/Asturias. Secretario General de Podemos en Xixn.
Celestina Intriago Fernndez. Presidenta de la Coordinadora de ONGs. de Asturias.

Carmen Alonso Villaseor. Vicepresidenta de Ingeniera Sin Fronteras Asturias

Jess de la Roza Braga. Representante de la Confederacin Intersindical de Espaa.

Ana Mara Andrs Ablanedo. Coordinadora de la Asociacin de Cooperacin, Solidaridad y Derechos Humanos Soldepaz Pachakuti.

Daniel Busto Gutirrez. Delegado de la Corriente Sindical de Izquierda.

Javier Arjona Muoz. Asociacin de Cooperacin, Solidaridad y Derechos Humanos Soldepaz Pachakuti

Carlos Mara Meana Surez. Abogado laboralista.

Javier Orozco Pearanda. Coordinador del Programa Asturiano de Atencin a Vctimas de la Violencia en Colombia. Coordinador Tcnico de la XIII Delegacin Asturiana de Derechos Humanos en Colombia.

Jairo Vargas Martn. Periodista del diario digital Pblico.

Bogot, 3 de marzo de 2017


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